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El ostracismo de Lázaro

Medellín, siglo XVIII

por FELIPE OSORIO VERGARA • Ilustración de Tobías Arboleda

Número 151 Octubre-Noviembre de 2026

Décadas antes de que se fundaran Agua de Dios o Contratación, cuando ni siquiera Luis Antonio Calvo existía para alegrar con su piano esos “conventos prohibidos” que llamaban lazaretos, la lepra ya atemorizaba a los habitantes de la Villa de la Candelaria de Medellín.

“Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: ‘¡Oh, mi señor! ¡Por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos! No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición’”.

Números 12:10-12

Un grupo de habitantes del sitio de Hatoviejo, hoy en día Bello, acudieron al Cabildo de Medellín muy preocupados porque Juan Antonio de Bustamante y su familia deseaban aportar limosnas para la nueva iglesia de Nuestra Señora del Rosario que se pensaba reedificar. El problema a los ojos de la comunidad era que los Bustamante portaban el mal de la lepra. “Don Juan Antonio Bustamante pretende ayudar con el pretexto de tener derecho en ella para enterrar su familia, lo que es en notable perjuicio nuestro por estarse muriendo de un achaque contagioso que dicen ser mal de san Lázaro”, se quejaban el 11 de abril de 1744, Manuel y Salvador Tamayo, José y Manuel de Piedrahita e Ignacio Sánchez en representación de los vecinos de Hatoviejo.

El Cabildo de Medellín trató esta petición y llamó al médico Juan Cano, quien revisó a la familia y concluyó que “don Javier de Bustamante y otros dos que murieron y doña Juana María, todos hijos del predicho Juan Antonio, padecen los vivos del achaque de san Lázaro”. Con el concepto médico y teniendo en cuenta la solicitud de la población, el Cabildo ordenó que los Bustamante no salieran de su casa ni visitaran a ningún vecino, y que los enfermos de la familia no participaran del proceso de fabricación de dulces del que dependía el sustento familiar.

El mal de san Lázaro era el término usado en la América virreinal para identificar a la lepra. El origen de este nombre puede rastrearse hasta el pasaje bíblico del Evangelio de Lucas que menciona al mendigo, llamado Lázaro, cuyas llagas fueron interpretadas desde el medioevo con las lesiones que dejaba la lepra en el cuerpo. Esta infección, que acompaña a la humanidad desde hace más de cuatro mil años, se creía que había entrado a América con los conquistadores europeos y la trata transatlántica de personas esclavizadas, pero investigaciones publicadas en la revista Science han demostrado que, si bien los europeos y africanos trajeron una de las variantes de la lepra que rápidamente se esparció en el continente (Mycobacterium leprae), en América también había evolucionado una variante diferente (Mycobacterium lepromatosis), presente en restos humanos previos al contacto colombino.

Una variante o la otra, lo cierto es que en Medellín, al igual que en el resto de la América colonial hispánica, la percepción de la lepra fluctuó entre el temor al contagio y el desprecio a los leprosos, y la caridad cristiana y la lástima hacia los mismos. Por ejemplo, en 1769 José Antonio Vélez, procurador general de Medellín encargado de representar y defender los derechos e intereses de la comunidad, alertaba que la hospitalidad y generosidad de los habitantes de la Villa de la Candelaria para con los leprosos mendigos podía regar la enfermedad por la ciudad: “Estos con su misma desdicha pidiendo su limosna a donde quiera que piden posada los alojan […] o por la mucha caridad que este lugar administra”.

No obstante, la piedad cristiana no dejaba de lado el rechazo social debido al miedo a los contagios y a las deformaciones físicas que la enfermedad causaba en etapas avanzadas. En 1774 otro procurador escribió al Cabildo de Medellín quejándose de que las lazarinas Josefa y Rita de Ospina elaboraban dulces para la venta y tenían contacto con el resto de la población, sin estar recluidas en casa, lo que había causado numerosas quejas de los medellinenses. “He sido nuevamente requerido por parte del pueblo, pidiendo sean extrañadas de todo concurso y comunicación que de no ser así […] vendrá a inundarse esta república del tal accidente o lepra si con tiempo no se acude al remedio”. Incluso tras la muerte, los cuerpos de los leprosos eran despreciados y se solía impedir su enterramiento en los osarios o criptas de las iglesias por la creencia de que las miasmas derivadas de la descomposición del cuerpo contaminarían el aire y causarían contagios.

Lazarinos “a ojo”

La detección de la lepra era más común en etapas tardías cuando había mayor presencia de manchas y úlceras, ya que en sus estadios tempranos los enfermos trataban de ocultar las heridas para evitar ser excluidos. Los diagnósticos se hacían examinando ocularmente a los pacientes y sus síntomas, buscando insensibilidad en la piel y detectando las lesiones cutáneas, como describió el 21 de marzo de 1757 Pedro Euse, médico francés afincado en Medellín: “Mudarle el color natural del cuerpo en otro extraño, hincharse poco a poco los pies, manos y cara […] despidiendo de todo el cuerpo un olor podrido, el habla algo impedida, el pelo caído, la frente reluciente, el color extraño decolorante y finalmente el rostro totalmente deforme”. El problema radicaba en que casi cualquier lesión cutánea podía caber en la sintomatología de la lepra, lo que daba lugar a diagnósticos errados, confusiones con otras enfermedades y, por ende, presencia de casos en los que se aislaba a personas sanas mientras algunos enfermos no identificados seguían en la calle.

