La Chinita fue una invasión con todas las de la ley. Más de veinte mil personas, la mayoría trabajadores de las empresas bananeras. El barrio se convirtió en fortín político y hervidero social en la Apartadó de comienzos de los noventa. Hace treinta años una masacre lo hizo célebre. Treinta y cinco civiles fueron asesinados en el amanecer de una verbena popular. Mario Agudelo vivió de primera mano, como desmovilizado de ese grupo guerrillero, el entusiasmo y el dolor de La Chinita. Un poco de su memoria. Masacre en otras bananeras.

Barbarie en Urabá: 35 muertos

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Por MARIO AGUDELO

El barrio La Chinita, en Apartadó, nació como producto de una invasión organizada y dirigida por el movimiento político Esperanza Paz y Libertad. Todo comenzó el 8 de febrero de 1992. Ese día, cientos de trabajadores salieron de las fincas bananeras en una interminable romería, sabían que iban hacia la construcción de un territorio propio, hacia la conquista de esa tierra prometida. La mayor parte de ellos llegaron cargando plásticos, palos de madera y herramientas para armar sus cambuches; otros, los más osados, en un acto que pareciera hubiese inspirado a Sergio Cabrera para el libreto de La estrategia del caracol, llegaron con planos en mano, instrucciones para armar, y sus ranchos al hombro o en destartalados vehículos, después de haber vuelto trizas los viejos campamentos de las bananeras en los que habitaban.

Esta invasión no fue más que la continuación de una tradición que desde los años setenta del siglo pasado, y que bajo la consigna “La tierra pal que la trabaja”, hacía parte del repertorio identitario del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCCML), y de su brazo armado el Ejército Popular de Liberación (EPL), invasiones que durante algún tiempo siguió impulsando Esperanza Paz y Libertad, el movimiento político que surgió de su desmovilización. Para nombrarlas usábamos el eufemismo “recuperaciones”, las mismas que incidieron significativamente en la construcción de nuevos territorios, propietarios y conflictos en Urabá. La lucha directa por la tierra y la actividad sindical le garantizaron al PCCML y al EPL un gran apoyo entre las masas campesinas y obreras, apoyo que posterior a la desmovilización del EPL, ocurrida el primero de marzo de 1991, heredó Esperanza Paz y Libertad para convertirse en una poderosa fuerza política en el eje bananero.

Durante muchos años no entendimos el significado, los alcances y las profundidades de la invasión de La Chinita: simple y llanamente no comprendimos que La Chinita se había constituido en un hito histórico. En un reciente conversatorio sobre el exterminio del movimiento político Esperanza Paz y Libertad, afirmaba el investigador Andrés Suárez que por su extensión territorial (107 hectáreas) y por su número de habitantes (más de veinte mil personas), La Chinita es la invasión más grande que se haya realizado nivel urbano en América Latina.

Su consolidación fue la partida de defunción de los vetustos e inhumanos campamentos de las fincas bananeras; los obreros bananeros se volcaron hacia los cascos urbanos, renunciaron a su condición de súbditos y se transformaron en ciudadanos que iban a adquirir un rol protagónico en los asuntos políticos y comunitarios del eje bananero.

Con la aparición del nuevo barrio, la población de Apartadó se incrementó en más del veinticinco por ciento y el mapa político local cambió drásticamente. En las elecciones de octubre de 1994, Esperanza Paz y Libertad se convirtió en la primera fuerza política del municipio al elegir seis de los quince concejales de Apartadó, cuatro de ellos eran habitantes del barrio. Los ranchos de La Chinita eran un nuevo fortín político.

La “construcción” de La Chinita les puso el tatequieto a sórdidos negocios por parte de la administración municipal y los propietarios de esos predios. Los terrenos eran el fiel de la balanza a la hora de las transacciones políticas, económicas y clientelares que los urbanizadores piratas enmascaraban bajo el rótulo de “desarrollo social”.

Por aquellos años de la invasión, las Farc habían implementado una estrategia que les posibilitó construir corredores de movilidad entre el eje bananero y la serranía del Abibe. En esta estrategia era indispensable garantizar las simpatías y lealtades de los pobladores de las áreas localizadas al oriente de la carretera al mar, lugares considerados por esta guerrilla como una especie de sitio sagrado. La Chinita se extiende desde la orilla de la carretera al mar hacia el oriente, colindando con los barrios Policarpa, Santa María y Diana Cardona, para ese entonces grandes reductos del Partido Comunista, barrios periféricos al mítico corregimiento de San José de Apartadó, cuna del quinto frente de las Farc.

La política de exterminio emprendida desde 1991 por esta guerrilla en contra de Esperanza Paz y Libertad, al considerar la desmovilización del EPL como traición a la religión del marxismo leninismo, la ubicación geográfica de La Chinita y el hecho de que su población estuviera compenetrada con la causa de los esperanzados fueron motivos suficientes para la sentencia a la comunidad a una feroz y despiadada persecución, a ser objetivo militar de una auténtica cruzada que ordenaron los jerarcas del secretariado de las Farc.

