Nueve días después, el 9 de marzo de 1993, Sandra Catalina sería portada de la edición 566 de Semana. Allí, bajo el título “Muerte en la estación”, y antes de un escudo partido en dos de la Policía y su lema “Dios y Patria”, la entradilla sacaba a la luz lo más podrido de esa institución: “El país se estremece ante revelaciones de que una niña de nueve años fue violada y ahorcada en un cuartel de Policía”. Y el país se estremecería aún más al saber que el padre de la niña, Gustavo Vásquez González, a pesar de no estar en la estación en el momento de los hechos, había sido detenido como el único sospechoso del crimen, por lo que se perdería el sepelio de su hija. Posteriormente, sin embargo, los resultados de un espermatograma desvirtuarían su posible culpabilidad.

Posdata 1: Dos años después, el 12 de marzo de 1995, Enrique Santos Calderón, en su columna “Contraescape” de El Tiempo, escribiría que era muy grave que ese delito hubiera quedado impune. Columna que obligaría al nuevo director de la Policía, el general Rosso José Serrano, a reabrir el caso.

Posdata 2: Siete meses después, la Policía y la Fiscalía, con el apoyo del FBI, esclarecerían el hecho: tras analizar el ADN de los 120 policías que estaban en la estación a la hora del suceso, encontraron que había coincidencias entre el de un policía llamado Diego Fernando Valencia y el material genético hallado en el cuerpo de la niña: “Ante la fuerza de esa prueba, el hombre confesó el crimen y con frialdad le relató las circunstancias a los investigadores. Cuando la pequeña intentó escapar, la estranguló con el cordón de su chaqueta”. Valencia sería condenado a 45 años de prisión, pero solo pagaría diez, recobró la libertad en 2006.

Posdata 3: Nueve años después, en 2015, la Corte Constitucional le ordenaría al Estado que reparara e indemnizara a la familia de la niña.

Posdata 4: Tres años después, el 28 de agosto de 2018, en un artículo de La W titulado “¿Hay nuevos datos sobre el crimen y violación de la pequeña Sandra Catalina?”, se diría lo siguiente: “Sandra Yaneth Guzmán pone en duda la autoría del horrible crimen por parte de Valencia. La madre de la niña cree que lo hizo un policía de mucho más rango que el mencionado exagente, quien se habría allanado a los cargos para favorecer a su superior: ‘En la estación había coroneles y capitanes’, asegura Sandra”.

Posdata 5: Veintidós días después, el miércoles 19 de septiembre de 2018, comenzaría la demolición de dicha estación, a cargo de la Universidad de los Andes, para construir en su lugar un Centro Cívico Universitario, demolición a la que Sandra Yaneth Guzmán sería invitada para propinar los primeros martillazos: “Entonces agarra la herramienta con las dos manos y desata una ráfaga de martillazos. El crujido del cemento y su llanto desgarrador son lo único que se escucha entre la muchedumbre silenciosa que observa conmovida el desahogo de una madre que intenta matar a una bestia”, escribiría Semana cuatro días después, el 23 de septiembre de 2018, en un artículo titulado kilométricamente: “A porrazos contra un monstruo, Sandra lucha con el dolor que le dejó el asesinato de su hija”.

***

El segundo caso, el de Roison Mora Rubiano, de dieciséis años, sucedería el 22 de junio de 1993, cuando volvía con su hermano, Jimmy Roberto, y su mejor amigo, Harold Garcés, de trabajar en una obra de construcción en Bosa: “En el saco verde, en el pantalón de pana y en las manos tenía visibles partículas de cemento, huellas frescas de su jornada laboral”.

Los tres iban caminando por el puente de la Avenida Boyacá sobre la Avenida Ciudad Bolívar cuando, de repente, a Roison se le ocurriría una broma que tendría consecuencias fatales: “Eran las 5:45 de la tarde y nos dio por recochar y tirarle piedra a los techos de los buses. Entonces nos dimos cuenta de que una le cayó a un bus militar y mi hermano dijo: Corramos que después nos encienden a patadas”. Salieron a todo correr hasta que llegaron al puente sobre el río Tunjuelito, donde se detendrían para evaluar la situación: “Mi hermano volteó a mirar atrás y vio que dos soldados venían corriendo hacia nosotros con sus fusiles”. ¿Cómo hicieron los soldados para acortar tanto el camino? Según un testigo anónimo, tras la pedrada, el bus militar siguió de largo de sur a norte antes de detenerse en seco unas cuadras más adelante, se orilló, dos soldados se apearon, cambiaron de carril, le hicieron señas a una camioneta para que se detuviera y la abordaron: “Yo recogí a dos soldados que venían caminando y que me hicieron el pare. Llevaban armas largas y vestían uniforme verde esmeralda. Se bajaron en el puente. No sé más”. Ese fue el momento en que Roison miró hacia atrás y vio que los dos soldados les estaban pisando los talones, entonces reanudaron la corrida.

