A diciembre de 2023, más de 50 empresas han usado bonos emitidos por el Programa de Compensación de Emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé. Entre ellas figuran la productora de alimentos Alpina, el almacén de cadena Sodimac Colombia, la energética Siemens Energy, la administradora de pensiones y cesantías Protección, la Bolsa de Valores de Colombia, los bancos Davivienda y el Banco Agrario público, la logística Opperar Colombia y un grupo grande de distribuidoras de gasolina como Terpel, Chevron y Primax, según la plataforma de transacciones de BioCarbon Registry. Los mayores usuarios fueron la gasolinera Puma Energy con casi 212 mil bonos y el Oleoducto Central (Ocensa) con casi 72 mil.

La historia sería verde transparente, a no ser porque 20 campesinos —que han vivido en esta zona forestal y en sus inmediaciones desde que la colonizaron sus abuelos en los años cincuenta del siglo pasado— dicen haber quedado por fuera del proyecto. Si esos campesinos que habitan allí no se benefician con los bonos de carbono, la lógica misma del proyecto de carbono queda en cuestión.

Eso dijeron más de seis líderes y más de 15 colonos de la región con los que habló este equipo periodístico. Y lo reafirmaron el centenar de habitantes locales que asistieron a una audiencia pública convocada por la Contraloría Departamental del Tolima en febrero de 2023, a raíz de las múltiples preguntas y peticiones de información que habían hecho muchos de ellos a la Universidad del Tolima, a varias entidades locales y nacionales. Querían saber, entre otras cosas, por qué en los carteles del Parque Natural Regional Bosque de Galilea que ellos habían ayudado a impulsar para preservar la enorme riqueza del bosque, y que se traslapa con el proyecto de bonos de carbono, se leía que se trataba de una reserva privada y aparecían los logos de la Fundación Amé y la universidad pública.

La superposición entre el área protegida regional y el proyecto no es poca, según muestran documentos de la iniciativa de carbono. Un 87% de la zona incluida dentro el programa de compensación de emisiones forma también parte de este parque regional administrado y protegido por el Estado colombiano a través de la autoridad ambiental departamental, Cortolima, cuyo logo también apareció en esas vallas.

Cartel que encontraron los habitantes locales a la entrada del Bosque Galilea en 2018 y que anunciaba que se trataba de una reserva natural privada. Foto: Leidy Villamor / Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea.

¿Cómo se desarrolló un proyecto de bonos de carbono tan exitoso, sin que un centenar de habitantes campesinos de la zona se enteraran siquiera? ¿De qué forma una fundación ambiental creada por profesores de la universidad terminó de gestora del proyecto y de administradora de cientos de predios, cuando nadie parece conocer sus actividades? Una investigación de Rutas del Conflicto y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) buscó respuestas en decenas de documentos, habló con los involucrados durante meses y descubrió que a este proyecto lo cubre más neblina de la que abunda por los bosques altoandinos que dice estar protegiendo. El trabajo hace parte de la alianza Carbono Opaco*, que coordina el CLIP y reúne a 13 medios de ocho países, buscando revelar cómo está funcionando de veras el mercado de carbono en América Latina.

Los campesinos excluidos

En los últimos seis años han aparecido un centenar de estos proyectos, conocidos como Redd+, por los bosques húmedos tropicales de la Amazonia y del Pacífico colombianos, por los manglares caribeños, las sabanas de la Orinoquia y por los páramos y bosques nublados de los Andes, como los que protege Galilea. Se trata de un esquema que fue originalmente incorporado a la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático para conectar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación y la degradación de bosques con otros países que quieren pagar por esos resultados, pero que fue ampliado para incluir también proyectos privados.

La bonanza de proyectos se ha dado porque una norma colombiana de 2017 les permite a las empresas que usan combustibles fósiles deducir la inversión en estos bonos de su impuesto al carbono. Además, una gran parte de las selvas y bosques de Colombia está custodiada por comunidades indígenas y afrodescendientes, que suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, y muchas empresas las buscan para impulsar proyectos privados de carbono, que les dan buena imagen y además rentabilidad, con poca supervisión estatal técnica, social o ambiental.

En este caso de Galilea, lo singular es que los documentos del proyecto apenas hacen referencia a los campesinos que habitan ese bosque desde los años cincuenta. Mejorar “las condiciones de vida de las comunidades que se encuentran dentro o en los alrededores del área de expansión del proyecto” sí está dentro de sus cuatro objetivos principales , según dice el documento de diseño de proyecto de 2018. Explica que esto incluye “la implementación de actividades productivas” y la “compra de la posesión a los colonos que se acerquen a la Fundación con el interés de vender”.