En ocasiones, otras enfermedades que causaban heridas cutáneas eran confundidas con la lepra, como el mal de bubas (sífilis), el mal de san Antonio (ergotismo), mal de la rosa (pelagra) o algunas etapas avanzadas de la viruela o la varicela, lo que generaba la exclusión de los enfermos hasta que se definiera qué tipo de enfermedad padecían y si era contagiosa o no. Sobre esto, en 1769 el procurador general informó al Cabildo que en casa de Agustín de Olarte vivía una mulata esclavizada llamada Rita que, según se decía, padecía de lepra. El Cabildo ordenó que fuera revisada por alguno de los tres médicos que entonces estaban en Medellín, por lo que Pedro Euse dictaminó que “el achaque que tiene es gangrena, que no es contagioso”.

Otro caso aconteció el 8 de junio de 1778 en la Villa de San José de la Marinilla, que entonces estaba a un día a caballo de Medellín atravesando trochas que descolgaban por Santa Elena o Guarne. Allí se decía que el mendigo Joaquín Barco era leproso, lo que hacía que los marinillos se alejaran al verlo y no le dieran limosna ni lo dejaran pernoctar en sus casas. “Vulgarmente se dice que Joaquín Barco, pobre leproso y mendigante, el mal que tiene es el que llaman de san Lázaro, mal muy contagioso, por cuyo motivo no halla el dicho quién lo abrigue o dé posada en su casa, y está en grande necesidad”. Ignacio José Echeverri, alcalde de Marinilla, solicitó reconocer a Joaquín, pero ante la falta de médicos buscó personas que supieran de la materia y hubieran visto la lepra en otras circunstancias. Diego de Salas, vecino de Rionegro, declaró el 10 de junio: “Mediante al conocimiento que tiene de haber visto en los hospitales reales de la Europa, de España, de todas las enfermedades que Dios manda a sus criaturas, dijo que el enunciado Barco es mal de san Antonio el que tiene, no de san Lázaro como se dice, y que este no es contagioso como el mal de san Lázaro”. El español Sebastián Reynalte, residente en Marinilla, coincidió con el dictamen, añadiendo: “Pasó al reconocimiento de la lepra que padece Joaquín Barco, y que según la práctica y conocimiento que tiene del mal de san Lázaro, en su conciencia halla no ser tal mal, y que el mal que tiene es de san Antonio, el cual no es contagioso”, se lee en el Documento 639, tomo 25, Fondo Alcaldía del Archivo Histórico de Marinilla.

El mal de san Antonio, conocido actualmente como ergotismo, era una enfermedad no contagiosa que se originaba por el consumo de cereales y sus derivados contaminados con el hongo del cornezuelo, ocasionando la necrosis o muerte de los tejidos, especialmente en las extremidades, así como la pérdida de sensibilidad y sensaciones de fuego en las partes afectadas, lo que a veces hacía que se le llamara fuego de san Antonio. Por ser Joaquín Barco un mendigo, es posible que algunos alimentos que le regalaban estuviesen en mal estado y contrajera la enfermedad.

Un mal “incurable” enviado por Dios

En la Colonia había quienes creían que el mal de san Lázaro no solo se originaba por el contacto con una persona enferma, sino que podía aparecer como una enfermedad presente en el ser humano y enviada por Dios a los pecadores, tal y como concluían los médicos residentes en la villa de Medellín Juan Francisco Cano y Juan Llaques el 4 de julio de 1750: “Pueden padecer el dicho mal por contagio y sin él por estar la naturaleza sujeta a la corrupción por lo pecaminoso de los humanos”. Mientras que hacia 1790 el naturalista neogranadino Pedro Fermín Vargas consideraba que la lepra podía incubarse por el calor, la sudoración excesiva y el alto consumo de carne de cerdo, según escribió en Pensamientos políticos y memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada.

Pero el temor al contagio incluía también a los bienes u objetos, como lo demuestra el mismo Fermín Vargas al lamentarse de que el pueblo llano neogranadino comprara telas fabricadas por los leprosos de la provincia de Vélez: “Como los lienzos bastos de que viste el pueblo en todo el Virreinato son fabricados por gran parte de aquellos infelices, son de temer las consecuencias más funestas para nuestra población si no se aplica con tiempo el remedio conveniente”.

En lo referente al tratamiento, se decía que era una enfermedad incurable, por lo que solo podían administrarse bebedizos de algunas plantas como paliativos para aliviar el dolor y la picazón que causaba. Por citar un caso, en 1761 el sacerdote neogranadino Basilio Vicente de Oviedo escribía en Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada sobre un remedio que podía ayudar a las lesiones leprosas: “[…] el árbol que llaman coralito, porque su fruta parece corales finos: ésta es muy amarga, y mojada y estregada en las lepras o manchas que brotan en el cuerpo, que unas llaman empeine, otras carate y otras semejantes, muy inmundas y asquerosas, las quita у destruye y deja la carne y cutis limpia sin señal de la enfermedad que se padecía”. También se usaban emplastos con hierbas aromáticas, quina, azufre o se recurría a frecuentes baños termales, como los que cuentan que tomó Jiménez de Quesada en Tocaima cuando lo aquejó la lepra, casi tratando de que la misericordia divina hiciera su efecto y lo sanara como al sirio Naamán tras bañarse siete veces en el Jordán.

