Sacrilegio a la milagrosísima morenita
Sopetrán, 1738
por FELIPE OSORIO VERGARA • Ilustración de Tobías Arboleda
Número 149 Mayo de 2026
La imagen más sagrada de Antioquia había sido profanada. Las ansias por oro y perlas habían hecho que alguien superara el temor al desprecio colectivo, a la excomunión y a los fuegos infernales en una sociedad dominada por la monarquía y la Iglesia. El relato de un hurto perdido entre folios coloniales.
Al darse cuenta de tantos sacrilegios, entra en un solo temblor y un sudor frío le pasa y otro le sobreviene. El espanto no lo deja levantarse y la lengua se le traba, como en una pesadilla. Así se queda, contra un escaño, medio de hinojos, medio desmayado. Cuando la iglesia queda sola, logra levantarse; va a la sacristía y los frailes han desaparecido. Ornamentos, vasos y misal están tirados por ahí, y abierta la puerta que da a una manga. ¡Virgen Santísima!
Tomás Carrasquilla en La Marquesa de Yolombó.
La gente se agolpaba en medio del calor y se empujaban los unos a los otros a las puertas de la iglesia de Sopetrán. Los murmullos contrastaban con los lamentos de mujeres vestidas de luto y mantilla que, incrédulas como Santo Tomás, esperaban confirmar si podía ser cierto ese chisme que de público y notorio había corrido y que había roto esa monotonía colonial. Una vez los cofrades sacaron el retablo de la virgen, la multitud atestiguó a la Milagrosísima Imagen de Nuestra Señora de Sopetrán despojada de sus sortijas y alhajas de oro y perlas. La virgen a la que tantos testamentarios habían legado ríos de oro para que se le ofrecieran misas y salmodias, y por la que un nutrido número de peregrinos antioqueños dedicaba días de camino para visitarla y pedirle favores, había sido despojada. ¿Quién se había atrevido a hurtar, no a un innoble mortal, sino a la mismísima Madre de Cristo, intercesora de los cristianos y patrona del pueblo?
El párroco y su séquito habían sacado a la virgen en procesión por Sopetrán, no solo por ser día de su fiesta, sino para hacer una rogativa por la devolución de sus joyas, pero era más el temor de la feligresía que, entre la bruma del incienso, se persignaba y rezaba el Salve Regina, el Avemaría o el Rosario, cuchicheando que, si aun la virgen era profanada dentro del templo en el día de su fiesta patronal, ¿qué podría esperarle al resto de pecadores que poblaban la tierra? Las gentes, ruanetas o nobles, blancos, esclavizados o libres de todos los colores, temían que ese hurto atrajera castigos divinos, mientras que el clero, encabezado por el párroco Gerónimo de Castañeda, aprovechaba para decir que no solo habían roto el séptimo mandamiento, sino que era un sacrilegio, encarnación de la descomposición social y pérdida moral de la que tanto profetizaban en el púlpito.
No se sabe si fue fruto de la rogativa, de la culpa, temor a la paila ardiente o solo como una artimaña para desviar la atención de ese asentamiento católico perdido en las montañas salineras del occidente de Antioquia, pero al día siguiente, en la tarde del 15 de agosto de 1737, una vez terminada la misa mayor, el doctrinero Miguel Guillén encontró cuatro sortijas de oro de la virgen en la sacristía del templo.
La identidad del ladrón se había convertido en prioridad pública, tanto para las autoridades civiles como eclesiásticas. El único indicio existente provenía de Teresa Lezcano, mujer rezandera de ochenta años que frecuentaba la iglesia y que, la mañana antes del robo, después de misa, había visto merodeando un hombre. “Francisca de Lezcano le había dicho que había visto a un hombre blanco quitándole las joyas a la virgen”, declaró María Gertrudis de la Higuera el 12 de enero de 1738. Aunque el robo había sucedido en agosto de 1737, para enero del año siguiente el caso seguía activo y había dado dos sospechosos por su cercanía a la iglesia y por cotilleos locales: Juan Calixto Urquijo y Miguel Guillén.
