En esta segunda entrega sobre Floro Piedrahita, además de las revueltas en las orillas del Río Grande, se respira el aroma mohoso del panóptico, la burocracia centralista y la revelación tanto de los cuerpos como de las imágenes. Un recorrido por la zona tórrida y convulsa de principios del siglo XX colombiano.

Desterrar y encarcelar

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Por JUAN CAMILO ESCOBAR VILLEGAS y ADOLFO LEÓN MAYA SALAZAR*

Preludio

Mientras que en los puertos del río Magdalena durante los años veinte, los trabajadores en huelga escribían pliegos de peticiones, exigían el establecimiento de una legislación que garantizara la división de los días laborales en tres actividades de ocho horas, enarbolaban banderas, coreaban consignas y marchaban solidarios por las calles, en las oficinas de algunos comerciantes y empresarios se elaboraban afiches y se imprimían tarjetas postales en las que se hacía saber “a los obreros y trabajadores en general que solamente darán trabajo a los que no acojan las ideas que van en contra del capitalismo, que es la base del trabajo y del progreso”.

Las fotografías de Floro Piedrahita dejan leer el carácter conflictivo, contradictorio y polémico entre dos clases sociales que se estaban configurando en el proceso socioeconómico capitalista en Colombia. Este choque, o esta “lucha de clases”, revelaba a la vez una confrontación política e ideológica que se venía mundializando desde comienzos del XIX en el marco de la Revolución Industrial y la consolidación de las ideas socialistas y comunistas. Por una parte, se organizaban los trabajadores, obreros, proletarios, indígenas, campesinos y otros ciudadanos que defendían derechos económicos, como artesanos de diversos oficios, mujeres que reclamaban reconocimiento y autonomía, gente negra que luchaba contra los prejuicios racistas que pervivían en mentalidades, imaginarios y legislaciones raciales; por otra parte, se unían y protegían los empresarios, comerciantes, capitalistas, burgueses, terratenientes y otros miembros de lo que ha sido denominado, en la teoría clásica marxista, la clase dominante. En palabras de quienes vivían y comerciaban en el Puerto de Girardot, en 1923, a orillas del Río Grande de la Magdalena, se trataba de un enfrentamiento entre “individuos que manifiestan tendencias contrarias al comercio y empresas de la ciudad”, y de propietarios de “importantes casas” que tenían la “firme resolución y están resueltos a no dar trabajo” a los anteriores “individuos”. En otras palabras, para quienes se veían cuestionados y exigidos a transformar las relaciones de trabajo o a revolucionar el mundo de los derechos laborales no se trataba entonces de una lucha de clases, sino de la intervención de unos individuos “enemigos del progreso”, del trabajo, del comercio y de las empresas del país.

[Cuatro camaradas presos en el panóptico de Tunja, Ricardo López, Raúl Eduardo Mahecha, Floro Piedrahita y Julio Buriticá (sentado)], fotografía atribuible a Isaac Gutiérrez con la cámara de Floro Piedrahita, Tunja, 1927, fotografía, negativo en acetato, 9 x 14 cm, AFPC.

Un par de años antes, en los espacios del Congreso colombiano, se estuvo discutiendo intensamente un proyecto de ley que terminó llamándose Ley 114 de 1922 sobre emigración y colonias agrícolas. En ella se definió: “Con el fin de propender al desarrollo económico e intelectual del país y al mejoramiento de sus condiciones étnicas, tanto físicas como morales, el poder ejecutivo fomentará la inmigración de individuos y de familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deban ser motivo de precauciones respecto al orden social o del fin que acaba de indicarse, y que vengan con el objeto de laborar la tierra, establecer nuevas industrias o mejorar las existentes, introducir y enseñar las ciencias y las artes, y, en general, que sean elementos de civilización y progreso”.

En otros términos, podría decirse que las élites políticas presentes en los debates que aprobaron aquella ley sobre inmigrantes deseables e indeseables consideraban la existencia de “condiciones raciales” no aptas para mejorar e impulsar el capitalismo, sinónimo de “trabajo y progreso”, según lo declaraba el cartel que publicaron en Girardot el 5 de octubre de 1923 los comerciantes y empresarios firmantes. Existía un imaginario político común entre quienes aprobaron la Ley 114 de 1922, que tenía como fin “propender al desarrollo económico e intelectual” de Colombia, y las élites económicas de Girardot, decididas a mantener en el desempleo, y por tanto en la miseria, a unas listas precisas de colombianos simpatizantes con las ideas socialistas. Ambos grupos de poder pensaban que hay individuos peligrosos y no aptos para el funcionamiento económico y social del país; ambos tomaron medidas drásticas para impedir la vida de quienes consideraban inoportunos por sus “condiciones étnicas” o por sus “tendencias contrarias” al “orden social”, al “capitalismo” y a “la civilización y el progreso”. Luchar por los derechos laborales, por la tierra, por la igualdad ciudadana y por la autonomía de las mujeres implicaba al mismo tiempo, en la Colombia de las décadas de 1920 y 1930, combatir un poderoso imaginario político con características raciales, económicas y legales.