Otro informe de seguimiento al proyecto en 2022, elaborado por los mismos desarrolladores, habla de “los habitantes del bosque”, pero indica que hay apenas 42 personas viviendo en el área de expansión futura del proyecto y advierte que una de las principales causas de deforestación en la zona ha sido que “los campesinos talan el bosque para el desarrollo de actividades agropecuarias o como un método de apropiación informal de la tierra, para luego comercializar o usar localmente los productos que extraen del bosque”. Otro documento de 2022 menciona que algunos habitantes fueron incluidos en iniciativas de apiarios para miel y guardabosques, pero no explica cuántas personas viven o trabajan la tierra en Galilea o cómo han sido integradas al proyecto.

“No conocíamos nada de bonos de carbono. No sabíamos qué era eso”, cuenta Jorge Ramírez, uno de los colonos que viven en la zona y creció en esos bosques. Él y otros líderes agrarios explican que supieron del proyecto de carbono y se enteraron de que las tierras eran en parte de la Universidad del Tolima cuando pudieron acceder a los documentos de declaratoria del parque regional en 2019.

Entonces, junto con sus vecinos, empezaron a indagar. A través de las juntas de acción comunal de las veredas La Colonia, Galilea y CundeBlanco, y de la Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea que conformaron en 2017, enviaron peticiones de información a varias entidades públicas en busca de respuestas a sus dudas. “Hicimos solicitudes a Cortolima, a la Universidad, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Contraloría Departamental y a la Fundación [Amé]”, cuenta María Isabel Ramírez, otra nieta de colonos, hoy de 55 años, que vive en la vereda La Colonia del municipio tolimense de Villarrica. Esta lideresa de cabello oscuro y voz firme y enérgica, cuya abuela fue la primera presidenta de junta en la zona de Galilea en los años sesenta, está en el grupo que lleva esta pesquisa para entender por qué se montó un proyecto que se supone los debería beneficiar.

La Universidad del Tolima y sus vasos comunicantes con la Fundación Amé

La impulsora original del proyecto del Programa de Compensación de Emisiones Conservación del Bosque Galilea-Amé es la Fundación Amé, aunque los documentos del proyecto mencionan a un puñado de otras empresas y entidades, incluyendo a la Universidad del Tolima, la empresa suiza South Pole y la empresa colombiana Ecocarbono SAS Zomac.

Para empezar a dilucidar la nubosidad que las envuelve, este equipo investigó primero los vasos comunicantes entre las primeras dos.

¿Cómo se explica que el señor Rafael Vargas Ríos, antiguamente decano de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, hubiese sido también representante legal de la Fundación Amé, la cual resultó propietaria o administradora de predios aceptados por la universidad como donaciones de privados? Es una de las preguntas que le hicieron los campesinos de la región a las autoridades universitarias en varias ocasiones.

La Universidad del Tolima aparece como aliada del proyecto Redd+ Fuente: Informe de auditoría de Aenor de 2022.

En efecto, Vargas, quien falleció en 2019, fue jefe del Departamento de Ciencias Forestales adscrito a la Facultad de Ingeniería Forestal de la universidad pública entre 2006 y 2012 y luego decano entre 2012 y 2014, según la propia universidad. Y fue también uno de los cinco fundadores y el primer representante legal de Amé.

Fue en su calidad de profesor de la universidad pública, no de líder de un proyecto de carbono, que los campesinos lo recibieron, dice la lideresa María Isabel Ramírez. Los habitantes de Galilea argumentan que varios documentos del proyecto, como el informe de verificación hecho por la auditora Icontec en 2018, fechan las primeras actividades del proyecto de carbono en 2010 y que en ese momento Vargas era funcionario de la universidad.

Otro exdecano de Ingeniería Forestal de la misma universidad, Rosven Libardo Arévalo, también fue directivo de la Fundación Amé cuando ésta se creó.

Entre los fundadores de la Fundación Amé hay dos exrectores de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima. Fuente: Acta de constitución de 2016  de la Fundación Amé en la Cámara de Comercio de Bogotá.

El actual decano de Ingeniería Forestal, Omar Melo, quien aparece como el contacto del proyecto de bonos de carbono en el Bosque de Galilea en la universidad en los documentos más recientes del proyecto, dijo que sabía que Rafael Vargas, tras haberse pensionado de la universidad, hizo parte de Amé y lideró el proceso del proyecto Redd+. También dijo que tenía claro que la mayor parte de las donaciones que hicieron privados a la universidad se dio durante la decanatura de Rosven Arévalo, aunque dijo no saber que también hubiese sido fundador de Amé. “Nosotros no teníamos algún conocimiento, hasta el momento en que nos dices, que hace parte de la creación de la fundación”, dijo en medio de una entrevista por videoconferencia  en noviembre de 2023 entre él y cuatro funcionarios más de la universidad con esta alianza periodística.