La defensa del buen nombre
Juan Calixto Urquijo, español, era el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Sopetrán y era muy respetado en el pueblo. Viajaba con frecuencia a la Villa de la Candelaria de Medellín, donde también tenía residencia. Sin embargo, a propósito del robo de las joyas de la virgen, fue uno de los acusados porque contaba con llaves de la sacristía y la cercanía a la iglesia. “Ha llegado a mí, noticia de que Francisco García, de color pardo, residente en el sitio de El Salado, anda con ningún miramiento […] y sin temor de Dios, difamando mi buen obrar y procedimientos […] y su mujer llamada Teresa se ha dejado decir con Francisco Leal, el moro, y doña Gertrudis de la Higuera y otras personas, palabras injuriosas y ofensivas que me escandalizan e inquietan el pronunciarlas […] pues andan diciendo y relacionándome del usurpo y robo de las joyas de mi madre y señora de Sopetrán”, se quejaba Urquijo el 11 de enero de 1738 ante Diego de Cepeda, alcalde ordinario de Santa Fe de Antioquia.
Además, Urquijo los denunció por injuria y pedía que fueran castigados por dañar su buen nombre y reputación. “A vuestra merced pido y suplico se sirva de prestar atención a pedimiento tan justo y quede mi crédito y buen obrar en limpio […] y que estas personas sean compulsas, apremiadas […] y castigadas”. Asimismo, pedía que se indagara sobre el robo con el indígena Miguel Guillén y que este declarara las sortijas que había encontrado en la sacristía.
Entre el 11 y 12 de enero, el alcalde de Santa Fe de Antioquia visitó las casas de Francisco García, Teresa Caballero, Francisco Leal y Gertrudis de la Higuera para interrogarlos si sabían sobre el robo y el motivo por el cual estaban acusando al español Urquijo. Todos se retractaron y negaron las acusaciones que habían hecho, argumentando que solo habían repetido la información que les había dicho Francisca Lezcano, de ochenta años. Cuando el alcalde acudió donde esta última, ella argumentó: “Estando la que declara sola en la santa iglesia después de misa mayor, vio entrar al mayordomo, Calixto Urquijo, una mañana apartando un cuadro y que estaba viendo la virgen y que no le vio otro movimiento”, declaró Lezcano.
El 13 de enero el alcalde citó a Lezcano para que, ante el cura y otros testigos, recreara la acción que había visto hacer al español Urquijo cerca de la pintura de la virgen. “Y habiéndonos ella mostrado un cuadro de San Ignacio, paramos a reconocerlo y le hallamos imposible de poder quitar ni rebullir […] en cuyo estado hicimos varias industrias y no le pudimos mover ni hallar resquicio de poder robar las joyas de la virgen, sino que debió ser por la puerta del camarín, abriéndola con su llave o con otra falsa”, concluyó el alcalde Cepeda. En ese sentido, se ordenó que Teresa Lezcano fuera castigada porque sus rumores habían atentado contra la reputación del español Urquijo, siendo obligada a no poder salir de Santa Fe de Antioquia y estando bajo el depósito de Francisco Ruiz, quien debía vigilar que cumpliera su condena, pues por su avanzada edad se había librado de la cárcel.
Así, el mayordomo Juan Calixto Urquijo fue absuelto, por lo que solo quedaba un sospechoso: Miguel Guillén.
La morenita protectora de los indígenas
Sopetrán fue uno de los pueblos de indígenas que se crearon durante la visita del oidor Francisco Herrera Campuzano al occidente antioqueño. Allí reunieron a diferentes comunidades indígenas —como guamas, ebéjicos y peques— que habían sobrevivido a las enfermedades y al abuso de los encomenderos para facilitar su evangelización y tributación, pero también para protegerlos, al menos en el papel, del usurpo de sus tierras. “Los pueblos de indios están encomendados a los españoles, con calidad de que los doctrinen y defiendan”, se lee en el Libro VI, Título tercero de la Recopilación de Leyes de Indias. Y se añadía que, “aunque los indios sean pocos, se ha de hacer iglesia donde se pueda decir misa con decencia y tenga puerta con llave […] y que cerca de donde hubiere minas, se procuren fundar pueblos de indios”. De este modo, la fundación de Sopetrán fue promovida porque en su territorio había presencia de comunidades indígenas, estaba cerca del centro minero de Buriticá y también por ser una zona productora de sal.
