por JUANITA VÉLEZ, para La Liga Contra el Silencio
Los ojos negros y brillantes de Carlos*, un campesino que ahora mira por la puerta de su tienda a ver si viene alguien, ya no se cierran tan fácil. Hay noches en las que pasa derecho, dice después su esposa, que lleva puesto un vestido de seda hasta los pies. Va agarrada del espaldar de una silla de cuero negra, en una camioneta que esquiva los huecos de una trocha porosa en el departamento de Guaviare.
Le dicen “la trocha ganadera”. Es una vía de 140 kilómetros, rasguñada por las llantas y la lluvia. Conecta a sesenta veredas y, desde hace unos meses, es un terreno en disputa de las disidencias de las antiguas FARC por ser una arteria estratégica para una guerra que aquí tiene dos nombres: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. El primero es el jefe del Estado Mayor Central (EMC), al que pertenecen quienes fueron señalados de poner dos cilindros bomba en una base aérea militar en Cali, solo unos días antes de que se publicara este texto, y por eso el presidente Gustavo Petro ahora pide meterlos en una lista de organizaciones terroristas. El segundo, en cambio, sigue negociando algún acuerdo de paz con el gobierno.
Carlos sabe muy poco de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’, pero lo que deciden en su guerra se mete con sus días y sus noches. Sabe que antes eran parte de un mismo grupo y ahora no. Sabe que si uno de sus hombres, de cualquier bando, pasa por su tienda, le toca atenderlo. Sabe que si viene un soldado del Ejército es mejor no hablarle porque se gana un problema. Sabe que si lo llaman a su celular y no contesta, después vendrán a reclamar. No sabe qué deparará esta pelea porque lleva toda su vida acostumbrado a tener que lidiar con un solo grupo.
Es domingo. Ya pasó el intenso verano y el cielo está tapado de nubes. La camioneta esquiva las cicatrices de la tierra anaranjada de la carretera, se mece como una cuna de bebé y pasa por una iglesia pentecostal en la que unos 15 campesinos rezan. En las casas, al pie de la misa, el ritual es otro. Desde una puerta abierta fluye a todo volumen la voz de Rafael Orozco cantando un vallenato. Dos hombres fuman y toman cerveza recostados, uno en su moto y el otro en una silla. Desde otra puerta, que queda justo al frente, se oye música popular. Cinco indígenas atraviesan la competencia musical caminando. Un perro les ladra. Varios kilómetros adelante, la camioneta frena ante una cuerda que sostiene un joven que no pasa de 20 años. Es el “peaje” que entre los campesinos montaron para arreglar la vía. “COMITÉ PROCARRETERA TROCHA GANADERA, APORTE ARREGLO PASOS CRÍTICOS”, dice el papel. Moto: 2.000. Motocarro: 5.000. Camioneta: 10.000. Turbo Sencilla: 20.000. Turbo doble: 30.000. Camión: 40.000. Mula: 50.000. Volqueta Sencilla: 40.000. Volqueta doble troque: 50.000.
Un día de junio, antes de que existiera este peaje, Carlos tuvo que cerrar su negocio porque la disidencia de ‘Mordisco’ impuso un toque de queda. Estaba en su casa cuando leyó un trino del presidente Gustavo Petro: “Invito a toda la población del Guaviare a hacer verbena popular todas las noches”. Él no entendía cómo era posible que Petro los llamara a bailar en las calles mientras él estaba encerrado a la fuerza, con la puerta de metal de su negocio rozando el piso, y con la mirada clavada en el celular, como todos en su vereda (a la que no identificamos por motivos de seguridad). Afuera solo se oían los pájaros.
Él no era el único que sentía a Petro desconectado. Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, se ganó un dardo público del Presidente después de decir “Petro viene, da un discurso en poemas y se va”, en una entrevista para La Silla Vacía. Se refería al día en que Petro estuvo en Guaviare lanzando un documental en junio, justo el mismo día que ‘Mordisco’ escaló el toque de queda —que confinó a 10 mil personas como Carlos— a un paro armado. El Presidente minimizó el poder de los grupos con frases como: “violencia obviamente que pulula por ahí y aquí deben estarme escuchando algunos de ellos, pero no es como se pinta en la prensa”. Petro le respondió al alcalde diciéndole: “Quien no le gusta el poema es porque su corazón está muerto”. Sentado en su oficina, mientras atiende llamadas para enviar remesas a familias damnificadas por la ola invernal, el alcalde Rodríguez dice que se mantiene en sus palabras y que “cuando Petro vino a lo del documental, acá estábamos confinados por la bala y el agua”.
