Exdirectivos franceses de la petrolera Perenco son señalados de financiar paramilitares
por Rutas del Conflicto, con apoyo de La Liga Contra el Silencio*
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Noviembre 2025
Ilustración: María Lucía Mage.
Luis Felipe Castillo Santos, exgerente de relaciones públicas de la petrolera francesa Perenco en Colombia, declaró en agosto de 2024, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que los máximos directivos de esa multinacional en el país, a finales de los noventa y principios de los 2000, no solo sabían de la presunta financiación a grupos paramilitares por parte de la compañía, si no que crearon una estrategia para justificar internamente estos pagos.
Castillo señaló, además, que directivos de Ecopetrol, el principal socio de Perenco en Casanare, también sabían de los dineros que supuestamente le entregaban al grupo ilegal a cambio de seguridad.
Rutas del Conflicto obtuvo más de cuatro horas de grabación de dos audiencias ante la JEP, donde Castillo describió en detalle la presunta participación de estos directivos en la financiación de paramilitares en Casanare. En su declaración, Castillo mencionó a los franceses Patric du Garó y Arthur de Fautereau, quienes tuvieron altos cargos en Perenco entre 1998 y 2008, como la gerencia financiera, la gerencia general y la misma representación legal de la empresa en Colombia.
Castillo le dijo a la JEP que inclusive los dos directivos se reunieron con paramilitares y diseñaron una estrategia para registrar en la contabilidad de la empresa el dinero que presuntamente les entregaban al Bloque Centauros y a las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, un grupo paramilitar al mando de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, que nació financiada por el narcotráfico en los ochenta y se consolidó en los noventa.
“Cuando yo llego, están Arthur (De Fautereau) y Patrick Garó en la reunión. Nos explican cómo debe ser, cómo se debe sacar (el dinero), a qué cargo contable, como les mostré en la pantalla. Él mismo (Garó), con su puño y letra, escribiendo, direccionando los presupuestos, los valores y cuando deciden (dar el nombre de) ‘el horno’ es comprar una caja fuerte”, dijo el exgerente de relaciones públicas de la compañía, refiriéndose a la presunta estrategia para justificar los pagos internamente en la contabilidad de la empresa.
Este testimonio se suma a los entregados desde 2009 por al menos 13 antiguos integrantes del Bloque Centauros y de ‘Los Buitragueños’ en diferentes instancias judiciales que coinciden en señalar los pagos de Perenco a estos grupos armados por más de 4 000 millones de pesos de la época.
Los testimonios de los exparamilitares sirvieron para que la Fiscalía General de la Nación les imputara cargos, en 2024, en un proceso por concierto para delinquir por la presunta financiación de estos grupos ilegales, a dos exdirectivos de la multinacional francesa en Colombia: Antenor Sarmiento Delgado, gerente de distrito en Casanare durante esos años, y Ramiro Pinzón Suárez, supervisor de tierras.
Inclusive, la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, basada en esos mismos testimonios, ordenó el embargo de dos de las principales oficinas de la petrolera en un exclusivo sector del norte de Bogotá en julio de 2025.
Castillo también tenía un proceso en la Fiscalía por la presunta financiación de paramilitares, pero solicitó someterse a la JEP a cambio de entregar información que comprometía a otros directivos de Perenco. Su caso fue aceptado en ese sistema de justicia transicional en 2024.
Castillo dijo en la JEP que la financiación a los paramilitares no había sido una decisión que hubieran tomado únicamente los directivos que trabajaban en terreno, en Casanare, como Sarmiento y Pinzón. Señaló que él mismo, junto a altos cargos de la compañía, diseñaron una estrategia para entregar el dinero a los paramilitares a través de un proyecto fachada llamado “horno y panadería” que justificaba contablemente el pago a estos grupos ilegales.
Más allá de los procesos penales existentes contra algunos directivos de la empresa y del embargo de las oficinas, miembros de las comunidades víctimas del paramilitarismo en Casanare y organizaciones sociales insisten en que los nuevos señalamientos de Castillo son claves para determinar la responsabilidad corporativa de Perenco.