Herrera Campuzano, oriundo de Hita, en Castilla-La Mancha, era creyente de la virgen de Sopetrán, cuya advocación tenía adeptos en el interior de España desde la Edad Media por el relato de su aparición milagrosa a un príncipe musulmán que se había convertido al cristianismo y liberado a los cristianos que tenía cautivos. El oidor Herrera encargó en Santa Fe de Antioquia un retablo de la virgen de Sopetrán a partir de una estampa que él había traído desde España para ponerlo en la pequeña capillita de paja, palma y tierra que se había fundado en Sopetrán. Una vez terminada la pintura, esta fue llevada hasta el pueblo, donde llegó el 14 de agosto de 1616 en medio de una procesión y gran alboroto.
Desde ese entonces, se dice que el retablo pintado comenzó a hacer milagros. “Nuestra Señora de Sopetrán, a devoción de la que tiene el oidor don Francisco de Herrera Campuzano […] salió tan admirable que aquella tierra ha experimentado continuos favores, y el primer milagro fue que su lámpara ardió tres días sucesivos sin tener materia en qué cebar su luz, y se han seguido otros”, relató en 1672 en sus Genealogías del Nuevo Reino de Granada el escribano y custodio de los archivos de la Real Audiencia de Santa Fe, Juan Flórez de Ocáriz.
A este primer milagro de la lámpara que ardió sin combustible, se sumó el más famoso, cuando a mediados del siglo XVII el entonces gobernador de Antioquia don Diego Radillo y Arce, caballero de la Orden de Calatrava, estaba de paso por Sopetrán y se le enfermó de gravedad una hija suya todavía niña. “El padre, afligido al ver la gravedad de su hija, invocó la protección de la Virgen de Sopetrán y prometió que si le daba la salud a su hija haría traer de España la imagen y la colocaría en aquel pueblo. La Virgen Santísima no desoyó la súplica de su devoto, la niña recuperó la salud y el padre cumplió la promesa”, narró en 1919 el académico Julio César García en María a través de nuestra historia.
Estos milagros habían hecho de Sopetrán el corazón de romerías de cientos de fieles antioqueños que atravesaban la provincia para ver la imagen, pedirle favores o entregar exvotos. Pero el retablo tuvo también la finalidad de favorecer el proceso de conversión de los indígenas del pueblo y de contornos cercanos como Buriticá, Sabanalarga y San Jerónimo, pues las imágenes, en tanto representaciones de la fe, eran instrumentos para imponer la religión católica desde el discurso visual a una población analfabeta y que, en muchos casos, estaba a medio camino entre el español y su lengua propia; la iconografía virreinal era la Biblia de los analfabetos. Así, los supuestos milagros de la virgen, ocurridos en una zona con presencia indígena, reforzaban la creencia de que ella era madre y protectora de los pueblos originarios, facilitando su evangelización y dando lugar a procesos sincréticos donde los santos y figuras religiosas tomaban elementos americanos como la tez mestiza, la flora nativa o los paisajes locales para generar identidad, mientras que algunos indígenas, como ejercicio de resistencia cultural, resignificaron estas imágenes asociándolas a sus propias deidades y cosmovisión. “Estos milagros de Sopetrán tienen también un sentido político, y es que la virgen está presente al lado de los indios, lo que se refuerza con el hecho de que ella fue pintada como morena para que los indígenas la vieran como alguien próximo”, propone el historiador y presidente del Centro de Historia de Sopetrán, Carlos Mario Guevara. De hecho, este caso de una virgen cobriza se corresponde con otras advocaciones marianas en Colombia, como la de Chiquinquirá o Las Lajas, donde su presencia contribuyó a la cristianización de áreas habitadas por comunidades indígenas.
