El negocio de la adicción en la triple frontera amazónica

por JUANITA VÉLEZ Y BRAM EBUS • Ilustraciones de Laura Alcina

Amazon Underworld* y La Liga Contra el Silencio Julio de 2026

En la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, el avance del narcotráfico ha transformado el consumo de drogas en una crisis de salud pública que golpea especialmente a las comunidades indígenas. Jóvenes Tikuna y Cocama son reclutados como mano de obra para los cultivos y laboratorios de coca en Perú, mientras otros reciben pasta base de cocaína como pago o lo consiguen en puntos de venta dentro de sus comunidades, alimentando un ciclo de adicción, violencia, suicidios y exclusión social.

“Nazareth tiene que cambiar, Nazareth tiene que mejorar”, dice con un micrófono una líder indígena, en un salón desocupado por el que pasa un perro bostezando. La voz sale por un parlante por el que la gente de esta comunidad indígena de 1 080 habitantes en la Amazonía colombiana, y de las etnias Tikuna y Cocama, se entera de todo lo que pasa aquí: los horarios de las clases de danza, las jornadas de atención en salud, los anuncios de reuniones políticas, y los suicidios.

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“Me estaba volviendo loca. En 2020, de enero a junio, todos los meses hubo un caso (de suicidio) y todos los meses nos enterábamos por ese parlante”. Quien habla es Geni Catachunga, promotora de salud hace 11 años en la comunidad. Mientras lo cuenta, enumera con los dedos los suicidios, pero no le alcanzan. Van doce. Todos jóvenes.

Según datos de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Amazonas, en todo el departamento los intentos de suicidio aumentaron de 63 en 2021 a 100 en 2024 y otros 100 en 2025. En lo que va de este año se han contabilizado 43 casos. 

Catachunga, de pelo negro recogido y bata azul, cuenta que los jóvenes no tienen mucho en qué desempeñarse ni entretenerse y que a veces tampoco tienen el apoyo de sus padres. Está sentada en una mesa de madera en toda la entrada de una casita blanca, de marcos azul cielo, donde funciona el puesto de salud de Nazareth. Al lado de la mesa hay una puerta rodeada de carteles: a la derecha, un letrero que dice “Wechikaru” en lengua tikuna;  abajo, otro en el que se lee “Consultorio”; arriba, un cartel con el título “¿Sabes qué es la salud mental?”; y, a la izquierda, otra cartelera que comienza con “Ruta de atención de consumo de sustancias psicoactivas”. 

Consultorio de salud en Nazareth, una comunidad indígena de la Amazonía colombiana. Foto: Juanita Vélez.

Un estudio de 2020 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señala que el principal factor de riesgo asociado a la conducta suicida de niñas, niños y jóvenes en Nazareth es el choque cultural con el mundo occidental, en el que se ven “atraídos por las lógicas de consumo y acumulación” y algunos recurren al “dinero fácil” para cubrir las ‘necesidades’ que les son implantadas. “Trabajan en actividades ilícitas afines a la venta de sustancias psicoactivas, mal pagas, que les generan afectaciones en su bienestar físico y emocional”, indica el informe. Catachunga agrega que, además, algunos casos han presentado signos de violencia intrafamiliar y abusos sexuales.  

Los jóvenes de Nazareth consumen bazuco —una sustancia psicoactiva compuesta principalmente por alcaloides de la hoja de coca y también conocida como pasta base de cocaína—, y marihuana que consiguen en Leticia o con gente que no es de la comunidad y ha llegado a venderles ahí mismo; o gasolina, que se roban de las lanchas que se parquean al pie de un puente para después olerla. 

En la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, ver a los ojos a muchos de estos jóvenes indígenas con consumo problemático es ver la cara más vulnerable de una cadena de suministro de drogas que ha convertido al río Amazonas en una de las principales rutas de narcotráfico hacia Europa y un mercado en el que cientos de indígenas ya no son únicamente mano de obra para el narcotráfico, sino usuarios que se estrellan con un sistema de salud muy precario para atender sus adicciones.

El problema está estrechamente relacionado con el aumento de cultivos de hoja de coca y de laboratorios para su transformación en Perú, donde narcos peruanos y colombianos y grupos criminales brasileños controlan plantaciones a las que van a raspar la hoja familias indígenas que viven regadas sobre el río Amazonas y a quienes, en algunos casos, les pagan con pasta base de cocaína que consumen o revenden en sus comunidades para compensar por la inversión del tiempo de trabajo.

El auge del consumo también se ve en que ya hay “ollas” o puntos de venta de drogas en comunidades indígenas. Raymundo Fernández, líder comunitario y coordinador de la guardia indígena de Azcaita, que agrupa a diez comunidades indígenas en Amazonas cuenta: “Estamos queriendo hacer un trabajo articulado con las fuerzas militares para combatir esta problemática que se nos ha metido dentro de la comunidad”. 

Explica que los jóvenes consumen o “se prestan para hacer venta de drogas de personas exteriores que vienen a proveerles a ellos para hacer esta distribución dentro de las comunidades. Al meterse en eso ya no pueden salir porque son amenazados por las personas que les proveen”. La situación es tan crítica que ya tienen jóvenes indigentes, dice.

A diciembre de 2025, en las calles de Leticia había 224 habitantes de calle, 37 más que en 2024, según datos de la Secretaría de Salud Departamental. De ese total, 35 % son indígenas, la mayoría hombres jóvenes, en medio de un microtráfico controlado por Comando Vermelho (CV), según confirmó un oficial de seguridad. Este poderoso grupo nació en la prisión Cândido Mendes de Río de Janeiro hace 50 años y su presencia se ha extendido por Brasil y países vecinos. El gobierno de Estados Unidos lo designó el 28 de mayo como organización terrorista.

De Colombia a Perú

Entre varias comunidades indígenas amazónicas de Colombia hay un lugar conocido en Perú por ser uno de los epicentros de cultivo y producción de coca: Bellavista. Es un poblado indígena Tikuna que hace parte de la provincia Mariscal Ramón Castilla en la región de Loreto y que, según datos del más reciente informe publicado en junio de 2025 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es la tercera comunidad nativa con más hectáreas de hoja de coca en ese país. Pasó de tener 307 hectáreas en 2020 a 786 en 2024.

A Bellavista llegan familias indígenas de Colombia a trabajar en plantaciones de coca. Las mujeres, por lo general, van a cocinar los almuerzos que les dan a los hombres, papás e hijos, que raspan la hoja y que se quedan a dormir por varios días. También suelen ser explotadas sexualmente. Según Jonatas Soares, comandante del Octavo Batallón de Policía Militar en Tabatinga, municipio brasileño que limita con Leticia, quienes mandan en Bellavista son dos líderes de CV: alias ‘Lobo’ y  ‘Meia Noite’. 

“Tenemos esta hegemonía del CV y el mando brasileño tiene su sede en Bellavista. Cuando hablo de «mando», me refiero al brazo más operativo de la facción —la parte de la producción, la logística— porque la parte financiera es toda una maraña de empresas involucradas en el blanqueo de capitales”, explica el comandante. Según sus cálculos, el negocio para el CV —que ha logrado imponer un control total negociando con narcos peruanos y controlando quién puede comprar en la región y quién no— es redondo: un kilo de coca que compran en Bellavista a US $300 se vende en las calles de Europa a 22,600-41,800 euros.