Varios entrevistados para esta investigación explican que las declaraciones del exgerente de relaciones públicas y de los exjefes ‘paras’ dejan preguntas sobre el rol de los máximos directivos de la compañía en Colombia en la presunta financiación del paramilitarismo.
Instalaciones de Perenco cerca a Yopal. Foto: Juan Carlos Contreras, 2025.
Los señalamientos a Perenco: desde los campos del Casanare hasta Bogotá
Las comunidades que rodean la estación de bombeo petrolero Morichal en la vereda La Unión, de Yopal, en Casanare, son testigos de más de cuatro décadas de presencia de Perenco en el departamento. También lo son los vecinos de las estaciones de la empresa junto a la vía Pore-Trinidad y quienes han compartido la extensa sabana junto a varias instalaciones de Perenco en el municipio de Orocué.
Los miembros de estas comunidades, entrevistados para esta investigación, prefieren mantener sus identidades en reserva ante la presencia de grupos armados que ha vuelto a sentirse en Casanare, como lo muestra una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, de junio de 2024, relacionada con la disputa territorial entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Esos testimonios dan cuenta de que la presencia de la explotación petrolera ha sido la causa de conflictos laborales, ambientales y sociales que han transcurrido en medio de hechos violentos.
“Yo tengo una finca pequeña y tuve la mala suerte de que dentro resultó un pozo (petrolero). Llevo toda la vida con problemas acá. Nos han afectado caños, nos han tumbado la naturaleza y, encima, me vinieron a decir que yo era guerrillero”, cuenta un vecino de una estación de bombeo de la empresa.
La historia de la explotación petrolera en gran parte de los pozos que hoy tiene Perenco se remonta a la década de los setenta con la empresa francesa Aquitaine Colombia que le vendió sus inversiones en el país, en 1993, a la también francesa Kelt Energy, que creó Kelt Colombia S.A. Tres años después, en 1996, cambió su nombre a Perenco, como consta en la escritura pública y en el acta de la junta directiva.
“Al comienzo no hubo tantos problemas con ellos, pero la cosa cambió por allá para el 96, cuando la comunidad pedía más puestos de trabajo o mejorar las vías que estaban muy mal, porque apenas podían transitar los carros 4×4 de la empresa. Ahí iniciaron los roces y todo empeoró para el 98 porque ya llegaron unos señores armados a controlar todo”, cuenta el líder.
Los hombres armados que menciona el campesino eran de una facción de ‘Los Buitragueños’. “Era evidente que estaban en la vereda para cuidar todo lo de la empresa. Permanecían ahí, llegaban a las instalaciones de Perenco, ahí tanqueaban los carros con gasolina y se iban como si nada. Eran los que mandaban donde vivíamos”, dice el líder campesino.
Un miembro de otra comunidad cercana a instalaciones de la empresa explica que la llegada de los paramilitares agravó su situación. “Desde las juntas de acción comunal teníamos muchos problemas con la empresa, especialmente con Luis Felipe Castillo y Ramiro Pinzón por las cosas que les pedíamos. Después todo se agravó, porque con la llegada de los armados también llegaron las amenazas y los asesinatos”, cuenta el campesino.
El exgerente de relaciones públicas Luis Felipe Castillo —que como ya dijimos tenía una investigación en la Fiscalía por la financiación de paramilitares y, posteriormente, fue aceptado en la JEP— señaló en las audiencias ante este tribunal (a las que Rutas del Conflicto accedió) que la empresa le pagó a ‘Los Buitragueños’ cerca de 2 500 millones de pesos de la época a cambio de servicios de seguridad.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía llevó a juicio a Sarmiento, exgerente de distrito, y Pinzón Suárez, exsupervisor de tierras, como se explicó al inicio de esta publicación. Parte del testimonio de Castillo ante la JEP, publicado por Noticias UNO, a finales de agosto de 2025, señala los presuntos montos de dinero entregados a los grupos ilegales.