Un indígena doctrinero
Miguel Guillén era indígena y había nacido hacia 1696 en el pueblo de indios de Nuestra Señora de Sopetrán, que pertenecía a la jurisdicción de Santa Fe de Antioquia. Estaba casado con Petronila Sisquiarco, también indígena, con la que había tenido numerosa descendencia. Guillén era doctrinero de la parroquia de Sopetrán, y entre sus funciones estaba enseñar la doctrina cristiana a los indígenas y asistir a todo lo que se ofreciera en la iglesia, aunque por no saber leer ni escribir, dictaba la catequesis de memoria. Además, finalizando 1737 había sido designado como fiscal de la iglesia por sus buenas labores. Por su cercanía eclesiástica, Guillén tenía en su poder una copia de las llaves de la sacristía y del nicho donde se colgaba la imagen de la virgen, hecho que sumado a su descubrimiento de las cuatro sortijas y a los señalamientos del mayordomo Urquijo, lo convirtieron en el principal sospechoso del hurto.
El 13 de enero de 1738 el alcalde Diego de Cepeda lo interrogó sobre el caso, a lo que Guillén respondió: “No ha oído culpar a ninguna persona, que lo más que oyó decir inmediatamente de la sustracción de dichas alhajas fue que quizá sería el negro del cura”, respondió Guillén. Una vez fue preguntado sobre las sortijas que él había encontrado, respondió: “El declarante las encontró en la sacristía en día de función, había muchas personas de varias partes y las guardó pensando que serían de alguna de ellas. Después que todos se fueron sin solicitar dichas sortijas, entró en malicia el declarante de que podrían ser de la Madre de Dios y pasó con ellas a mostrárselas a doña Juana Díez de la Torre, con la deshecha de que sobre dichas sortijas le prestase dos pesos, y que la señora las reconoció y dijo que eran de la virgen, y que el declarante […] se las dejó a la dicha Juana”.
Para el alcalde, la versión de Guillén no tenía sentido, ya que su labor como doctrinero y fiscal de la parroquia lo hacía permanecer en contacto con la dotación de la iglesia y conocer casi que de memoria cada uno de los elementos utilizados para las funciones religiosas, por lo que lo cuestionó: “Cómo diciendo que ha sido mucho tiempo fiscal y que como tal asistía a todas las funciones de iglesia y adornar a la virgen, y abrir y cerrar el camarín y que a su vista se ponían todas las alhajas, ¿cómo no reconoció dichas sortijas, más cuando dice que estaban juntas, atadas en un cordón de hilo?”. A esto, Guillén respondió con un escueto: “No acató a tal cosa porque tiene mala memoria”.
Para corroborar la versión de Guillén, el alcalde visitó la casa de doña Juana Díez de la Torre para recoger su testimonio. Ella confirmó que Guillén le había llevado las joyas, pero que era mentira que él le hubiera pedido dinero prestado a cambio de tenerlas como prenda. Esta contradicción en el relato de Guillén bastó para que el alcalde ordenara su encarcelamiento en Santa Fe de Antioquia mientras se definía su sentencia. “Habiendo conducido a Miguel Guillén, indio natural del pueblo de Sopetrán y fiscal en su santa iglesia y por las incidencias que constan de su declaración, mando se asegure en la cárcel pública de esta ciudad, con las prisiones que en esta hubiere, y en consideración a no haber otras que cepo y grillos, hice que se le pusieran”, ordenó el alcalde Cepeda el 14 de enero de 1738. Allí, aparte del cepo y las cadenas, Guillén tendría que dormir en el suelo y su familia debía sustentarlo, pues en la Colonia, la alimentación corría por cuenta de la familia del reo.