Para lavar la plata, el CV no solo financia la minería ilegal de oro en ríos como el Puré (que comparten Brasil y Colombia), y más recientemente el Juruá (que nace en Perú y atraviesa la Amazonía brasileña), o compra directamente oro a los mineros. También blanquean mediante el negocio del pirarucú, el pez de agua dulce más grande del río Amazonas, que se comercializa legalmente. “Coges ese dinero ilegal del oro, lo cambias en la casa de cambio, lo conviertes en reales… y ya, está limpio”, explica Soares. 

Los viajes que muchos indígenas colombianos hacen para raspar y “quimiquear” —como le dicen coloquialmente a ir a trabajar a los laboratorios de procesamiento de la hoja de coca— en Bellavista y en otros poblados peruanos como Islandia o Santa Rosa, pueden no tener regreso. “Acá no vamos por miedo, porque la gente que va a raspar le pagan y después la matan. Vemos personas muertas en el río y sabemos lo que es”, cuenta Geni, la promotora de salud. 

Un joven de Nazareth, a quién protegemos su identidad por seguridad, dijo que sí hay muchachos que han ido a Perú a raspar. “Algunos sí aceptan ir a lo de la raspa, otros aceptan ir a la cosa más grande, donde la cocinan”, dijo. Otro joven de 26 años, que prefiere no ser identificado, dijo que le han ofrecido, pero que no va. “Tengo distinguidos (amigos) de otros lugares que han ido y me dicen que no vaya. Termina uno metido con delincuencia y si robas algo, te buscan hasta encontrarte o te quedas ahí en la olla”. Pero vayan o no, jóvenes de esa y otras comunidades indígenas terminan metidos en una adicción que han intentado tratar en Leticia.

Cura y enfermedad

Juan* tenía 13 años cuando comenzó a fumar marihuana. Vivía en La Pedrera,  una población indígena amazónica a orillas del río Caquetá, cuando llegaron a reclutarlo hombres del Estado Mayor Central, una disidencia de las antiguas FARC-EP. Su abuela, que lo mantiene desde que su mamá murió, recuerda que un día los disidentes estaban felices porque se llevaron a 15 niños y armaron una fiesta para celebrarlo. Miembros de este grupo suelen acercarse a los jóvenes mientras juegan fútbol o están en la calle y les ofrecen algo de tomar y de comer, o plata, y así los enganchan para que trabajen transportando marihuana o pasta base de cocaína.

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Pero Juan no quiso irse, así que recibió un ultimátum: tenía 24 horas para desaparecer de su pueblo. Su abuela lo trajo a Leticia para que escapara y, por medio de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) Indígena Mallamas, terminó en la IPS Nuevo Amazonas. Su representante legal y gerente es el médico psiquiatra Henry Esteban Porras, un leticiano que estudió su carrera en Bogotá, regresó a atender consultas en psiquiatría básica y creó la IPS en una casa abandonada donde antes estuvo el prostíbulo “Conejitas Show”. “Fue un burdel muy ambicioso que fracasó (…)”, dice Porras sentado en su oficina en la que tiene tres diplomas de la Universidad Javeriana colgados en la pared, un MacBook Air y pocos adornos más. 

Cuenta que cuando el centro abrió sus puertas, en 2017, implantaron el “modelo de comunidad terapéutica” en el que los rehabilitados orientan a los demás, con jerarquías entre los recuperados y los pacientes. En sus palabras: “utiliza estrategias de terapia de choque, muy aversivas y a veces humillantes, usadas para que dejen de consumir sustancias, por ejemplo, le ponían carteles a los pacientes, o usaban mucho lo de echar agua, el baldado de agua. O hacer flexiones, como si fueran militares”.

Jeffrey González, médico psiquiatra con especialización en adicciones y salud pública, explica que los tratamientos de comunidad terapéutica nacieron en los setenta, y que “buscan rehabilitar más el comportamiento que la enfermedad o trastorno. Hace mucho tiempo la ciencia entendió que no rehabilita necesariamente la conducta de una persona con trastorno de consumo de sustancias porque rehabilitar la conducta no es lo único necesario sino que también se tienen que tener en cuenta factores biológicos, psicológicos y sociales más allá de conducta”. 

Según Porras, el centro dejó de usar ese modelo en 2018. Ahora tiene un equipo de tres psicólogas, una trabajadora social y una terapeuta ocupacional, con las que aplican, según él, un “enfoque biopsicosocial, basado en teorías y terapias de prevención de recaídas, la intervención familiar y la rehabilitación social y comunitaria, con un enfoque de derechos humanos”. Pero Amazon Underworld recogió siete testimonios de jóvenes que han estado en ese centro desde 2020 o de sus familiares, y la mayoría denuncian maltratos. Juan*, por ejemplo, entró al centro en 2024 y cuenta que le gritaban.

“A uno no, sino al adicto que uno tiene adentro, le gritan que el adicto que uno tiene adentro es el que se comporta mal y molesta y roba y todo eso”. 

Recuerda también que a veces lo dejaban “un día encerrado, porque uno molestaba, porque uno le gritaba al líder (…) lo dejaban a uno sin mecato (snacks o alimentos ligeros), sin llamadas, sin visitas”.

La mamá de Pedro*, un joven tikuna que estuvo en ese centro en 2022, dice que fue a visitar a su hijo después de un mes de que estuviera allí y que él le contó que los hacían dormir en ropa interior en una colchoneta en un cuarto aislado y que a algunos compañeros a veces los golpeaban como “castigo”. El papá de Víctor*, quien estuvo tres veces en el centro, también cuenta que a su hijo lo hicieron dormir desnudo y “le echaban agua”. “Cuando yo encontré esta cruda realidad yo paré de mandar jóvenes ahí”, dice.

Ramiro*, otro joven de 26 años, relata que terminó metido en su adicción cuando le vendía balas a un miembro del Comando Vermelho a cambio de pasta base de cocaína. En 2022 decidió entrar al centro para evitar que lo persiguieran. Aunque dijo que él no se sintió maltratado, habló del caso de un joven que fumó marihuana en el centro. Según su testimonio, el “castigo” fue encerrarlo en ropa interior en un cuarto con un colchón y hacer planas en un cuaderno que decían “no debo fumar marihuana, no debo fumar marihuana en el centro”. “Ese castigo es normal ahí adentro. Todo el que la embarra, el que pelea, el que roba, tiene castigos allá, el que toca las cosas de los demás, el que hace algo malo, digamos”.

“El chico llegó y me dijo, mamá, yo me fui porque no me gustó el espacio, lo maltratan a uno psicológicamente”, dice otra entrevistada que no identificamos para proteger su identidad. Luego, mandó a otro hijo que también se terminó escapando del centro. “Viví maltrato cuando intenté escaparme la primera vez. Me dieron tres pastillas de 100 miligramos, en total 300 miligramos. Yo me sentía en coma y ahí me dio rabia. Me quedé paralizado, la mitad de mi cuerpo no funcionaba, pero el cerebro estaba activo y pensé: ‘Me recupero y brinco esa reja para largarme de aquí’”, dice Octavio*, quien efectivamente logró escapar del centro. Su mamá pensó en demandar al centro. 

