—Muchacho, ¿se toma algo?
En un viejo escaparate color caoba hay dos botellones de agua en miniatura, parecen de colección. Amparo y yo estamos sentados en el comedor de su casa, la misma que construyó cuando se hacían terraplenes en pineras y eucaliptos deforestados en una montaña sin caminos, entre pasos de pantano y lodo. Al frente hay un balde con agua y, sobre el poyo de la cocina, al lado de donde estamos conversando, un filtro de agua.
—Agua está bien.
Van unos veintiséis años desde que Amparo vive en Granizal, una vereda del municipio de Bello cuya frontera con Medellín es La Negra. Una quebrada. Solo eso. Un cuerpo hídrico que separa dos formas radicalmente distintas de vivir el agua.
Se trata de un sector que desde que empezó a poblarse ha recibido a un gran número de desplazados por el conflicto armado en el país y que, según sus propios habitantes, les dio una oportunidad de vida con promesas de desarrollo. En 1996 llegaron las primeras familias y, desde entonces, lo hicieron desde el norte, el suroeste, el oriente y el Urabá antioqueño; desde el Magdalena Medio, el Chocó, los Montes de María, el norte del Cauca, el sur del Huila, de Córdoba y del Eje Cafetero. En los últimos años, también se convirtió en refugio del éxodo venezolano.
De acuerdo con las investigaciones que han documentado el fenómeno del desplazamiento forzado interno en Colombia, a finales del siglo XX casi 6 500 000 personas abandonaron sus tierras al verse inmersas en los enfrentamientos que se dieron entre guerrillas, paramilitares y el Estado colombiano.
Sin embargo, no les fue tan fácil escapar de la violencia. En la nueva tierra también se encontraron con actores armados que disputaban el control. Durante los primeros años de poblamiento hicieron presencia guerrillas como las entonces Farc-EP y el ELN. A comienzos de los años 2000, la expansión del Bloque Metro de las AUC por la zona nororiental de Medellín y los corredores que conectan con Bello también alcanzó el entorno de Granizal. Tras la derrota de esa estructura en 2003, el control pasó a otras organizaciones sucesoras del paramilitarismo y, con los años, a grupos de delincuencia organizada que continuaron regulando la vida cotidiana de la vereda.
—Esto anteriormente era una olla. Aquí no podía entrar nadie sin acompañante porque lo quebraban —recuerda uno de los vecinos de Granizal.
Este paraestado era absoluto. Se alimentaba del reclutamiento de los mismos habitantes y determinaba con celo quién podía entrar o salir del territorio. Quien robara o consumiera drogas, o cruzara una frontera, corría riesgo de morir.
—Mucha gente llegando a la carretera se bajaba del colectivo y ahí mismo la mataban. A mi hermano lo iban a matar en el llanito de la carnicería de Cumbamba, una que quedaba arriba de mi casa. Cuando le iban a disparar, reconocieron que era un hermano mío y se salvó —recuerda Amparo.
Aunque los muertos hoy son menos, el olvido institucional permanece. Jhon Jairo Yepes, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Pinar, resalta que el cambio hacia una vida más pacífica es el resultado de un proceso colectivo.
—Por la comunidad, por las juntas, por todo el mundo. Se ha concientizado a la gente de que la violencia no da nada bueno.
La vereda difícilmente ha conocido la legitimidad del Estado. Es el segundo asentamiento informal más grande de Colombia en el que viven aproximadamente veintiocho mil personas y, en consecuencia, uno de los territorios con más desigualdades.
A Amparo la conocí por recomendación de mi abuela. Ambas, viejas distinguidas de la iglesia y sus mítines políticos del partido MIRA. Su historia está atravesada por la historia de su barrio. Llegó a El Pinar en 1996, un año después de las primeras invasiones. De esa época recuerda a vecinos martillando hasta las doce, una, dos de la mañana, clavando palos, arreglando sus casitas, cuando no había alcantarillado, no había agua. Por esos años hizo “un ranchito” que, ahora, es una casa de material en obra negra de tres pisos adornada con plantas y bien acompañada de un gato, su hijo y unas cuantas gallinas ponedoras. Es una mujer determinada, generosa, paciente y elocuente, rasgos derivados de una vida en el campo.
Precisamente, mientras pasa el agua por el filtro y la sirve, hablamos sobre el origen de su vereda, de sus luchas por conseguir agua y de la vida en su comunidad.
—Nosotros hemos sufrido mucho en esta zona por el agua. Toda la vida, desde que entramos, no había agua.
“Yo sí soy una loca, ome”, me digo. Estamos conversando sobre agua; escasez de agua. Amparo acaba de contarme las peripecias de unas tres décadas buscando, peleando, trayendo, cargando, racionando, curando agua en su territorio, y a mí no se me ocurre otra cosa que pedirle agua. Pero caigo en la cuenta tarde, justo cuando sostengo entre las manos el vaso plástico fucsia que acaba de entregarme.
