El proceso contra Santiago Uribe Vélez comenzó tres años antes de la primera presidencia de su hermano. Un recorrido con arranques, paradas, retrocesos hasta el final del juicio hace unas semanas. La alianza entre policías, militares, un sacerdote, ganaderos y asesinos menores constituye una saga fundadora del paramilitarismo. Les dejamos noticias, voces, panfletos y amenazas que a mediados de los noventa fueron “ley y orden” en el norte de Antioquia. Favor leer antes del fallo.

Santiago el menor

La lista negra de Los doce apóstoles

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Por SERGIO MESA CÁRDENAS
Ilustraciones de Equipo UC

El sábado 15 de febrero de 1992 circuló, en medio de la fría noche de Yarumal, un pueblo enclavado en un cerro llamado Morro Azul, un panfleto en el que se anunciaba: “Unidos acabaremos con quince (15) o veinte (20) asquerosos que están acabando con la región”. La advertencia comenzaría a correr sembrando temor, no solo en Yarumal, sino en Campamento, un municipio panelero a cuarenta minutos, por la vía que conduce a Angostura. El escuadrón se bautizó como Autodefensas del Norte Lechero y todo el mundo los conoció como Los Lecheros.

Entre el 6 de junio de 1993 y el 8 de enero de 1994 el capitán Pedro Manuel Benavides Rivera comandó del Distrito 7 de Policía de Yarumal y fue el encargado de entregarle el mando al teniente Juan Carlos Meneses Quintero que ocupó la comandancia hasta principios de mayo de 1994. Durante cien días Meneses conocería de cerca a los militares, agentes, financiadores, comerciantes y sicarios de las autodefensas que operaban en la zona urbana y rural del municipio, los mismos que han sido mencionados en el expediente durante veinticinco años de investigación llevada por la Fiscalía sobre el caso. Jorge Alberto Osorio Rojas, alias Rodrigo o El mono de los Llanos, era el jefe rural de Los Lecheros, mientras que los sicarios urbanos estaban bajo el mando de Hernán Darío Zapata Correa, alias Pelo de Chonta o Tuso. Zapata Correa —según ha declarado su familia— fue asesinado por sicarios de Los Lecheros por temor a que fuera a entregar información que pudiera involucrar a sus financiadores y jefes.

El pasado 28 de febrero —29 años después de la aparición del panfleto— viajé a Campamento para entrevistarme con el expersonero Jhon Jairo Álvarez Agudelo, a quien le dicen Topo. Álvarez Agudelo, haciendo uso de su memoria, llena de detalles, nombres y apellidos de las víctimas, y fechas, con día, mes y año, me relató cómo conoció “la lista negra” en la que aparecían los nombres de las víctimas asesinadas por Los Lecheros, bajo la coordinación de la Policía de Yarumal y el Ejército de la Cuarta Brigada acantonado en el cerro La Marconi.

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Jhon Jairo Álvarez Agudelo fue nombrado personero de Campamento a finales de 1993 y ejerció hasta 1995. Desde su función como representante de la comunidad en temas de Derechos Humanos conoció la llamada lista negra y se atrevió a confrontar a los asesinos que desde el comando de Policía de Yarumal daban la orden de “chulear” los muertos.

—Yo me di cuenta de la lista negra por el mes de febrero de 1994. Me di cuenta de la lista negra porque un policía de apellido Vargas [que] estaba aburrido en la policía en donde él estaba, debido a que el entorno en el que él vivía era [de] vamos a matar a fulanito, vamos a matar a peranito, vamos a matar a sultanito […] y era un policía serio. Él en una cierta ocasión se me acercó a la oficina, siendo yo personero, y me dijo: “Personero, yo quiero hablar con usted algo muy serio”. Yo le dije: Vargas, cuénteme. Me respondió que él me ayudaba y yo le ayudaba. Me dijo: “Yo le voy a conseguir algo muy importante sobre la lista negra que maneja el comandante de la Policía [en Campamento]”.

[El comandante de la Policía en Campamento para 1994 era Jhon Jairo Álvarez Patiño].

—Yo le dije: “Vargas, por la noche nos vemos y hablamos”. Él pertenecía al Distrito de Policía de Yarumal. En esa época estaba Menenes [Juan Carlos] de comandante. Cuando yo le dije, a Vargas, que yo le colaborada, él me respondió: “Para que usted me ayude a salir trasladado de acá, yo no quiero seguir trabajando ni acá en Campamento ni en este Distrito”. Le dije que sí. Me lo llevé para [la cantina] Claro de Luna, él estaba de civil. Nos tomamos unos guaros y en Noches del Recuerdo [otra cantina en el parque de Campamento], me entregó la lista. Cuando yo miro la lista ¡claro! ya había muerto Jorge [Iván] Serna. Ahí tenía la cruz. Ya había muerto Yubán Ceballos; ya tenía la cruz. A Bernardo Ceballos lo tenían ahí como se dice pendiente. [No lo pudieron matar porque] él se le voló al Ejército. Eso fue el 22 de diciembre de 1993. Siguiente: Camilo Barrientos [Durán]. [Otros eran] William Restrepo, Carlos Cárdenas, Carlos Lopera, Ramiro Sierra, Januario Porras, Fernando Barrientos, Jhon Jairo Hernández, William Restrepo Builes, Pedro Tabares. ¿Cómo? Yo miraba y yo no estaba ahí todavía. No sabían que yo iba a ser su peor enemigo. Él me entrega esa lista y yo ahí mismo me la guardé.

