Fuimos a Yolombó, en el departamento del Cauca, en junio de 2017. Yolombó forma parte de una federación de cinco pueblos conocida como corregimiento de La Toma, gobernado por un consejo comunitario autónomo. Cuando le preguntamos a María Yein Mina, habitante de Yolombó, sobre la minería ancestral en su comunidad, dijo: “Voy a tener que dividir mi respuesta en antes y después de que llegaran las retros”, las retroexcavadoras que unos forasteros trajeron al río Ovejas por allá a finales de los años ochenta.

Hasta entonces, los miembros del corregimiento practicaban una economía balanceada entre la minería, la pesca y la agricultura de subsistencia, junto con unos cuantos cultivos comerciales, como el café. Generalmente, la gente trabajaba en la granja lunes y martes y el resto de la semana en minería y pesca. Al principio, algunos miembros de la comunidad cayeron en la trampa de las retros y descuidaron sus fincas para irse a extraer de los estratos de las orillas las partículas de oro que quedaban expuestas por la máquina, pero después se dieron cuenta de que este era el camino de la ruina: la orilla del río estaba revuelta, el oro se había vuelto escaso y la gente ya no quería nadar o pescar porque el río estaba cada vez más contaminado con mercurio. Así que decidieron que ya era suficiente, y comenzaron a pedir a las autoridades que hicieran cumplir las leyes ambientales, sin éxito.

Liderada por los jóvenes de Yolombó, la comunidad se fue en masa al río, abordó las máquinas y obligó a los propietarios a apagarlas. Un grupo de quince mujeres se movilizó en 2014, la mayoría a pie, hacia otras comunidades afrocolombianas que enfrentaban el mismo problema, y luego, ya fortalecidas numéricamente, viajaron hasta Bogotá. Los medios llamaron a este movimiento “La marcha de los turbantes”, en referencia a las telas que muchas mujeres llevaban envueltas en la cabeza. Sus esfuerzos funcionaron, quizá demasiado bien. Esperaban una acción administrativa que obligara a los dueños de las retros a retirarlas, pero la policía simplemente se presentó y quemó la maquinaria. Como consecuencia, los líderes del movimiento recibieron una ola de amenazas de muerte.

La gente de La Toma tenía que defender su territorio en un segundo frente, esta vez bajo tierra. A comienzos de la década de los dos mil, la multinacional AngloGold Ashanti empezó a tomar muestras del subsuelo en la zona y también mandó agentes a la comunidad con la misión de hacer trabajo social, patrocinar festivales y financiar obras públicas, como la reparación de la carretera principal. Esta es una estrategia común, ampliamente aceptada desde el punto de vista corporativo, pero en los pueblos de La Toma la vieron con desconfianza. De hecho, se enteraron pronto de que el Ministerio de Minas les había entregado títulos mineros a AngloGold Ashanti y a ciudadanos privados sin vínculos con la comunidad. Estas concesiones conllevaron al traslado de las familias que vivían allí, esto es, casi toda La Toma. En 2009, el gobierno envió a la policía a desplazar a los habitantes, pero la comunidad se mantuvo firme y enfrentó a las fuerzas de seguridad con palos y machetes.

Dieron también la batalla legal, interpusieron demandas por pérdida de medios de subsistencia e insuficiente consulta previa, en violación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo del que Colombia es signatario. La Corte Constitucional aceptó en 2010 sus argumentos y ordenó suspender los títulos mineros. Una vez más, los líderes recibieron amenazas de muerte en forma de panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

En vista de estas amenazas, la comunidad conformó la Guardia Cimarrona. La palabra cimarrón se refiere históricamente a las comunidades que escaparon de la esclavitud, pero su significado se ha ampliado para incluir la resistencia negra contemporánea, en sus muchas formas, en América Latina y el Caribe. La Guardia Cimarrona es una fuerza policial comunitaria de unos cuarenta hombres y mujeres jóvenes, que maneja los conflictos internos y protege a la comunidad de las amenazas externas. Se inspiró en la Policía de Palenque, la emblemática comunidad cimarrona que se fundó en el siglo XVII en el norte de Colombia. La Guardia Cimarrona también comparte los métodos de la Guardia Indígena, una fuerza organizada dentro de los resguardos vecinos del pueblo nasa que ha enfrentado a guerrilleros de izquierda, a paramilitares de derecha y al Estado, en defensa de su territorio ancestral.

Preguntamos a Francia Márquez Mina, abogada y premio nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, si las guardias trabajan juntas. “Tenemos cosmovisiones diferentes, pero sí, trabajamos juntos en algunos proyectos”, dijo ella.

Para los habitantes de los cinco poblados del corregimiento de La Toma (Yolombó, Gelima, El Hato, Dos Aguas y La Toma) la cosmovisión está vinculada íntimamente con su historia. Sus familias han permanecido en esta región de la costa del Pacífico colombiano desde principios del siglo XVII, cuando a sus ancestros los trajeron como esclavos para trabajar en la mina de oro de Gelima y las granjas circundantes que la abastecían. El oro de la región enriqueció la ciudad de Popayán y la Real Audiencia de Quito, que comprendía partes del sur de Colombia, el actual Ecuador y el norte del Perú. Los jesuitas fueron los dueños de las minas y haciendas hasta su expulsión de las Américas, en 1767. La gente ve sus batallas actuales contra AngloGold Ashanti y las retros como parte de la lucha de sus ancestros, para lo que los criaron y de lo cual están orgullosos.

Francia Márquez nos dijo que, si bien la minería trajo a sus antepasados de África como esclavos, también los liberó: muchos compraron su libertad con el oro que extrajeron del río Ovejas, otros escaparon y vivieron como cimarrones, y otros más permanecieron esclavizados hasta la emancipación de las personas a mediados del siglo XIX. Con el producto de las minas, tales familias compraron su propia tierra y la defendieron de los sucesivos intentos de desplazarlos, a lo largo de siglos.