Si en Girardot y en las salas del capitolio se propugnaba por cerrarles el paso a ciertos individuos, en el Teatro Municipal de Bogotá y en Cartagena ya se habían sentado las bases ideológicas del imaginario racial que clausuraba fronteras y contratos de trabajo. En el Tercer Congreso Médico Colombiano, realizado en Cartagena de Indias en 1918, el doctor Miguel Jiménez López presentó su estudio científico “Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares”. Allí aseguró que “la degeneración de la raza” en Colombia necesitaba una “terapéutica” con un “remedio causal que ataque la enfermedad en su origen”, porque “se trata simplemente de razas agotadas que es preciso rejuvenecer con sangre fresca”. Dos años después, en 1920, se realizó una serie de conferencias que luego se publicaron en el libro Los problemas de la raza en Colombia. Allí Jiménez López presentó de nuevo sus análisis promoviendo la inmigración de ciertos individuos provenientes de Europa. A su lado estuvo también otro médico y hombre de Estado, el señor Luis López de Mesa, quien aseguró que “los caracteres atávicos” que se transmitían en la herencia, según sus estudios en historia de la biología, podrían permanecer dormidos si no se “recibe incesantemente una privilegiada inmigración de buena sangre y de riqueza”.

En este contexto, no fue extraño entonces que uno de los castigos infringidos a los huelguistas de Barrancabermeja en 1924 hubiese sido el destierro de más de trescientos trabajadores, quienes se habían organizado y atrevido a reclamar ocho horas de trabajo y mejores condiciones laborales en la empresa petrolera Tropical Oil Company. No hemos podido hallar este expediente, pero sí existen rastros del terrible castigo en medio del cual los trabajadores se quedaron no solamente sin trabajo, sino también sin patria. En la prensa de la época, en particular en El Correo Liberal publicado en Medellín el 29 de octubre de 1924, se asegura que “hasta estos momentos han sido deportados de Barrancabermeja mil doscientos obreros. Se espera que el problema sea resuelto de manera satisfactoria y justa”. Esta cita forma parte de la reflexión que Ignacio Torres Giraldo dejó en su obra Los inconformes. En efecto, el líder revolucionario de aquellos años interpela esta información periodística exclamando: “¡Hase (sic) visto mayor cinismo! ¿De suerte que así se resolvía el problema ‘de manera satisfactoria y justa’? ¡Justicia de encomenderos y de esclavistas, esta que botó a los trabajadores insumisos de los campos petroleros de Barranca a la costa del mar Atlántico!”. En el mismo tono cuestionador, el autor de Los inconformes muestra además otra declaración del abogado del Ministerio de Industrias, en la que se reinterpretan eufemísticamente estos acontecimientos: “No hubo tales deportaciones sino emigración voluntaria de los trabajadores”. Esta mención al evento de deportación y destierro proviene de los relatos de Ignacio Torres Giraldo, quien era para la época un líder revolucionario cercano a las luchas obreras.

De acuerdo con lo que leemos en las fotos, la atmósfera conflictiva de los días de huelga estuvo enmarcada por valoraciones y repertorios contrapuestos. Para los dirigentes gubernamentales y empresariales, las reivindicaciones laborales eran exageradas; por ello, no era posible poner anjeos a los dormitorios, ubicar puestos de salud dentro de la empresa, mejorar el trato de los capataces hacia los obreros, pagar dominicales, dejar de vigilar la voluntad de los trabajadores en su tiempo libre y no recibir sus pagos salariales redimibles en las llamadas proveedurías o comisariatos. Esta última petición coincide con el pedido del autor del libro Problemas colombianos, el ingeniero Alejandro López, y con las reflexiones del expresidente de Colombia, el señor Carlos E. Restrepo, cuando reseñó el libro de López en la revista Progreso, órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín.

El exgobernante, el mismo año de la segunda huelga general de trabajadores en contra de la Troco sobre las riberas del río rojo y cuando el obrerismo socialista estaba expandiéndose en el país y en distintas partes del mundo, escribió lo siguiente: “Pide el Dr. López, y a su voz unimos la nuestra clamorosa, que la ley prohíba en absoluto las llamadas proveedurías o comisariatos, manera de pagar los salarios en especie y modo de especular sobre ellos ilícitamente. Recuerda que en todos los países civilizados se han suprimido, y que en Francia los veda la ley sobre economats”.