La zozobra de esta guerra entre las disidencias en Guaviare se vive con más fuerza ahora por WhatsApp. Antes, lo normal para un líder campesino como Carlos era recibir panfletos, mensajes de voz y comunicados de alias ‘Yimi’, un miliciano de las antiguas FARC-EP que viene del Cauca y hoy es comandante del Frente 44 de la disidencia de ‘Mordisco’, la unidad que controlaba esta zona y que no pasa de 70 hombres. Pero en marzo de este año, cuando ‘Calarcá’ anunció que quería meterse a pelear el control de la “trocha ganadera”, Carlos comenzó a recibir mensajes ya no solo de ‘Yimi’.
También comenzaron a llegarle los de alias ‘Miller’, un firmante del Acuerdo de Paz de 2016 que dejó las armas en Vista Hermosa, Meta, y fue uno de los guardias del contenedor lleno de fusiles que las FARC entregaron en su desarme en esa zona. ‘Miller’ pasó de cuidar esos fusiles que debían marcar el final de la guerra a volver a portar uno. Estaba en casa por cárcel cuando decidió irse, primero a las filas de ‘Mordisco’, para luego terminar en las de ‘Calarcá’. Hace unos días estaba en una orilla del río Guayabero, cuando recibió un disparo que lo mató. Venía de una unidad de Fuerzas Especiales del Ejército. “Afortunadamente hay más cuadros político-militares”, responde —por un mensaje de Signal— un mando de la disidencia de ‘Calarcá’.
Los días de Carlos se iban entre mensajes de ‘Miller’ y ‘Yimi’, ‘Yimi’ y ‘Miller’. Ahora, la pregunta es quién va a reemplazar a ‘Miller’ para que se siga repitiendo el ciclo.
En una semana cualquiera, Carlos puede recibir mínimo dos mensajes de cada lado. Lo presionan para que cite a campesinos de su vereda a reuniones, le prohíben vender cualquier producto al grupo rival, lo amenazan si va a encuentros que convoque el otro grupo, y hasta le exigen que “no se deje extorsionar” por un bando, como si fuera algo que él pudiera decidir.
Pero últimamente han ido más allá. Cuatro presidentes de juntas de acción comunal con los que habló La Liga coincidieron en que ahora los presionan para que ellos mismos tengan que ir casa por casa a recoger la plata de los “impuestos” o “contribuciones solidarias”, el eufemismo que utilizan estos grupos para las extorsiones. “La posición de nosotros es que no nos involucren, que nos dejen movernos tranquilos porque eso es un problema de ellos”, dice uno. “Y, entonces, la solución del Estado es que vienen y nos botan acá a unos muchachos, a unos soldados, que vienen y al ratico se van y uno queda aquí pintado”, dice otro.
Incluso un mando de ‘Mordisco’ ha llegado a pedirles que recojan ellos directamente la información sobre las coordenadas y el tamaño de las hectáreas de cada finca en sus veredas, sobre quiénes viven ahí, hace cuánto y si tienen vacas. Todo en un intento por crear un “censo de tierras” parecido al que ya tiene ‘Calarcá’ en la zona del Guayabero, y que les permite tener control y cobrar más por la tierra y los animales.
Es tal el bombardeo de mensajes por WhatsApp, que algunos presidentes han llegado a apagar sus celulares. Incluso han circulado notas de voz falsas, como una en la que una persona de acento mexicano se hace pasar por alias ‘Yimi’. Aún así, se regó como pólvora entre campesinos y presidentes de junta.
La desinformación ha escalado al punto de que ahora es común que los mandos de las dos disidencias hagan videollamadas directamente a los campesinos para que no les quede ninguna duda de que sí son ellos. Es por esta guerra entre disidencias, que es distinta al conflicto al que estaban acostumbrados en Guaviare, que Carlos ya no duerme como antes. “Por las noches me da la pensadera, porque cuando no es un lado, es el otro”, cuenta.
Guaviare es el corazón de la Amazonía colombiana. Su extensa selva, hoy malherida por la deforestación, conecta al Guainía y Vichada —al oriente del país y en toda la frontera con Venezuela— con Caquetá; y al Meta con el Vaupés, al sur de la Amazonía, en la frontera con Brasil. Esa posición central hizo que por décadas fuera una retaguardia de las FARC-EP. El Estado llegaba escasamente vía operaciones militares o con ministros escoltados en visitas que duraban un par de días.