Entrevistado al respecto, el secretario general de la universidad, Andrés Felipe Bedoya, dijo que, de haberse dado un conflicto de interés, era de los decanos Vargas y Arévalo, y no de la institución. “Si tenían información y, con base a la información montaron una fundación, y con la fundación quisieron hacer un negocio, es un problema ético y moral del decano, no sería de la universidad”, dijo a esta alianza.

La universidad reconoció, en una respuesta escrita a la comunidad en agosto de 2022, que el decano Vargas “suscribió diversas escrituras de donación durante su periodo de decanatura de la Facultad de Ingeniería Forestal”.

La universidad, sin embargo, no ha sido tan ajena a la Fundación Amé como sugieren sus administradores actuales. Recibió en 2021, como donación de esta fundación, una camioneta Toyota para que profesores y estudiantes pudieran moverse en el Bosque Galilea, en un acto al que asistieron los actuales rector Omar Mejía, vicerrector Jonh Jairo Méndez y el decano Melo. En la foto que la universidad circuló en redes sociales aparece Luz Ángela Palacios, ex representante legal de Fundación Amé, entregándoles las llaves al rector.

Esta alianza periodística preguntó a la Fundación Amé si hizo la donación a la universidad pública en el marco del proyecto de carbono, entre muchas otras preguntas que envió al correo oficial de la ONG ambiental y a su responsable de prensa Olga Lucía Cárdenas, sobre los orígenes, actividades y gestión de predios del proyecto de Amé. También solicitamos entrevista con Palacios, quien a través de Cárdenas pidió las preguntas por escrito. Las enviamos el 24 de noviembre de 2023, pero ni Palacios ni la Fundación han respondido hasta la fecha. (Puede consultar el cuestionario enviado a Amé aquí).

Los informes públicos sobre el proyecto Redd+, no obstante, dan una idea de la cercanía entre Universidad y Fundación. Un informe de seguimiento a los avances del proyecto de marzo de 2022 dice que la Universidad del Tolima es “aliada estratégica para el desarrollo de actividades de investigación y biodiversidad en el marco del proyecto (de carbono)” y explica que “como propietaria de 74 de las fincas, mantiene un acuerdo de conservación con la Fundación Amé, por lo que ésta actúa en nombre del proyecto como única proponente”.

Es decir, un exdecano de la universidad creó la Fundación y luego la entidad pública le permitió a esa ONG representarla ante el proyecto de carbono. Y esa relación sigue vigente hasta hoy.

En un seminario virtual organizado por la empresa suiza South Pole en julio de 2020 —pero que sólo conocieron los líderes campesinos de la región dos años después— la entonces representante legal de la Fundación Amé, Luz Ángela Palacios Campuzano, explicó el mecanismo tras el programa de conservación del Bosque de Galilea. “Se beneficia la empresa [compradora] en cuanto a que tiene un ahorro en el impuesto al carbono y responsabilidad social, a los dueños del bosque privado que reciben unos recursos y a la comunidad, ya que estos mecanismos generan alternativas de ingresos para las personas que viven allí en ese bosque”, dijo. Por comunidad se refería, según sus palabras durante el mismo webinar, a “las familias que viven en este bosque que es privado, colonos, familias que han sido afectadas por el conflicto armado y que ahora realizan actividades para la sostenibilidad”.

En el video del seminario virtual, Palacios enumeró las actividades que habían ejecutado con la Universidad del Tolima: “apoyamos para el tema de investigación, tenemos actualmente un libro de más de 500 especies de aves de la región, trabajamos con más de 50 familias para la extracción de miel y tenemos un programa de guardabosques para el cuidado de las áreas”, dijo. Y describió sus planes para más adelante desarrollar allí turismo científico y crear un centro “de talla internacional” en la universidad para el estudio de biodiversidad.

Cuando los reporteros de esta alianza periodística entrevistaron a 20 colonos presentes en la audiencia pública que organizó la Contraloría Departamental en Villarrica para que la universidad esclareciera sus dudas, ellos y ellas contaron otra película. Dijeron que, en efecto, apoyaron investigaciones de biodiversidad en terreno, pero que no sabían nada de que fueran actividades de un programa de conservación a cambio de bonos de carbono.