—¿Qué hizo usted con esa lista? —le pregunto.

—Esa lista, inmediatamente, [se la] reporté a la Defensoría del Pueblo. A la Fiscalía llevé [la lista] original. Yo dejé una copia, pero en una toma guerrillera del 96, como por ahí [en el Palacio] quedaban las instalaciones de la Personería, se perdieron muchos archivos. [El edificio] lo dinamitaron y se perdió todo. En Medellín no reposa en ninguna parte. Yo al policía [Vargas] le conseguí el traslado.

—Usted lo que hizo fue memorizar esos nombres —le interrumpo.

—¡Claro! Pero fui con la lista.

—¿Y la lista tenía algún membrete, era una hoja en blanco, estaba hecha a mano? —le interpelo.

—El encabezamiento [de la lista] era a máquina de escribir, del mismo comando de la Policía: Muerte a secuestradores, extorsionistas, colaboradores y auxiliadores de la guerrilla.

—¿Parecido al panfleto que circuló en febrero de 1992? —le digo haciéndole énfasis.

—Sí, muy parecido. Entonces yo me voy con esa lista para Yarumal ocho días antes de que mataran a Camilo Barrientos.

—¿Y con quién se entrevistó usted en Yarumal?

—Con Juan Carlos Meneses y el teniente Rodríguez de la Sijín —me responde—. Me fui con Fernando Barrientos, Camilo Barrientos, Jhon Jairo Hernández, Pedro Tabares, William Restrepo. Allá estuvimos en el comando de la Policía.

—¿Usted fue donde Juan Carlos Meneses acompañado de las mismas personas que estaban en la lista? —le pregunto sorprendido.

—Sí.

—¿Y ellos qué le dijeron?

—Entonces, Meneses me dijo: “Hombre, personero, cómo se le ocurre a usted decir que nosotros la Policía tenemos una lista negra, de dónde sacó eso”. [Le dije] me la conseguí. No me pregunte de a dónde porque no le voy a decir la fuente, pero vea, acá ya están reseñados: Yubán Ceballos, ya está muerto; Jorge Iván Serna Henao, ya está muerto; Bernardo Ceballos Gil, quedó en la incógnita porque se les voló a los del Ejército del Batallón [Pedro Nel Ospina], al capitán González. [Meneses me dijo:] “Personero, usted de dónde sacó eso”. Teniente Rodríguez vea con lo que sale el personero de Campamento, lo que está diciendo, que nosotros manejamos una lista negra y que ya hay muertos.

—¿Eso fue en el comando de Policía en Yarumal?

—Sí, ahí mismo donde está el actual comando, al frente de donde quedaba la Funeraria Salazar [calle 18 entre carreras 21 y 22]. Cuando nosotros salimos Meneses dijo: “Vea estos hijueputas guerrilleros vinieron hasta aquí hasta el comando de la Policía”.

—¿Cómo supo que Meneses dijo eso?

—Porque un policía, Hernán Betancur, el bueno, escuchó —me dice el expersonero mientras lanza una bocanada del segundo cigarrillo que se está fumando.

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Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera, fue asesinado el 25 de febrero de 1994. Los presuntos sicarios lo mataron en la vía que va de Yarumal a Campamento. El Erizo, el Enano y el Flaco, quien llegó desde Medellín y habría sido contactado por Rodrigo, el mencionado jefe rural de Los Lecheros, se habrían encargado del crimen. Sobre la participación de Santiago Uribe Vélez, administrador de la hacienda La Carolina, declaró Juan Carlos Meneses, quien detalló cómo fue la planeación para asesinar a Barrientos Durán.