Hoy en día se sabe que la lepra se transmite tras un contacto prolongado y cercano con una persona enferma y especialmente con sus fluidos de boca y nariz, en consecuencia, los contactos ocasionales al dar la mano, un abrazo o sentarse al lado de un leproso no son formas de contagio. Igualmente, se conoce que su periodo de incubación puede ser desde casi un año hasta llegar a los veinte, y que es una infección curable a través de antibióticos; pero todo esto vino a saberse ya bien entrado el siglo XX, por lo que en la época virreinal el aislamiento, también llamado degredo, fue la forma más común para combatir la enfermedad.

Portada del Superior Decreto del virrey Caballero y Góngora enviado a Antioquia en 1785. Archivo Histórico de Antioquia, fondo Colonia, tomo 3, documento 128. Foto: Felipe Osorio Vergara.

El degredo

Como pueblo chiquito es infierno grande, en Medellín los mismos habitantes se encargaban de la vigilancia sobre el estado de salud del vecindario, y al menor indicio de algún posible leproso este era reportado por miedo a que regara la enfermedad, pero también para quedar bien ante vecinos y autoridades, mostrándose como personas comprometidas con la salubridad pública y el “vivir en policía”, es decir, sujetos a esa idea civilizatoria anclada a la urbanidad, la convivencia y el control social planteada por la monarquía. En Medellín solían informar los casos al procurador general o al alcalde de la hermandad, encargado de mantener el orden en las zonas rurales, y de ahí escalaba al alcalde o al Cabildo, donde habitualmente se decretaba el encierro en casa e se impedía el trato y comunicación del enfermo con el resto de la población.

Pero la reclusión de los enfermos de lepra en sus casas acarreaba no solo la exclusión social y su invisibilidad del espacio público, una cuasi “muerte” social, sino que podía traducirse en hambre cuando el mal aquejaba a las clases populares. Fue el caso del leproso Francisco Fernández, residente en Altavista, a quien el Cabildo había ordenado en 1792 mantenerse encerrado en casa, razón por la cual no había podido salir a trabajar o a pedir limosna y estaba a punto de morir de hambre. “Por ser un sujeto que tanto por su achaque cuanto por su suma pobreza se halla reducido al estado muy miserable, concurriendo el agravante de su orfandad y soledad en que está constituido, careciendo de quien por él limosne su alimento […] carece de un bocado de comida y experimenta insufribles necesidades y siente que acaso llegaría al extremo de morir por falta de alimento”, se lee en un exhorto del alcalde de la Santa Hermandad dirigido al Cabildo de Medellín el 24 de diciembre de 1793. Además, en dicho documento añadía que, si bien se entendía la medida de aislamiento impuesta a Fernández como una estrategia para frenar los contagios, pedía que el cabildo nombrara un semanero para que cada semana se encargara de recolectar las limosnas entre los habitantes de Altavista y de Medellín para asegurar su sustento. También abogó por un “Fulano” Rodas, habitante de los Altos de San Lorenzo, para que se le asignara semanero para conseguir limosnas para su manutención, pues también era leproso y pasaba hambre.

En la práctica, el degredo o aislamiento de los enfermos fue una de las alternativas más usadas por las autoridades para evitar los contagios y, sobre todo, mostrar gestión ante los miedos de la población sana. No obstante, casi nunca se dio un aislamiento total de los enfermos de lepra en la Medellín colonial porque el contacto con el resto de la población, así fuera mínimo, era indispensable para garantizar su subsistencia, bien fuera para comercializar productos, como dulces o artesanías, o mendigar para conseguir su sustento.

Esclavizados “tocados” por el mal de san Lázaro

Situación diferente era la de los esclavizados lazarinos, que pasaban a convertirse en encartes para sus amos, quienes por miedo a la transmisión leprosa a veces los liberaban o echaban para no tener que mantenerlos durante su enfermedad, como contaba el procurador general de Medellín, José Antonio Vélez, en 1769: “Llegó a mi casa a pedir limosna una mujer a mi parecer lazarina y averiguando de dónde era, dónde vivía, supe que había sido esclava de los señores Bustamantes y estos la vendieron a un Ximénez de la Marinilla y este, dicen, reconoció el mal y la corrió y se halla viviendo hacia San Lorenzo”. Otras oportunidades, los amos trataban por todos los medios de devolver a los esclavizados leprosos para recuperar su dinero, tal y como pasó el 20 de junio de 1750, cuando compareció Juan Antonio de la Madrid ante el alcalde de Medellín pidiendo la redhibición en la compra que había hecho de Jacinta, una africana esclavizada, porque ella estaba enferma de lepra y deseaba devolverla al vendedor, el mercader Pedro Vidal, y que este le retornara el dinero que había pagado:

“Habrá tiempo de veinte meses, poco más o menos, que compré a don Pedro Luis Vidal una negra bozal, la que desde aquel tiempo tenía una leve lesión en un pie, por cuyo motivo y que no fuese a pasar a ser grave enfermedad, con la misión de curarla lo he procurado desde entonces, persuadido a que fuese algún achaque curable. Lo que he venido a entender ahora no serlo, antes bien, ser mal de san Lázaro, incurable, según dicen y saben todos, […] por lo que se ha de servir vuestra merced a don Pedro Luis Vidal reciba la dicha negra y me devuelva ciento doce pesos y medio de oro que de primer plazo en cuenta de la dicha negra le tenía dados”.