Sobre todo por esa mirada distante y desconectada del poder central, Guaviare se convirtió en refugio del Bloque Oriental, que llegó a ser el más poderoso militarmente. Eran dueños de más de la mitad de los bienes de toda la guerrilla, entre fincas, casas, lotes, parcelas y bodegas. Solo entre Guaviare y Meta tenían al menos 348 bienes inmuebles de un total de 698 que reportó la guerrilla en todo el país. Todos esos bienes quedaron en un listado que le entregaron al Estado en 2017. Semejante control les permitía abrir trochas clandestinas, construir campamentos, tener fincas con cocinas para procesar la hoja de coca en pasta base, operar laboratorios y caletas repletas de oro y armas.
Todo ese emporio de control y de dominio de tierras y oro que el Estado nunca logró recuperar en Guaviare es lo que ‘Mordisco’ se resiste a perder. Fue aquí donde se hizo guerrillero —en 1995— y donde empezó a acumular poder desde 1999, cuando ocupó por primera vez cargos de dirección, hasta convertirse en una autoridad real en el sur del departamento, incluso por encima de alcaldes electos. Ese pasado hace que sea una cuestión de honor pelearle a ‘Calarcá’, proveniente del Frente 40, en Meta, y quien heredó de alias ‘Gentil Duarte’ la comandancia del ahora llamado Bloque Jorge Suárez Briceño. En el Guayabero —subregión que conecta el sur del Meta, Guaviare y Caquetá— ‘Calarcá’ ejerce hoy un poder casi de gobernador de facto.
La pelea entre ambos comandantes es relativamente reciente. Con la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, cientos de guerrilleros, sobre todo de los Frentes 1 (del que ‘Mordisco’ era comandante) y 7 (que comandaba ‘Gentil Duarte’), dejaron las armas en este departamento, pero otros no.
Nueve meses antes de la firma, ‘Mordisco’ envió un mensaje por radio a un comandante diciéndole que no iba a recibir más órdenes del Secretariado —la máxima instancia de decisión de la antigua guerrilla— y se fue con unos 100 hombres. A los pocos días de celebrar la firma en el Teatro Colón de Bogotá, los líderes de las entonces FARC expulsaron a ‘Duarte’, que insistía en seguir en armas.
‘Duarte’ y ‘Mordisco’ se coordinaron y desde 2017 crearon la semilla de la primera disidencia de las FARC-EP en el sur del país. Así que la normalidad pasó a ser lidiar con ese único grupo y ambos líderes conservaron sus áreas de influencia. ‘Duarte’ murió en mayo de 2022 en un bombardeo en Venezuela y en su reemplazo quedó alias ‘Calarcá’.
‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ lideraron la estrategia para que el gobierno de Gustavo Petro les diera “estatus político”, la condición que puso el Presidente para sentarse a negociar con grupos armados con su política de “Paz Total”. En abril de 2023, en un evento público en las Sabanas del Yarí, un extenso tapete verde en el que se pierde la mirada sin encontrar montañas, se autopresentaron como “Estado Mayor Central” (EMC) y se vendieron ante los medios como un grupo unido, aunque no lo eran.
La aparente “unión” les duró apenas un año. Se sentaron a negociar formalmente con Petro en octubre de 2023 y seis meses después, en abril de 2024, rompieron en medio de una pelea por un oro enterrado del que Calarcá quedó encargado por orden de ‘Duarte’ y que ‘Mordisco’ quería, y por discusiones que nunca resolvieron sobre si el cese al fuego con el gobierno debía ser regional o nacional.
‘Calarcá’ se quedó en la mesa de negociación como comandante del Bloque Jorge Suárez Briceño, que hoy tiene diez frentes que operan en algunos municipios en Guaviare, Caquetá, Meta, Tolima y Huila. Con él, también se quedaron el Bloque Magdalena Medio, que opera en la subregión del Catatumbo en Norte de Santander, Antioquia, sur de Bolívar y sur del Cesar; y una parte del Frente Carolina Ramírez, en Putumayo. Ellos pasaron a llamarse “Estado Mayor de Bloques y Frente” (EMBF).