En el caso de De Fautereau, Castillo inclusive describió una reunión que presuntamente se realizó en una panadería cercana a las oficinas de Perenco en el norte de Bogotá el 12 de julio de 2002 con alias de ‘Chómpiras’, miembro de ‘Los Buitragueños’. Castillo dijo al tribunal que el entonces gerente general de Perenco fue a negociar la tarifa de pago que hacía la empresa a los paramilitares, luego de unos acuerdos a los que habían llegado otros funcionarios. “En ese momento Arthur hace un acuerdo con ‘Chómpiras’ y le dice que le ayude a negociar y a bajar la tarifa”, dijo Castillo a la JEP.
En la declaración ante la justicia transicional, el exgerente de relaciones públicas contó que alias ‘Chómpiras’ era una persona muy cercana a alias ‘Martín Llanos’, máximo jefe de ‘Los Buitragueños’. “‘Chómpiras’ dijo: ‘Listo, yo le colaboro. Voy a empezar a hablar con él (‘Martín Llanos’)’. Entonces, a partir de ese momento, Arthur habla con la casa matriz y se organiza, digamos, todo el engranaje: cómo van a hacer los pagos, de dónde salen, a dónde van cargados y demás. Ahí se activa el programa ‘horno y panadería’”, contó Castillo. Explicó que usaron ese nombre porque los directivos franceses compraron una caja fuerte para administrar el dinero en efectivo que llamaban el ‘horno’.
Uno de los campesinos entrevistados para esta investigación le dijo a Rutas del Conflicto que alias ‘Chómpiras’ era un paramilitar muy cercano a ‘Martín Llanos’ y, prácticamente, controlaba la seguridad en torno a la estación Morichal, en la vereda La Unión. “Él era del corregimiento de Tilodirán, cerca a Yopal. Él era el que mandaba por los lados de La Unión, pero no recuerdo el nombre”, señaló el campesino.
Castillo mencionó también varias veces en la JEP que el entonces gerente financiero de Perenco en Colombia, Patrick Garó, había participado en la implementación de una estrategia, junto a Arthur de Fautereau, para formalizar los pagos a los paramilitares. Según el exdirectivo, usaban recibos por transporte o materiales de construcción con órdenes de servicio que cobraba un grupo de personas que colaboraba con los directivos y que luego iban a parar a ‘Los Buitragueños’.
Castillo incluso mostró en la audiencia documentos de órdenes de servicio pagas que habrían servido para desviar esos recursos. “Entonces dice así: ‘Perenco Colombia Limited le debe a (…) la suma de 15 millones de pesos. Concepto: suministro de transporte como apoyo personal de la Decimoctava Brigada del Ejército Nacional’. Buscaba, uno, cosas que tuvieran que ver, en eso me ayudó mucho Patric Garó”, explicó Castillo.
Rutas del Conflicto contactó por correo electrónico a Arthur de Fautereau para conocer su versión de los hechos descritos por Castillo, pero no obtuvo respuesta. En la actualidad, De Fautereau es el jefe de operaciones de Savannah Energy, una empresa de generación de energía británica con inversiones en África. También se envió un mensaje a esa compañía para poder contactar al directivo por otra vía, pero tampoco se obtuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Además, se envió un correo electrónico a Patrick Garó, que a octubre de 2025 era el director ejecutivo de Visconti Partners, una empresa de consultoría y coaching francesa. Hasta la fecha de publicación de este reportaje tampoco se obtuvo respuesta.
La responsabilidad de la empresa más allá de los procesos penales a los empleados
Hasta octubre de 2025, la Fiscalía hizo públicos los procesos en contra de los exempleados de Perenco Sarmiento, Pinzón y Castillo, pero se desconoce si tiene investigaciones abiertas a otros directivos. En Colombia solo las personas naturales pueden ser investigadas y juzgadas dentro del sistema penal, por lo que empresas no son sujeto de este tipo de justicia.
Fabián León, director para Colombia del Centro de Información para Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), señala que aunque no exista una responsabilidad penal, los indicios muestran que la compañía probablemente no cumplió con compromisos vinculados a acuerdos internacionales. León señala que desde el año 2000, como un esfuerzo de gobiernos, empresas y organizaciones civiles se creó la iniciativa de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, de la cual Colombia forma parte. Ese instrumento establece que las empresas deben actuar con la debida diligencia para asegurarse que su operación no esté vinculada de ninguna manera con la violación de derechos humanos.
