Fausia siempre lleva las cuentas, ninguna fecha se le escapa. Han pasado seis años, seis meses y veintinueve días para que consiguiera llegar aquí, para que su madre se suba al estrado a declarar sobre lo menos relevante de esta historia, la más absurda de las actuaciones judiciales ordenadas en este proceso. Una pequeña puerta que ha quedado abierta para que el caso no se cierre definitivamente. El abogado defensor lo sabe, no en vano lo dice en alto y queda consignado en el acta: “¿Qué tiene que ver el dinero de esta organización con los hechos acontecidos?”. Es comprensible, la verdad es que no tiene mucho que ver, pero estas audiencias están llenas de marrullerías. Solicitar esta declaración fue otro truco, una artimaña más de un juez tramposo para darle un viso de legalidad a un cierre apresurado del juicio. Esta vez el truco falla y se voltea, la nueva audiencia pasa a ser as de diamante en baraja de la acusación y dos de trébol en la de la defensa. La declaración continúa, quien dirige el juzgado cede la palabra a la fiscal del Ministerio Público para que interrogue a la madre de Fausia. La fiscal empieza.

—¿Cuál es su función en la organización?
—Soy presidenta.
—¿Desde cuándo desempeña ese cargo?
—Desde hace muchos años.
—¿Cuál es su función?
—Velar por mi pueblo, hacer valer sus derechos.
—¿En qué lugar se encuentra asentada esa organización?
—Aquí en Catacamas, y también en Tegucigalpa, allá está la oficina principal.
—¿Por qué cambió de domicilio?
—Por el atropello que sufrió mi hija.
—¿Qué tipo de atropello?
—¡Objeción! —interviene la defensa—. ¡Objeción, su señoría!
—Ha lugar —resuelve “su señoría”, y le recuerda a la fiscal que el interrogatorio es concreto, que de conformidad con lo que se resolvió en pasadas audiencias las preguntas solo pueden ser sobre “los fondos que la testigo administraba”. La fiscal continúa.
—¿Qué tipo de fondos manejaba usted?
—De diferentes proyectos y diferentes grupos.
—¿Cómo repartían esos fondos?
—A través de la ONU, los fondos se repartían equitativamente.

La madre de Fausia responde un par de preguntas más y en una de ellas aclara que ellos no tocaban dinero, que el dinero lo repartía el Fondo Hondureño de Inversión Social. Lo dice con convicción, como si este dato importara en esta audiencia preliminar a un juicio todavía incierto.

—No más preguntas —dice concluyente la fiscal.

El juzgado cede entonces la palabra a la acusadora privada, a la abogada del Centro de Derechos de Mujeres que representa a Fausia, y le pide que prosiga con el interrogatorio. La abogada continúa y hace su primera pregunta a la madre que aún responde desde el estrado.

—¿Qué relación tiene su trabajo de defensora de derechos humanos del pueblo nahua con lo que le sucedió a Fausia el 13 de noviembre de 2015?
—¡Objeción! —vuelve a intervenir la defensa—. La pregunta es subjetiva, no tiene pertinencia, no tienen nada que ver los derechos humanos con este delito de supuesta violación.

***

Victoria Tauli-Corpuz, entonces relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, anunció el 30 de octubre de 2015 que haría un viaje oficial e inmediato a Honduras —del 2 al 10 de noviembre— para evaluar la situación de esta población en el país, y después agregó que para ello se reuniría con representantes de la comunidad indígena, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales.

En ese momento la familia de Fausia destacaba por su liderazgo, su madre era la presidenta de la federación indígena y su padre el cacique del pueblo. Aunque a ser líderes llegaron casi obligados. La cuestión fue así: su comunidad tenía la certeza de ser dueña del territorio que habitaba en el municipio de Catacamas y contaba con un título como respaldo; un documento llamado Sancalis, aún custodiado en el Archivo Nacional de Honduras, escrito y firmado por la Corona española en 1784, y que otorga la propiedad de las tierras al “común de indios de Catacamas nacidos o por nacer”. Todo estaba claro hasta acá, todos cumplían con sus límites y sus funciones. El problema surgió en 1952, cuando el presidente Juan Manuel Gálvez ordenó la colonización del sitio conocido como San Cáliz y, con el decreto 2357 del 26 de noviembre de 1951, usurpó la tierra conferida a los indígenas para crear lo que llamó Colonia Agrícola Nacional.