“¿Por qué se fueron los muchachos? ¿Por qué no me los entregaron sanos?”, se pregunta la mujer.

Porras reconoce que en los últimos años sí han recibido quejas de un trato considerado por los pacientes como injusto o agresivo, pero aclaró que “en general, quejas de maltrato no. Muy poco. Reconozco mi cuota y los errores que se han podido dar en mi institución”. 

“Nosotros teníamos un cuarto de reflexión que era una habitación donde si estás muy agresivo, te quedas ahí, pero eso lo acabamos más o menos antes de la pandemia”, dice Porras. Según él, tener ese “cuarto de reflexión” fue una herencia del modelo terapéutico, pero afirma que se acabó, que hoy se llama habitación 5 y es un cuarto normal. También dice que usar ese cuarto “no era una metodología de castigo, era de control de agresión, de agresividad”. 

Frente al porqué muchos jóvenes que van al centro no se recuperan, Porras dice que “aunque tú intervengas a la población que tiene patología adictiva grave, las tasas de recuperación rara vez superan el 60-50 %, y depende mucho de las características de la patología. Nosotros técnicamente en el Amazonas no tenemos modelos de atención en masa para población con adicciones”. También admite que a veces el mismo personal ha sido una fuente de peligro y le ha tocado despedir gente. “Yo tuve que despedir a un celador porque después de que los pacientes salían del proceso los contactaba y les ofrecía prostituirse”.  

Porras también es señalado por ser sobrino de Evaristo Porras, el famoso narcotraficante, jefe del Cartel del Amazonas, que murió en 2010. “Yo te puedo decir que mi comunidad no me ha maltratado por ser el sobrino”. Dice que vio a su tío una vez, cuando tenía cinco años, porque “toda mi infancia estuvo preso. (…) En Colombia, ¿quién no tiene un familiar que no haya tenido que ver con el narcotráfico? Ese estigma me parece muy desgraciado”, dice.

Otras fuentes consultadas también lo señalan de ganarse un contrato —en octubre de 2024 hasta el 30 de enero de 2025 por 4 465 millones de pesos (casi un millón de dólares), el más alto que ha firmado esta IPS con la gobernación— por ser familiar de Ramiro León, pareja de la congresista liberal Karina Bocanegra, una poderosa política del departamento, que le hizo campaña y es aliada del actual gobernador Óscar Sánchez.  Ese contrato fue firmado para crear y fortalecer redes de apoyo en salud mental, capacitar a las comunidades, y hacer pruebas de tamizaje en Leticia, Puerto Nariño y las áreas no municipalizadas del departamento, con la idea de que de ahí saliera un estudio de salud mental, por distintas edades, que sirviera de insumo para la gobernación y que encuestó a más de 10 mil personas. Porras dice que se ganó ese contrato porque fue el único que se presentó, por ser la única IPS de salud mental. 

Aunque la gobernación le giró a la IPS un anticipo del 50 % (2 232 millones de pesos), solo ejecutó 1 835 millones, por lo que la IPS tuvo que devolverle casi 397 millones de pesos a la gobernación. Sandra Viviana Arias, profesional a cargo del programa de salud mental de la gobernación y supervisora del contrato, dijo a Amazon Underworld que la IPS solo se gastó esa plata porque “el contrato solo se ejecutó en todas las comunidades indígenas de Leticia y Puerto Nariño, pero no se llegó a todo el departamento por los tiempos. Por eso no se pagó completo”.  Porras dice que “presupuestalmente la operación fue más económica de lo que se había proyectado. Cubrió todo el trapecio amazónico, que concentra el 70 % de la población del departamento, pero no cubrió el área no municipalizada y fue más económica por eso”. 

Otra opción de muchos jóvenes en la triple frontera con problemas de consumo es entrar a fundaciones religiosas en las que, a punta de fe en que un ser superior los va a ayudar a curarse, le apuestan a otra salida.

Gloria a Dios

“Dios los bendiga muchachos. Digan gloria a Dios”, dice el pastor Arley Tavares, fundador en Brasil de la Fundación Cristiana Rescatados por su Sangre, que se presenta como una organización sin ánimo de lucro que nació en 2010 en Fusagasugá, un municipio cercano a Bogotá. Según su página web, la fundación ofrece “procesos de formación y restauración para los habitantes de calle, en concordancia con trabajo profesional en busca de la integralidad del hombre”. Su enfoque es la teoterapia, una práctica de tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas mediante la predicación del evangelio de Cristo. 

Tavares es colombiano y se presenta como un rehabilitado que duró 27 años en las drogas. Se pasea por la sede de la fundación, ubicada en un barrio bajo control del Comando Vermelho en Tabatinga, que antes era una olla de consumo de drogas Mientras habla, camina hacia un patio en el que hay cuatro hombres, todos con un carnet de la fundación colgando de sus cuellos, que responden en coro apenas lo ven: “Dios lo bendiga”.

“Estos muchachos acaban de llegar de hacer una colecta de alimentos”, dice. “Yo aprovecho de verdad para decir que este es un trabajo con amor, con cariño. Aquí es voluntario; ninguno está obligado”, dice mirando a la cámara. “Aquí nos hablaron de la palabra de Dios y gracias a Dios escuchamos de esta fundación porque Dios es el que cambia y aquí estamos”, señala uno de los muchachos. 

Bajo la frase bíblica “nada es imposible para Dios”, la fundación hoy tiene más de 40 sedes, la mayoría en Colombia, pero también en Ecuador, Brasil y Panamá. A Leticia llegó en 2016, a una casa muy cerca de la IPS Nuevo Amazonas. Según Tavares, allí llegaron a atender hasta 2019 a 110 personas, cuando cerraron las puertas de la Fundación en Leticia para abrirlas en Tabatinga.

Dos funcionarios públicos de Leticia que pidieron no ser citados dijeron que la Fundación cerró sus puertas porque los tenían en la mira, señalándolos de traer personas de otras regiones del país para que entraran a su fundación, algo que Tavares niega. Desde la Secretaría de Salud de la Gobernación de Amazonas respondieron que la fundación no está registrada, por lo que no pueden dar información sobre las razones por las que dejó de funcionar en Leticia. 

En 2019 llegaron a Tabatinga en medio de una guerra a muerte entre organizaciones criminales en Brasil. Por un lado estaba el grupo Os Crías, que recibía el apoyo de Primeiro Comando da Capital (PCC), que surgió en una cárcel de Sao Paulo, y por otro el Comando Vermelho (CV). En 2023, el CV ganó esa guerra y ahora controla varios barrios de Tabatinga, incluyendo el barrio donde está ubicada la fundación. En las paredes de las casas vecinas se pueden ver grafitis con las siglas CV. 

Siglas del Comando Vermelho en una pared de un barrio en Tabatinga, Brasil. Foto: Bram Ebus.