El director del CIEDH señala que, de acuerdo a lo contado por Castillo, la empresa no fue diligente a la hora de incluir un completo análisis de riesgo en derechos humanos en el contexto de conflicto armado que vivía para ese momento la zona donde operaba. “Durante esos años había una guerra entre grupos paramilitares que, a su vez, se enfrentaban con respaldo de la fuerza pública a unas guerrillas, todo en un escenario de fuerte protesta social”, recuerda León.
El experto explica que la presunta financiación que realizó la empresa a los paramilitares se dio en medio de una violencia sin precedentes en la zona, que incluyó asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y restricción a las libertades civiles.
En ese sentido, otro campesino entrevistado por Rutas del Conflicto en Casanare contó que a finales de los noventa había hecho reclamos a Perenco por el entorno de seguridad y los daños ambientales en su finca, donde había infraestructura de la empresa, pero ante la violencia paramilitar tuvo que dejar sus tierras. “Prácticamente me montaron a una unidad del Ejército en la finca. Los militares nos estigmatizaban. Inclusive hubo combates y quedamos en medio de todo. Luego resultó que los ‘paras’ me estaban buscando y tuve que desplazarme para que no me mataran durante casi seis años. El predio quedó abandonado, a expensas de la petrolera”, contó el campesino.
Infraestructura de Perenco cerca a Yopal. Foto: Juan Carlos Contreras, 2025.
El director del CIEDH señala que, de acuerdo con las declaraciones de Castillo, la forma cómo se destinaron presuntamente estos recursos a los paramilitares implicaría la puesta en marcha de una infraestructura de la empresa y llama la atención sobre la falta de mecanismos de transparencia interna. “La empresa fue totalmente negligente en establecer qué estaba pasando con casi 4 000 millones de pesos de la época, que presuntamente fueron a dar al paramilitarismo. En términos de controles no tenía la disposición ni la capacidad, o lo sabía y lo permitió”, explica León.
La JEP decidió acoger a Castillo luego de que aceptara entregar información respecto a los vínculos de la empresa con los ‘paras’. “Se comprometió a rendir versión y a aportar elementos probatorios según los cuales, logran establecer responsabilidad de Perenco en la promoción de grupos paramilitares“, dice la Resolución 2591 de 2024 de la JEP.
En dicho documento, Castillo señala que entregaría información a la JEP que hasta ese momento no tenía la Fiscalía General para determinar qué otros altos directivos de la compañía estuvieron involucrados en los pagos a los paramilitares. “Como uno de los gerentes de la compañía, tuve conocimiento directo de la forma en la cual la empresa coordinaba el financiamiento de los grupos paramilitares que operaban en la zona de influencia de Perenco. Aunque la Fiscalía cuenta con información relevante sobre este tipo de operaciones, los elementos probatorios recaudados no dan cuenta del grado de compromiso de la empresa petrolera con la organización criminal, ni logran establecer de qué forma este tipo de decisiones provenían de las más altas esferas de la compañía en Bogotá o llegando incluso hasta la casa matriz en París, Francia”, dijo Castillo al tribunal, según el documento.
Las declaraciones del exdirectivo no solo involucraron a altos directivos de Perenco, también a otras empresas, asociadas a la multinacional como Ecopetrol. Según el exgerente de relaciones públicas, los funcionarios de la compañía colombiana, que ha sido socia de la francesa en la explotación de crudo en Casanare, debían saber del financiamiento a los paramilitares. “Tuvieron que haberse enterado porque eran situaciones que afectaban toda la operación”, dijo Castillo.
Aviso de Perenco y Ecopetrol cerca de estación de bombeo en Casanare. Foto: Juan Carlos Contreras, 2025.