¿Las consecuencias? Comunidades indígenas se vieron invadidas por ocupantes que empezaron a devastar el territorio, e inició una estrategia de menosprecio y maltrato al indígena con el fin de expulsarlo de su tierra, ahora convertida en colonia con mucho material para explotar.

—La gente se empezó a ir, éramos pocos los que resistíamos —dice el padre de Fausia en una declaración juramentada—. Los mestizos nos intimidaban, o se hacinaban sobre nosotros para no dejarnos salida.

Las peleas, la humillación, las amenazas eran constantes y empezó el asesinato de indígenas que destacaban por exigir que les devolvieran la tierra. La comunidad de Fausia lo pasaba mal, además, el gobierno no los quería reconocer. Por eso se vieron abocados a la organización. Así consiguieron que el nahua fuera el último de los siete pueblos indígenas reconocidos por el Estado de Honduras. Y con esto, afianzaron su derecho a exigir lo que les fue entregado en un título.

Este proceso lo lideró la familia de Fausia, por eso nombraron a su padre cacique y a su madre presidenta de la organización, y como ya eran líderes indígenas bastante destacados, fueron convocados a la reunión con Victoria Tauli-Corpuz, la relatora especial de la ONU.

La madre de Fausia viajó de Catacamas a Tegucigalpa para el encuentro. Fausia se quedó en casa junto a su padre. No era prudente dejar sola la vivienda. Integrantes de la familia Cruz, colonos y colindantes a lado y lado de su propiedad, hace rato los amenazaban con expulsarlos y despojarlos de su tierra. Días atrás, incluso, intentaron cerrar el paso al río que pasa por detrás de la vivienda y que los abastece del agua, Fausia y su padre lo impidieron, la persona que intentaba parcelar amenazó: “Esta sí me la van a pagar”. El ambiente no estaba para ausentarse del predio.

En Tegucigalpa la movida concluía, la visita oficial de la relatora especial de la ONU finalizó el 10 de noviembre de 2015 y ese día emitió un comunicado. Entre otras cosas, dijo: “En el curso de mi visita y de mi examen de la situación de los pueblos indígenas, he observado la situación crítica a la que se enfrentan, entre ellos, la falta de respeto a sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales; la violencia, impunidad y corrupción; las dificultades en el acceso a la justicia; y la carencia de servicios sociales básicos, incluida la educación y la salud. […] Me preocupa profundamente el ambiente general de violencia e impunidad que afecta a muchas comunidades”.

Vamos a ver, la relatora dijo lo que todo el mundo en Honduras sabía, pero esta vez lo dijo la ONU y había que darle credibilidad. Y como esto es noticia grande en países chicos y violentos, el tema ocupó las noticias y los periodistas buscaron fuentes. Así, publicado en algún medio, fue como en Catacamas se supo que la madre de Fausia estaba en este encuentro. El 13 de noviembre seguía en Tegucigalpa, fue cuando recibió la llamada de Fausia.

—Mamá, véngase, véngase ya. Pasó algo malo. Estoy muy grave.

***

Al sol le queda una hora para desaparecer, son casi las cinco de la tarde. Fausia toma un balde de la casa y se dirige al río para llenarlo, necesita agua para cocinar la cena. Llega a la orilla, introduce el cubo en el arroyo y de pronto siente como un par de manos le aprisionan los brazos por detrás, la inmovilizan. Otra mano tapa su boca. Ella forcejea, la insultan; ella sigue braceando, le ponen un cuchillo en el cuello y la increpan: “¡El dinero! ¡Danos el dinero de los proyectos!”. No entiende. “¡El dinero!”. Ella responde que no tiene ningún dinero, cuál dinero. La golpean, la tiran al suelo, le sueltan una lluvia de patadas en el pecho y en las piernas. Son dos hombres, están encapuchados. Uno se le tira encima, le vuelve a poner el cuchillo en el cuello; el otro se queda de pie en el río, vigila que nadie llegue. Fausia ve la cicatriz en el brazo del hombre que tiene encima y que intenta someterla a golpes. Ella trata de resistir pero el terror le está arrebatando las fuerzas. Siente que el tipo le sube el vestido, el miedo la inmoviliza, el puñal sigue en su cuello, el hombre se desabrocha el pantalón. Le escucha decir: “Ah, ¿no hay dinero? Entonces vas a pagarlo de otra forma”.