‘Mordisco’ se paró de la mesa con el Bloque Amazonas, que opera en algunas zonas de Guaviare, Vaupés, Amazonas y partes de Caquetá, Meta y Guainía; el Bloque Occidental (que para ese momento sumaba el 52 % de los miembros de la organización) y tiene sus unidades sobre todo en Nariño, Valle del Cauca y Cauca; el Bloque Isaías Pardo, en Tolima y Huila, y el Comando Conjunto de Oriente, en Arauca, Boyacá y Casanare. Ellos mantuvieron su nombre inicial: “Estado Mayor Central” (EMC).
Con esa división entre el EMC y el EMBF, el temor en Guaviare era que comenzaran los enfrentamientos. Porque una cosa era separarse, pero otra muy distinta declararse una guerra entre ellos mismos. “Uno conocía a las FARC y era una sola cadena de mando. Pero en ese momento ya eran dos facciones y no sabíamos lo que se venía”, dice Carlos mientras hablamos en un cuarto trasero de su negocio.
Las señales de esa guerra entre ellos comenzaron a ser evidentes. Desde la segunda mitad de 2024, corrían rumores de que gente de ‘Calarcá’ se estaba moviendo por la vereda La Cristalina, del municipio de Calamar, amenazando a líderes campesinos de ser supuestos colaboradores de ‘Mordisco’ y anunciando el cobro de extorsiones. ‘Calarcá’ comenzó a traer combatientes de Caquetá y Putumayo para reforzar al Frente John Linares, anticipándose al ataque del Bloque Amazonas de ‘Mordisco’, quien respondió con un par de pancartas del Frente 44 en el corregimiento de Capricho, que es zona bajo control de ‘Calarcá’. Pero no pasó de ahí, aunque no por mucho tiempo.
Es la mañana del 18 de enero de 2025.
La noticia del día, contada en audios, fotos y cientos de mensajes reenviados por WhatsApp, es la muerte de al menos 16 personas en la vereda Miravalle de Guaviare. Seis eran menores de edad, la mayoría del lado de ‘Mordisco’, y por lo menos dos venían de Nariño y Cauca, una muestra de cómo estaban reclutando y trayendo niños indígenas de esas regiones a reforzar sus tropas.
La disputa en Guaviare ya no era un rumor. Era un hecho. Comenzaba una guerra inédita.
Una guerra que Carlos comenzó a sentir con más fuerza a comienzos de marzo, cuando ‘Calarcá’ llegó a la famosa “trocha ganadera”. Lo anunciaron con un comunicado en el que decían que lo hacían “como medida coercitiva y llamados por la población, ante el accionar criminal y delincuencial de las tropas orientadas por ‘Iván Mordisco’ en esta región”.
En medio de esa guerra abierta, la obsesión del Ejército, siguiendo órdenes del ministro de Defensa Pedro Sánchez —un tropero que fue nombrado en febrero en el cargo— era perseguir a ‘Mordisco’. Sánchez ofreció 4 450 millones de pesos por su cabeza y reforzó a la Cuarta División del Ejército, la encargada de toda esta región, con el envío de mil soldados. Entonces, el cielo de Miraflores, la zona donde se sabe que se mueve este líder disidente, se llenó de helicópteros durante las primeras semanas de abril. Por esos días, 12 de sus hombres cayeron y ‘Mordisco’ alcanzó a escaparse de un campamento en el que dejó su fusil, su computador y sus gafas de marco negro grueso que no suelta desde que comenzó un tratamiento médico en Cuba porque iba a perder un ojo.
El Ejército es consciente de que lidian contra una amenaza creciente. El coronel Germán Eudoro Velasco Forero, quien llegó hace poco como comandante del Batallón José Joaquín París del Ejército —que cubre Puerto Concordia en Meta y San José del Guaviare— dijo a La Liga que no tiene cifras de cuántos miembros tienen las disidencias este año, pero tiene indicios de que han crecido. En 2024 calculaban que en las zonas que cubre, ‘Mordisco’ podía llegar a tener unos 150 hombres y ‘Calarcá’ unos 200. “Ahorita se han multiplicado los resultados porque ellos han fortalecido sus estructuras con apoyos de otras regiones del país”, dice Velasco. “Mientras que el año pasado fueron dos desmovilizados con el mismo esfuerzo operacional, este año, entre capturados, desmovilizados y recuperados menores de edad, vamos 48”.
Las últimas cifras de inteligencia militar que sacó a principios de agosto El Tiempo confirman las sospechas del coronel. Ambos grupos han crecido en todo el país en el primer semestre de este año: al EMBF de ‘Calarcá’ le calculan 1 404 hombres en armas y 1 011 en red de apoyo; y al EMC de ‘Mordisco’ le cuentan 2 283 en armas y 996 en redes de apoyo.