Rutas del Conflicto contactó a Ecopetrol para consultarle sobre los señalamientos del exgerente de relaciones públicas de Perenco. La empresa colombiana respondió por correo electrónico que “no tenía conocimiento de hechos relacionados con una presunta financiación de grupos paramilitares por parte de la Asociada Perenco
durante el periodo comprendido entre 1996 y 2005”. “Históricamente ha procurado una gestión respetuosa y proactiva de los DDHH”, añadió (Ver respuesta completa).
Lo que han dicho los exparamilitares
Rutas del Conflicto rastreó varias sentencias del proceso de Justicia y Paz (sistema de justicia transicional surgido del proceso de negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe y los paramilitares en 2006) y condenas en la justicia ordinaria. Encontró a 13 paramilitares que señalaron la presunta financiación de Perenco a las Autodefensas Campesinas del Casanare y al Bloque Centauros de las AUC (ver lista). Entre ellos se encuentran Manuel Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, un alto jefe del paramilitarismo en los Llanos Orientales, y Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, jefe de finanzas del Bloque Centauros, uno de los mayores productores de cocaína dentro de la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Según el documento de acusación de la Fiscalía General de la Nación en contra de los exdirectivos de Perenco Antenor Sarmiento y Ramiro Pinzón, ‘Don Mario’ describió en varias audiencias del proceso de Justicia y Paz algunas reuniones que tuvo con los empleados de la petrolera y los montos en efectivo y cantidades de gasolina que le entregaban al Bloque Centauros. “Recuerdo que Perenco estaba colaborando con 20 tambores de combustible. Miguel Arroyave manifestó que eso era muy poquito. Pedimos una cita con el gerente de la empresa. Ellos (los paramilitares) para movilizarse necesitaban del combustible (…) Tiene que haber en los desmovilizados mucha gente que sabe que Perenco hacía ese aporte”, dijo ‘Don Mario’ en una diligencia judicial en 2016, cuyo fragmento publicó Noticias Uno.
Miguel Arroyave, de quien habla ‘Don Mario’, era alias ‘El Químico’, un narcotraficante muy cercano a los hermanos Carlos y Vicente Castaño que dirigió el Bloque Centauros entre 2001 y 2004, hasta ser asesinado por hombres de la misma organización. Como señaló ‘Don Mario’ y como se describe en el escrito de acusación de la Fiscalía en contra de Sarmiento y Pinzón, varios desmovilizados han contado cómo los paramilitares usaban recurrentemente la gasolina de la empresa petrolera. “Enviaba al conductor alias ‘El Flaco’ a retirar combustible, había una disponibilidad de 20 canecas de gasolina y diez de ACPM. Esas canecas eran de cincuenta y cinco canecas cada uno, eso era en el pozo caño Garzas (…) de Perenco”, dijo Orosman Orlando Ostén Blanco, alias ‘Gabriel’, según se lee en el documento.
Además del efectivo y el combustible, exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare han contado cómo se llevaron dos helicópteros que operaba Perenco en el departamento, presuntamente con la complicidad del empleado Ramiro Pinzón. El robo de las dos aeronaves fue registrado en medios de comunicación en ese momento, como una acción de la guerrilla del ELN. “Ese operativo lo dirigió alias ‘Solín’ (José Darío Orjuela, exintegrante de las ACC), lo sé porque yo anduve varios días con el ingeniero de Perenco y a Ramiro le dieron una plata”, dijo, según el documento de la Fiscalía, Ángel Rodrigo Daza Ávila, un exparamilitar de ese grupo ilegal.
En varios testimonios de los exparamilitares se mencionan reuniones con Castillo, Sarmiento y Pinzón, pero ninguno de ellos se refirió con nombre propio a los directivos franceses que mencionó en la JEP el mismo Castillo. Solo hay una referencia puntual en el documento de este tribunal en el que acepta en su jurisdicción al exgerente de relaciones públicas. Ahí se señala que el exparamilitar Wálter Flórez Romero, alias ‘Mikima’ “dio cuenta de las reuniones realizadas con Perenco, donde intervino (…) un francés de la empresa. Fue un acuerdo directo con ‘Martín Llanos”.
Entre los compromisos que asumió Castillo en la JEP está el de “identificar al ciudadano de nacionalidad francesa al que hizo referencia el postulado ante Justicia y Paz, Wálter Flórez Romero, y cuál fue su nivel de decisión en la reunión en la que participó”, dice el documento.