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Fausia queda tirada en el suelo, le cuesta recuperarse. Con mucho esfuerzo se levanta y arrastrando los pies consigue acercarse a su casa. Su padre, que no escuchó nada, la ve llegar bastante malherida. La auxilia. Fausia solo le dice que dos hombres la golpearon mientras recogía agua en el río. Él va hacia el río a ver si los atrapa, solo encuentra el balde quebrado y rastro de forcejeo sobre la arena. Ella no le cuenta nada más, prefiere llamar a su madre, le pide que regrese urgente de Tegucigalpa.

La madre no alcanza a tomar el último bus a Catacamas, llega al otro día en el primero. Fausia le cuenta que la agredieron. “Me golpearon, me patearon, me insultaron”… Y con mucho dolor y mucha vergüenza mira a su madre, suelta lo que no quiere verbalizar: “Uno de ellos me…”. Ambas se quieren morir, se funden en un abrazo, se bañan en una tormenta de llanto. No saben cuánto tiempo pasan así. Después intentan calmarse, tienen que tomar la primera decisión: contárselo al padre. Este las escucha, amenaza con ir a matarlos. Ellas lo convencen de que no, con eso no consigue nada. Ahora deben tomar la segunda decisión: ¿denunciar?

***

Fausia no lo hizo enseguida, estaba tan golpeada y en tan mal estado que necesitó tiempo para recuperarse, a los quince días su mamá la llevó a una clínica privada porque estaba convencida de que se le iba a morir. Solo en eso pensaba Fausia, en morirse. Los hechos se repetían en su cabeza una y otra vez. Además, identificaron a los agresores, ella supo que eran sus vecinos, Luis Ángel Cruz Palma y Douglas Armin Cruz Espinal, y solo pensar en encontrárselos le provocaba el vómito. Estaba asqueada de sí, lograron que se odiara. Y una idea empezó a anidar en su cabeza y atormentarla, entonces llamó a su madre.

—Mamá, a mí esta gente me hizo eso, yo necesito una prueba de embarazo.

Dio positivo. Creyendo que no podía romperse aún más, la vida de Fausia siguió partiéndose en pedacitos. Su madre y su padre le rogaron que sobreviviera, le recordaron que era una mujer valiente. Pero estaba destruida, tan hundida que el 12 de diciembre de 2015 la volvieron a llevar a un centro clínico porque otra vez pensaron que se moría. Por eso su madre siempre dijo en las audiencias que ella había quedado en coma. El médico observó su retraimiento, la vio arisca, notó que Fausia percibía su entorno como amenaza, vio las huellas que aún quedaban en su cuerpo de la golpiza, le preguntó qué le pasaba. Ella le contó lo ocurrido. Sin perder tiempo le hizo otra prueba de embarazo y confirmó el positivo. Le dijo que tenía que denunciar y la remitió a la Dirección Policial de Investigaciones, la DPI.

Fausia salió de ahí directo a la DPI a poner la denuncia, allá tuvo que narrar los hechos a un funcionario y una vez terminada la declaración, la dirigieron a Medicina Forense del Ministerio Público. Un médico forense la atendió, no había acabado el día y ya era el tercer hombre desconocido al que tenía que contarle, con sumo detalle, todo el relato de la agresión sexual que sufrió. Ahí le hicieron otra evaluación, examinaron con minuciosidad sus partes íntimas buscando rastros del ataque, nuevamente una persona extraña la tocaba. “Certificaron” que efectivamente estaba embarazada y le tomaron unas fotografías “para el proceso”, por si ella quería seguirlo o no.

El médico le dijo que debía enviar los análisis a la sede principal en Tegucigalpa, la remitió a psiquiatría de medicina forense en esa sede, y a hacerse los exámenes de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en el hospital San Francisco en Juticalpa, un municipio más cercano a Catacamas. Y antes de concluir la revisión, le soltó una precisa advertencia.

—Recuerde que en el país está prohibido abortar. Y nosotros como Ministerio Público ya sabemos que usted está embarazada por una violación. Cualquier situación de riesgo que sufra el feto o el bebé será penalizada, si usted atenta contra él, se va a ir presa.

