San Andrés tiene uno de los ecosistemas sociales más complejos del país. Pulsos entre raizales y continentales, desconfianza absoluta en el gobierno central, sobredosis de turismo, playas como embarcaderos de carga coquera, política tradicional y corrupción.
En medio de esos líos ha surgido un liderazgo cultural para dar peleas inaplazables. La música entrega el arrebato de otros vientos.
En el otro ojo del huracán
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Por CRISTINA BENDEK
Fotografías de Ronald Camargo
A mediados de mayo se cumplirán dos meses de la movilización popular que se desencadenó tras el homicidio de Fabián ‘Hety’ Pérez Hooker. En una de las embestidas más violentas en el archipiélago, el cantante fue baleado en la terraza de su casa. Su muerte inició una ruptura, un necesario debate sobre viabilidad y supervivencia que ha motivado el activismo juvenil y la cohesión comunitaria. Aunque agridulce, este momento ofrece a las islas la posibilidad de volver a enfocar sus problemas estructurales.
La noche del 13 de marzo, después del cierre de la jornada electoral, el joven Joseth David Cadena se dirigió al sector de Mission Hill, cerca de la tradicional Primera Iglesia Bautista de la Loma, como parrillero de una moto conducida por Dixon Manuel Suárez, vecino también del sector del Barrio Obrero. Según la versión recogida en un informe de la fiscalía, el objetivo de la misión era matar a Hillbor Alen Pusey Rodríguez, un hombre que estaba en la misma zona a pesar de tener medida de detención domiciliaria. Joseth David, que tiene el alias de Cadenita, disparó contra Pusey Rodríguez, pero también contra Hety Pérez y una familiar suya, Minerva Hooker James, que también resultó herida en el hecho.
Cuando se difundió la noticia sobre el atentado, pocas personas volvieron a interesarse por los resultados de las elecciones. Ya el martes 15 de marzo, mientras en el país se caldeaba el debate sobre la legalidad de los resultados electorales, el archipiélago atravesaba una crisis de orden público similar a la que, tras el bloqueo del puerto marítimo y del aeropuerto, provocó la destitución desde Bogotá del gobernador Ralph Newball en 2001.
Una movilización popular convocada por cantantes e influenciadores se tomó las calles para exigir al gobierno resultados en materia de seguridad, justicia y atención en salud. La policía nacional y el gobierno departamental desconocieron la voz de los manifestantes que se plantaron frente a las sedes institucionales durante la jornada de protesta del 15 de marzo. El hartazgo se podía tocar. La violencia en San Andrés, una realidad encubierta en la narrativa del paraíso, y la débil institucionalidad habían cobrado la vida inocente de Hety, parte del dúo de música urbana Hety & Zambo, un líder comprometido con ser un referente para los jóvenes de la comunidad raizal y creole. Muchos de sus trabajos, en dúo o como solista, como Around di Block, Mama Don’t Cry y Why War, conmovieron a los manifestantes hasta las lágrimas.
El bloqueo temporal del aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla forzó finalmente la presencia del gobernador, Everth Hawkins Sjogreen, y de la comandante de la policía, la coronel María Elena Movilla. Para desbloquear el aeropuerto, las instituciones ofrecieron un espacio de diálogo el 17 de marzo que al final, con la indignación ambiente, derivó en el bloqueo de dos avenidas principales, la 20 de Julio y la Newball. La sensación era que el duelo por Hety escalaría en disturbios y caos. En esa jornada extendida la movilización recogió también el reclamo de familiares de otras víctimas de la violencia que luego de años no han podido acceder a la verdad.
Ese 17 de marzo, Zambo Arigan Forbes, compañero de carrera de Hety, hizo presencia en la Avenida Newball con un mensaje de la familia Pérez Hooker que pedía levantar bloqueos y no convertir el duelo en zozobra para la isla. Un grupo de voceros, reunidos con el gobernador, acordó desbloquear las vías con la condición de abrir espacios amplios de diálogo.