Misael Boyacá Fúquene, de 33 años, empleado de un montallantas situado en la Avenida Boyacá con calle 59 sur, vería parcialmente la siguiente secuencia: “Los dos soldados dispararon sus fusiles, pero no puedo afirmar quién era el blanco. Dispararon entre tres y cinco minutos. Pensé que estaban haciendo tiros al aire. Luego se detuvieron, pararon un bus urbano que iba de sur a norte y se fueron”.

Minutos después una patrulla de la policía al mando del subteniente Javier Luis Marcillo, de veinticuatro años, oriundo de Pasto, arribaría al lugar de los hechos para hacerse cargo de una llamada que había informado de un muchacho herido de bala: “Lo encontró entre la maleza, sangrante, pero con vida. Una bala, calibre 762, había penetrado el parietal izquierdo de Roison”. Siete patrullas más acordonarían la zona. En una de ellas transportarían a Roison hasta el Hospital de Meissen, donde, curiosamente, había nacido el 10 de julio de 1976. Coincidencia significativa que les daría esperanzas a los padres del herido, Roberto Mora Vargas, de 39 años, conductor, y María Eunice Rubiano, de 37 años, ama de casa. Falsas esperanzas porque Roison moriría esa misma noche. Sin embargo, solo sería sepultado tres días después, el viernes 25 de junio de 1993: “En vista de la pobreza de la familia, los amigos de Roison Mora Rubiano montaron una colecta durante tres días para obtener los 250 mil pesos que costaba el entierro”. Entierro que, como se aprecia en el obituario de la imagen, estaría a cargo de la Funeraria Los Ángeles.

Posdata 1: Posteriormente, la familia de Roison sería intimidada por miembros del B-2, servicio de inteligencia del Ejército, buscando que el caso quedara en la impunidad.

Posdata 2: Ante las repetidas intimidaciones del B2, la abuela materna de Roison, Araminta Losada de Rubiano, de 57 años, le declararía estas palabras a la revista Cambio 16, publicadas el 5 de julio de 1993, en su edición número 4: “No nos interesa que castiguen a los soldados. Lo único que pedimos es que vengan a nuestra casa y nos respondan esta pregunta: ¿Desde cuándo la travesura de un niño se castiga con balazos?”.

Posdata 3: Cinco años después, el 29 de julio de 1998, como está registrado en una noticia de El Tiempo titulada “Gobierno pide perdón ante el mundo”, el presidente Samper aceptaría la responsabilidad del Estado colombiano en los casos de 49 víctimas de masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Ejército, entre las que estaba Roison Mora Rubiano: “Acepto, como presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Los Uvos, Caloto y Villatina, y en los casos de Faride Herrera y Roison Mora”. 

Posdata 4: En ese evento, al que asistiría, entre otras personalidades internacionales, Danielle Mitterrand, viuda del expresidente de Francia, la madre de Roison, María Eunice Mora, se tomaría los micrófonos y le escupiría estas palabras al presidente Samper: “Aunque es un gesto digno el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, debo sincerarme con usted y manifestarle que me duele enormemente la muerte de mi hijo, pero más dolor y rabia me produce la impunidad que cubrió a los autores de este crimen”. Los autores eran el sargento mayor Luis Ferney Bonilla Rincón y el sargento segundo José Mena Serna, quienes habían sido absueltos cuatro años antes, el 12 de septiembre de 1994, por la justicia penal militar.

Posdata 5: Trece años después, el 3 de agosto de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejaría sin valor la sentencia absolutoria emitida por el Tribunal Superior Militar el 12 de septiembre de 1994, ordenando que el proceso pasara a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, desde entonces no hay noticias al respecto.