El hurto de las joyas de la virgen era un delito grave que no solo involucraba una pena legal, sino que también podría acarrear castigos de índole religioso: “Hurtar cosa sagrada, se llama sacrilegio. Maldad que, aunque abominable y enorme, está tan cundida, que los bienes que piadosa y sabiamente estaban como destinados como necesarios para el culto divino, ministros de la iglesia o socorro de los pobres, se ven convertidos en conveniencias privadas y perniciosas liviandades”, señala el Catecismo Romano del Concilio de Trento de 1566. Adicionalmente, Las Siete Partidas, cuerpo jurídico castellano de origen medieval pero empleado también en América para impartir justicia, coincidía en que el robo de objetos sagrados era sacrilegio, a la vez que afirmaba que quienes lo hacían, merecían la pena de excomunión.
Sentencia del corregidor Bernardo Villa, dada en Santa Fe de Antioquia el 22 de febrero de 1738.
Una persona de naturaleza “sincera e ignorante”
La legislación colonial habitualmente tomaba a los indígenas, llamados también “naturales”, como menores de edad y “miserables”, que requerían de protección debido a que consideraban que eran vulnerables, iletrados y que no comprendían de manera plena los delitos; de ahí que fuese necesario la intervención de un representante o protector para poder defenderse en los procesos que se adelantaban contra ellos. “Como consecuencia de categorizar a los indios como miserables y menores de edad, estos debían ser representados en sus actuaciones legales. Para tal fin se creó la Institución de los Protectores y Defensores de Naturales”, apunta el historiador Nicolás Ceballos en Indios y defensores ante la justicia criminal por delitos de hurto (1750-1810). Como Miguel Guillén no había nombrado un defensor para la causa que contra él se seguía, el 29 de enero de 1738, el alcalde Diego de Cepeda envió copia de su expediente a Bernardo de Villa, corregidor de los pueblos de indios de Sopetrán, Buriticá y Sabalanarga para su conocimiento y búsqueda de un protector de indios de oficio. Villa, quien continuó la investigación del caso, nombró a Pedro Zapata como defensor, quien fue aceptado por Guillén. Zapata esgrimió varias razones para desestimar la acusación contra su defendido:
“El dicho Miguel Guillén no se halla cooperado en el robo de las joyas de Nuestra Señora de Sopetrán, pues aunque el mismo Guillén se contradice en un punto de su confesión, hallará vuestra merced que:
El dicho ignora la religión del juramento como persona que es de naturaleza sincera.
En el dicho tiempo que sucedió el robo, no era fiscal de la santa iglesia de Sopetrán.
Si hubiera sido el ladrón, no hubiera manifestado las sortijas, ni menos hubiera pasado en el pueblo con ellas […] pues este no las hubiera robado para tenerlas guardadas, pues el que se expone a tal, lo hará movido por su mucha necesidad o de mala inclinación, lo cual no le asiste al dicho, pues si tal le asistiera, ya hubiera ejecutado el robo en tanto tiempo que hace que ejerce el oficio de fiscal, y si lo hubiera hecho por necesidad, hubiera machucado, fundido o trocado a oro en polvo”.
Para darle fuerza a sus argumentos, el defensor Zapata pidió que se citara a diferentes vecinos de Sopetrán en aras de que dieran fe de la intachable reputación de Guillén y se averiguara con mercaderes y comerciantes para descartar que este les hubiera vendido oro o las joyas robadas. Y pedía al corregidor: “Se ha de servir vuestra merced de absolver al dicho Guillén del delito que se le ha querido atribuir, teniendo presente para usar de conmiseración con el dicho la grande ignorancia que le asiste y que solo en esta ocasión ha habido querella contra el dicho, conmutándole la pena en que puede haber incurrido, en la larga prisión que padece”.