Tras doce folios con alegatos y argumentos que fueron y vinieron, compilados en el expediente 3925 del Archivo Histórico Judicial de Medellín, el 5 de agosto la justicia falló a favor del mercader porque consideraba que la venta se había realizado de manera legal, “al estilo de feria y mercado con sus tachas y enfermedades”, es decir, que desde el momento en que Jacinta había sido subastada, Juan Antonio de la Madrid había podido verla y conocer su estado de salud y aun así decidió comprarla, no siendo engañado ni ocultando nada de ella, por lo que no había fundamento para su reclamo.

El hospicio 

Movidos por la caridad cristiana, especialmente la demostrada por Jesús en los Evangelios, y asimismo buscando un aislamiento más humano con los leprosos pobres, en Medellín se pensó en tener un hospicio para reunir y cuidar a los enfermos. El 6 de septiembre de 1751, el Cabildo ordenó que se reconociera a los leprosos y se buscara en los ejidos o terrenos comunales de la villa el espacio más adecuado para fundar un hospicio para ellos.

Meses después, el 28 de febrero de 1752, el Cabildo argumentó que como se carecía de recursos, procederían a hacer una colecta entre la población para financiar la construcción. Puede imaginarse el edicto pegado en las puertas de los edificios públicos de la ciudad, los avisos parroquiales después de las misas y al pregonero recorriendo las calles en tierra proclamando el inicio de la colecta para el hospicio de los lazarinos, apelando a la salud pública y a la piedad cristiana y, aprovechando para dejar en alto los nombres de los cabildantes, grandes benefactores de la obra, pues este tipo de iniciativas eran una oportunidad para demostrar riqueza. El 15 de junio, el Cabildo señaló que se habían recogido 170 pesos entre los más de cuarenta benefactores, pero que la cantidad era muy poca y no alcanzaba para construir el hospicio y mucho menos para la manutención de los lazarinos. Por eso, como medida para frenar el contagio, reiteraron la orden de aislamiento de los leprosos: “Dichos lazarinos no vayan a casa de ningún vecino ni con persona alguna y que los esclavos que salieran lisiados de dicho achaque los mantengan sus amos en clausura para evitar el contagio”.

Cinco años después, en 1757, el tema fue reabierto y se recurrió a un nuevo reconocimiento de los enfermos. Los médicos Juan Vásquez y Pedro Euse presentaron un informe con los nombres de los siete leprosos reconocidos en la zona urbana de la villa de Medellín, que según el censo de 1787 tenía quince mil habitantes en toda su jurisdicción, pero solo 712 en su zona urbana céntrica. Tras el reconocimiento, se inició una segunda colecta para tratar de materializar el hospicio, pero ese año tampoco se recogió lo suficiente, truncándose la idea hasta 1797, cuando, según José Antonio Benítez en su Carnero de Medellín, se terminó de construir la Casa Hospital, que sería reemplazada en 1803 por el hospital y convento San Juan de Dios, pues la casa construida no era tan cómoda.

Ahora bien, mientras se construyó el hospital, otra solución fue el traslado de los enfermos a Cartagena, que contaba con un Hospital Real dedicado a esta enfermedad, fundado en 1608, era uno de los más antiguos de América.

El 31 de agosto de 1785 el virrey Caballero y Góngora, de acuerdo con la Real Cédula del rey Carlos III, ordenó un nuevo impuesto al aguardiente para financiar el Real Hospital de San Lázaro en Cartagena de Indias dedicado a la curación, sustento y vestido de los lazarinos de la Nueva Granada. La orden llegó a Antioquia el 5 de septiembre y el visitador Mon y Velarde la obedeció: “Se pasa inmediatamente noticia a los señores alcaldes ordinarios de esta capital y demás señores jueces del distrito de este gobierno […] celando y vigilando no se permitan ni toleren semejantes enfermos y procurando su pronta conducción al Hospital de San Lázaro de Cartagena”, se lee en el Documento 128 del tomo 3 del Fondo Colonia del Archivo Histórico de Antioquia.

Aunque el visitador aceptara de buen grado el cumplimiento del impuesto, queda en el tintero si se tomó con el mismo entusiasmo por parte de las localidades antioqueñas, donde lo más probable es que generara malestar entre las élites y autoridades locales que veían con malos ojos que sus impuestos estuvieran financiando un hospital lejano, mientras en Medellín ni siquiera con colectas habían logrado materializar el hospicio para los enfermos de la ciudad.