En Brasil es conocido que Comando Vermelho les da como única ruta de salida a los jóvenes que hacen parte del grupo que entren a iglesias. “No hay un vínculo institucional, ninguna iglesia está vinculada formalmente con CV, eso no existe”, explica Soares, el comandante del Octavo Batallón de Policía Militar en Tabatinga. “Lo que existen son normas internas de CV que establecen que si alguien quiere dejar la delincuencia solo puede marcharse acudiendo a una iglesia. Pero acudir a la iglesia y vivirla de verdad (…) pero si luego lo pillan consumiendo drogas, bebiendo alcohol o llevando una conducta incompatible con alguien que camina en la palabra del Señor, lo matan”. En Benjamín Constant, un poblado brasilero a 20 kilómetros de Tabatinga, hay líderes de iglesias evangélicas que fueron antiguos miembros del CV, como lo documentó El País América.

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Esta relación informal de las iglesias y los grupos, que no está por escrito, pero se cumple como si lo estuviera, es algo que también se vive en la cárcel de Tabatinga. Según Walmir Barbosa, coordinador de la Pastoral Carcelaria de la Diócesis de Alto Solimões, “a los que van a la iglesia, los que cambian de verdad, los dejan en paz. Se llama la ‘celda de la bendición’”.

Tavares llegó a fundar Rescatados por Su Sangre en medio de ese complejo territorio y dice que con el CV “no tenemos problema porque la fundación es muy conocida. ¿Qué nos piden ellos? En caso tal de que llegase a presentarse, es como la policía, ¿que me pide a mí la Policía Federal? Que los muchachos no me hagan daños, que haya un buen comportamiento, que haya un buen testimonio (…) No nos concentramos tanto en si ellos están o comandan una zona porque la verdad no es de nuestra competencia”.

A Rescatados por Su Sangre lo han señalado en Leticia y Tabatinga por ser la “fundación del maní” porque sus miembros venden maní en las calles, en el puerto de Leticia, algo que algunos pobladores ven como una forma de exponerlos, porque terminan obteniendo dinero con las ventas en zonas en las que es fácil conseguir drogas. Pero Tavares explica que lo hacen para sostenerse.

—“La fundación no solo vende maní y toda fundación lo vende, no sólo ésta”.

¿No cree que la venta los expone?

—“Puede ser, claro que sí, pero no tenemos de otra manera. ¿Quién paga el arriendo de esta casa? Si la familia de él no paga una mensualidad, entonces, ¿cómo hacemos para sostener la casa? ¿Cómo hacemos para sostener el arriendo de la sede?”.

Puerto de Leticia, sobre el río Amazonas. Foto: Bram Ebus.

En este embarcadero es normal ver jóvenes que venden maní y que llevan carnets con el nombre de la fundación. Lo venden, según uno de ellos, a 2 000 pesos (0,50 dólares) el paquete, 500 para ellos y 1 500 para la Fundación. “Ganamos 500 pesos por maní, es como un trabajo tanto para mí como para la obra”, dice uno de ellos. “Ellos lo mandan para diferentes lugares donde se abren más sedes para que sostengan y paguen un arriendo”, agrega, refiriéndose a la plata que debe darle a la fundación. 

En las comunidades indígenas de la triple frontera amazónica, a miles de kilómetros de los puertos europeos donde un kilo de cocaína puede venderse por decenas de miles de dólares, la riqueza que genera el narcotráfico nunca llega. 

La crisis de consumo a la que se enfrentan no es solo una consecuencia del narcotráfico, también es parte de su funcionamiento. Las mismas comunidades indígenas que han sido utilizadas para cultivar, transportar o procesar coca, hoy se han convertido en un mercado para las drogas que circulan por el río Amazonas. Mientras las organizaciones criminales consolidan su negocio y su poder, los jóvenes indígenas cargan con el costo más alto: quedan atrapados entre el reclutamiento, el consumo y la violencia. Hasta hoy, las respuestas estatales siguen siendo insuficientes.

Pero incluso en medio de ese escenario hay quienes intentan romper el patrón. Promotoras de salud como Geni Catachunga siguen recorriendo las comunidades para identificar a tiempo a los jóvenes en riesgo. Líderes indígenas organizan guardias comunitarias para impedir la entrada de expendedores de droga. Familias y comunidades intentan evitar que sus hijos crucen el río hacia los cultivos de coca en Perú.

Son esfuerzos pequeños frente a economías criminales que mueven millones de dólares y atraviesan países. Sin una respuesta estatal sostenida, difícilmente serán suficientes frente a un problema de salud pública sin respuestas basadas en prevención y reducción de daños. Pero muestran que, en la Amazonía, la disputa no es únicamente por el control de las rutas del narcotráfico: también lo es por el futuro de comunidades enteras.

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

*Amazon Underworld es una alianza de periodismo colaborativo que investiga las tendencias del delito transfronterizo, economías ilícitas y sus impactos en el medio ambiente y las comunidades amazónicas, y está integrada por Armando.Info (Venezuela), Al Margen (Perú), InfoAmazonia (Brasil),  La Liga Contra el Silencio (Colombia) y RAI (Bolivia).

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Volver a la tierra

por SIMÓN MURILLO MELO • Fotografías por el autor

Número 148 Marzo de 2026

Lo único que le dejaron sus padres a Karleth Izquierdo fue la tierra, más o menos un cuarto de hectárea en Boca de la Ceiba, al borde del río Sinú. Ahí vive en una casa de bloques de concreto con su hijo adolescente. Cuando su papá vivía la casa daba a un pequeño barranco donde crecían unos guamos y donde ahora ella cultiva hojas de biao, que le dan para vivir. A unos metros de sus cultivos, las aguas espesas y marrones del Sinú se estiran acaloradas. Ahí corría un riachuelo que la mayoría de los días no llegaba ni a barro mojado, un minúsculo chorro de agua, el caño Bugre. El bloqueo de su corriente algunos metros aguas abajo por basura y rastrojos cortaron la salida del Bugre al Sinú. Algunos tramos se convirtieron en pantanos. Otros se secaron. En las lluvias de los primeros días de febrero el riachuelo creció y creció. Alarmados, los vecinos construyeron una barrera de costales en su ribera y esperaron lo mejor. Ya antes habían tenido crecidas, pero nunca como esta. En la madrugada, un sonido terrible levantó a Karleth: como si un rayo hubiese caído sobre ella.

La diminuta corriente del caño Bugre se había hecho barrejobo. El río que por años agonizó, ahora era imparable. Karleth y sus vecinos erigieron en la oscuridad una nueva barrera de costales para reemplazar la anterior que había sido arrastrada. Tampoco sirvió. Alguien sacó una canoa de plástico para navegar por donde antes era nada más que tierra firme. El agua devoró todos los cultivos de hojas de biao de Karleth y llegó hasta su casa, a unos cuarenta metros de distancia y por lo menos cuatro de altura. Lo perdieron todo, menos la tierra, todavía. No paraba de llover.

Habían pasado quince días desde las inundaciones y el cultivo de biao de Karleth, ahora podrido, seguía anegado. Ella estaba muy angustiada y había empezado a enfermarse por pasar tanto tiempo metida en el agua, intentando ganar un poco de espacio. Como en el resto de Córdoba, no había ninguna presencia estatal o local apoyando a los inundados. Eran solo ella y sus vecinos contra el río.

