Ataques a lanchas sobre el Caribe y el Pacífico intensifican el tráfico por rutas amazónicas
por Bram Ebus, Jeanneth Valdivieso y Sinar Alvarado*
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Diciembre 2025
Foto: Bram Ebus.
El 2 de septiembre, la administración de Trump anunció el primer “ataque letal” contra una embarcación presuntamente dedicada al narcotráfico. Washington afirma que las operaciones de tráfico de droga están dirigidas por Nicolás Maduro y su gobierno y, además, culpa al crimen organizado venezolano como el Tren de Aragua y al supuesto Cartel de los Soles, acusaciones que son cuestionadas por expertos debido a la falta de evidencia sobre la magnitud de los movimientos de droga y las estructuras operativas de las redes señaladas.
El primer ataque estuvo precedido por una retórica cada vez más agresiva contra actividades criminales desde Venezuela durante agosto. Estados Unidos ha calificado a las supuestas actividades de narcotráfico del gobierno de Maduro como una “amenaza a nuestra seguridad nacional” y ha impulsado el despliegue militar en el mar Caribe. Entre el 2 de septiembre y el 18 de diciembre, Estados Unidos ha realizado 26 ataques militares en el Caribe y en el Pacífico, donde han muerto al menos 99 personas. Inicialmente, los ataques fueron en el mar Caribe contra embarcaciones cerca de Venezuela, pero los bombardeos de naves frente a las costas de Colombia y Ecuador son cada vez más numerosos.
Los familiares de sobrevivientes denuncian que durante el operativo pescadores inocentes también han sido atacados y uno de los efectos colaterales es que muchos de quienes trabajan en la industria pesquera han permanecido confinados.
“Se les está complicando la ruta por el Caribe norte en lanchas y en aeronaves que era lo usual y con lo que llegaban en tránsito a esas islas del Caribe, inclusive República Dominicana”, señaló un alto funcionario colombiano de seguridad.
La operación de Washington sobre la ruta caribeña del narcotráfico es cuestionada especialmente porque el mar Caribe no ha sido un corredor principal de cocaína hacia Estados Unidos. El Comando Sur estadounidense—el comando combatiente unificado del Departamento de Defensa responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe (excepto México)—publicó que el 80% de las drogas destinadas a ese país se mueven por el océano Pacífico desde Colombia y Ecuador.
Venezuela misma, a pesar de la presencia de cultivos de coca, no es una tierra de producción principal en comparación con Colombia, Perú y Bolivia. No obstante, Venezuela es una ruta de tránsito fundamental, entre otras razones, debido a la complicidad de las fuerzas del orden con la industria del narcotráfico.
El río Orinoco, que conecta con Colombia, es utilizado para envíos que son llevados a mar abierto en semisumergibles antes de ser cargados en buques de contenedores bajo banderas de países distintos a Venezuela y que tienen a Europa como destino. Además, la cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas con avionetas que despegan hacia el sur o Centroamérica ha crecido, según alegan funcionarios de inteligencia extranjeros que hablaron bajo la condición de no ser identificados. Los ríos Guaviare, Inírida y Guainía, por ejemplo, conectan zonas productoras de coca del interior de Colombia con rutas hacia Venezuela.
“Esta ruta es mucho más segura, pero más lenta”, explicó un funcionario de inteligencia, señalando que la mayor parte de la droga llega a los puertos de salida a los que está destinada. “Ya hemos tenido información de más flujo, por el río Negro y también, lógicamente, la que viene del centro del país, la que mete por el Orinoco, para bajarlo por las pistas clandestinas y se proyectan más movimientos”, indica.
La pasta base de coca, el precursor de la cocaína, se produce en la Amazonía colombiana antes de ser procesada y transportada a través de Venezuela, hacia destinos internacionales. Foto: Bram Ebus.
Otras rutas conectan con las Guayanas (Guyana, Surinam y Guayana Francesa) o por tierra con Brasil. “Guyana se ha convertido hoy en el segundo punto más importante inclusive aprovechando su selva y su condición fluvial muy similar a la de Colombia en ese nuevo punto de la cadena del narcotráfico de la que hace parte los astilleros de go fast [lanchas rápidas], LPV [tipo de embarcaciones de bajo perfil], semisumergibles y otros artefactos más”, señaló un alto funcionario de las fuerzas armadas de Colombia.
“Porque toda esa droga que no sale en estos momentos por el Caribe norte la están concentrando en Guyana para sacarla por el Atlántico norte hacia la Península Ibérica o hacia África”, agrega. “Guyana y Surinam se han convertido en uno de los mayores astilleros de semisumergibles y puntos de acopio de droga que sale desde Venezuela”, asegura el funcionario.