Rumores de amenaza contra los artistas más visibles de la manifestación y panfletos digitales no tardaron en aparecer. Cabezas de organizaciones criminales advertían a la comunidad de San Andrés que habría más muertes, resultado de la guerra entre familias vinculadas al narcotráfico. El jueves 18 de marzo, en hechos que aún no se han esclarecido, apareció el cuerpo sin vida de Luis Carlos Bustamante, bailarín y activista de la comunidad LGBTIQ, quien trabajaba como vigilante en el sector de la Cueva de Morgan. Días después una mujer fue herida con arma de fuego en pleno sector turístico, en la vía peatonal de Spratt Bight, en horas de la tarde.
Otro escenario de guerra
En el archipiélago se ha documentado la presencia de Los Rastrojos, la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo, herencias del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2006. Según análisis de InSight Crime, el Clan del Golfo sería la organización más fuerte en las islas, sus sucursales operan negocios de narcotráfico, extorsión y homicidios selectivos. Desde octubre de 2021, con la captura de su líder, alias Otoniel, el cambio de mando y la atomización de la organización puede haber desbalanceado el control sobre los negocios alrededor de la ruta insular.
En 2021 se incautaron 150 toneladas de cocaína en la ruta de todo el Caribe colombiano. Apenas días después de la muerte de Hety, la Armada Nacional interceptó una lancha rápida con casi cuatro toneladas del alcaloide, mercancía avaluada en 120 millones de dólares, la más grande desde que existe el Comando Específico de San Andrés y Providencia. InSight Crime considera que este alijo pertenecería al Clan del Golfo.
El narcotráfico, la columna financiera del conflicto en el continente, ha deteriorado los tejidos sociales del archipiélago y ha provocado la marginalización de sectores enteros, donde niños y adolescentes son especialmente vulnerables frente al dominio de células criminales en algunos sectores. Un documental de la BBC registró en 2015 que más de ochocientos hombres, todos ellos en algún momento habitantes de Providencia, habrían estado cumpliendo sentencias por narcotráfico en el exterior, o se encontraban desaparecidos en altamar en circunstancias dudosas.
El control de la ruta que transporta droga hacia México y Estados Unidos convierte al archipiélago en un escenario de la guerra en el que las víctimas no son reconocidas por sus condiciones particulares. El violento mes de marzo coincidió con la entrega del informe de la asociación de mujeres raizales Cane Roots a la Comisión de la Verdad, un documento que busca alimentar esfuerzos para el esclarecimiento de la verdad alrededor de las muertes de al menos 380 víctimas directas de la violencia en el archipiélago y de los cientos de desaparecidos en altamar.
Corrupción y costo de vida
Si la amenaza de la guerra no parece desvanecerse, la corrupción termina de coronar la vulnerabilidad de la comunidad insular. Dos exgobernadores, Aury Guerrero Bowie y Ronald Housni Jaller, cumplen condenas por concierto para delinquir con fondos destinados al rubro de educación. Sus delitos dejaron a más de dos mil jóvenes sin acceso a educación básica durante más de seis años.
Las islas son un territorio con una deuda social enorme, los jóvenes no tienen acceso a una universidad de ciclo completo ni a otras alternativas de realización personal. Los bachilleres isleños deben buscar la forma de financiar una vida en el continente, mientras sus padres intentan cubrir en la isla la canasta básica más cara del país, que paga tarifas portuarias que dependen del precio del dólar. Antes de Semana Santa un banano valía ya 1500 pesos en el sector del centro.
Los 35 mil turistas que llegaron para la temporada de la semana mayor se integran a las cifras que dan cuenta de que San Andrés recibe más de un millón de turistas por año. Para comerciantes y hoteleros el número puede ser motivo de celebración, sobre todo después de dos años de pandemia. Sin embargo, los beneficios por el turismo se distribuyen de manera muy desigual, mientras que el impacto de recibir 83 mil visitantes al mes, casi 2800 diarios, es soportado por todos los habitantes.
El difícil acceso a vivienda digna provoca la proliferación de urbanizaciones ilegales, que comprometen zonas de bosque seco tropical o áreas que según la ley deberían destinarse a la agricultura en manos de la población raizal. Los propietarios tienen altos incentivos para destinar sus inmuebles al turismo, lo que provoca especulación en el precio de los arriendos y encarece el costo de vida, incluso en sectores que han sido tradicionalmente residenciales. La inversión del impuesto que pagan los visitantes a través de la tarjeta de turismo, que en 2021 habría alcanzado los 116 mil millones de pesos, no se ve ni se siente.