“Nosotros acompañamos a los profesores y estudiantes de la universidad a recorrer el bosque, a recolectar información sobre aves. Les abrimos la puerta de nuestras casas”, dijo Fabio Londoño, un colono de manos arrugadas de labrar la tierra, que lleva años representando a las familias locales en la junta de acción comunal de la vereda CundeBlanco de Villarrica. Se refería a expediciones científicas de la Universidad del Tolima que dejaron hallazgos significativos, como una en 2019 que encontró varias especies amenazadas y vulnerables como el oso de anteojos, el mono churuco o el jaguar, u otra que en 2020 encontró varios ejemplares de la rana arlequín de vientre dorado, un anfibio que no había sido visto en 24 años y hasta ese momento se creía vivía únicamente en un rincón de Cundinamarca a más de 100 kilómetros.

El documento técnico que soporta esta iniciativa de carbono sostiene, al igual que hizo Palacios en el seminario virtual y con palabras casi idénticas, que entre las actividades del proyecto había prácticas de campo con la universidad, la publicación de un libro de aves del Tolima, la creación de un centro de estudios de biodiversidad llamado CIMA, el fomento del ecoturismo y la creación de un mariposario y un museo de la memoria.

“La conservación a través de la investigación ha sido la actividad principal del proponente del proyecto”, dice el documento, prometiendo que esas actividades serían “ejecutadas con los ingresos por la venta de bonos de carbono”. La auditoría externa hecha por Icontec en junio de 2018 replicó el mismo relato.

No obstante, cuando esta alianza periodística preguntó al profesor Miguel Ángel Quimbayo, encargado del laboratorio de biodiversidad de la Universidad del Tolima y líder de la investigación Ecología y conservación de las aves del Tolima por el libro, éste respondió por correo electrónico que esta obra había sido producto de su iniciativa personal como profesor investigador de la universidad y que no ha tenido vinculación alguna con el proyecto de carbono. Quimbayo explicó que sí conversó con la Fundación Amé para la posible publicación del libro, pero que “no llegó a concretarse” y que éste sigue en borrador.

Las dudas sobre si las tan anunciadas actividades académicas han estado conectadas al proyecto de carbono y se han financiado con la venta de los bonos aumentan cuando se escucha a los representantes de la Universidad del Tolima.

Ante los campesinos en la mencionada audiencia, varios funcionarios de la universidad dijeron que no sabían acerca de la venta de los bonos de carbono. El decano de ingeniería forestal, Omar Melo, quien como se dijo figura como el contacto del proyecto Bosque de Galilea en la universidad, sorprendió a todos diciendo: “No sé si de manera ingenua o no, los resultados y actividades [de la Universidad del Tolima] empiezan a aparecer en el proyecto de bonos de carbono de la fundación”. En realidad, explicó, estas actividades formaban parte de un convenio de cooperación entre la universidad y la empresa Ecocarbono SAS Zomac, otra impulsora del proyecto. El vicerrector de investigación, creación, innovación, extensión y proyección de la universidad, Jonh Jairo Méndez, lo secundó al sostener que no han recibido ningún dinero por la venta de créditos de carbono.

Más cándido aún pareció Melo cuando, ante la pregunta de qué había hecho la universidad con los predios donados para la conservación de bosque en la misma audiencia pública, dijo que esos “predios están dispersos en el bosque y si pregunta que hemos hecho, nada, están quietos de 2003 a 2020. Ni siquiera sabemos dónde están los predios”.

Estas explicaciones públicas a la comunidad no calzan con lo que dijeron las mismas autoridades en varios reportes internos de la universidad. Allí informan que desde 2018 la universidad manifestó en una carta de intención su voluntad de participar en el proyecto Redd+ con la Fundación Amé para “obtener o acceder a los beneficios generados por los bonos de carbono en la fracción correspondiente a los predios de los cuales la Universidad del Tolima es propietaria”.

Un documento interno de la Universidad del Tolima de 2023 señala que firmó carta de intención con Fundación Amé desde 2018. Fuente: Informe de gestión, Universidad del Tolima.

Un informe de mayo de 2023 da las cifras arriba citadas y subraya que a la institución le corresponderían a agosto de 2019, por los servicios ambientales prestados por sus predios, el equivalente a unos 387 mil dólares. “Cualquier ingreso proveniente de las ventas de los créditos de carbono producidos en terrenos de propiedad de la Universidad será compartido de manera que la Fundación Fundame.col reciba el cincuenta (50%) y la Universidad el cincuenta (50%) sobre las utilidades”, dice el documento, que subraya que la carta de intención continúa vigente y, con ella, la eventual distribución de las ganancias que deje el proyecto.

Según confirma un informe de gestión de la Universidad del Tolima, el proyecto Redd+ ha vendido 208.586 créditos de carbono y a ésta le corresponden la mitad de esos ingresos. Fuente: Informe de gestión de la Universidad del Tolima de 2023.