Una ruta cada vez más disputada
Uno de los corredores que más ha cogido fuerza en la Amazonía es el del río Negro, que pasa por Puerto Colombia, un pueblo en la triple frontera con Venezuela y Brasil, y por Maroa, un municipio venezolano fronterizo. En la región operan combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia (SM), una disidencia de las antiguas FARC, que mantenían una alianza criminal que se rompió a principios de agosto, antes del despliegue militar estadounidense en el Caribe, cuando en Maroa, el ELN atacó al otro grupo, decidido a liquidar su dominio en la zona. En un intento por obtener el control total de la frontera, el ELN busca fortalecer su posición en una zona repleta de minería ilegal de oro y minerales críticos, y con rutas de narcotráfico cada vez más estratégicas. Aunque antes habían evitado escaladas violentas, esa vez se registraron varios muertos y heridos, y decenas de indígenas huyeron en busca de seguridad.
Bajando por el río Negro hacia el sur, algunos desplazados siguieron la misma ruta que usa el narcotráfico hasta São Gabriel da Cachoeira, una pequeña ciudad de Brasil por donde entra la droga a ese país. “Aquí llegaron algunas personas desplazadas desde Maroa y Puerto Colombia, después del enfrentamiento entre el ELN y las disidencias. Es gente que tiene familia aquí”, dice un migrante venezolano que trabaja como albañil en São Gabriel.
Una activista de la etnia Curripaco, que vive en las afueras de Puerto Inírida, cuenta que el malestar entre sus paisanos también crece. “No sabemos qué manejo le está dando a esto la fuerza pública, pero las embarcaciones siguen pasando cargadas con droga. Sobre todo de noche”, dice.
Los indígenas de esta zona han sido los principales afectados por la violencia de los grupos armados ilegales, que se disputan a balazos las rutas de distribución y el dominio territorial. “En las comunidades hay mucha preocupación, pero se habla poco y con miedo porque aquí la ilegalidad tiene el control. Los grupos hacen lo que quieren para quedarse con el beneficio del narcotráfico”, dice la activista.
A mediados de septiembre, en Manaos, la Policía Federal de Brasil incautó un cargamento con 1400 kilos de marihuana y 40 de cocaína. “Esas lanchas bajan por el río Negro de noche. De regreso llevan de aquí la gasolina, la que usan en las minas para sacar oro y para traer la droga desde Venezuela”, cuenta el migrante venezolano.
El combustible y los químicos utilizados para fabricar pasta base de coca, cuando son vertidos al medio ambiente, causan una contaminación significativa. Foto: Bram Ebus.
La competencia por las rutas del narcotráfico no augura nada bueno para las comunidades amazónicas remotas y vulnerables, muchas de ellas que ya enfrentan problemas de abuso de sustancias y recrudecimiento de la violencia.
La crisis humanitaria invisible
A finales de septiembre autoridades y liderazgos se reunieron en Inírida para abordar los temas de seguridad y las recientes afectaciones a la sociedad civil. Pero públicamente, ni las máximas autoridades de la región ni las entidades que trabajan en la garantía de derechos humanos se han pronunciado sobre la presencia de los grupos armados y la violencia desatada. Mientras tanto “está pasando harto narcotráfico”, explica una lideresa indígena del Guainía, quien agrega que la guerrilla “hace el papel de la Fuerza Pública”.
Según varias fuentes consultadas, la gobernación del Guainía ha hecho caso omiso a sus responsabilidades de atención a la creciente inseguridad. “Los entes territoriales, en especial la Gobernación del departamento, han ignorado las dinámicas de riesgo que se están dando en Puerto Colombia y San Felipe”, dice un funcionario estatal. “El hecho de que minimicen estas dinámicas genera un miedo general en la comunidad por la falta de respuestas estatales”. Al respecto, Amazon Underworld consultó a la Secretaría de Seguridad del departamento de Guainía pero no obtuvo respuesta.
En Puerto Colombia y las áreas circundantes, las fricciones entre el ELN y la Segunda Marquetalia han causado una crisis sin precedentes. Un comerciante del pueblo fue asesinado mientras que el ELN tomó control de la comunidad antes bajo el poder del Acacio Medina. “Con el ELN no se negocia, con la guerrilla (Segunda Marquetalia) sí”, narra una fuente del territorio, alegando que el ELN empezó a cobrar extorsiones.