***

Fausia no va a psiquiatría en Tegucigalpa porque no tiene dinero, días después, y porque presenta un sangrado, sí asiste al hospital de Juticalpa. Está esperanzada en que esté teniendo un aborto. Su situación es una tortura, un constante recordatorio de la agresión. Rechaza todo lo que le está ocurriendo por dentro. No sabe qué hacer con eso. En el hospital la revisan, deben hacerle los exámenes que ordenaron en medicina forense para detectar posibles ETS, pero, priorizando el sangrado, la llevan a ginecología. Alguien dice que efectivamente puede estar en un proceso de aborto. Le introducen un espéculo para confirmar. De repente y con mucha algarabía, la doctora grita: “Está vivo, está vivo”. Fausia la mira horrorizada, se le ensombrece el rostro, la doctora tal vez lo nota porque de inmediato le devuelve una mirada de desprecio y le suelta: “Está vivo y da gracias a dios que está vivo porque si no, te vas presa”. Fausia llora ante el regaño, la asusta la amenaza, si hubiera tenido un aborto espontáneo, hubiera ido a la cárcel. Nadie repara en su historia, el personal médico por sospecha la trata como criminal. La culpable es ella.

***

—¿Tú crees que te trataron así porque estaban confabulados con los que te agredieron? Quiero decir, a ti te agredieron como represalia por defender tu tierra, ¿ellos harían parte de esto? —le pregunto a Fausia intentando entender la actitud del personal médico que la atendió y que me resulta miserable.
—No, no, ellos no sabían. Ese es simplemente el trato que recibe cualquier mujer pobre o vulnerable en Honduras.
—¿Y qué hiciste?
—Me asusté tanto que me fui de ahí. Me fugué con mi mamá que me estaba esperando afuera, no me hice exámenes de VIH ni nada. Yo estaba desolada. No me resignaba a esa situación. Iban pasando los meses y yo no encontraba qué hacer. Es que yo ni siquiera sabía que en el país era ilegal abortar en estas situaciones, digo, como producto de eso que me pasó. Yo no sabía nada.
—¿No sabías?
—No, acá no tenemos educación sexual y nosotros como comunidad indígena aún menos. Yo no sabía nada.
—¿No tienen educación sexual en Honduras?
—No —interrumpe Regina Fonseca, cofundadora del Centro de Derechos de Mujeres, una mujer amorosa y con un sentido del humor finísimo, que me acompaña mientras hablo con Fausia—. La presidenta vetó la ley de educación sexual.
—¿La presidenta? ¿Xiomara Castro?
—Sí.
—¿Y no se supone que ella era de izquierda, progresista?
—Ah, ¿y cómo es Petro en tu país?
—…
—Es que el lobby de la religión en la política es muy fuerte —dice Fausia tomando de nuevo la palabra.

Grosso modo, esto fue lo que pasó. El 8 de marzo de 2023 y luego de ocho años de intentarse, con 57 votos a favor y 40 en contra, el Congreso de Honduras por fin aprobó la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo en Adolescentes. Como respuesta, el 22 de julio, sectores religiosos, políticos y movimientos de padres de familia marcharon en contra de la ley argumentando que buscaba implantar “la ideología de género” en niños y niñas. Una semana después, Xiomara Castro publicó en Twitter: “Veté esta Ley, por no cumplir su finalidad de ser integral”. La presidenta progresista y con programa feminista prohibió una ley de educación sexual en un país en el que 71 622 niñas y adolescentes dieron a luz entre 2020 y 2022, según datos de su propia Secretaría de Salud.

Honduras es cruel con el cuerpo femenino. Hay otro dato en su Sistema Nacional de Información Educativa: 5241 embarazos de niñas entre los 8 y 17 años; 1179 son menores de 14 años. Su Código Penal tipifica como violación mantener relaciones sexuales con menores de catorce años. Pero cuando estas menores quedan embarazadas e intentan interrumpir su estado, es a ellas a quienes criminalizan, las investigaciones correspondientes no avanzan contra el autor del delito. Honduras es más que cruel, ultrajan a sus mujeres y como respuesta las somete a la maternidad forzada.

—Es tan horrible todo acá. Cuando me pasó eso yo ni sabía que la PAE existía, no sabía qué era eso. Si hubiera sabido… —dice Fausia dejando ir su mirada al suelo.
—¿La PAE?
—Píldora Anticonceptiva de Emergencia —contesta de forma automática Regina—. Aunque en ese momento tampoco era legal.