“Este muerto [Camilo Barrientos Durán] sí es uno de los que pertenecía a la lista que Santiago Uribe Vélez tenía. Es el conductor de un vehículo escalera que viajaba entre Yarumal y Campamento. […] Me dice Rodrigo que hay tal información, que este conductor, que les lleva las provisiones a la guerrilla, que es el que surte a la guerrilla de material logístico como botas de campaña, linternas, toda esta parte […] es el que les lleva este material a la guerrilla al monte. Rodrigo me comenta que hay un muchacho, un joven que quiere pertenecer al grupo y que a ese muchacho le habían encomendado la misión de asesinar a ese señor Camilo Barrientos. Él se comunica con Santiago, Santiago me hace ir a la hacienda La Carolina y él ahí es donde me dice: vea, mire, este Camilo Barrientos ya yo lo tengo aquí en la lista, entonces vamos a proceder en contra de él porque ya definitivamente es comprobado de que hace parte de la guerrilla y es el que surte logísticamente a la guerrilla, entonces colabórame, teniente, porque vamos a actuar en contra de él, para que se dé cuenta que sí pertenece al listado que yo tengo”.

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El teniente Juan Carlos Meneses Quintero, quien ascendió a mayor, fue condenado a 27 años de prisión por homicidio en persona protegida por el asesinato de Camilo Barrientos Durán. Está hoy en libertad condicional luego de someterse a la Jurisdicción Especial de Paz. Meneses declaró ante la Fiscalía sobre la lista negra, confirmando lo declarado por el expersonero Álvarez Agudelo: “Santiago tenía una lista de las personas a las que se les causaba la muerte […] para esa época Santiago me mostró una lista de personas que debían ser asesinadas por este grupo que él lideraba. Estas personas [estaban] en orden de importancia. Él me mostró la lista. En esa lista había alrededor de veinte o veinticinco personas. Me dijo que esas personas tenían una importancia dentro de la guerrilla y que él las quería asesinar […]”.

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El 28 de marzo de 1990, unos años antes de la llegada de los comandantes Benavides Rivera y Meneses Quintero, el mando del Distrito de Policía N° 7 de Yarumal era ejercido por el capitán Represa, mote con el que era conocido César Emilio Camargo Cuchía. Ese día el comandante estaba de “cacería”. En las calles que funcionaban como parqueadero de buses de las empresas intermunicipales, Olga Luz Chavarría Areiza, de diecisiete años y embarazada de tres meses, y Eliécer Pérez Morales, agricultor de 29 años, se alistaban para viajar en un bus de empresa de transporte Coonorte. La pareja fue abordada por el capitán Camargo y el agente Javier Alberto Patiño, quienes luego de pedirles sus identificaciones los condujeron a la estación de Policía, a unas tres cuadras del sitio, un caserón de puertas rojas y portón a la antigua, en la calle 18 entre carreras 21 y 22. Allí se perdió su rastro.

Testigos de la detención, que parecía rutinaria, los vieron partir hacia la estación de Policía. No volvieron a aparecer. Argiro Areiza Londoño, tío de Olga Luz, y Franci Marín Orrego, amigo de infancia, buscaron a la pareja durante varias horas sin tener noticia. El despachador de Coonorte, Libardo de Jesús Mazo Medina, declaró ante la Fiscalía “[…] haber visto ese mismo día, en horas de la mañana, dos miembros de la Policía descendiendo de un bus de esa empresa con una mujer y un hombre y los condujeron hacia el comando”. La Procuraduría y la Fiscalía hicieron la inspección del libro de población y minuta de guardia de ese día y no encontraron ningún registro. Se había configurado la desaparición.

El capitán Camargo Cuchía se hizo famoso en Yarumal en 1990 por “una serie de asesinatos en el Norte [de] Antioquia, a comienzos de los años noventa, cuyos cadáveres aparecían flotando en la represa hidroeléctrica de Yarumal”. Esa misma versión fue corroborada por el exalcalde (periodo 1990-1992) Jaime Montes Valencia ante la Fiscalía:

“Esa labor horripilante y aterradora de la limpieza social la ha llevado la Policía Nacional y me consta, porque cuando yo fui Juez de Instrucción [en Yarumal] decían que esa labor le correspondía al F2, la cual ignoro, pero en el año de 1989 se desaparecieron de allá una gran cantidad de personas, que cuando vino ese verano aterrador se secaron las represas y en la represa de Miraflores encontraron diez esqueletos […]. Se decía que el director del grupo era el comandante de la Policía de Yarumal y la gente en la calle le gritaba asesino […] y él se preciaba de ser la persona que sembraba el terror. Los delitos los cometían en una Nissan Patrol viejo [sic] que la gente del pueblo eufemísticamente lo llamaban el carro funerario. Cuando llegué a la posición de alcalde el primer acto que hice fue solicitar a través del gobernador de la época que trasladaran ese señor de allá, y si no estoy mal lo trasladaron para Ocaña”.

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El panfleto de Los Lecheros hizo visible una práctica de “limpieza social” que ya tenían en operación la Policía, el F-2 y la Sijín, aliados con sicarios al mando de Rodrigo y Pelo de Chonta.