Mientras el Ejército ha reforzado su arremetida militar contra ‘Mordisco’, el presidente Petro decidió no prorrogar el cese al fuego bilateral con ‘Calarcá’ y los que sí seguían sentados en la mesa de negociación. Con eso, buscaba meterles presión.
Para entonces, ‘Calarcá’ estaba concentrado en su pelea contra su antiguo “camarada”. En pleno miércoles de Semana Santa de 2025, varios campesinos de Caño Makú, una vereda de San José del Guaviare, salieron espantados por los combates entre ambos. La gente de ‘Mordisco’ comenzó a enviar mensajes a los presidentes de juntas, advirtiéndoles sobre reuniones del otro grupo. En uno de ellos, les dicen que un encuentro “está relacionado al grupo paramilitar ‘Calarcá Córdoba’ (…) recomendamos no asistir a ese evento”.
Pero todo se complicó aún más a finales de abril, cuando una unidad al mando de alias ‘Miller’, el mismo mando que le enviaba mensajes a Carlos y que fue asesinado por el Ejército hace unos días, mató a siete militares en la vereda Guanapalo, también en Guaviare. Los soldados estaban haciendo una “operación de estabilización”, que suele hacerse en zonas donde el Estado tiene el control, pero esto era zona roja. Las órdenes que dieron los comandantes locales del Batallón José Joaquín París, el encargado de esa área, generaron dudas que escalaron hasta la cúpula militar, según contó EL PAÍS. La versión de la disidencia es que fueron sorprendidos por el Ejército y que los confundieron con tropas de ‘Mordisco’. Más allá de las versiones, el operativo le costó su salida a cinco altos oficiales de ese batallón. Aún sigue abierta una investigación interna que no ha concluido, según supo La Liga.
La muerte de los siete militares hizo estallar la mesa de negociación con ‘Calarcá’. Aunque Petro no cerró la puerta a seguir negociando, la imagen de siete ataúdes de miembros del Ejército con una disidencia que se suponía que quería llegar a un acuerdo no ayudaba.
Desde entonces, el conflicto ha escalado. ‘Mordisco’ anunció primero un toque de queda y luego un paro armado sobre la trocha en la que viven Carlos y su familia, en una estrategia que buscaba evitar que los hombres de ‘Calarcá’ ganaran terreno en la zona.
A comienzos de julio, el hallazgo de una fosa común en el municipio de Calamar con ocho personas desaparecidas tres meses antes, puso los ojos del país aquí, aunque este caso no estuviera relacionado con la confrontación. Eran líderes sociales y religiosos que venían de Arauca, algo que no es inusual en esta región en la que hay muchos desplazados por el conflicto que han llegado de ese departamento hace años. Los ocho líderes fueron citados por gente de ‘Mordisco’ para interrogarlos y señalarlos, sin evidencia, de tener vínculos con el ELN. La Liga supo por tres fuentes distintas que el señalamiento sin pruebas vino de alias ‘Corea’, un mando de ‘Mordisco’ que venía de Arauca y había llegado hace poco al Guaviare.
Mientras, la violencia sigue expandiéndose a otros sectores. Cuatro días después de encontrar la fosa, un sicario le disparó a la salida de su casa al periodista Gustavo Chicangana, corresponsal en Guaviare de Caracol Radio y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Fueron cuatro tiros por la espalda y dos tiros más a su esposa. El caso sigue en investigación. Chicangana ha dicho que días antes del atentado llegó a la cuenta de Facebook de la emisora que dirige, Guaviare Estéreo, un mensaje de un grupo llamado “Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia” (Erpac), donde le exigían publicar un panfleto con amenazas a varios vecinos. Chicangana se negó a publicarlo.
La Liga indagó en Guaviare sobre este grupo y encontró que el nombre aparece en panfletos y que personas que dicen pertenecer a él se atribuyen mensajes amenazantes desde números desconocidos, pero no hay claridad sobre su origen e injerencia.
Más allá de su caso, varios periodistas con los que La Liga habló en Guaviare coincidieron en que por la misma costumbre del conflicto hay prácticas normalizadas para autoprotegerse, como no publicar ciertas cosas con su nombre y pasarle los datos a periodistas que no son de la región para que ellos los visibilicen; o no salir a ciertas zonas rurales. Incluso, por cuenta de la guerra de desinformación por WhatsApp, dos periodistas dijeron que están intentando incluir más procesos de verificación en sus medios. “No queremos ser una ventana de la desinformación, sino más bien ir más allá y decirle a la audiencia si todos esos audios son reales o no”, dijo una periodista a la que no identificamos por seguridad.