La mayoría de hechos que describe Castillo, en los que menciona a los altos funcionarios franceses de la empresa, ocurrieron entre 2001 y 2002, cuando supuestamente se realizaron reuniones con miembros de ‘Los Buitragueños’. Por el contrario, la mayoría de testimonios citados por la Fiscalía son de paramilitares del Bloque Centauros que llegaron a la zona en medio de una fuerte violencia desatada entre los dos grupos paramilitares entre 2001 y 2004.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y el testimonio de Castillo en la JEP, la presunta financiación de la empresa se habría dado a los dos grupos, primero a ‘Los Buitragueños’ y luego a los Centauros.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó que los Centauros declararon la guerra a ‘Los Buitragueños’ para quedarse con el control del narcotráfico en el norte del Meta y gran parte del Casanare. Este enfrentamiento hizo que los segundos no se sumaran a las AUC en las negociaciones que tuvieron los paramilitares con el gobierno Uribe y que terminaron en el proceso de Justicia y Paz. Gracias a ese proceso se entregaron beneficios de penas reducidas a cambio de la verdad y la reparación que ofrecieran los desmovilizados.
Daniel Ricardo Martínez, coordinador de la investigación Memorias de una guerra por los Llanos del CNMH —que cuenta el desarrollo de la violencia en el contexto histórico del conflicto en esa zona de país— explica que los miembros de ‘Los Buitragueños’ no se desmovilizaron dentro del proceso de Justicia y Paz, y por eso no hay abundante información a nivel judicial sobre el contexto en el que se desarrolló y se financió este grupo paramilitar. “Ellos (los jefes de ‘Los Buitragueños’) no han pasado en ningún momento por un proceso de justicia transicional o de esclarecimiento de la verdad”, explica Martínez.
El investigador dice que sí hay mandos medios y bajos de ese grupo que han entregado información al CNMH acerca de la evolución de estas estructuras ilegales y de su financiación por parte de empresas como Perenco, en medio del mecanismo conocido como ‘Mecanismo no judicial de contribución a la verdad’. Este fue creado por la Ley 1424 de 2010 y permite a los exintegrantes de grupos ilegales entregar información a cambio de beneficios jurídicos, pero en un contexto fuera del entorno judicial.
En el caso de ‘Los Buitragueños’ las sentencias que se tienen corresponden a la justicia ordinaria, donde mandos de diferente tipo han sido condenados en procesos separados, sin que se tenga casos unificados que permitan contrastar fácilmente las declaraciones de los miembros del grupo paramilitar.
Por ejemplo, en un caso judicial por el asesinato y la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá, Cundinamarca —hasta donde se expandieron ‘Los Buitragueños’—, el Juzgado Cuarto Penal del Distrito de ese municipio encontró culpable a Luis Fernando Gómez Flórez, alias ‘Ferney’ o ‘Mis Ojitos’, un miembro de ese grupo ilegal. La sentencia, circuló por varios medios de comunicación en abril de 2025, ya que el acusado señalaba al ciclista ‘Lucho’ Herrera como presunto responsable intelectual de los crímenes. En esa sentencia también aparece el nombre de la petrolera francesa. “Yo fui citador en Maní, Aguazul, Yopal (…) A principios de 2001 me envían para Tilodirán, que es un caserío de Yopal, yo era el encargado a cobrarle a las fincas y a las arroceras. De ahí me recoge un señor que le decían ‘Cero Cero’. En ese tiempo fue cuando se cometieron los robos de los helicópteros de Perenco”, dice la sentencia.
Pancarta de organizaciones de víctimas en Casanare. Foto: Juan Carlos Contreras, 2025.
Las víctimas piden toda la verdad
Los dos grupos paramilitares que presuntamente recibieron financiación de la petrolera fueron los responsables de una ola de violencia que sin precedentes en Casanare. ‘Los Buitragueños’ surgieron como un grupo paramilitar financiado por el narcotráfico a mediados de los ochenta, especialmente vinculado a Gonzalo Rodríguez Gacha, según el informe Memorias de una guerra por los Llanos del CNMH, publicado en 2021.