En ese mismo reporte al Consejo Superior, la administración de la Universidad del Tolima pidió a la Fundación Amé “información contextualizada y verificable” sobre el avance del programa de bonos de carbono, pero la ONG ambiental respondió —según el propio informe— sin información detallada, ni soportes documentales de lo que afirmaba. La universidad insistió ante la Fundación, pero hasta el cierre de esta historia este equipo periodístico no pudo constatar si ésta había respondido satisfactoriamente.

Al preguntarle al decano Omar Melo y al vicerrector Jonh Jairo Méndez, durante una reunión virtual en noviembre pasado, ellos admitieron falencias de la universidad durante el proceso de la iniciativa en el Bosque de Galilea. “Teníamos imprecisiones y debilidades, y a medida que la comunidad fue generando sus derechos de petición, nosotros al interior de la Universidad del Tolima nos preguntamos, ¿oiga, qué es el proyecto? ¿Qué sabemos realmente nosotros del proyecto? Así comenzamos a organizarnos y creo que en este momento es otra historia totalmente diferente”, explicó Melo. Aclaró que reconocen que hay parte de la comunidad que no se está beneficiando y que eso ha traído conflictos, pero que esos hechos sucedieron “en la administraciones anteriores”. En palabras del secretario general Andrés Felipe Bedoya, “la universidad, por tener titularidad en el territorio, termina involucrada en estos conflictos, pero no es la generadora”.

En una respuesta posterior, la rectoría de la Universidad del Tolima dijo a esta alianza periodística que encontró en archivos dos pruebas que soportaban que la entidad sí había develado su condición de propietaria de predios a los habitantes de Galilea. Como soporte, adjuntó una presentación de Power Point que, según explicó, usó en socializaciones en 2018 con la comunidad y en una de cuyas diapositivas figura un mapa de dueños de los predios, similar al que aparece en los documentos del proyecto Redd+. También adjuntó un documento elaborado con Cortolima listando una treintena de talleres hechos en la zona de Galilea durante el proceso de declaratoria del parque regional en los que, en sus palabras, se abordaron “con transparencia, profundidad y contenido los aspectos de propiedad, tenencia y ocupación de las comunidades y demás instituciones con presencia en el área como es el caso de la Universidad del Tolima”.

En todo caso, el vicerrector Méndez confirmó que no les han entrado recursos por la venta de los bonos de carbono y añadió que están pensando en una ruta para recuperar la confianza de los campesinos en Galilea que pasa por involucrarlos en las actividades que, como resultado del proyecto, podrán financiar. Por eso, explicó, consideran a Galilea “un laboratorio vivo” para el trabajo de la universidad en áreas lejanas del departamento.

¿El responsable del 87% del Bosque Galilea cómo va?

Olga Lucía Alfonso, directora de la autoridad ambiental departamental Cortolima, que administra el Parque Regional Bosque de Galilea que, como se contó antes, abarca un 87 % del área incluida en el proyecto Redd+, dijo públicamente que apenas se había enterado del proyecto de carbono el 10 de mayo de 2022 durante una audiencia pública citada por la Contraloría Departamental en Ibagué para hablar del plan de manejo ambiental del parque regional.

Sin embargo, en febrero de 2019, ante una consulta del representante a la Cámara David Racero, Cortolima expresó que “la corporación ha tenido conocimiento de un proyecto de Redd+ que se desarrolla dentro del polígono declarado como área protegida” y que lo sabía por la información divulgada por la Fundación Amé, advirtiendo que no era su competencia supervisar ese tipo de iniciativas. Es decir, hacía más de tres años que conocía la existencia de una iniciativa de bonos de carbono dentro el parque regional de cuya administración es responsable.

Respuesta de la autoridad ambiental del Tolima que afirma conocer el proyecto Redd+ en el 2019. Fuente: Respuesta de Cortolima al congresista David Racero.

Pese a insistir públicamente en no tener ninguna relación con el proyecto, la autoridad ambiental aparece mencionada en sus documentos. El PDD lista el “apoyo a Cortolima en los estudios de flora y fauna de la zona” como una de las actividades del proyecto de carbono y habla de “asistencia a reuniones con Cortolima y la comunidad en general para la búsqueda de estrategias de conservación”.

En otras palabras, la directora de Cortolima negó saber de un proyecto que la misma entidad que dirige había ya señalado conocer y sobre el cual dijo haber conversado en al menos seis oportunidades con la Fundación Amé, según consta en su respuesta al congresista Racero.