Visité Boca de la Ceiba junto a Álvaro Cogollo y su primo José Antonio Cogollo. Este año Álvaro cumple setenta. Es un hombre fuerte, risueño y hablador. Es botánico, uno de los más prolíficos del continente. Tiene unos ojos pequeños e intensos que le han revelado más de doscientas especies nuevas en lugares completamente diferentes de nuestra geografía. Lo que para muchos es la culminación de una carrera, para él es la maravilla usual de ver lo nuevo, una y otra vez. “Cuando estoy en el bosque ya no miro para arriba. Miro para el suelo, a la hojarasca”.

Cuando era muchacho, Cogollo, familia y amigos solían ir con frecuencia a Boca de la Ceiba a recoger agua, a bañarse. Hace años, cuando corría libre, el Bugre era un caño de aguas lentas que bajaba hasta la Ciénaga Grande de Lorica. En Manguelito se dividía en un chorro sin nombre que armó la vida de Álvaro cuando era niño, allá en El Tapón de San Pelayo.

El 24 de diciembre de 1969 Cogollo dormía en la casa de un amigo, no muy lejos de la de sus padres, en la vereda Providencia. Los adultos jugaban dominó cuando alguien se asomó en la noche: “Hay suba”. El afluente del Bugre supuraba bocachicos, tantos que parecían un segundo río. “Vamos a bracearlos”, dijo el amigo de Cogollo, ahora su cuñado. “En par patadas llenamos un costalao de bocachico”. Nunca volvería a ver tantos pescados juntos en su vida.

A veces su abuelo, Fernando Cogollo, hacía un comentario misterioso: “Mañana va a amanecer el caño crecido”. Y en la madrugada la predicción se hacía realidad, las aguas del río se embravecían y el caudal aumentaba. “¿Abuelo, usted por qué sabe?”, le preguntó Álvaro alguna vez. Fernando extendió su dedo hacia el sur, donde las nubes negras se acumulaban: “Está lloviendo en las cabeceras”. La respuesta implicaba más preguntas que se hicieron claras en un libro de geografía de segundo de primaria: en un lugar en Antioquia llamado el nudo del Paramillo nacía el Sinú que en Boca de la Ceiba formaba un ramal, el Bugre, que en Manguelito se dividía en el caño que pasaba frente a su casa. Algún día, se dijo Álvaro, conocería el nacimiento del Sinú. Lo imaginó como una gran laguna, tan bella como la ciénaga.

La Voz de Montería pasaba un jingle que lo maravillaba: “Los valles del Nilo, el Tennessee, el Sinú, las tierras más fértiles del mundo”. Los Cogollo, como era propio de los campesinos acomodados del Sinú, tenían una roza, una parcela para la yuca, el ñame, el plátano, la papaya, el mango y la patilla. Bastaba bajar al río para sacar agua. Siglos de ingeniería hidráulica zenú habían canalizado las aguas del Paramillo a la tierra misma, convirtiéndola en una de las más fértiles del mundo en biomasa. La vida se desbordaba por todas partes y Álvaro aprovechaba, cazando pájaros con la honda y pisingos con la escopeta en la ciénaga El Vichal junto a sus tíos Toño y Rafael.

Ellos eran rianos, los que vivían del río, abacú, gente de chancla tres puntá. Cada día pasaba por el afluente del Bugre una chalupa con motor, el portátil, recogiendo campesinos desde Cotorra hasta Cereté y más allá. El papá de Álvaro, Justiniano, se había enamorado en Chimá, al otro lado de la ciénaga, y para ir a visitar a María del Carmen Pacheco se embarcaba en su portátil con el remo y la palanca. Y si en alguna noche cenagosa sin estrellas llegaba a perderse, torres de las iglesias de Arache, Momil, Cotorra, Sitioviejo y Chimá brillaban como faros, en la oscuridad.

La abuela María Ascención Berrocal era yerbatera y partera. Las plantas que para los demás eran invisibles tenían muchos sentidos para ella y su nieto Álvaro era el alumno más atento que había tenido. Cogollo mantenía una libreta en la que anotaba el nombre de todas las plantas que lo rodeaban, con extensos comentarios sobre “cómo se cortaban de acuerdo con las fases de la luna, cuál era la leña de corazón que daba la suficiente brasa para cocinar el arroz o cuál rama de arbusto lechero era mejor para fabricar una honda”.

Después de la pandemia Cogollo usó la plata de un premio que le habían dado y se compró media hectárea en El Tapón de San Pelayo, a unos metros del río donde aprendió a nadar, justo al lado de la tierra del primo Rafael Antonio Zabaleta Cogollo y cerca de la que fue la tierra de sus abuelos. Las aguas del caño donde aprendió a nadar entre guamos se habían eutrofizado y sedimentado y estaba contaminado con pesticidas y basura, aunque menos que otros de la zona. Apenas tenía corriente ahora, como un pantano.

En San Pelayo muchas cosas han cambiado pero otras se mantienen idénticas. Hay un Cogollo o un Berrocal de todas las edades en cada esquina, el ecosistema agrario y el minifundio persisten, pululan las bandas musicales. Pero los ríos ya no hacen parte de la vida pública, ni de la vida en general. Muchos se han vuelto vertederos. Algunos de los pescados del pasado han desaparecido hasta la memoria de la gente. Como Cogollo me dijo, “Fíjate, ya uno ni siquiera… Si uno pregunta: Oye, ¿conoces la mayupa? La gente ya no la conoce. Tampoco el bocachico rubio, el congo o la alondra. Todo eso se ha perdido”.

Si hace más de mil años los zenú construyeron una civilización junto al agua, algunas décadas del siglo XX habían hecho a los cordobeses ajenos a su pasado anfibio. La moto reemplazó al bote. Tanto los campesinos como los terratenientes fueron ganándole terreno a la ciénaga, con ganado o con barreras de material que secaban las aguas, los jarillones. La productividad del Sinú se dio por hecha y las ciénagas que la generaban aparecieron como impedimento para más y más cultivo. Elías Milani, terrateniente de la zona, llegó a ser tan buen destructor de humedales que la Gobernación de Córdoba lo condecoró.

Los padres de Cogollo estaban montados, como casi todos los campesinos de la zona, en la fiebre del algodón. Impulsada por la política de colonización agraria colombiana y por la Alianza para el Progreso del gobierno de Kennedy, la frase favorita de los políticos y terratenientes era “Habilitar tierras para el cultivo”. Los humedales eran especímenes de un pasado montuno que podía desaparecer, como en el Valle del Cauca, para dar paso a los cultivos del mañana en la forma en que lo hacían los gringos, con pocas manos, muchas máquinas, altas concentraciones de agua y, pronto, el dulce olor de los pesticidas.

“No se me olvida el olor del toxafeno DDT 40-20”, me dijo Cogollo. Primero regado por manos humanas, luego desde un helicóptero y luego del primer avión que Cogollo vio en su vida, dejando una estela de toxafeno detrás de sí. Él cortó una madera de balso y se hizo un avión con una hélice de lata.