Atendiendo la petición, el corregidor Bernardo Villa citó a cuatro testigos (dos hombres y dos mujeres) para conocer sobre la reputación de Guillén y la posible venta de oro. “Conoce a Miguel Guillén desde que nació y que hasta lo presente no ha oído decir ni ha visto que el dicho haya tenido malas operaciones ni dado motivo a quejas, y que ha sido muchas veces fiscal en esta santa iglesia y que nunca en su tiempo faltó cosa ninguna”, declaró el alférez de 68 años, Juan de Cepeda. Por otro lado, la comerciante de 36 años, Petronila de Legarda, expresaba que “no ha visto al dicho Guillén comprar ni trocar con oro labrado”, mientras que Bárbara Pereañez, de sesenta años, complementó que “no ha visto ni oído decir que Guillén haya comprado con oro fundido ni machucado ni con joya”.
Tras conocer las declaraciones de los testigos, el defensor de Miguel Guillén solicitó nuevamente al corregidor que lo absolviera, pues los testimonios habían demostrado sus buenas costumbres y buen obrar como fiscal y doctrinero. Asimismo, reiteraba la ignorancia y sinceridad de su espíritu y apelaba a la piedad, señalando las muchas semanas que llevaba encarcelado y a que su esposa e hijos se habían visto privados de sustento y abrigo por la cárcel de este.
Una investigación abierta
El 22 de febrero de 1738, Bernardo Villa, corregidor de Sopetrán, sentenció: “Declaro al expresado Guillén por libre, mediante a no resultar contra él otro indicio ni malicia que le culpe, sin el de la implicación que consta de su confesión y el haber en su poder las cuatro sortijas que conoció doña Juana Díez de la Torre ser de las joyas perdidas, lo que queda por la mucha sencillez que en el susodicho se reconoció en la dicha confesión, y con lo dicho y alegado por el referido su defensor […] y teniendo a la vista como tengo las declaraciones hechas en el pueblo de Sopetrán a pedimento del dicho Pedro, las que resultaron a favor del expresado Guillén, mando sea suelto de la prisión en que se halla, conmutándole en lo que ha padecido toda la pena que por los no averiguados indicios le correspondía usando de dicha piedad en nombre de nuestro rey y señor por la mucha que su majestad acostumbra con los indios”. Y remataba escribiendo que la causa seguiría abierta y se le tomaría testimonio al esclavizado del párroco de Sopetrán y al indio Pío Quinto, quien había hecho las veces de fiscal durante el robo de las joyas en 1737, antes del nombramiento de Guillén.
A pesar de las inconsistencias en su confesión, la cercanía a la iglesia y la tenencia de las sortijas de la virgen, Guillén fue absuelto gracias a los argumentos del defensor de naturales, anclados en que no tenía necesidad de ejecutar el robo, no era el fiscal en ese momento, ya llevaba tiempo en prisión y, sobre todo, por la supuesta ignorancia e inconsciencia sobre el concepto de delito que se creía que tenían los indígenas.
Solo la historia sabrá si realmente Guillén fue culpable; o si quizá Urquijo planeó todo, aprovechando su estatus y quejándose de que estaba siendo injuriado como cortina de humo para desviar la atención e incriminar al indígena, dejando las cuatro sortijas como señuelo y llevándose el resto del botín en sus constantes viajes a Medellín; o quién sabe si sería el esclavizado del cura, el antiguo fiscal Pío Quinto, el mismísimo párroco o cualquier otro. Lo cierto es que en documentos eclesiásticos se registró que Miguel Guillén siguió viviendo con su esposa en Sopetrán hasta su muerte en 1765, aunque es probable que fuera condenado por murmullos persistentes de una comunidad dolida por el expolio. Por otro lado, el documento 18, carpeta 2, caja 34 del fondo de Miscelánea Criminal del Archivo Histórico de Antioquia termina allí y ni en ese ni en otros expedientes del fondo se encontró si continuaron las investigaciones, si se recuperaron las joyas o si se encontró al ladrón. Sin embargo, lo más probable es que este sacrilegio quedara en la impunidad, privando a la virgen de sus joyas, pero, especialmente, dejando a los sopetraneros de entonces con la certeza de que ni aun lo más sagrado, estaba libre de la codicia humana.
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