Cortolima dijo a esta alianza periodística que “en su calidad de administrador del área protegida, actúa como autoridad ambiental y lleva a cabo actividades de control y vigilancia”, pero “no guarda relación con las actividades realizadas en el marco del proyecto de bonos de carbono en predios dentro” del Parque Regional Bosque de Galilea. Añadió que no existe ningún convenio con la Fundación Amé. (Ver respuestas de Cortolima acá).

¿Quién comercializó los bonos?

Al menos siete empresas figuran en el registro de transacciones de los bonos de Galilea como titulares de cuenta que han participado en su comercialización, entre ellas Ecocarbono SAS Zomac y varias desarrolladoras de proyectos  de carbono similares como South Pole, Biofix y Terra Commodities. Es decir, por las manos de estas empresas pasaron los bonos vendidos, que —vale la pena recordarlo— hasta diciembre de 2023, según la plataforma de BioCarbon Registry, sumaban 458.258. Aunque no se conoce su valor, en los informes internos de la universidad los bonos vendidos hasta agosto de 2019 equivaldrían a unos 775 mil dólares.

Ecocarbono SAS Zomac, creada en 2017 para desarrollar actividades forestales y de silvicultura, no obstante, no es una ejecutora independiente de otros actores que impulsan el proyecto de Galilea. Registrada en Villarrica y con dirección en el municipio tolimense de Prado, esta empresa aparece como “encargada de desarrollar los proyectos productivos y gestionar los bonos de carbono”. Según el registro de Cámara de Comercio, fue el exdecano y fundador de Amé, Rafael Vargas Ríos, quien la constituyó y fue su gerente y representante legal hasta mayo de 2019, poco antes de morir.

Luz Ángela Palacios, la exrepresentante de la Fundación Amé y su vicepresidenta entre 2018 y 2021, es la actual representante legal y una de las accionistas de Ecocarbono.

Según un informe de monitoreo del proyecto de 2022, la Fundación Amé y Ecocarbono comparten incluso la misma dirección en una oficina en el octavo piso de un edificio en la Autopista Norte en Bogotá.

La Fundación Amé y la empresa Ecocarbono SAS Zomac aparecen en documentos del proyecto con la misma representante y dirección física. Fuente: Informe de auditoría de Aenor de 2022.

Palacios, una profesional de negocios internacionales que trabajó como agregada comercial en la embajada colombiana en India, según fue presentada en el webinar de South Pole, también está asociada con la primera compradora de bonos de carbono del proyecto Galilea, el Grupo Seratta. Esta empresa, que usó 208 bonos del proyecto Redd+ de Amé en noviembre de 2019, dice en su página web ser dueña de varios restaurantes y comprar miel orgánica producida en el Bosque Galilea. Palacios fue gerente de Grupo Seratta entre mayo de 2019 y enero de 2020, cuando pasó a formar parte de su junta directiva como miembro suplente.

La suiza South Pole —uno de los gigantes del mercado de carbono a nivel mundial, que aparece como formuladora del proyecto en Tolima— dijo a este equipo periodístico que se retiró del proyecto Redd+ en el Bosque de Galilea desde 2021 por diferencias de gestión con los otros participantes. “Identificamos aspectos sobre el manejo del proyecto que no cumplían los estándares de implementación que esperamos de los proponentes de proyectos con los que trabajamos globalmente”, dijo Carolina Jaramillo, su directora regional de proyectos climáticos. Por ello, explicó, terminaron su acuerdo con la Fundación Amé.

Según Jaramillo, influyeron en la decisión de South Pole preocupaciones sobre “la velocidad y el nivel cualitativo de las actividades sociales y comunitarias inicialmente previstas en el PDD”, incluyendo las de apicultura, guardabosques, el aula de educación ambiental y el mariposario. “Lamentablemente, el progreso en la implementación de las actividades fue escaso y por eso decidimos rescindir el acuerdo”, añadió. South Pole no respondió si expresó sus preocupaciones a los auditores y a la certificadora que dieron su visto bueno al proyecto.

Los vigías del proyecto que no lo fueron

En el esquema de funcionamiento del mercado de carbono, para garantizar calidad y transparencia a los compradores de los bonos, los desarrolladores deben contratar primero a una empresa auditora que visite el proyecto, valide sus resultados ambientales y verifique de manera imparcial la cantidad de emisiones de gases contaminantes que evitó. Si pasa la auditoría, un estándar de certificación otorga su sello de calidad al proyecto y le permite emitir créditos.

Ambos actores, auditor y certificador, deberían estar en capacidad de detectar si un proyecto tiene un problema grueso, como la exclusión de una comunidad.