A su tío Rafael un sobrino le propuso alquilarle sus tierras. “¿Para sembrar algodón?”, contestó, “No, señor, desde que llegó el algodón todo hay que fumigarlo. Hay que fumigar el maíz, la yuca, el ñame, a todo le cae plagas. Y uno pasa al día siguiente y encuentra el sapo muerto, la rana muerta, lo que se comía las plagas. ¿Tú te comes una mota de algodón? Yo siembro lo que me pueda comer. El maldito va a ser la ruina del Sinú y mientras yo viva no se va a sembrar una mata de algodón en mis tierras”.

En febrero de 1963 Álvaro y su hermana Fausta se fueron a estudiar a Chimá, al otro lado de la ciénaga. Chimá, “tierra bonita”, una de las pocas palabras que nos quedan del zenú, es una zona de transición entre el bosque húmedo del Paramillo y el bosque seco del Bajo Sinú y el golfo de Morrosquillo. Es un pueblo de pescadores y campesinos mecido en el ritmo paciente del calor de las cuatro, donde la vida empieza y termina en la ciénaga. Allí Cogollo escuchó la historia de un pescador que un día le avisó a su familia que iría a “darle la vuelta al mundo”. Salió en la madrugada con su canoa y su familia lo despidió incierta del futuro. Dos días después había vuelto. “Eche, ¿no le ibas a dar la vuelta al mundo?”. “Ya la di, le di la vuelta a la ciénaga”.

Después de unos meses en la escuela de Chimá, Cogollo recorrió varias escuelas de la región antes de hacer parte de la primera promoción del INEM de Montería, otro legado de la Alianza para el Progreso que tenía la enorme novedad de que tenía baños; como nadie tenía ni idea de qué era un lavamanos, los estudiantes orinaban en ellos. En el INEM cultivó una pasión por el vallenato, militó algunos años en la causa de la reforma agraria en las juventudes del MOIR y conoció en un salón de octavo grado a Nohra Guzmán, una de las pocas mujeres del colegio y la compañera de toda su vida.

Por un tiempo pensó que iba a ser ingeniero agrónomo pero decidió ser botánico, como María Ascención. Entró a la Universidad de Antioquia y conoció a Enrique Rentería, el profesor de taxonomía que lo llevó a conocer la selva húmeda por primera vez, en el Magdalena Medio, y lo conectó con Thomas Croat, experto en las aráceas. En su primer viaje al Chocó, acompañando a Croat, Cogollo recolectó un anturio que vio curioso y que Croat identificaría ahí mismo como nuevo para la humanidad. Lo nombró Anthurium cogolloanum.

Volví a Chimá con Cogollo a ver la ciénaga. “Es un árbol críticamente en peligro de extinción”, me dijo de un solitario guayacán azul, el Guaiacum officinale, en la tierra de su hermano Lucho, un campesino. Álvaro fue el único de los hermanos Cogollo Pacheco en irse de Córdoba. El resto hizo su vida en el Medio y Bajo Sinú, como maestros, campesinos o líderes. Con su hermano Óscar, quien nunca se queda quieto, recorrimos un pequeño jarillón que los campesinos habían construido sobre la ciénaga Los Charcos, que en el pasado fue parte de un gran complejo ininterrumpido de humedales que conectaba Lorica con los pueblos del sur. Durante mucho tiempo reducida, las inundaciones la habían hecho crecer hasta confundir el agua con el horizonte.

Los chimalenses aprovecharon el jarillón que le construyeron a la ciénaga para hacer unos pequeños cultivos de algodón y patilla. Con las inundaciones, no habrá esperanza de cosecha este año. Muchas familias del pueblo esperaban esos ingresos para sobrevivir. Sin la patilla, la economía circular de todo el pueblo tambaleaba. Como nos dijo Alexander Jiménez, un activista zenú por el buen vivir con las ciénagas: “El pescador vende al mercado local que le vende al pescadero y el dinero va rotando”.

Isaac, un pescador ya veterano, pasa el calor de la tarde con sus compañeros en una cabaña al borde de la ciénaga. Las inundaciones habían afectado la ecología de los peces y aunque la ciénaga es un refugio de manatíes, las capturas en las atarrayas y trasmallos de los pescadores habían caído significativamente. Otros pescados como el sábalo han desaparecido. Un brillo emanaba del cielo casi despejado. Isaac, con voz pausada, describió con calma la situación: “Ya solo quedaba el hambre”.

La revolución agraria que prometía la Alianza para el Progreso implicaba menos gente para más campo. Ese proceso de desplazamiento masivo se consolidó con la arremetida paramilitar de finales de siglo y la dramática transformación del Sinú por la construcción de la hidroeléctrica de Urrá. Y antes que amilanarse con el cambio climático, la voracidad de los terratenientes continúa sin vergüenza: Erasmo Zuleta, el gobernador de Córdoba, es poseedor de una finca con ciénaga, un gusto mafioso impedido en teoría por la ley colombiana y la Convención Ramsar de los Humedales. Entonces Zuleta construyó jarillones para secarla y que así no le pongan mucho problema por lo que es suyo.

Durante quién sabe cuántos siglos, los habitantes de las ciénagas se movían por ellas con libertad, monteando la liga. Así lo hicieron Alexander, Isaac y Cogollo de muchachos. Buscando asegurar su propiedad, los terratenientes locales han empezado a cerrar la ciénaga con cercas eléctricas. Según Alexander, alrededor de Chimá hay más de doscientas hectáreas electrificadas. Y si los campesinos logran superarlas, vigilancia enfierrada les anuncia que estos humedales son ahora propiedad privada. Ahora vivir al lado de una ciénaga, como de un río, es un encarte.

Las carreteras, como las casas, como las haciendas, se construyeron sobre ellas durante muchos años. Ahora mismo poderes locales planean construir un extenso jarillón de Lorica a Purísima, una traición más a la ciénaga de Lorica, la más grande del bajo Sinú. La Oxy quiere aprovechar que hay pocos interesados y convertir las ciénagas del Medio Sinú en campos de gas conectados con Cartagena.

Entre Ciénaga de Oro y Chimá se abre uno de los paisajes más hermosos que he visto en mi vida, un extenso complejo cenagoso rodeado por guayacanes y sangregallinas en plena floración, sus flores empantanando el agua diáfana del espejo. Pero en la mitad de una ciénaga convertida en el antejardín de una hacienda, una valla publicitaria anuncia para el Senado a Milena Flórez, esposa del condenado Musa Besaile.

En 1991 Cogollo intentó por primera vez subir al alto del Paramillo, a donde nace el Sinú. Solo otras dos expediciones habían logrado coronar antes el alto. Cogollo arrancó la subida por Ituango, por el Bajo Inglés y siguió por Santana y luego La Redonda. Alcanzó a llegar a los 3100 metros pero dio la vuelta. Lo volvió a intentar en el 93, con el botánico valluno Hermes Cuadros y con Alwyn Genthry, del jardín botánico de Missouri, una leyenda de la botánica neotropical del siglo XX. En vez de seguir por La Redonda, remontaron a machete el cauce del río Ituango. La selva húmeda dio paso a los bosques de montaña y los bosques de montaña al páramo más inexplorado del país, donde nace el San Jorge, donde nace el Sinú.