ALERTA ALERTA ALERTA
CIUDADANOS DEL NORTE LECHERO
LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO SON INCAPACES DE CONTROLAR EL ORDEN PÚBLICO, ESTAMOS SIENDO EXTORSIONADOS POR LA GUERRILLA Y NOS SENTIMOS INDEFENSOS ANTE ESTA GRAVE SITUACIÓN. POR ESO HEMOS CONSTITUIDO LAS “AUTODEFENSAS DEL NORTE LECHERO”.
UNIDOS ACABAREMOS CON QUINCE (15) O VEINTE (20) ASQUEROSOS QUE ESTÁN ACABANDO CON LA REGIÓN, NOS HEMOS CONSTITUIDO Y PREPARADO PARA COLABORAR, LUCHAR Y COMBATIR, UNIDOS LIMPIAREMOS NUESTRA REGIÓN.
“LE DECLARAMOS LA GUERRA ABIERTA A LA GUERRILLA”
“ADIOS EXTORSIONES Y SECUESTROS”

El alcalde Jaime Montes puso en conocimiento del secretario de Gobierno de Antioquia, Iván Felipe Palacio Restrepo, siendo gobernador Juan María Gómez Martínez, de la amenaza que se cernía sobre Yarumal, en la que caerían “hombres indeseables para la sociedad”. Nadie se imaginaba que serían centenares de muertos.

Yarumal, febrero 17 de 1992
Doctor
IVÁN FELIPE PALACIO RESTREPO
Secretario de Gobierno Departamental
Medellín
Respetado Doctor:
Le informo que el sábado en horas nocturnas fue introducido por las rendijas de las puertas de las casas, aquí en el área urbana del municipio un escrito que afecta al orden público. Le adjunto fotocopia de él, para su conocimiento y medidas pertinentes.
Atentamente,
JAIME MONTES VALENCIA
Alcalde Popular
Anexo: Lo enunciado

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La existencia de la lista negra fue mencionada por varios testigos ante la Fiscalía y la Procuraduría. Inicialmente serían asesinadas veinte personas. La lista fue aumentando con los años.

José Leonidas Rada López, uno de los primeros declarantes ante la Personería de Yarumal, dijo el 4 de octubre de 1993: “Yo vi a varios policías hace aproximadamente veinte días, 15 de septiembre, acechando a un muchacho llamado Mario Jaramillo, el cual tienen en una lista, que dicen que es de unas cincuenta personas, las cuales tienen ya marcadas para asesinarlas. A los policías yo los conozco. Toda la gente se dio cuenta de eso”.

Román Darío Roldán Mora, tío de Willinton Argiro Roldán Carvajal, víctima de Los Lecheros, declaró el 17 de agosto de 1993 haber tenido conocimiento de la lista negra porque a él lo iban a matar por orden de un comerciante. Denunció ante la personera Lilyam Soto Cárdenas al capitán Pedro Manuel Benavides Rivera.
“A mi sobrino, que se llamaba Willinton Roldán Carvajal […] lo mataron al frente de Rancho de Lata, en esas mangas. La fecha no me acuerdo. Mi sobrino estudiaba en el Liceo San Luis; él cursaba segundo de bachillerato. No sé por qué lo mataron […] A mí también me tenían en la lista y a mí me comentó un tipo del F2 […] que se llama Cuesta, [que] lo mataron en Campamento cuando trabajaba en el F2 […], que abriera el ojo que yo también estaba en la lista. El de la moto amarilla, que era yo”.

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El 31 de agosto de 1994, un testigo bajo reserva de identidad, que luego se identificaría como Jair Hernando Betancur Giraldo, declaró que tuvo conocimiento de “[…] una reunión en el restaurante San Felipe, a principios de 1993, a la cual asistieron algunos miembros de la Asociación de Comerciantes de Yarumal —Ascoya— cuya finalidad fue el ofrecimiento de empleo que se hizo a algunos de sus asistentes para que pertenecieran a un grupo de limpieza”.

El restaurante San Felipe, uno de los más lujosos de Yarumal en la década del noventa, fue propiedad del comerciante Álvaro Vásquez Arroyave, ganadero y político, alcalde de Santa Rosa de Osos en ese momento y propietario de la finca El buen suceso, colindante con la hacienda La Carolina de los Uribe Vélez, ubicada en el corregimiento de Llanos de Cuivá, donde el frío hiela los nervios a cualquier hora del día.

Álvaro Vásquez Arroyave, el Financista, mantuvo una relación muy estrecha con el capitán Rafael Herney González Pérez, de la compañía Albán, del Batallón Pedro Nel Ospina, y era quien coordinaba la Red de Informantes entre los cuales figuraba el padre Gonzalo Javier Palacio Palacio y otros comerciantes, quienes le entregaban datos sobre campamentos de la guerrilla o cocinas para el procesamiento de coca. Consignaba la información en un cuaderno y viajaba a Medellín a entregársela a un contacto de la Cuarta Brigada. A cada informante le pagaba cincuenta mil pesos de la época.