La motivación para la resistencia
Desde 1912 Colombia ha incentivado la migración no planeada de familias continentales de la costa Caribe a San Andrés, con el objetivo de fortalecer la identidad colombiana, hispanohablante y católica, en contrapeso a la identidad anglófona, protestante y creolehablante del Caribe insular. En la década de los ochenta se articularon movimientos sociales a partir de la necesidad de resistir estrategias de poblamiento de corte colonial del Estado colombiano. Ha habido varios triunfos importantes producto del trabajo de organizaciones de base raizal como SOS Sons of the Soil, como el Decreto 2762 de 1991 para el control de circulación y residencia, y la suspensión de las licencias de construcción a través de la sentencia T-284 de la Corte Constitucional, en 1995.
El movimiento que surgió a partir de la muerte de Hety y de Luis Carlos, Renovación para el Archipiélago, se ha convertido en interlocutor con la institucionalidad a través de varios voceros, entre ellos el abogado y asesor de la diáspora raizal Miguel Ángel Castell. El relevo generacional a los liderazgos tradicionales de la Autoridad Raizal y de la organización Amen-SD surgió en un momento clave, mientras el denominado Estatuto Raizal hace trámite para ser debatido en el Congreso de la República. El estatuto es un protocolo que busca garantizar la protección efectiva de la población étnica a través del fortalecimiento de la raizalidad como forma de vida armónica dentro del territorio, con algunos temas difíciles de abordar, como la obtención de privilegios políticos exclusivos para los raizales en San Andrés, una isla cuya población étnica ha disminuido hasta ser un cuarenta por ciento del total.
En materia de turismo, resulta urgente abordar el difícil tema del estudio de capacidad de carga que exigen los raizales en cada oportunidad posible, y que busca determinar con criterios técnicos y científicos cuál es la población que puede vivir de forma sostenible en un territorio de escasos veintisiete kilómetros cuadrados, con una infraestructura de servicios públicos precaria. Cuántos turistas pueden realmente recibir las islas cada año y cómo se mitigarían los efectos de la sobrecarga son cuestiones fundamentales, largamente aplazadas debido a los intereses gremiales de hoteleros, comerciantes y operadores de servicios turísticos.
El nuevo hilo de la narración
El 27 de marzo Joseth David Cadena Jiménez fue capturado en su barrio luego de dos semanas de esconderse de las autoridades, que habían ofrecido veinticinco millones de pesos por información que condujera a su captura. Dixon Denzel Manuel, el conductor de la moto, ya había sido judicializado por su participación en el homicidio de Hety. El llamado por la justicia para Hety había sido atendido, pero no la necesidad de una versión completa sobre los hechos que condujeron a la muerte de una persona inocente.
El caso aún supone más interrogantes que respuestas. ¿Quiénes contrataron a los dos jóvenes del Barrio Obrero? ¿Cuál es la dinámica de las células criminales en el archipiélago? ¿Por qué es tan difícil controlar la proliferación de armas en una isla? ¿Es hora de hablar de alternativas a la guerra contra el narcotráfico? Muchos otros jóvenes como Joseth David y Dixon son también víctimas de esa guerra, de la que difícilmente pueden escapar.
Mientras el país se prepara para decidir si da continuidad a un paradigma que afecta a las regiones y motiva la actividad de organizaciones dedicadas al narcotráfico, San Andrés madura hacia la consciencia de la situación de víctimas, de su vulnerabilidad frente a la violencia armada. Imaginar un futuro vivible aquí depende de obtener garantías para el fortalecimiento de la base comunitaria, del acceso a la educación con componentes étnicos, de la lucha contra la corrupción, y del trabajo con niños y adolescentes.
Sin duda ha sido doloroso, pero el reconocimiento de que la viabilidad del archipiélago exige revisiones profundas y una actividad política madura, se gestó en la pérdida de vidas comprometidas con el arte y la cultura. Hoy, Hety y Luis Carlos Bustamante siguen siendo catalizadores de un necesario cambio social, a pesar del miedo. Sus muertes son el hilo que jamás dejará de enhebrarse.
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