Pero no había laguna por ninguna parte. Apenas unos hilos lentos en el silencio del páramo. Ese era el nacimiento del Sinú. Cogollo tomó fotos apresuradamente. No tenían suficiente agua. Tenían que bajar de nuevo. Después de recargar las cantimploras en el río Ituango, se perdieron. Los morrales les pesaban con las muestras de todo lo que habían recolectado. El bosque espeso se cerraba contra ellos y la comida se había agotado. Ahí encontraron una mora silvestre gigantesca que Cogollo jamás volvió a ver y que les calmó el hambre un instante. Sin signos de camino, Cogollo se acostó en su morral a calmar el cansancio. Cuando caía la noche, un grito lo levantó: “¡Mierda de vaca!”. Era Genthry, que había visto la civilización.

De regreso al caserío de Santa Ana, decidieron cruzar el nudo por un filo menos elevado y salir al otro lado, al pueblo de Juan José en la cuenca del San Jorge. Los interceptó una avanzada de las Farc. Los venían siguiendo. Tuvieron que devolverse y en el camino de regreso Álvaro se volvió a fijar en una planta “que en el trayecto nos estuvo mamando gallo”. Luego sabrían que era una Metteniusa, ahora llamada Metteniusa cogolloi. Cuando Álvaro fue a revelar el rollo de las fotos que tomó en el alto del Paramillo, el rollo estaba quemado. No quedó nada de las aguas del Sinú.

El mismo año que Cogollo escaló el Paramillo el Inderena otorgó una licencia ambiental a la que hasta entonces era la hidroeléctrica más grande del país, una fantasía de control de la naturaleza que bajaba desde la Alianza para el Progreso: Urrá. Abeja en eberá. El aguijón de la abeja destruyó 7400 hectáreas del Paramillo y desplazó a más de tres mil personas, la mayoría indígenas emberá de los resguardos de Karagabí e Iwagadó.

El activismo contra la represa se organizó en Tierralta alrededor de Simón Domicó y Kimy Pernía. En Bogotá el cordobés Paul Sánchez Puche fue financiado por el Cinep para impulsar un movimiento clave en la historia de las luchas ecológicas contra el pillaje energético. El lema de Urrá, “Energía para el desarrollo de Córdoba”, resultó ser poco más que una burla. Durante años la clase alta de Córdoba y Antioquia utilizó escuadrones de la muerte para asegurarse el control de la montaña e imponer el proyecto sobre los cadáveres que fueran necesarios.

Aunque el movimiento logró impedir que se construyera una segunda hidroeléctrica junto a la primera, Urrá 2, en el año 2000 la culminación de la construcción y el cierre de las compuertas le dieron lo que parecía ser la última puñalada al Sinú. Urrá contribuyó al declive de las ciénagas de Córdoba al no suplir el mismo caudal de antes al gran complejo de la ciénaga de Lorica. La población de pescados del Sinú colapsó. Y justo lo opuesto de la agricultura zenú que usaba al río para dar gran fertilidad a las planicies, al descender el nivel freático, las tierras de Córdoba se irán salinizando con cada año de operación de Urrá.

La primera selva húmeda que conoció Cogollo fue cerca del río Carare, en Campo Capote. Nunca había visto nada igual. Estaba en primer semestre y había logrado que lo aceptaran en el semillero de botánica de Enrique Rentería. Incluso para él, que venía de las infinitas ciénagas del Sinú. Esa selva no tuvo par, ni aún hoy, porque en algunas décadas había sido completamente arrasada. Ahora el que vuelva a ver ese paraje se va a encontrar solo con tierra yerma para el ganado y el petróleo. “La vida de un ser humano es demasiado corta ante cambios de esa clase”, me dijo Cogollo.

Más de doscientas mil personas sufrieron las inundaciones y 35 000 hectáreas se inundaron en Córdoba, apenas una muestra de lo que vendrá después. Las ciénagas volverán. El futuro para alguien como Karleth es incierto. La tierra firme está desapareciendo debajo de sus pies. La clase política cordobesa ha reaccionado con el apropiado cinismo: “Borrón y cuenta nueva”, es el eslogan de David Barguil, ahora senador del Partido Conservador.

Hace más de treinta años, Cogollo fue a un evento en Montelíbano. Ahí vio a unos árboles curiosos, sembrados en fila. Veintiséis años después se los volvió a encontrar, en Tierralta. “Ahí mismo me acordé”. Luego en la ciénaga de Betancí los volvió a ver. Eran de una especie nueva, la primera que descubre en su departamento, la Cordia nicandroides. Llega a los veinticinco metros de altura, florece en cientos de flores blancas y su pariente más cercano está a miles de kilómetros de distancia, en la caatinga brasileña. Es un descubrimiento con profundas implicaciones para la conectividad vegetal del continente. Pero ahora Cogollo encuentra el árbol en partes insospechadas de Córdoba y la Costa. Siempre estuvo ahí. Lo único que tuvo que hacer fue volver a mirar.

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Presidente de la Corte Constitucional acusó a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado

por JUAN PABLO BARRIENTOS Y JOSÉ ALEANDRO CASTAÑO

Febrero de 2026

Según la versión del magistrado Ibáñez Najar —que la mujer desmiente categóricamente— él aceptó tomarse un café con ella y despertó al día siguiente sin conciencia de lo ocurrido.

Nota editorial de la La Liga Contra el Silencio y sus aliados:

Cuando intentan silenciar a uno, nos encuentran a todos. El pasado 14 de febrero, el portal CasaMacondo anunció el retiro de una parte su investigación sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, tras recibir una notificación judicial derivada de una acción de tutela. 

El retiro de una investigación bajo presión no solo es un ataque a la libertad de prensa, sino que vulnera el derecho de toda la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de alto interés público.

Por esta razón, y amparados en el artículo 20 de la Constitución Nacional, los medios que integramos la alianza de La Liga Contra el Silencio republicamos de manera íntegra la nota censurada. Nos oponemos a que los mecanismos judiciales se utilicen para silenciar historias y para amedrentar a las redacciones independientes. Frente al silencio impuesto, respondemos con más periodismo. Esta es una de las seis partes de esta investigación, que pueden leer completa en el portal de CasaMacondo.

Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, atendió una entrevista con CasaMacondo el miércoles 13 de agosto, a eso de las ocho de la noche. Fue una conversación telefónica. Hacía meses que queríamos preguntarle por la demanda de paternidad en su contra y la pérdida del expediente en el que un juez de familia de Ibagué había decretado el parentesco con Jorge Enrique Robles, su hijo primogénito, basado en una prueba genética inobjetable. 

El magistrado más poderoso del país —cuya palabra es ley en el sentido más literal— respondió con desconcierto, como quien recién se enteraba de los hechos. Negó la certeza del fallo judicial, cuestionó la legalidad de la prueba genética —de la que afirmó que pudo ser manipulada— y dijo que solo se había enterado de la existencia de su primogénito tras la demanda, cuando el joven tenía veinte años. Esas fueron solo unas de sus respuestas mentirosas. 