Estas microhistorias son una rendija para observar a quienes padecieron la enfermedad y a una Medellín que los miró entre el asistencialismo y el estigma, entre la compasión cristiana y el miedo al contagio, pero sobre todo reflejan que el aislamiento no comenzó con los grandes lazaretos o leprosarios decimonónicos, sino que desde mucho antes ya había una sociedad que aprendió a vivir apartando, trazando fronteras entre el cuerpo enfermo y el cuerpo sano, y condenando al ostracismo a los tocados por el mal de san Lázaro.

*Estos casos fueron encontrados en el Archivo de Medellín, Fondo Concejo, sección Colonia, tomos 10, 11, 12, 15, 22, 35, 50; Archivo Histórico de Antioquia, Archivo Histórico Judicial de Medellín y Archivo de Marinilla.

Relatos de lo innombrable

Medellín, siglo XIX

por FELIPE OSORIO VERGARA • Ilustración de Tobías Arboleda

Número 150 Agosto-Septiembre de 2026

Hay un fenómeno incómodo del que no se habla, relegado a los mitos clásicos del toro blanco de Minos y Pasífae, que dio origen al minotauro; a las transfiguraciones de Zeus en cisne y toro para estar con Leda y raptarse a Europa; o incluso al estereotipo que asocia la virilidad en algunas zonas del Caribe colombiano a las relaciones con burras, llevadas a la poesía por Gómez Jattin. En estos relatos, la búsqueda del placer catapultó a dos muchachos de Medellín a saltarse los límites morales, sin importar la censura, el pecado y la vergüenza pública, haciendo santiguar a quienes los vieron y ruborizar a más de un juez.

“No le sorprendió que el padre le preguntara si había hecho cosas malas con mujer, y contestó honradamente que no, pero se desconcertó con la pregunta de si las había hecho con animales”.

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

I.
La vaca

José María Urrego buscó la sombra de los cámbulos, los sauces y las guaduas y se metió entre las cañas y la hierba alta que crecían en ese meandro pantanoso del río Aburrá. Allí, aprovechando que ya los jornaleros y mayordomos de la finca de Clemente Jaramillo habían terminado turno, fue por la ternera más mansa, la ató de un tronco y le amarró las patas para que no pateara. Luego, se bajó los pantalones de liencillo barato, se sostuvo de la grupa de esa vaca criolla blanca orejinegra y se dispuso a saciar su deseo de muchacho de 17 años. No se sabe si lo delató un mugido, un gemido o el golpeteo rítmico, pero el viudo Francisco Villa, su compañero de trabajo como albañil y que había salido más tarde de la obra, lo alcanzó a pistear entre la manigua, no sin antes santiguarse y quejarse de la degeneración de la juventud. También el zapatero Uladislao Torres, que bordeaba el río para ir a su casa, lo pudo ver y corrió aterrado.

Fue precisamente Francisco Villa quien, tras escuchar de boca de varios vecinos que ya eran de público y notorio los comportamientos del muchacho José María Urrego, compañero suyo y posible aprendiz, que decidió ir un mes después del incidente a denunciarlo ante Mariano Callejas, alcalde de Medellín. “Habiéndose presentado en esta fecha (trece de febrero de 1857) ante el infrascrito alcalde, Francisco Villa denunció el hecho escandaloso de que José María Urrego ha cometido el delito de onanismo o bestialidad”, se lee al iniciar el expediente 9343 del Archivo Histórico Judicial de Medellín (AHJM).

El Código Penal de la Nueva Granada de 1837, vigente entonces, no contemplaba como un delito específico la bestialidad, es decir, las relaciones sexuales entre un ser humano y un animal, pero sí hablaba sobre los delitos contra la moral pública. Por ejemplo, en su Capítulo 1°, Título 9° del Tercer libro trataba sobre las palabras y acciones obscenas, y en su artículo 435 señalaba: “Los que públicamente ejecutaren acciones deshonestas delante de otro, serán castigados con uno a cuatro meses de prisión”; era este artículo por el que se investigaba a Urrego. 

Para dar solidez a sus declaraciones, Francisco Villa dio los nombres de otros testigos que fueron requeridos por el alcalde Callejas para continuar con las pesquisas. El zapatero Uladislao Torres declaró el 16 de febrero de 1857 que: “Hará poco más o menos un mes que vi patentemente a José María Urrego en la playa del río, y por dos veces, cometiendo actos carnales con una vaca”. El sastre Justiniano Villa agregó el 20 de febrero que “sabe que José María Urrego ha tenido actos carnales con una vaca en la playa del río porque Uladislao Torres se lo dijo”, mientras que el carpintero Ulpiano Zuleta añadió que “no presenció el hecho que se trata de averiguar, pero sí lo supo porque Justiniano Villa se lo contó”. Como puede verse, el caso de Urrego había pasado de boca en boca, reflejando a la sociedad antioqueña de entonces donde, como indica la socióloga Gloria Arango en Religión y vida social en Antioquia en el siglo XIX, el control de la conducta individual se ejercía como una tarea colectiva a través de chismes, comentarios y cotilleos que podían traducirse hasta en denuncias. De este modo, Urrego se había vuelto la comidilla del artesanado medellinense, pues entre el denunciante y los cinco testigos convocados, solo había dos personas que afirmaban haberlo visto, mientras que el resto eran solo testigos de oídas. Así pues, convencido de la veracidad de las acusaciones contra Urrego, el alcalde lo llamó a indagatoria el 20 de febrero de 1857.