Una situación aún más compleja narra una fuente al otro lado del río, en el municipio de Maroa, Venezuela. “Se roban la comida que traen los comerciantes al pueblo para vender o les exigen una cantidad de dinero. Por eso los comerciantes venden los productos al triple de lo que cuestan, para recuperar lo que les quitaron, y pues nos afecta porque somos nosotros los que compramos por acá. ¡Los pescadores están afectados porque no pueden salir a pescar en la noche como antes!”, exclama la misma fuente. “Violan nuestros derechos humanos: secuestran, matan, maltratan a jóvenes, hay muchos padres sufriendo en silencio, no pueden denunciar ni hacer nada al respecto porque los amenazan con eliminarlos”.
Fuentes de seguridad y funcionarios estatales narran que el ELN intenta obtener el control completo, con movimientos de tropas de ambos grupos por todo el departamento de Guainía, en Colombia; el estado Amazonas, en Venezuela, y enfrentamientos armados incluso en la frontera brasileña cerca del Pico da Neblina.
En Guainía, funcionarios estatales y líderes de comunidades indígenas reportan ya una crisis humanitaria. Una consecuencia invisible es el confinamiento forzado que enfrentan las comunidades desde que estalló la violencia entre ambos grupos, incluyendo civiles asesinados y un número desconocido de desplazados. Líderes indígenas locales denuncian que al menos 15 comunidades, aproximadamente tres mil familias, han sido forzadas a permanecer dentro de los límites de sus comunidades, imposibilitando la caza, la pesca o el acceso a sus chagras, las parcelas comunitarias de alimentos. Una fuente del sector de respuesta a emergencias calcula el impacto del confinamiento: “En el departamento de Guainía, el confinamiento es una estrategia de guerra. Quien controla a la población, controla el territorio. Cerca de 340 familias de los pueblos indígenas Curripaco, Puinave y Sikuani permanecen atrapadas por las dinámicas del conflicto armado. Al menos 1400 personas vivirían bajo restricciones que limitan su movilidad en la zona del río Negro, lo que representa una grave amenaza para la supervivencia física y cultural de estas comunidades ancestrales”.
“El miedo es constante en las comunidades, se sienten desprotegidas, excluidas de la protección del Estado y aisladas geográficamente. Trasladarse hacia un centro urbano puede tomar entre tres días y una semana de navegación o caminata. Sin opciones de transporte asequibles y con la amenaza de los actores armados organizados, las comunidades quedan atrapadas sin acceso a agua limpia, alimentos o servicios de salud”, narra una fuente dentro del sector de atención a emergencias. “El acceso a la escuela es cada vez más retador para las niñas y niños como consecuencia de las restricciones a la movilidad, cada vez tienen más riesgos relacionados al reclutamiento forzado o abusos en el marco del conflicto armado”, resalta.
Entre octubre y noviembre llegaron hasta esa región ayuda y atención humanitarias de organizaciones no gubernamentales para habitantes de Puerto Colombia, Tabaquen y La Esperanza. También se han registrado amenazas contra líderes y lideresas y los pobladores han denunciado la utilización y vinculación de menores de edad en el marco del conflicto y deserción escolar, debido a la situación de violencia en la zona.
Los enfrentamientos determinarán quién controlará los lucrativos corredores del narcotráfico, además de las operaciones de minería ilegal. “Por acá el narcotráfico se desplaza en motos por trochas, barcos, voladoras”, dice la fuente de Maroa. Líderes indígenas colombianos refuerzan que ante los bombardeos de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, aumentaron exponencialmente los movimientos de narcotraficantes en la zona y más miembros de las comunidades locales han sido contratados para transportar cargamentos ilícitos por tierra cuando los raudales impiden que los narcotraficantes crucen en lancha.
A medida que el precio del oro alcanzó su máximo histórico y la cocaína encuentra cada vez más su camino por rutas amazónicas, la inestable región trifronteriza de Brasil, Colombia y Venezuela ve sus ríos dominados por narcotraficantes. Quienes han habitado estas tierras durante siglos expresan un único deseo: volver a ser libres, desplazarse libremente en su faena diaria para el bienestar y sustento de sus comunidades.
“Para estos pueblos amazónicos, el río es su única vía de supervivencia; al cerrarse el paso, se corta su capacidad de alimentarse y se fracturan sus prácticas culturales ancestrales. Esta ruptura no solo profundiza el hambre, sino que destruye la capacidad de las comunidades para protegerse entre sí, dejándolas en una situación de vulnerabilidad extrema e indefensión”, termina la fuente del sector de atención a emergencias.
*Amazon Underworld consultó con aproximadamente 15 fuentes en Colombia, Venezuela y Brasil, pertenecientes a comunidades locales, agencias estatales, el sector de ayuda humanitaria y emergencias, y unidades de inteligencia y aplicación de la ley. Debido a razones de seguridad relacionadas con su trabajo o residencia en zonas de alto riesgo, o por solicitudes de funcionarios estatales por motivos profesionales, las fuentes han sido anonimizadas.