Durante diez años la PAE fue legal, pero el 2 de abril de 2009 el Congreso Nacional, cuyo presidente era Roberto Micheletti, decretó prohibir la PAE y cualquier fármaco anticonceptivo por considerarlo abortivo. El 15 de mayo, el presidente de la república, Manuel Zelaya, vetó este decreto por constituir “una clara violación al estatus de Estado laico y a los derechos humanos de las mujeres”. Mes y medio después le dieron el golpe de estado a Zelaya y Micheletti fue declarado el sucesor de facto, al asumir el poder, prohibió definitivamente la pastilla.

En parte del imaginario popular, se cree que a Zelaya le dieron el golpe de estado por defender la píldora. Y no importa cuántas veces se explique que es un fármaco que solamente impide la ovulación, que no es un método abortivo, la libertad sexual de las mujeres siempre será un arma política.

***

A tres días de cumplir cuatro meses de embarazo, el 10 de marzo de 2016, Fausia llegó por primera vez al Centro de Derechos de Mujeres (CDM) buscando ayuda. Gracias al liderazgo de ella y su familia, logró una audiencia con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras. Puso en conocimiento su caso y fue él quien la dirigió al CDM.

Llegó con una conmoción evidente, con llanto fácil, ansiedad, desesperanza frente a su futuro y una desnutrición visible. Así lo consigna un informe de la visita. Quería interrumpir su estado, buscaba orientación legal para hacerlo. Y de no ser posible, quería dar “el producto de la violación” en adopción. Allí le explicaron el riesgo en el que ya estaba por el tiempo de embarazo en caso de lograrse la interrupción, y le plantearon un escenario inesperado en cuanto a la segunda opción: el asunto del ADN.

—Para mí todo era una tortura. Me sentía completamente desamparada —recuerda Fausia—. Cuando puse la denuncia, el médico forense me dijo que debía esperar seis meses para hacer una prueba para determinar el ADN y hacer la comparación con la del agresor, dijo que se hacía en Estados Unidos y que era muy cara, pero que yo la podía hacer. La otra opción era esperar los nueve meses a término para hacer la prueba.

La denuncia continuaba, la prueba de ADN era determinante para confirmar la identidad del agresor. Y el CDM le explicó a Fausia que el Ministerio Público pediría esta prueba y que nadie podía negarla. En el caso de la adopción, eso podía significar que quien tuviera la guarda del menor en cualquier momento debía llevarlo a Medicina Forense para que le practicaran el test. Y otra posibilidad era que una vez el violador saliera de la cárcel podría intentar ubicar a los adoptantes y pedir la paternidad. El escenario no podía ser más aterrador.

Ese mismo mes, Fausia empezó a recibir amenazas. Una vez acabó la agresión y antes de salir corriendo, los agresores le advirtieron que si ella los denunciaba, la mataban. Y no tenía claro que ellos supieran de la denuncia pero empezaron a hostigarla: gritaban en la puerta de su casa, se la macheteaban, la vigilaban cuando iba al río y a su hijo de siete años le hacían lo mismo cuando iba a la escuela. Antes de acabar marzo, salió desplazada de la comunidad.

El CDM perdió contacto con ella, pero en junio llamaron al Ministerio Público para estar al tanto de la denuncia. Allá les dijeron que no había ingresado y las remitieron a la Policía. Supieron que el agente Marvin Colindres había hecho la investigación y estaban pendientes de que remitiera el informe. Una semana después lograron contactar a la madre de Fausia y esta les dijo que el parto estaba programado para julio. El CDM volvió a llamar a Colindres para notificarle esta fecha y pedirle que se practicaran las pruebas de ADN tanto a Fausia como al menor. El agente asintió y dijo que enviaría la solicitud a la Fiscalía de Catacamas para que lo ordenara.

***

—¿Cuándo desististe de la adopción? —le pregunto a Fausia sin saber qué terreno estoy pisando.
—El día que me hicieron el ultrasonido. Ya me habían hecho varias ecografías pero esta vez fue para identificar el sexo del bebé. Yo tenía claro que era un niño, no contemplaba otra cosa. Era un niño y lo iba a dar en adopción. Cuando me dijeron que era niña fue como si me metieran una puñalada en el corazón.