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Entre el 6 de julio de 1993 y el 29 de marzo de 1994 —fecha en que se conmemora la fundación de Yarumal en 1787—, fueron asesinadas 39 personas por Los Doce Apóstoles —como se les llamó luego a Los Lecheros por su relación con el padre Gonzalo Javier Palacio— teniendo la mayoría de ellas características de marginalidad, por lo que eran presa fácil de caer en la red de la “limpieza social”.

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16 de julio de 1993. Llanos de Cuivá. Fue asesinado dentro de los predios de la hacienda La Carolina el presunto atracador Manuel Vicente Varela Varela, quien al parecer hacía parte de la banda de delincuentes Los Varelas, señalados de cometer hurtos al comercio y ser cuatreros. Manuel Vicente habría entrado a robar a la hacienda La Carolina donde fue ultimado por hombres que cuidaban los toros de lidia de la ganadería, que, con el mismo nombre de la hacienda, resonó durante muchos años en las plazas de toros de varias ciudades. El cuerpo de Manuel Vicente fue entregado por el mayordomo de la hacienda al capitán Benavides Rivera, quien, para darle un escarmiento a la población y a los demás integrantes de la banda de atracadores, lo amarró al parachoques del carro y le colgó el letrero: “Muerto por extorsionador”. Lo pasó por el corregimiento de Llanos de Cuivá, cruzó por la carretera troncal hacia la Costa Atlántica y lo llevó a la zona urbana de Yarumal, hasta la casa de la familia Varela, donde lo exhibió como trofeo. Fueron 33 kilómetros —que separan a Yarumal del corregimiento— por donde se paseó la muerte vestida de verde oliva.

En una grabación oculta realizada por el mayor Juan Carlos Meneses Quintero al capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, la cual aportó como “prueba reina” al entregarse a la justicia en 2014, se le escucha decir al capitán Benavides sobre su relación con Santiago Uribe Vélez: “[…] ¿Cuándo supimos de Santiago? Yo, por lo menos, conocí de Santiago el día que [lo] asaltaron ahí en su finca. A partir de ese momento comenzamos a trabajar prácticamente en conjunto; en constante comunicación, con información y todo, para evitar que lo fueran a joder”.

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El 5 de junio de 1990 un grupo de hombres armados, al mando del sargento Tafur, recorrió en camionetas la trocha que conduce del casco urbano de Campamento a la vereda La Solita. Se bajaron en el retén de la minera Las Brisas y continuaron el recorrido a pie. Subieron por una pendiente y llegaron a la finca de la familia Duque López. Allí masacraron a seis personas. Cuatro adultos: Marta María López Gaviria, de 22 años; Luis Gildardo López Gaviria, de 35; Elvia Rosa Velásquez Espinoza, de 22; Hernán Quintero, Chato, de 22; y dos niñas: Ana Yoli Duque López, de 12 años, y Marta Milena López, de 7. Dejaron a dos sobrevivientes: Darwin Cristóbal López, de 6 años, y Renso Antonio Duque Velásquez, con apenas dos meses de nacido. Francisco Luis Duque, abuelo de los niños, logró huir mientras les disparaba desde lejos con una carabina.

“Ellos llegaron en la noche, pidieron alimentos y agua. Mi mamita [Marta María López Gaviria] les dijo que no había. Ellos dijeron: ‘Dígales a los señores de la casa que salgan y quédese usted con los niños adentro’. Ella dijo que los señores estaban de viaje. Al instante tiraron un artefacto por la ventana, el cual hizo explosión. Mi mamita nos metió a los niños a la cocina y después nos metió debajo de la cama. Ahí nos dejó, dice Darwin ante los jueces de la Comisión Interamericana que escuchan su relato. Los señores empezaron a disparar muchas veces, demasiadas veces, como si de allá para acá les estuvieran respondiendo [el fuego]. Simplemente había seres humanos indefensos que estábamos en la casa. A mí se me cayó un pedazo del techo encima y quedé adormecido. Cuando ellos ingresan a la casa y me despiertan poniéndome el rayo de la linterna en la cara. Uno de ellos, el que me levanta, estaba vestido totalmente de verde y con un sombrero vueltiao. Me mira y me hace salir. Uno de ellos le dice a otro: ‘Mi cabo, ¿lo matamos?’. ‘No, necesito un testigo para lo ocurrido’, responde el cabo. Entonces me sacan al patio y yo veo a varios hombres fuertemente armados. Me meten al baño. Yo de mi miedo y temor por mi vida volví a salir. Cesaron el fuego. Uno de ellos me interrogó, me sentó y me hizo preguntas: ¿Quiénes eran los que estaban en la casa? Mi familia. ¿Y él señor que salió disparando quién era? Mi papito, les dije. ¿Y él por qué estaba armado? Porque era el arma que él utilizaba para cazar. Mmmm, dice el extraño con incredulidad. El sujeto vuelve y entra a la casa. Siguen rebujando la casa buscando no sé qué. Salen y se despiden. Luego me dicen: ‘Si alguien pregunta que quién hizo esto dígales que fueron los del ELN’, gritó en voz alta el hombre que comandó la masacre. Se fueron sonriendo como si hubieran hecho algo glorioso. No sé. Algo excelente para ellos. Yo escucho desde afuera de la casa al niño llorando. Ingreso a la casa y él estaba en medio de mi mamita y de su mamá. No sé por qué no me dio por mirarlas. No sé, son cosas de mi Dios. Volví y salí con el niño y me quedé en la silla mecedora hasta el amanecer. Ahí llegaron las mascotas de la casa y nos despertaron. Cogí el niño y bajé a la casa vecina. Allá todo el mundo me miraba extrañado como si hubieran visto dos fantasmas”.