Desde el momento en que las Farc comenzaron a ejecutar sus expediciones militares contra Esperanza Paz y Libertad, conforme al plan previamente diseñado y que para marzo de 1993 dio “el salto” de la fase de homicidios selectivos a homicidios colectivos —fase que inauguraron con la masacre de trabajadores bananeros afiliados a Sintrainagro de las fincas La Mora y La Manzana, ubicadas en el municipio de Turbo—, el espectro de la muerte empezó a rondar y a atormentar el alma de los militantes y simpatizantes de los esperanzados.

Una extraña mezcla de premonición y paranoia se generalizó y a cada momento surgía la pregunta: “¿Cuál será la próxima masacre?”. Las respuestas siempre apuntaban hacia Apartadó y por supuesto hacia La Chinita. La mejor prueba de ello fue la entrevista que el diario La Prensa le hizo a Guillermo Rivera, presidente de Sintrainagro, el mismo día de la masacre: “En el barrio La Chinita de Apartadó se sabe actualmente que las guerrillas van a perpetrar varias masacres… Y las autoridades aún no han hecho nada para evitarlo”.

Ante este oscuro panorama nos interrogábamos: “¿Por qué tanta sevicia?”. La respuesta era clara: para las Farc la desmovilización del EPL fue un complot orquestado por la CIA con el propósito de debilitar el campo socialista en América Latina. Esta narrativa justificó la construcción de un nuevo imaginario que convirtió a Esperanza Paz y Libertad en el enemigo absoluto. Enemigo al que había que despolitizar, deshumanizar y criminalizar en nombre de la defensa de una causa superior, la causa del socialismo real y la dictadura del proletariado. Para ellos Esperanza Paz y Libertad era un rival ilegítimo, con el que no cabía siquiera la posibilidad de dialogar y al que había que borrar de la faz de la tierra. Mientras con nosotros el tratamiento era de aversión total, con Fidel Castaño, figura icónica del narcoparamilitarismo, la política de las Farc fue de contemporizar, buscar acuerdos y establecer alianzas, tal y como quedó en evidencia en versiones de desmovilizados del quinto frente de las Farc y de las AUC en Justicia y Paz y en la JEP.

La masacre de La Chinita fue perpetrada por las Farc en la madrugada del 23 de enero de 1994, en el lugar donde la comunidad disfrutaba de una verbena popular, pocas horas después que Esperanza Paz y Libertad realizara en el barrio un mitin político encabezado por sus candidatos al Congreso de la República. Los medios de comunicación nacionales y regionales coincidieron en señalar a las Farc como responsables del crimen. El titular del periódico El Tiempo fue elocuente: “Otra retaliación contra ‘Esperanza’”. De otra parte, José Noé Ríos, delegado presidencial para Urabá en ese entonces, declaró en el mismo diario que la de La Chinita había sido “una masacre de la coordinadora guerrillera con fines electorales”.

El terror y la barbarie como recursos de persuasión quedaron en el ambiente. Uno de los objetivos inmediatos era atemorizar a la comunidad para que no votara por los candidatos de los esperanzados en las elecciones de marzo del 94. Los sucesos de La Chinita, además, llenaron de incertidumbre y preocupación a la dirigencia política. Para octubre de ese año estaban convocadas elecciones locales y regionales y la eventualidad de que la contienda electoral invocara nuevamente a los jinetes de la muerte se sentía a flor de piel. Pero los temores no paralizaron ni acobardaron a los representantes de los diferentes movimientos políticos de Apartadó. Algunos tomaron la decisión de renunciar en sus aspiraciones a la alcaldía y decidieron construir consensos para presentar una sola candidatura a la alcaldía. Gloria Cuartas, como candidata de unión, representó entonces lo que el país conoció como el “consenso político” de Apartadó, que tenía la intención de bloquear cualquier posibilidad de intervención de actores armados en la contienda electoral.

En esta ocasión el terror disuasivo no logró su cometido en La Chinita. Contrario a lo que pudiera pensarse, el barrio no se convirtió en un lugar fantasma, no hubo éxodo masivo, los liderazgos comunitarios no se debilitaron; la junta de acción comunal continúo implementando su plan de trabajo, en el que destacaban asuntos como la legalización del predio, la dotación de servicios públicos y la construcción de infraestructura educativa. Fue una contundente demostración de valentía colectiva, mezcla de resistencia y estoicismo de una comunidad que no se dejó doblegar y que, con altivez, en las urnas, cada vez que pudo, abofeteó al verdugo.

Los trabajadores bananeros que habitaban La Chinita fueron sometidos a un terror sin fin entre los años 1995 y 1996, ahora se utilizaba una nueva modalidad: el asalto a los buses que a tempranas horas de la mañana llevaban a los trabajadores bananeros desde los diferentes barrios hacia las fincas. Los buses eran interceptados en retenes montados por las Farc, las víctimas eran bajadas de los vehículos, amarradas de las manos y posteriormente asesinadas con los fusiles de quienes estaban llamados a imponer la dictadura del proletariado. El país las conoció como las masacres de Los Kunas, Bajo del Oso y Osaka, en las que fueron asesinados, sin ningún tipo de contemplaciones, 53 obreros bananeros, la mayor parte de ellos provenientes de La Chinita.