Fausia estaba absolutamente incapacitada para sentir algo por ese bebé, solo rechazo. Pero era niña. ¡Una niña! Le atormentaba pensar que le podían hacer lo mismo que a ella. No podía permitirlo. El tema adopción se canceló; el tema querer morirse no, por eso atentó contra su vida. Se salvó porque su padre estaba cerca y alcanzó a sostener su cuerpo que pendía de una cuerda improvisada.

***

Son casi las doce de la noche del 17 de julio de 2016. Le duelen los pies, las piernas, se aguanta hasta el día siguiente. Seis meses atrás se resignó a su situación y decidió ir a los controles del embarazo. La regañaron, le dijeron: “Qué mujer tan descuidada, cómo puede ser tan irresponsable, cómo puede ponerse en control tan tarde”, le programaron una cesárea entre 18 y 22 de julio. Ahora son las seis de la mañana del 18, el cuerpo le sigue doliendo, va a la clínica para que le programen fecha exacta. La revisan, está dilatada, ordenan que la intervención sea ese mismo día. No entiende, no está preparada. La ingresan a un cuarto, se desviste, la preparan. Está desconcertada. Dos hombres entran, parecen doctores, uno le da un papel, le dice que lo firme. Ella no entiende. Él insiste en que firme, que es un consentimiento para esterilizarla, no le explica las consecuencias. Ella sigue sin entender. Él se enoja. Ella no firma. “Dentro de dos años te veré pariendo otra vez aquí”, le dice el hombre y se va. La llevan a parto, empieza a llorar, llora mucho. La doctora le pregunta qué le ocurre. Ella le cuenta, explica que lo que va a salir de su cuerpo es producto de una violación, que no lo quiere. La médica sube los hombros, dice “Ah”. La niña nace. Ella siente la extracción. La niña llora, una enfermera se la acerca para que le dé un beso. Ella gira su cara hacia otro lado, pide que por favor se la retiren. Se llevan a la niña a una sala de cuidados, a ella la llevan a una de recuperación. A las cinco de la tarde la llevan a posparto. Alguien trae a la niña y se la entregan para que la amamante. Ella no quiere. Entra más personal de enfermería para vigilarla. Ella insiste en que no quiere. La regañan, alguien dice “eso no lo hace ni un animal”, otra persona agrega, “ni una vaca porque las vacas no hacen eso”. Se siente humillada. La niña llora, no para. Nadie le da otra opción. Ella no quiere, no quiere, pero el llanto no para. La amamanta.

Le dan el alta. Le dicen que debe pagar un egreso del hospital. Ella no tiene dinero. Discretamente, una persona explica que es un parto por violación y la dejan salir. Ningún policía fue a preguntar por ella, nadie le tomó muestras de ADN.

***

Fausia tuvo su hija y al sexto mes de nacida, durante su día de descanso, estaba trabajando de cajera en un restaurante, le pidió a su madre que se acercara al Ministerio Público y preguntara en qué iba la noticia judicial. Ya era enero de 2017. De pronto recibió una llamada de la madre: “Hija, traé la denuncia, traé la niña, bañala y te venís. Acá dicen que no hay denuncia”.

Entró en cólera. Agarró a su hija y llegó al ministerio. Y después de una humillante espera, la recibió el director de fiscales.

—Sí, como le explicaron a la señora, acá no hay denuncia, le va a tocar que vaya otra vez a la DPI para que se la den. Además, no hay suficientes pruebas que demuestran lo que usted dice. La denuncia está perdida y no hay pruebas.
—Ah, ¿no hay pruebas? —dijo Fausia conteniendo la ira—. ¡Pues acá está la denuncia! —agregó, soltando la ira y aplastando el papel sobre la mesa del fiscal—. Saque una copia y me entrega la mía. Han pasados seis meses, ¡seis meses!, que han sido un infierno para mí, usted no sabe todo lo que yo he pasado, y que usted me diga que está perdida la denuncia y que no hay pruebas suficientes es inaceptable. ¿No hay pruebas? ¡Acá está la prueba, hágale el ADN!

El funcionario se quedó mudo, una bebé de seis meses envuelta en una sábana movía las manitos sobre su escritorio.