Este fue el testimonio de Darwin Cristóbal López ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 24 de marzo de 2021. Tuvieron que pasar treinta años, ocho meses y dieciséis días, desde la fecha de ocurrencia de la masacre de La Solita, para que un organismo internacional de derechos humanos lo escuchara. El Estado colombiano no ha hecho justicia en tres décadas. Los abogados que actuaron en representación de Colombia ante la CIDH no pidieron perdón. Solo lamentaron el hecho.

Por la masacre de La Solita se encuentran investigados el general Gustavo Pardo Ariza, como presunto autor intelectual, al ser del B2 de la Cuarta Brigada, quien de acuerdo con el expediente de Los Doce Apóstoles le regaló el arma que le fue encontrada en el allanamiento a la casa cural de la parroquia de La Merced, en Yarumal, al padre Gonzalo Palacio; el teniente José Darío Galeano; el cabo primero Erick Padilla Valencia, quien trabaja en el Gaula Medellín; cabo primero Luis Fernando Ruiz Arbeláez, de Armenia; cabo primero Francisco Pardo Junco, de Cúcuta; cabo segundo Yesid Sampayo, de Valledupar; y dos exguerrilleros de las Farc que se alistaron en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU.

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El diario El Colombiano, en su edición del viernes 8 de junio de 1990, publicó un reportaje de la masacre de La Solita. “Sepultadas las víctimas de masacre: nadie los reclamó”, titularon los periodistas del área de seguridad.

Los informes conocidos en Medellín señalan que los cuatro adultos y los cuatro menores de edad atacados habían llegado hacía unos tres meses a la región, desplazados por la violencia en la zona del Bajo Cauca antioqueño.

La nota de El Colombiano completaba la versión.

“Después de las diligencias legales en el centro asistencial del casco urbano, los despojos mortales de las seis víctimas fueron velados por algunos de sus vecinos, en las instalaciones del teatro parroquial donde se esperaba que llegaran sus familias para reclamarlos y llevarlos a las localidades de donde procedían.”

Un mes y dieciocho días antes de ocurrir la masacre de La Solita, el 18 de abril de 1990, se ejecutó la masacre de la finca La Esperanza, en jurisdicción del corregimiento de Puerto Valdivia, a donde llegaron hombres del Batallón de Infantería N° 10, adscrito a la Cuarta Brigada, y asesinaron en su vivienda a Horacio Graciano, Ramón Rúa, Fabio N., María García y Luz Duque, militantes del partido Unión Patriótica, quienes fueron señalados de pertenecer al Frente 18 de las Farc.

Como era el modus operandi de algunos batallones de la Cuarta Brigada, entre ellos el Pedro Nel Ospina, en Yarumal, que tenía su guarnición en el cerro de La Marconi, los hombres de la Infantería N° 10 cavaron una fosa común cerca al río El Pescado, donde depositaron los cuerpos de los cinco campesinos.

En su edición del viernes 8 de junio de 1990, el diario El Colombiano publicó la nota: “Abierto pliego de cargos contra unidades del Ejército por parte de la Procuraduría, por los hechos ocurridos en la vereda La Esperanza: La desaparición, tortura y muerte de cinco labriegos del corregimiento de Puerto Valdivia, entre otros, los cargos que motivaron la apertura de un pliego de la Procuraduría General de la Nación contra once unidades del Ejército.

Ayer se estableció que tres oficiales, cinco suboficiales y tres soldados deberán hacer, en un plazo de ocho días, los descargos que tienen de los hechos ocurridos el pasado 18 de abril cuando resultaron muertos los labriegos, en principio reseñados como integrantes de las autodenominadas Farc”.