La incertidumbre de tener que lidiar con las órdenes de dos grupos no sólo está afectando a las comunidades campesinas y a los periodistas, sino también a comunidades indígenas. Mientras La Liga estuvo en Guaviare, a inicios de agosto, un indígena del pueblo Nukak fue asesinado por hombres de ‘Mordisco’. Según la versión del Ejército, la gente de ‘Mordisco’ acusó al indígena de robos en la región y por eso lo “ajusticiaron”, el eufemismo que usan los grupos armados para ordenar muertes. Su asesinato produjo el desplazamiento de al menos sesenta personas de la comunidad a la que pertenecía.
Por eso, varios presidentes de juntas de acción comunal les han escrito cartas a ambos grupos, pidiéndoles que resuelvan sus diferencias. “Es un llamado a que resuelvan esa guerra que tienen entre ellos y no nos metan”, dijo uno que vive en una zona bajo control de ‘Calarcá’. Pero una tregua entre ambos no se ve cerca.
Petro ya cerró cualquier puerta al diálogo con ‘Mordisco’. Lo que seguirá hasta que termine su gobierno serán más operativos militares. Solo esta semana el Ejército capturó a su hermano en Cundinamarca y dio de baja a otro de sus cabecillas, alias ‘Dumar’, en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, en Guaviare. En medio de ese operativo, murió un hombre llamado Ramiro Correa, quien, según la comunidad, era un campesino afiliado a la junta de acción comunal. “La comunidad decía que no dejaban salir al Ejército hasta que no fuera una comisión a esclarecer lo que pasó”, dijo a La Liga el alcalde de El Retorno, Jhonny Casanova. El Ejército calificó estos hechos como un “secuestro extorsivo” de 33 soldados y señaló a ‘Yimi’, cabecilla del Frente 44, de estar “instrumentalizando a la población civil para que atenten contra la Fuerza Pública”. Los 33 militares finalmente fueron liberados luego de que una comisión del gobierno negociara con los campesinos y de la mediación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la MAPP-OEA.
En medio de este panorama, en el que seguramente seguirán operativos militares en Guaviare, el gobierno Petro seguirá negociando con ‘Calarcá’. Luego de enviarles el mensaje de que se volvía a sentar a negociar con ellos si se comprometen a “revitalizar la selva y ayudar a que el campesino libremente lo haga”, el gobierno finalmente se sentó con este grupo el fin de semana pasado en el Yarí, justo un día después de que una de sus unidades derribara un helicóptero del Ejército en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 militares muertos.
Aún así, el gobierno quiere insistir en esa negociación, que es clave para contener la deforestación amazónica. ‘Calarcá’ ha forjado un negocio alrededor del acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva en las zonas que controla en Guaviare, sur del Meta y Caquetá. Las reglas frente a la tala de árboles cambian, pero la más reciente es que quien tenga más de 200 hectáreas de tierra debe pagar 10 mil pesos por hectárea al año. Lo mismo aplica para el ganado: quienes tengan más de 200 cabezas, deben pagar 10 mil pesos por animal. Si alguien vende su finca, el 10 % del valor va para la disidencia. Los que tengan menos tierra o vacas, igual deben dar una “contribución solidaria”. “Mucho campesino que tenía menos de 200 vacas por miedo se puso a dar plata de más y eso nos perjudica a todos”, cuenta un presidente de junta que tiene más de 200 animales y que no quiso ser identificado por seguridad. En otras palabras, la “contribución solidaria” se vuelve un arma de doble filo porque nadie se atreve a dar poco por temor a que terminen más amenazados.
Por cuenta de la presión que reciben de los dos lados, muchos líderes campesinos temen que su sola participación en los diálogos con ‘Calarcá’ les cueste amenazas de ‘Mordisco’. “Acá estamos pensando en el después de la participación. Porque uno va a esas reuniones y siempre hay infiltrados del otro lado y presionan para que no vayamos”, dice otro líder. Carlos también está pensando en el después y dice que ni ha pensado ir. Le toca atender cosas más urgentes, como un mensaje de ‘Yimi’ que acaba de aparecer en la pantalla de su celular.
*El nombre fue cambiado para proteger la identidad de la fuente.