Por ser menor de edad, a Urrego se le nombró un curador de menores para que lo representara y firmara su declaración. El alcalde inició con el interrogatorio: “¿Sabe usted o ha oído decir o se presume quién sería un hombre que hará poco más o menos un mes y medio que se hallaba en la manga del doctor Clemente Jaramillo y en la playa del río cometiendo actos carnales deshonestos con el animal llamado ‘vaca’?”. Y de la forma más franca y resignada, José María Urrego contestó: “Sí, señor, yo fui quien lo hice sin saber que era pecado, pero una vez nada más, hará como dos meses”.

José María Urrego tenía 17 años, un hermano menor y era hijo de la madre soltera Genoveva Urrego, de la que había heredado el apellido y con la que vivía en Medellín. Era albañil, muy seguramente aprendiz de Francisco Villa, por lo que era posible que también apoyara recogiendo arena, piedra y boñiga de las riberas del Aburrá como material de construcción para los nacientes barrios que se estaban edificando en esa incipiente capital provincial que tenía unas catorce mil almas por allá en los estertores de la República de la Nueva Granada.

José María era analfabeta y su familia era de bajos ingresos, por lo que no era precisamente un buen partido y se encontraba soltero. Las normas sociales en ese entonces, heredadas de la época colonial, restringían la sexualidad solo a la alcoba matrimonial, exhortando la castidad y censurando las pasiones de la juventud. A esto se sumaba el sumo cuidado de la virtud de las mujeres y el temor a los embarazos y a las deshonras públicas, por lo que muchos jóvenes, como José María, además de acudir a la autosatisfacción, veían a los animales domésticos como opciones para liberar sus deseos. “Los jóvenes trabajaban desde muy pequeños en los espacios rurales. Allí tenían a plena vista los coitos de los animales. Todo esto convertía ese largo periodo desde los catorce hasta entrados los veinte años en una época de provocación de las pasiones, la cual daba origen a formas de iniciación y experimentación sexual. Es en ese aspecto donde la bestialidad empezaba a jugar un papel preponderante como práctica de desahogo sexual, una forma masturbatoria para aliviar los deseos juveniles o mostrar la llegada de la masculinidad, operando como un ritual de madurez”, argumenta la historiadora Leidy Torres en Bestialidad y justicia: Nueva Granada (1615-1809).

No obstante, por siglos, y tomando de referencia versículos del Éxodo, Levítico y preceptos teológicos medievales como los de Tomás de Aquino, la bestialidad había sido entendida como una de las formas más graves del pecado contra natura, en tanto implicaba una ruptura del orden moral, natural y del plan divino cimentado en la reproducción y el matrimonio que debía regir la sexualidad humana. De hecho, en el caso colombiano existe un importante antecedente, que puede rastrearse hasta 1615, cuando Hernando, un indígena pijao que habitaba en Antioquia, fue condenado a ser reducido a polvo y cenizas por haber tenido relaciones sexuales con una ternera, considerándolo un delito de lesa majestad: “Hernando fue ahorcado hasta que naturalmente murió. Luego, el cuerpo del indio, quien tendría veinte años ‘poco más o menos’, junto con el de la ternera con la que había cometido el pecado y crimen de bestialidad, fueron abrasados y consumidos por el fuego hasta que se convirtieron en polvo y cenizas”, explica la historiadora Torres en Polvo y cenizas. Bestialidad y orden social en Antioquia colonial. 

La confesión de Urrego de que efectivamente había estado con la vaca, bastó para suspender la indagatoria y para que el alcalde enviara el sumario directamente al Juzgado 2° del crimen del Circuito de Medellín, para que dictara sentencia. El 25 de febrero, el juez ordenó su sobreseimiento por no considerarse como delito y envió a consulta al Tribunal Superior de la provincia de Antioquia, que confirmó la sentencia el 7 de marzo de 1857: “Pudiera decirse, tal vez, que la acción de Urrego como obscena está codificada en la sección 1, capítulo 1, art. 9, libro 3, del Código Penal, empero no consta que esta haya sido pública y escandalosa. Por esta circunstancia, es mejor condenar este acto de tan pútrida y hedionda inmoralidad con la sanción del silencio más grave y severo, y con la del imprescindible rubor que produce la necesidad de tener que tratar de él. Os pido, pues, que confirméis el auto de sobreseimiento consultado”.

Además de argumentar que la acción de Urrego no fue pública, es posible que el hecho de ser menor de edad, sumado a su pobreza y analfabetismo fueran razones para evitar su condena. Por ejemplo, el mismo muchacho en su declaración afirmó que, si bien era católico, apostólico y romano, actúo así por no saber que lo que había hecho era pecado, lo que lo mostraba ante las autoridades como un ser ignorante y reforzaba que su acción podría tener castigo divino, mas no humano. Adicionalmente, el hecho cometido prefirió ser callado como una especie de castigo simbólico para negarle la oportunidad de hacer parte del discurso público, pues el solo hecho de discutir el tema y ampliar detalles era visto como vergonzoso e inmoral. Esta concepción no es nueva, se cimenta en una tradición jurídica que parte desde la época colonial y hasta la misma Edad Media, en la que el bestialismo era considerado un pecado nefando, es decir, tan abominable y vergonzoso que ni siquiera merecía ser nombrado. En ese sentido, en lugar de analizar lo sucedido o discutir las causas de la conducta de Urrego, se eligió el silenciamiento, convirtiendo el caso en tabú y echándolo bajo el tapete. 