No obstante, a pesar de las múltiples contradicciones, debilidades, posibles conflictos de interés, exclusión de habitantes locales y falta de transparencia aquí expuestos, dos auditoras le dieron su visto bueno al proyecto de bonos de carbono en el Bosque de Galilea. Primero lo hizo la colombiana Icontec —que validó el proyecto en 2018— y luego la española Aenor como verificadora en dos ocasiones, en 2019 y 2022. Ninguno, para citar sólo un ejemplo concreto de lo que no vieron, identificó la posible existencia de un centenar de familias campesinas que han habitado esas tierras sin haber sido incluidas como beneficiarias en el proyecto.

En noviembre de 2019, la empresa colombiana BioCarbon Registry —conocida hasta el 2022 como ProClima— certificó el proyecto y sus resultados ambientales, permitiéndole venderlos en el mercado voluntario de carbono.

¿Por qué esta vigilancia pudo haber sido deficiente? Al menos uno de los equipos auditores ni siquiera visitó el Bosque de Galilea en persona. “Por causas de fuerza mayor están restringidas las visitas de personas externas a la comunidad debido a la presencia actual de actores violentos en la zona”, escribió la auditora española Aenor en su más reciente informe, preparado durante 2021 y presentado en marzo de 2022. Por ese motivo, señaló, “el proponente del proyecto y actores aliados (Universidad del Tolima, municipios de Villarrica y Cunday) desestimaron la posibilidad de una visita en sitio, en tanto que no podía ser asegurada la integridad de los visitantes externos”. El informe también señaló que no publica los nombres de las personas que entrevistaron por confidencialidad.

“Ese párrafo nos pone otra vez en peligro”, dice el líder local Fabio Londoño. “Es volver a tener miedo de ir a Galilea, es volver a sembrar el terror. Es una falta de respeto con el campesinado”. Esta alianza periodística no encontró reportes que describan riesgos de ese tipo en esas fechas ni en el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ni en la prensa regional.

En su anterior auditoría, Aenor sí había enviado personas a visitar Galilea durante cuatro días y, en su informe fechado en octubre de 2019, dijo haber realizado entrevistas con “diversas partes interesadas del proyecto” e incluyó una tabla con los nombres de las personas. Heriberto Díaz, quien aparece en la lista, dijo a esta alianza periodística no haber hablado con Aenor. Según él, aceptó una oferta de apoyo de la Fundación Amé en 2019 con panales de abejas de especies nativas para producir y vender miel, pero luego se retiró.

Cuatro años después, Díaz dice haberse sorprendido de ver su nombre en el informe, que menciona a un beneficiario con el nombre parecido Edilberto y su apellido. Dice que nunca le contaron que las actividades de apicultura hacían parte de la iniciativa Redd+ y que nunca habló con Aenor en el bosque o en el pueblo, sino de manera informal con Cristian Galindo, quien era el coordinador de actividades de apicultura y guardabosques de la Fundación Amé. “Me vine a enterar de que ese documento decía que me habían entrevistado y no. Yo solo hablé con Cristian”, dijo. 

Al cierre de este reportaje, Aenor no había respondido a las preguntas de este equipo periodístico.

La certificadora BioCarbon Registry despierta otras preguntas. La persona que la fundó y la lidera fue también quien primero auditó el proyecto en Galilea para Icontec, según consta en los documentos del proyecto.

Se trata de Ángela Duque Villegas, una ingeniera forestal y economista ambiental que trabajó en la oficina de cambio climático del Ministerio de Ambiente y que aparece en la auditoría hecha por Icontec en junio de 2018 como auditora líder y experta sectorial a cargo de la revisión de información del proyecto en Galilea, de la visita en sitio y de la elaboración del informe de verificación.

Fue ella quien constituyó BioCarbon Registry en septiembre de 2019 como accionista única y con el nombre Proclima SAS, con el objeto del “desarrollo y manejo de estándares de carbono” para cuantificar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el registro de proyectos que lo logren. A diciembre de 2023, BioCarbon Registry tenía listados 57 proyectos Redd+ en once países, entre éstos el del Bosque de Galilea, que aparece registrado desde el 10 de noviembre de 2019.

Duque explicó a esta alianza periodística que el proyecto en Bosque de Galilea fue registrado por BioCarbon Registry “con base en un proceso riguroso de verificación cuyo resultado es el Reporte de Verificación emitido por Aenor”. Reconoció que ella sí formó parte del primer equipo auditor con Icontec, pero que no participó en el proceso de evaluación hecho luego por BioCarbon Registry, explicando que “en ese momento [cuando trabajó con Icontec] no existían los procesos de certificación y registro, servicios que ahora brindamos como Programa de GEI” en BioCarbon Registry. También dijo que su certificadora tiene una política anticorrupción, que incluye los pasos a seguir en casos de posibles conflictos de interés, y un documento de manejo de la imparcialidad que especifica que “las personas involucradas en el equipo profesional de la organización no formarán parte de los procesos de certificación de Proyectos de GEI en los que hubieran tenido alguna participación”.