***

El 15 de febrero de 2017 capturaron a Luis Ángel Cruz Palma y Douglas Armín Cruz Espinal. Al día siguiente se dio la primera audiencia y se les decretó medida cautelar de detención judicial, llegaron a la cárcel y el caso quedó en manos del juez Alex Eduardo Sabonge Almendares. Y como abogado defensor de los imputados asumió José Manuel López Salgado. El 21 del mismo mes en otra audiencia declaran las partes. Luis Ángel, que es el violador, dice que es mentira la acusación de Fausia, que ellos tenían una relación. “Nos acusa de esa violación, para mí es falso porque nos dedicamos a trabajar, y ella no sé si es piquía o celos, ella vivía conmigo después de eso, dos meses o tres meses vivió”. Después se contradice, dice que solo vivieron en octubre de 2015 y algo de noviembre, ajusta las fechas a los hechos. Ella se sostiene en su versión, vuelve a relatar la agresión. Sabonge decreta “auto de procesamiento formal”, a Luis Ángel Cruz Palma a título de autor y a Douglas Armin Cruz Espinal a título de autor en cooperación.

A ella le dice que se harán dos audiencias más, una con abogados y en la siguiente nuevamente con las partes, incluida ella. Y después de las audiencias se dio cuenta que el juez era marrullero. Las diligencias se hicieron y en ninguna estuvo Fausia, no la citaron. En la última, fechada el 22 de junio, Sabonge revocó el auto formal de procesamiento y dictó un “sobreseimiento provisional” de la causa, una resolución judicial que puso fin al proceso penal antes de llegar a una sentencia, y que dejó a los acusados en la calle y libres de cargos. La defensa mostró un vaciado telefónico de dos números de teléfonos y argumentó que eran los de Fausia y Luis Ángel, que se cruzaban llamadas, y que eso demostraba su relación sentimental. Y de todo esto se enteró Fausia porque se encontró a sus agresores en la calle.

El juez basó en eso su dictamen y para aparentar legalidad y justicia, dispuso cinco años como plazo para una posible reapertura del proceso y para presentar nuevas pruebas, ampliar información sobre el vaciado teléfono y ampliar declaración con la madre de Fausia para indagar sobre los fondos que manejaban ya que ese era el móvil de la violación.

Los cinco años siguientes Sabonge se dedicó a dilatar el recibo de pruebas, los documentos en favor de Fausia se perdían en el juzgado, y se valió de cualquier artimaña para no reabrir el juicio. Casi tres meses antes de cumplirse el plazo, la abogada del CDM que representaba a Fausia le escribió, le pidió que por favor citara audiencia para que pudieran presentar sus nuevos elementos, entre ellos la declaración de la madre de Fausia, y determinar la prosecución del proceso —es decir, reabrirlo— y le recordó que quedaban pocos días. Sabonge se tomó un mes para dar por recibido este oficio y fechó la nueva audiencia un mes después, el 1 de junio de 2022.

Ante el abuso, Fausia puso un reclamo oficial contra Sabonge y se dio cuenta que el suyo era una más de las 150 peticiones contra el juez, la suya fue la que derramó la copa porque el 25 de mayo Sabonge fue cesado del cargo.

La nueva audiencia se llevó a cabo y la nueva juez, ante toda la evidencia, ordenó reabrir el caso. Año y medio después Luis Ángel Cruz Palma y Douglas Armin Cruz Espinal fueron condenados. El primero a catorce años de prisión por el delito de violación agravada y el segundo a nueve años por el delito de partícipe en grado de cómplice.

El día que puso a su bebé como prueba en el escritorio del fiscal Fausia prometió llegar a instancias internacionales buscando justicia. En 2024, El CDM y el Centro de Derechos Reproductivos llevaron su caso a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la comisión lo admitió. Honduras la había forzado a una maternidad y sometido a una tortura. Si la comisión falla a su favor, es probable que se obligue al país a cambiar su legislación frente al aborto.

Pero Honduras da pasos de gigante en cuanto a opresión: en 2021 reformó la Constitución para blindar la prohibición del aborto que ya estaba en su artículo 67. Ahora se requieren tres cuartas partes del pleno del Congreso para derogarlo o modificarlo, el mismo requisito que para un juicio político al presidente.

Busco qué significa Fausia, que es el nombre que ella escogió para resguardar su identidad. “Deriva de la palabra faustus, que significa afortunado o feliz”. ¿Será posible una sonrisa detrás del abuso y el tormento?