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El lunes 28 de febrero de 2021 visité la vereda La Solita en compañía del expersonero Jhon Jairo Álvarez Agudelo. Atravesamos la vara en donde antes estaba instalado el puesto de control de minera Las Brisas y comenzamos a subir una trocha. Llegamos a una casa que también servía de cantina. Acompañaba el ambiente una ensordecedora canción de música popular. Varios borrachos se veían acostados en el piso de tierra. “Están bebiendo desde ayer domingo”, dice el cantinero mientras destapa las gaseosas que le pedimos. Nos devolvemos caminando por la trocha y llegamos a un camino a un lado de la vía. Se ve que siempre ha sido servidumbre por la polvareda que levantan nuestras huellas. Bajamos por el camino y llegamos a la casa sobre cuyas ruinas está la memoria de la masacre de La Solita.

—¿Aquí fue la masacre? —le pregunto a Jhon Jairo.

—Sí, aquí fue. Hasta aquí llegué yo con el inspector de Policía de Campamento en la mañana del 6 de junio de 1990. Todo olía a carne chamuscada —me señala con su mano—. Por todos lados había partes desmembradas, debe ser por la explosión.

—¿Y quiénes cometieron esta masacre? —le pregunto acudiendo a su memoria después de más de treinta años de ocurrida.

—Hombres del Ejército Nacional y de la Policía de Campamento al mando del sargento Tafur.

—¿Y sabe el nombre completo del sargento? —me dice que no y continúa.

—Aquí se recogieron los cuerpos y nos los llevamos para Campamento. Allá se les hizo la sepultura. El día del entierro llegaron al cementerio unos hombres vestidos de militares y preguntaron por Francisco Luis Duque. Se lo iban a llevar. La gente se rebotó y no lo dejamos llevar.

—Seguro lo iban a desaparecer para no dejar testigos —le repongo.

—El viejo Francisco Luis se metió a la guerrilla —me complementa Jhon Jairo—. Yo hablé con él en el 2016 por los lados del Barcino, yendo de Campamento hacia Anorí. Murió de viejo. Con quien nunca más volví a hablar, después de que la amenazaron por estar buscando pistas de quién había asesinado a su familia, fue a María Eugenia López.

—Ella es quien, con la Comisión Colombiana de Juristas, Coljuristas, tiene el caso ante la Comisión Interamericana —le digo.

—Ah, los mismos que vinieron con Daniel Prado Albarracín a hacer un recorrido de dónde había ocurrido la masacre —dice sorprendido.
Daniel Prado Albarracín ha sido el apoderado de varias víctimas del Los Doce Apóstoles, entre ellos, de Camilo Barrientos Durán y Manuel Vicente Varela, actuando como parte civil en el juicio contra Santiago Uribe Vélez. Soportó descalificaciones durante el juicio, no solo del abogado Granados, sino de familiares de Santiago Uribe.

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Los feligreses del padre Palacio, como era conocido en Yarumal el sacerdote Gonzalo Javier Palacio Palacio, no creerían, pese a los rumores que desde hacía años se escuchaban en las cantinas y cafetines, lo que sucedió el viernes 8 de abril de 1995 en la casa cural de la parroquia Nuestra Señora de La Merced, en el marco de la plaza. La casa donde el padre Palacio compartía con otros sacerdotes fue allanada por efectivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes encontraron entre sus pertenencias un revólver calibre 38 escondido en una biblia con las páginas cortadas, una sobaquera, dos chapuzas y documentos provenientes de la institución militar. En el momento del allanamiento el sacerdote no se encontraba en el pueblo. De ahí Los Lecheros tomarían el nombre de Los Doce Apóstoles.

Pese a las evidencias al padre Gonzalo no se le dictó orden de captura. Apenas el 24 de mayo de 1995 fue emplazado ante la Fiscalía para rendir indagatoria por la investigación que buscaba esclarecer su posible responsabilidad en la conformación del grupo armado.

Sobre las funciones que cumplía el padre Gonzalo Palacio dijo el testigo Alexander Amaya Vargas, agente de Policía y quien realizó operativos con los sicarios de Los Lecheros: “La función del padre es dar información a la organización, porque a él le queda más fácil, por ejemplo, una vez informó que por Aragón estaba extorsionando un señor que se llamaba Boliqueso, y el padre dio la información. Entonces esta gente entró a Aragón con brazaletes del Frente 36 de las Farc, para que creyeran que era guerrilla. Dicen que a Boliqueso lo cogieron, pero lo salvó el padre de Aragón y entonces lo dejaron ir para que abandonara el pueblo”.