Primera página del expediente 9343, sobre bestialidad con una vaca en 1857. Foto: Felipe Osorio V.

II.
Las gallinas

Una madrugada de marzo de 1893 Susana Rendón sintió golpes en su puerta de madera. Prendió una vela de cebo en el candelero, se calzó las cotizas de fique y preguntó quién era. Al otro lado, escuchó la voz de su vecino, Bruno Arango, de 19 años. En medio del sereno de la madrugada que hacía en ese contorno semirrural de la otra banda del río Aburrá, quitó la tranca, le abrió la puerta con extrañeza y le hizo pasar. Arango, que había llegado con una guitarra después de haber estado de juerga, le pidió que lo dejara pernoctar, y que una vez clareara el día se iría para casa de sus padres, pues temía que no le abrieran la puerta o lo reprendieran. A la mañana siguiente, una vez todos en la casa de Rendón se habían levantado, descubrieron que había una gallina muerta; pero en ese momento nadie sospechó nada.

Bruno Arango era hijo del matrimonio entre Bruno y Marcelina Arango que, como las grandes familias antioqueñas de finales del siglo XIX, se destacaban por su fecundidad, pues además de Bruno habían tenido otros siete hijos. Los Arango Arango vivían en el occidente de Medellín, que por entonces era una zona campestre y agrícola a la que se accedía cruzando los puentes de Guayaquil, Colombia, Acevedo, el Puente colgante de San Juan o incluso a vado por algunos meandros tranquilos. La casa de los Arango tenía solar, donde habían instalado la fragua en la que trabajaban los hombres de la familia y también criaban gallinas. “Tenía Arango (padre) una gallina con pollos, y un día fui yo con el fin de llevarle harina a los pollos y encontré la gallina enferma, y Bruno (padre) me dijo ‘ya para qué, mi señora, si la gallina se está muriendo’, y yo le dije que no tuviera cuidado, que eso le daba siempre a las gallinas. Al otro día volví y ya estaba muerta la gallina y tenía los huesos como despedazados, y yo le dije a Bruno (padre) que esa gallina por qué estaba así, y él me contestó que cuando estaban culecas resultaban de esa manera”, relató Rodolfa Lotero el 17 de abril de 1893. El 4 de mayo, Susana Rendón añadió ante el inspector de la policía del occidente de Medellín, Nacianceno Marín que “en una ocasión me dijo el papá de Bruno que su hijo dizque le había matado una gallina con pollos y que el modo como la había matado no se podía decir porque dizque era vergonzoso”.

A sus 19 años, Bruno se encontraba soltero y viviendo en casa de sus padres, donde había heredado de su papá el oficio de herrero trabajando en la fragua familiar. En esa época, los herreros cumplían un rol fundamental porque forjaban herramientas para minería y labranza, como picos, barretas, palas, azadones, machetes, hachas, arados y herraduras para
caballos y mulas; piezas muy apreciadas en regiones de reciente colonización al sur de Antioquia, donde se ampliaba la frontera agrícola.

El viernes 14 de abril, como a las ocho de la noche, Bruno volvió a visitar a su vecina Susana Rendón, y tras conversar con ella y con algunas de las cocineras de la casa, aprovechó que se ocupaban en asar arepas en la parrilla de carbón que tenían en el corredor y se escabulló hasta la cocina, donde dejaban entrar a las gallinas para que durmieran en la noche. Susana le dijo a Clara Rosa Chalarca, su cocinera, que fuera a mirar en qué andaba Bruno, pues ya tenía sospechas y no quería que le mataran otra gallina como había pasado en marzo. Clara tomó una vela y fue hasta la cocina, pero no vio nada y se imaginó que Arango estaría en el solar. Al cuarto de hora, Arango apareció, tertulió un rato con las mujeres en la sala, merendó y se fue para su casa. “Después, fui yo a la cocina con el fin de ver si había matado alguna gallina y encontré una muerta y se la llevé a Susana, cuya gallina estaba todavía caliente y toda ajada, que demostraba el acto inmoral que Arango había cometido con ella, cosa que no me atrevo a explicar porque me ruborizo”, señaló Clara Rosa Chalarca. Tras el incidente, Susana mandó a una de sus criadas a llamar al policía Benancio Ocampo, que estaba de turno, y este entró y se llevó el cuerpo de la gallina para la Comandancia de la Policía. “Anoche como a las nueve, me dijo Susana Rendón que Bruno Arango (hijo) había cometido un crimen o acto inmoral con una gallina la cual apareció muerta”, relató el policía Ocampo al inspector Nacianceno Marín el sábado 15 de abril de 1893 en la mañana, enterándolo del suceso.

Este hecho llevó a que el inspector abriera una investigación contra Bruno Arango, “Habiéndose informado la policía que Bruno Arango (hijo) cometió un delito inmoral, instrúyase el correspondiente sumario”. Aparte de Rodolfa, Clara Rosa, Susana y el policía Benancio, acerca del caso dieron testimonio otras cuatro personas que habían visto o escuchado sobre la gallina muerta, mas no podían dar fe de que Bruno la hubiera matado ni tampoco podían afirmar si había cometido inmoralidades.

