Casi todas las muertes por aborto inseguro son prevenibles si el procedimiento se realiza en condiciones de seguridad y por personal entrenado, con infraestructura adecuada, vigilancia del cumplimiento de la norma. Cuando estas condiciones están garantizadas, la mortalidad por aborto es de 1.7 por 100.000 procedimientos realizados durante el primer trimestre de la gestación. Por estas razones la ONU en su asamblea general de 1999 consideró que “en circunstancias donde el aborto no sea ilegal, los sistemas de salud deben entrenar y equipar a los proveedores de los servicios de salud y tomar otras medidas para asegurar que los abortos sean seguros y accesibles…”

No sobra recordarles a los nuevos inquisidores, que el estado colombiano es laico, que el aborto está despenalizado en Colombia en tres circunstancias especiales, que por ley (Resolución 4905 del 14 de diciembre de 2006), es “deber del estado garantizar la provisión de servicios de salud seguros y definir los estándares de calidad que garanticen el acceso oportuno a los procedimientos de interrupción voluntaria de embarazo IVE”; que esta obligación cobija a EPS, entidades de medicina prepagada, entidades departamentales, distritales y municipales de salud. Si estas entidades no ofrecen estos servicios con calidad y oportunidad, serán objeto de sanciones.

Es fácil condenar y lapidar a los promotores de la CLÍNICA DE LA MUJER cuando no se conoce la triste y desgarradora historia de miles de mujeres que hace algunos años acudieron a las salas de obstetricia de los hospitales de Medellín con severas complicaciones derivadas de abortos provocados en condiciones de inseguridad y como consecuencia de ello cientos de adolecentes sometidas a abortos inseguros en clínicas clandestinas o en bodegas de farmacias, salían luego de varios meses de hospitalización mutiladas, sin útero, sin ovarios como consecuencia de infecciones causadas por la introducción de sondas con alma de alambre con las que les provocaban el aborto o terminaban pagando con su vida por carecer de dinero para pagar un procedimiento seguro como lo hacían los estratos altos de la sociedad antioqueña. Porque así nos duela, el aborto se practica en ricas y pobres, en blancas y negras, en solteras y casadas, la diferencia radica en las condiciones en que se practica y en quién lo hace, y por lo tanto en las complicaciones que el procedimiento conlleva.

Es bueno recordar que el rostro de las madres muertas por aborto inseguro en Colombia es joven, es pobre, es marginado y lleva las huellas de una violencia de género que las acompaña por generaciones desde su propia concepción y hasta el último de sus días y de ello es cómplice una sociedad indolente e hipócrita como la nuestra.

Los huérfanos que dejan estas madres generalmente mueren en la infancia, los más afortunados, los demás se desnutren, son presa de la violencia sexual, de la prostitución infantil, las drogas, la esclavitud laboral o se convierten en insumo para las bandas criminales de todas las pelambres que pululan en nuestra ciudad o terminan en el abanico delincuencial que les ofrece la sociedad colombiana.

Quienes por más de 25 años hemos visto parir la miseria en la ciudad de Medellín y hemos vivido de cerca las consecuencias sociales del aborto inseguro, le pedimos a los nuevos lapidadores mediáticos responsabilidad en sus escritos y respeto por los derechos de las mujeres, derechos adquiridos luego de años de lucha liderada por quienes ustedes de manera despectiva y grosera llaman “feminista sesentudas”. Puede que sesentudas algunas, pero tienen la satisfacción de haber invertido buena parte de sus mejores años en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, de sus madres, de sus esposas de sus compañeras y de sus hijas.

Juan Guillermo Londoño Cardona
Ginecoobstetra – Profesor Titular
Jefe Departamento de Obstetricia y Ginecología
Universidad de Antioquia

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