Otra información estaba relacionada con personas que debían asesinar, entre quienes menciona Amaya Vargas dos campesinos que bajaron de un bus que venía del corregimiento de Cedeño hacia Yarumal: “El [padre Palacio] dio la información de la muerte de dos hermanos que me parece venían en el bus de Cedeño para Yarumal, los bajaron del bus y los mató la organización, los mataron Rodrigo, Pelusa y Dayron. El padre Palacio también se conseguía por ejemplo una información de que los guerrilleros estaban en determinada parte, o sea él coordinaba con el comandante de la Policía y con el Ejército, y con Los Doce Apóstoles. Ahora que me acuerdo Pelo de Chonta también me comentó que el padre Palacio también había estado en [una] reunión [en La Carolina]”.

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El 29 de febrero de 2016 fue capturado el ganadero Santiago Uribe Vélez, a quien apodan Carepapa, requerido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que investigaba los crímenes de Los Doce Apóstoles. Durante veinticuatro meses Santiago Uribe estuvo detenido en una guarnición militar mientras afrontaba el juicio por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, por haber financiado y participado en la creación del grupo paramilitar de Los Doce Apóstoles.

El viernes 13 de octubre de 2017, a las ocho de la mañana, en el piso 18 del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en Medellín, se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio contra Uribe Vélez, a la cual asistió, además de la esposa de Santiago y otros familiares, su sobrino Tomás Uribe Moreno. En otra de las audiencias se vio a su cuñada Lina Moreno de Uribe. Entre mucho copete y gafa oscura el juez Jaime Herrera Niño listó uno a uno los testigos que desfilarían por su despacho. La Fiscalía solicitó veintitrés pruebas y le fueron aceptadas ocho; el defensor Jaime Granados Peña solicitó 86 pruebas de las cuales le aceptaron inicialmente ocho, a las que se sumaron once más ordenadas por el Tribunal Superior de Antioquia al resolver la apelación a la decisión del juez Herrera que hizo el abogado David Espinosa, suplente de Granados.

El juicio de Santiago Uribe Vélez duró tres años y medio, con la interrupción de casi un año por la pandemia. Se retomó en enero de 2021, con audiencias virtuales, y terminó el 10 de febrero con los alegatos de conclusión del abogado Jaime Granados, quien se centró en desmentir a Juan Carlos Meneses, mencionando incluso de unas supuestas alianzas con Hugo Chávez y Nicolás Maduro para urdir un complot contra Álvaro Uribe Vélez.

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“Desde la génesis de la investigación se le ha reprochado al ciudadano Santiago Uribe Vélez que este en los primeros años de la década de los noventa habría conformado y dirigido desde la hacienda La Carolina, en jurisdicción del municipio de Yarumal, Antioquia, un grupo armado ilegal que se estructuró con el propósito de ejecutar una política de exterminio en contra de quienes eran considerados como indeseables sociales, pero también para eliminar militantes y auxiliadores de los grupos subversivos que operaban en la región, propósito para el cual contaron con el concurso, por acción y omisión, de miembros de la Policía Nacional e integrantes de inteligencia militar”. Así inicia el escrito de alegatos de conclusión presentado por el fiscal Carlos Iván Mejía Abello ante el juez Herrera Niño para pedir la condena del menor de los Uribe Vélez.

Las Autodefensas del Norte Lechero operaron entre el 15 de febrero de 1992 y abril de 1995. Las operaciones contrainsurgentes las continuó, mientras Los Lecheros se enfriaban de la exposición pública a la que fueron sometidos, un grupo de sicarios llamado Los Costeños, enviados desde Caucasia por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso entre mayo de 1995 y septiembre de 1996.

Durante los dos años y dos meses siguientes —octubre de 1996 a diciembre de 1998— la “limpieza social” fue hecha por hombres de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, con la Convivir Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento (Deyavanc), sucesores de Los Costeños, con licencia oficial de la Gobernación concedida a través de la Resolución 42395 de 1996, firmada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez. Liquidada la Convivir operó desde la sombra el Grupo de Pérez, comandado por Julián Bolívar, que fue financiado desde el departamento de Sucre por el ganadero y paramilitar Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, despojador y financiador de los hermanos Castaño Gil.

Agricultores, mineros, forasteros, borrachos, presuntos expendedores de drogas o adictos, estudiantes, amas de casa, rebuscadores, comerciantes, carniceros, ganaderos, transportadores, líderes o militantes de la Unión Patriótica, personas señaladas de ser integrantes o auxiliadores de la guerrilla, extorsionistas, secuestradores, integrantes de bandas, personas de las que no se conoce profesión, oficio u ocupación, inspectores de policía, miembros activos o retirados de la Fuerza Pública, personas que murieron “en extrañas circunstancias” y sicarios de Los Lecheros. Ellos suman 533 muertos. No es una simple cifra. Es el número de asesinatos selectivos cometidos por Los Doce Apóstoles e identificados por la Fiscalía General de la Nación en Yarumal, Angostura, Campamento, Valdivia, Santa Rosa de Osos, Don Matías, Carolina del Príncipe, Gómez Plata y San José de la Montaña, entre 1990 y 1998.