Los tres actos realizados por Arango con las gallinas, donde estas terminaban muertas, revelan algo común en los casos de bestialidad, donde los animales son instrumentalizados hasta el punto de ser considerados meros objetos para obtener placer sexual. Además, el estatus de bienes muebles que tenían en aquel tiempo los hacía ver también como un objeto “desechable”, instrumentalizado a tal punto que se daban casos, sobre todo con aves de corral, en los cuales se mataba al animal durante el acto sexual porque los agresores creían que las contracciones o espasmos de la agonía podrían aumentar el placer.

Aquí entra en juego la distinción entre la bestialidad y la zoofilia, ya que, como indica la sexóloga Hani Miletski en Understanding Bestiality and Zoophilia, el bestialismo hace referencia al comportamiento o acto físico de tener relaciones sexuales con un animal para obtener placer, muchas veces de manera circunstancial ante la falta de parejas humanas o como exploración sexual juvenil; mientras que la zoofilia se refiere a una condición, atracción, fijación o vínculo emocional hacia los animales, pudiendo ser agrupado dentro de los “otros trastornos parafílicos especificados” que hacen parte de la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.

Las autoridades buscaban investigar si Arango había cometido un delito contra la moral pública, como el del artículo 416 del Código Penal de 1890, que rezaba: “Los que ejecutaren acciones deshonestas delante de otros serán castigados con prisión por ocho días a dos meses”. Y también buscaban determinar si, tras la muerte de las dos gallinas de Susana Rendón en marzo y abril, él era responsable de infringir el artículo 883, que decía: “El que matare o inutilizare, maliciosamente, algún ave doméstica, o domesticada, y otro animal de la misma clase perteneciente a otra persona, pagará una multa del duplo de su valor”. Por eso, se citó a indagatoria a Bruno Arango, que compareció el 18 de mayo en la Inspectoría de Occidente, pero por ser menor de edad, pues en el siglo XIX se consideraba como tal hasta los 21 años, debió ser acompañado por un curador de menores. Allí se le interrogó por la gallina que se le había muerto a su padre, por la gallina que recientemente habían encontrado muerta en casa de Susana Rendón y sobre si conocía quién podría ser el que andaba “cometiendo crímenes inmorales con las gallinas”. A todas las preguntas respondió “no sé”, por lo que el inspector dio por cerrado el interrogatorio y remitió el sumario al Circuito en lo Criminal de Medellín para que se dictara sentencia.

La repartición del caso le correspondió al Juzgado 2° en lo criminal, donde el fiscal Clodomiro Ramírez conceptuó el 25 de mayo de 1893 que: “Los actos inmorales de que da cuenta el presente sumario no están erigidos en delito por nuestra legislación penal. En tal virtud, solicito que a las presentes diligencias se les ponga término por medio de un sobreseimiento que no será consultable”. Acto seguido, el 30 de mayo, el juez ordenó que se sobreseyera el caso bajo los mismos argumentos expuestos por el fiscal.

Si Bruno pagó por las gallinas o no ya es una incógnita que queda sin resolver en el expediente 13345 del Archivo Histórico Judicial de Medellín. Es posible que la vergüenza de solo hablar de eso, sumado al sobreseimiento del proceso, llevaran a que Susana dejara el tema quieto y evitara enfrascarse en discusiones o enemistades con los Arango. Lo que sí es casi seguro es que ya la conducta de Bruno haría parte del cotilleo local y quizá sería sancionado socialmente con una mala reputación y escondiéndole las gallinas cuando visitara cualquier casa del sector.

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A pesar de que no pueden medirse las acciones del pasado con el rasero moral del presente, vale contrastar cómo algunas discusiones que hoy serían el centro del debate están ausentes en estos procesos del XIX. Por ejemplo, el maltrato a la vaca y las gallinas que integraron estas dos crónicas ni siquiera fue considerado, así como tampoco hay mención a la incapacidad de los animales para dar consentimiento o al estrés o lesiones derivadas de los abusos sexuales interespecie que sufrieron, lo que evidencia el cambio de paradigma frente al relacionamiento con los animales que se ha dado en el último siglo, en el que actualmente son reconocidos como seres sintientes protegidos por la legislación colombiana. Por otro lado, las posibles enfermedades zoonóticas originadas por estos actos sexuales, como la rabia, brucelosis, leptospirosis o salmonela también estuvieron fuera del radar debido a la escasa o nula atención médica que se daba entonces, así como por lo bochornoso que hubiera implicado una revisión genital con peritos. En esencia, los dos muchachos involucrados, de 17 y 19 años, muy posiblemente recurrieron a los animales motivados por una exploración sexual juvenil y en un afán por saciar sus pasiones, censuradas por una sociedad ataviada en almidonados corsés morales que prefirió el manto del silencio sobre ese pecado “innombrable”, antes que entender sus causas y sus consecuencias.

*Esta historia es publicada gracias al apoyo de la Academia Antioqueña de Historia, que se suma al proyecto Adopta una Historia a partir de esta edición.

Felipe Osorio Vergara