El documento señala que este grupo se fortaleció durante los primeros años de los noventa, por el control del narcotráfico en la zona, pero especialmente por la financiación que recibía de la explotación petrolera en el Casanare, que para ese momento se había convertido en la más grande del país. “(El grupo de ‘los Buitragueños’) se consolidó y creció debido a (…) las relaciones con sectores económicos en auge como las empresas petroleras en Aguazul, que demandaban servicios de seguridad para sus pozos”, dice la investigación, que menciona los testimonios de exparamilitares que señalan a Perenco.
Entre 1990 y 2000, la guerra entre ‘Los Buitragueños’, respaldados por la fuerza pública, y las guerrillas de las FARC y el ELN puso en la mira a la población que vivía un conflicto social con las empresas petroleras, a las cuales les exigían mejores condiciones laborales e inversión en vías. Como lo ha documentado Rutas del Conflicto en el reportaje “Los falsos positivos del petróleo”, durante esos años aumentó el estigma en contra de los habitantes de algunas veredas donde había presencia de las FARC y el ELN. Según el CNMH durante esos 11 años se perpetraron 27 masacres, 25 de ellas cometidas por los paramilitares. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas(UBPD) reporta 543 víctimas de este tipo de crimen.
La violencia empeoró entre 2001 y 2004 con la guerra entre ‘Los Buitragueños’ y el Bloque Centauros. Estos últimos eran una estructura armada que había recogido a varios paramilitares de los Llanos, también financiados por el narcotráfico en los ochenta y los había unificado en un solo grupo junto a hombres llegados desde Urabá, bajo las órdenes de Carlos y Vicente Castaño.
Durante esos años se dispararon los casos de desaparición forzada en el departamento. Según la UBPD se han registrado cerca de 551 víctimas de este crimen en solamente estos cuatro años. “Todo se puso muy mal en ese tiempo. Muchos tuvieron que irse para que no los mataran, los que se quedaron no podían abrir la boca para nada”, dijo un habitante de la zona.
Gráfica de la UBPD.
Un vocero de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), una ONG que ha trabajado durante casi dos décadas en la defensa de los derechos humanos en Casanare, señala que es muy importante que la justicia actúe y defina la responsabilidad de los directivos de Perenco y de la empresa misma. “Nosotros creemos que hay un margen grande de impunidad, que lo que viene saliendo apenas ahora, es la confirmación de una tesis que hemos manejado, que desde la década de los noventa se armó un contubernio entre empresas petroleras, ganaderos y paramilitares”, explica el vocero que prefiere no publicar su nombre por cuestiones de seguridad.
El integrante de Cospacc agregó que la nueva información debería conducir a que se reabran casos como el de Carlos Hernando Vargas Suárez, director de Corporinoquía, entidad del Estado encargada del control ambiental en gran parte de los Llanos Orientales, asesinado el 2 de diciembre de 1998. Vargas Suárez investigaba en esa época la responsabilidad de varias empresas en daños a los ecosistemas cuando fue atacado por sicarios.
Rutas del Conflicto contactó a la oficina de prensa de Perenco en Europa para conocer la versión sobre la investigación. Un vocero de la empresa respondió este corto mensaje: “Negamos cualquier vínculo histórico con grupos ilegales, dada la absoluta falta de relación entre la compañía y cualquier actividad ilícita (…) (La empresa)reafirma su compromiso con el respeto de los derechos humanos como parte de su política de ética empresarial, integridad y cumplimiento”. (Ver respuesta completa)
Sobre el proceso de la Fiscalía que llevó al embargo de las oficinas de Perenco en Bogotá, señaló que esto “ocurrió sin que la compañía estuviera involucrada en un proceso judicial y sin la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa”.
Actualmente, Perenco sigue teniendo operaciones de explotación petrolera en Colombia, principalmente en el Casanare, pero también en los departamentos de Meta y Tolima, como consta en su página web y en una base de datos del Servicio Geológico de Colombia.