Después nos contó una historia tan impactante, que la noticia sobre la demanda de paternidad y la pérdida del expediente quedaron opacadas. El presidente del máximo tribunal constitucional de la nación dijo que la madre de su hijo lo había drogado y abusado.

Pero algo debió quedar resonando en su cabeza de jurista experto, porque un par de horas más tarde nos llamó para pedir que, por favor, omitiéramos esas declaraciones. No las desmintió, no se retractó. Pidió que no las publicáramos. Y aceptamos. 

En ese momento carecíamos de los elementos suficientes para contrastar la veracidad de sus acusaciones, que tipifican delitos penales. Pero el escenario cambió tras la publicación de la primera entrega de nuestra investigación, el 16 de agosto: «Un hijo negado y un expediente desaparecido interrogan a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional».  

Ocho días después, el 27 de agosto, el magistrado intentó silenciarnos mediante una exigencia de rectificación. Alegó que habíamos mentido y que habíamos vulnerado su esfera personal. No era verdad. En la carta de respuesta, en la que argumentamos nuestro rechazo a su solicitud, le recordamos que el foco de la publicación de CasaMacondo no era su vida privada, irrelevante y desprovista de interés para nuestra investigación. Lo central era la desaparición del expediente en el que lo obligaron a reconocer un hijo negado y en el que se detallan actos de manipulación de su parte.

El 10 de septiembre apareció el expediente, de la misma forma en la que había desaparecido: de manera sorpresiva. Entonces pudimos constatar detalles desconocidos del proceso y, más tarde, entrevistar al hijo negado y conocer la versión de la madre. Ese texto, con detalles que desnudan las mentiras que nos dijo el magistrado en la entrevista que nos concedió, fue publicado el 18 de octubre: «Ha sido torpe, mentiroso y manipulador»: Habla el hijo de Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.

Ahora sabemos que la relación que Ibáñez Najar y la madre de su primogénito mantenían a escondidas fue conocida por personas cercanas a la pareja, lo mismo que el embarazo y el nacimiento del hijo mutuo, que el padre cargó recién nacido, en un acto político, frente a varios testigos, entre ellos Édgar Robles Ramírez, tío del niño y actual magistrado del Tribunal Administrativo del Huila. También sabemos con toda certeza que el padre le propuso al hijo pagarle sus estudios universitarios a cambio de que renunciara al derecho de usar su apellido. Esos pagos fueron mensuales, y siempre por un salario mínimo.

Comprobar que las afirmaciones del presidente de la Corte Constitucional habían sido un intento de engaño y de manipulación nos obligó a reconsiderar nuestra primera decisión de no hacerlas públicas. Tras un consejo editorial, CasaMacondo resolvió abordar nuevamente al magistrado para advertirle que las publicaríamos. Quisimos saber, además, si tenía algo más por decir. Su respuesta fue que nos prohibía la divulgación de esas aseveraciones, argumentando que las había planteado como hipótesis y en un contexto informal, sin la advertencia de que podrían hacerse públicas. Mintió otra vez.

El tono de su voz fue categórico. En su caso, ese modo de decir es aún más certero, tratándose de un magistrado con su formación académica y su experiencia profesional. Justamente por eso, tampoco puede alegar que la conversación con un periodista, que le advierte las razones de su llamada, en el contexto de una investigación, necesita su autorización para ser divulgada. La entrevista nunca se planteó off the record o de modo confidencial.

A continuación compartimos los audios y las transcripciones de algunos fragmentos de la entrevista que tuvimos con Jorge Enrique Ibáñez Najar el 13 de agosto, justo el día internacional de la zurdera, pero es posible que esa fiesta nada le diga al presidente de la Corte Constitucional, que es diestro, lo sabemos. ¿En qué lugar ético queda su magistratura tras los reiterados intentos por negar la paternidad de su primogénito, incluso tras un fallo judicial? ¿Cómo puede sustentar las acusaciones en contra de la madre de haberlo drogado y abusado? 

Las acusaciones en voz de Ibáñez Najar

AUDIO 1

«Este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, es una víctima de abuso sexual por parte de una señora. Porque la mamá de este muchacho, que me lleva como diez o trece años. Trece años siendo yo estudiante de primer año de derecho, pero yo siendo a su entorno político, muy joven, se empezó a hacer una perseguidora y finalmente me encontró aquí en Bogotá y me invitó a que nos tomamos algo y seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión donde yo pude haber tenido una relación con ella. Eso yo lo reconozco y lo dije así en el juicio».

 

AUDIO 2

 «Y yo me vi con ella. Y ella me invitó a tomarme un café o alguna cosa. Yo con mucho gusto fui. Yo estaba por esos días, estaba en la Javeriana. Yo era estudiante de la Javeriana.  Nos vimos por ahí, como en la 48, 49 y yo terminé perdido. Después al día siguiente salí metido en la calle. Yo decía, “miércoles, ¿yo dónde estoy?”

Yo no sabía si me había intoxicado, qué me ha pasado, no tenía nada. Me vine a enterar después, justamente, esa una con confidencia porque es confidencia.

Me vine a enterar después, precisamente con Jorge […] cuando yo le dije: mire yo con su mamá no tuve ninguna relación de ninguna naturaleza, salvo que estuve un día tomándome un café con ella, y no sé si producto de después de tomarme el café me pasó esto. Y entonces me dijo: sí, sabe que en mi casa, mi mamá me comentaba algún día que usted de sexo no tenía ni idea, que usted había llegado como usted y lo había llevado a tal parte, a algún sitio y usted no sabía cómo manejar el tema.

Entonces, qué iba a saber si yo estaba atontado o alguna cosa, pero además es que efectivamente yo no había tenido ninguna relación con nadie. Entonces, si a mí me dan algo y me atonto, alguna cosa, entonces yo digo, terminé afectado por eso. Ahora pruébelo. ¿Dónde estuve? En algún lugar que no sé dónde. ¿Quién me dio eso? No sé. Que estuve con ella, no lo sé». 

 

AUDIO 3

«Y por esa misma razón, además, sabía que no debía meterme con esa persona. Era una persona mucho mayor de mí. Es que cuando usted tiene 18 años y se encuentra con una persona de 30, 31, 32 años, mujer que lo busca y tal cosa, sí, no, yo con esta señora qué pena no me meto. Nada, absolutamente nada. Pero por alguna circunstancia, yo la encontré en Bogotá, me invitó a tomar alguna cosa, y ahí fue donde yo tuve pues lastimosamente esa situación.

De la cual deduzco, por lo que su propio hijo me confesaría después, cuando ya conversando muchas cosas, que yo terminé siendo víctima de esa señora. Obviamente  hay cosas que uno las maneja con toda la privacidad. Usted se ha dado cuenta en los testimonios que seguramente ha recibido de los muchachos que han sido víctimas de sacerdotes, que se lo guardan todo y uno no, cuando uno es víctima de este tipo de cosas y uno se lo guarda y no se lo cuenta a nadie, solo por allá, cuando está grande y eso. Así de sencillo».

por Bram Ebus, Jeanneth Valdivieso y Sinar Alvarado

por Rutas del Conflicto, con apoyo de La Liga Contra el Silencio

por Vorágina y La Liga Contra el Silencio