¿Quién ha recibido los dineros de las ventas de los bonos?

En el papel, la Universidad del Tolima recibiría la mitad de las ganancias del proyecto en el Bosque de Galilea. No obstante, sus directivos sostienen que aún no han visto un peso. La otra mitad, según establece el diseño original, debería ir a la Fundación Amé, como representante de 124 predios que administra y otros 14 de los que es codueña con la Universidad del Tolima, para un total de 139 bajo su ala. Esta Fundación, sin embargo, no ha respondido preguntas de este equipo periodístico sobre si ha recibido y repartido estos dineros, y a quiénes.

Los datos consignados en varios documentos del proyecto de carbono sugieren que hay un número indeterminado de “propietarios privados” que también podrían estar cosechando sus réditos.

Un documento de monitoreo de 2022 explica que los propietarios de 139 predios firmaron acuerdos de conservación con la Fundación Amé y son beneficiarios de un fideicomiso llamado Parqueo Fondo Ambiental. Quien gerencia el fideicomiso es la Acción Sociedad Fiduciaria S.A. y la representación del mismo fondo fiduciario la tiene El Cielo Construcciones S.A.S. No revela las identidades de sus dueños.

Otros cuatro predios pertenecen a la Fundación ICPP, que opera el Instituto Colombiano de Panadería y Pastelería y anteriormente era llamada Fundación Sigra, bajo un acuerdo de conservación similar con Amé. Diez predios más pertenecen a la familia Ospina Perea, que también firmó un acuerdo idéntico con Amé.

Este cuadro explica quiénes son los propietarios de las tierras beneficiadas por el proyecto Bosque Galilea y cómo están organizadas éstas. Fuente: Informe de monitoreo del proyecto Bosque Galilea-Amé de 2022.

El informe de auditoría de Aenor de 2019 explica que “la propiedad de cualquier tipo de crédito de carbono u otros pagos por servicios ambientales corresponde a los propietarios de los predios, los cuales transfieren dicha propiedad a la Fundación Amé durante la vigencia de los acuerdos”.

Pero la Fundación que gestiona el proyecto también tiene lazos con quienes administran el fondo fiduciario donde están los predios. Luz Ángela Palacios, la exdirectiva de Amé (gestora principal del proyecto Red+) y actual directiva de Ecocarbono (encargada de desarrollar los proyectos y actividades de conservación) y de Grupo Seratta (exgerente del grupo de restaurantes compradores pioneros de los bonos de este bosque de niebla), ha sido subgerente de El Cielo Construcciones desde 2017 e integrante de su junta directiva desde 2022, según consta en sus documentos de Cámara de Comercio.

El propietario, en condición de accionista único, de la empresa fundada en 2011 como Verde Futuro SAS y rebautizada en 2018 a El Cielo Construcciones, ha sido Julio César Palacios Ospina, quien a su vez ha sido accionista de Ecocarbono SAS Zomac y miembro de la junta de Grupo Seratta. Otras tres personas —Miguel Ángel Palacios Campuzano, Jairo Alberto Palacios Ospina y Esther Julia Ospina López— han figurado a la vez como miembros suplentes de la junta directiva de El Cielo y accionistas de Ecocarbono.

Así mismo, El Cielo Construcciones tuvo al ya fallecido Rafael Vargas, el exdecano de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima que cofundó la Fundación Amé y gerenció Ecocarbono, como subgerente segundo entre 2017 y 2019, según actas de la Cámara de Comercio.

De hecho, también han coincidido sus direcciones físicas: a noviembre de 2018, El Cielo Construcciones listaba la misma oficina 804 de un edificio del norte de Bogotá que figura en documentos del proyecto como la ubicación física tanto de Amé como de Ecocarbono.

Desde la Universidad del Tolima, el vicerrector Jonh Jairo Méndez insiste en que “le pedimos a la comunidad que confié en su universidad” y “que nos miren como sus aliados” para corregir los problemas hasta ahora detectados. Para los habitantes hasta ahora excluidos, sin embargo, el proyecto de bonos de carbono del Bosque de Galilea sigue envuelto en la misma bruma que caracteriza a los ecosistemas de alta montaña de los Andes que busca proteger.

*Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência Pública, Infoamazonia, Mongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Revisión legal: El Veinte. Diseño logo: La Fábrica Memética. Esta investigación contó con el apoyo de La Liga Contra el Silencio y la Fundación Heinrich Böll.