Los obreros no se dejaban avasallar, no renunciaban a sus simpatías políticas, resistían, se seguían subiendo a los buses de la muerte asumiendo el riesgo de no volver a encontrarse con sus seres queridos, no abandonaban sus labores en las empresas, no renunciaban a nada. Este espíritu de los indomables quedó estampado en una crónica del periódico El Mundo de noviembre de 1995 que titulaba: “La gallera donde se vela a los bananeros”. Esta nota estaba recreada con fotos que desnudaban el drama que durante años soportó esta comunidad. La gallera, ubicada en el bloque dos del barrio La Chinita, pasó de ser un espacio de diversión para convertirse en una improvisada sala de velación. Fotos que mostraban un doloroso ritual comunitario. Rostros curtidos por años de dolorosas batallas en las que aprendieron que lo único que se podía olvidar era el miedo. Las fotos enseñan un silencio como protesta contra la barbarie.

Esa nota de El Mundo recoge las diferentes intervenciones que allí se hicieron en medio de un acto protocolario en el que sobresale el chirrido de voces discordantes. Las palabras de la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, quien al referirse a los crímenes cometidos por el quinto frente de las Farc, manifestó, en una actitud de condescendencia con los victimarios: “No creo que el movimiento de las Farc en Colombia tenga la misma posición…”; mientras que, Guillermo Rivera, presidente del sindicato de los trabajadores bananeros, Sintrainagro, dijo: “Hace tres días respaldamos los diálogos regionales planteados por la alcaldesa, y la respuesta de los violentos fue una nueva masacre contra los trabajadores afiliados al sindicato”.

En la parte final de la página se registra la decisión de los marchantes del desfile fúnebre de no permitir que los cuerpos de los difuntos fueran transportados en vehículos, y en un gesto de ira y dolor optaron por cargarlos en sus hombros, convirtiendo el sepelio en una interminable marcha de protesta en contra de las Farc. Al final de las honras fúnebres, en el cementerio, retumbaron algunas voces que en un tono enérgico agitaron su consigna de combate: “Es mejor morir armados que amarrados”.

En los días posteriores a la masacre de La Chinita, la Fiscalía General de la Nación anunció la creación de una comisión especial para identificar, capturar y procesar a los responsables de esa atrocidad. Detenciones fueron y vinieron, desfile de titulares de prensa, espectaculares operativos: al parecer la madeja había sido desenredada y las almas de las víctimas podrían descansar en paz. ¡Qué va! Espectáculo teatral, tragicómico, que tuvo como telón de fondo la persecución judicial en contra de la Unión Patriótica. Impunidad total como epílogo de esta farsa.

En el caso La Chinita, el sistema interamericano sí operó, admitió la denuncia interpuesta por apoderados de víctimas de la masacre en contra del Estado colombiano, por su responsabilidad por omisión al desatender las alertas tempranas y los pedidos de protección que hicieron los dirigentes de Esperanza Paz y Libertad.

Algunas víctimas conciliaron con el Estado. Producto de esta conciliación, el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Apartadó reconocieron su responsabilidad y se comprometieron a indemnizar a las víctimas.

Para nosotros la justicia transicional aparece en la escena como algo fantástico. En materia judicial, de un momento a otro, los muertos empiezan a salir de los escaparates de la historia donde fueron confinados, retornan los recuerdos reprimidos por los traumatismos o por las manipulaciones, las memorias adquieren nuevas dimensiones, las víctimas al fin pueden interpelar a los victimarios y la verdad entra al salón de la danza de las máscaras.

En Justicia y Paz, después de tediosas versiones libres por parte de desmovilizados del quinto frente de las Farc, la Fiscalía de Justicia Transicional hizo un extraordinario descubrimiento: el exterminio de Esperanza Paz y Libertad no fue una ficción, no fue producto de la imaginación. Gracias a este descubrimiento, el fiscal 34 de Justicia y Paz abre el macrocaso “Violencia generalizada contra líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y miembros o simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) y Esperanza Paz y Libertad por su ideología. Victimización por ideología”.

Realizadas las respectivas imputaciones de cargos en contra de los victimarios fueron reconocidas 832 víctimas entre militantes y simpatizantes de Esperanza Paz y Libertad. Hoy este proceso se encuentra en la fase de audiencias concentradas a la espera de tramitar los respectivos incidentes de reparación.

Antes, en el año 2014, después de muchas rogativas por parte de los dirigentes del barrio La Chinita, la Unidad para la Atención Integral de las Víctimas reconoció a esta comunidad como Sujeto de Reparación Colectiva y dio inició al respectivo plan de reparación. De esta manera se reconoció la tragedia que durante varios años sufrieron los habitantes del barrio, se sacó del ostracismo a las víctimas y se construyeron rituales como espacio colectivo para vencer los olvidos.

En nuestra larga historia de guerras y desmovilizaciones, el barrio La Chinita ocupa un paradójico lugar como éxito comunitario y electoral, y, al mismo tiempo, como tragedia colectiva por la violencia ideológica. Ganar fue perderlo todo.