Es importante recordar, de acuerdo con los autores de Petróleo y protesta obrera: la USO y los trabajadores petroleros en Colombia en tiempos de la Tropical, que esta práctica de los comisariatos se inició por parte de la Tropical desde 1916, justo cuando se adelantaron las primeras acciones para legalizar el traspaso de la Concesión de Mares a la Tropical Oil Company, y se mantuvo hasta mediados del siglo XX, cuando venció dicho traspaso.

Así como los discursos y los periódicos de Mahecha y sus amigos eran un signo que permitía acusarlos de agitación social y perturbación política, las fotografías de Floro Piedrahita también inquietaban a los acusadores, pues veían en ellas otra forma de rebeldía y sedición contra el establecimiento estatal y el orden económico que proponía la empresa norteamericana. Las pocas fotos que se conservan hoy en los archivos fotográficos colombianos sobre los movimientos sociales de las primeras décadas del siglo XX en Colombia, entre ellas el centenar y medio de fotos que pudo preservar de las llamas la hija de Piedrahita Callejas, constituyen un acervo documental iconográfico para leer el desafío que expresaban aquellas multitudes decididas a probar el talante democrático e institucional de las élites políticas y empresariales como jefes de Estado o dirigentes económicos. Quizás algo de esto alcanzó a vislumbrar el juez civil y militar que condenó a prisión al fotógrafo Piedrahita, al editor Ricardo López, al maestro de escuela Julio Buriticá, al infatigable líder revolucionario Mahecha y al cronista obrero Isaac Gutiérrez. ¿Sería por eso que las imágenes de las aglomeraciones de trabajadores marchando le parecieron amenazantes? Algunas fotos denuncian acciones que patentizan el juego de imágenes y contraimágenes que se manifestaron los unos, los del establecimiento, y los otros, los críticos y pugnaces al Estado débil y angosto que ejercía la administración de lo público y el ejercicio de la deseada soberanía nacional. En otras palabras, las imágenes de Floro no ilustraban simplemente el progreso tecnológico de Barrancabermeja o “la armonía” en las relaciones de trabajo como lo hicieron los fotógrafos de la Tropical, ellas denotaban la debilidad del Estado colombiano y la fortaleza de los trabajadores.

Eran diferentes caras de las relaciones entre capital y trabajo, y entre Estado y sociedad. En consecuencia, es posible decir que las fotografías de Floro Piedrahita indican un tenso entramado social y político de la historia contemporánea de Colombia, y permiten reconocer una trayectoria de formación y construcción de Estado, identificada por la debilidad de unas técnicas de gobierno cooptadas por las luchas entre los partidos políticos tradicionales, en las cuales las ofertas de las compañías que buscaban materias primas encontraban un terreno propicio y favorable. Denunciarlo visualmente fue muy incómodo para las autoridades que trataban de contener el impulso reivindicativo del obrerismo y fue muy peligroso para la humanidad del fotógrafo pionero de la reportería gráfica de las luchas de los asalariados durante los años veinte en Colombia.

El enclave petrolero fue legitimado por la política norteamericana, que había declarado su voluntad de poder cuando Woodrow Wilson dijo “que no quede en el mundo ningún punto utilizable que sea dejado de lado o desaprovechado”, y legalizado por la escritura notarial firmada por el Estado colombiano a favor de la Tropical Oil Company. Las dos primeras huelgas de Barranca en contra de las condiciones de trabajo ofrecidas por el enclave petrolero terminaron por perfilar una cultura política que luchaba por los derechos laborales y denunciaba la alianza y complacencia de los gobiernos de Colombia con aquella otra forma paraestatal y apátrida que representaron las economías de enclave.

Esas huelgas llevaron preso en las dos ocasiones, en octubre de 1924 y en enero de 1927, a su principal líder, el rebelde y hombre de letras Raúl Eduardo Mahecha. No tenemos fotografías de la primera vez, cuando terminó encerrado y vilipendiado durante diecisiete meses en una prisión de Medellín. Pero sí existe un grupo de fotografías de Floro Piedrahita que nos permiten seguir pensando el arte fotográfico y sus relaciones con lo político y la movilización de los obreros en Colombia cuando las legislaciones laborales eran apenas incipientes. Estos registros visuales parecen, por momentos, la expresión de una amistad íntima entre presos y guardias.Podría decirse que los policías sienten alguna admiración por aquellos “agitadores de oficio” y que no ven en ellos los delincuentes peligrosos y convictos que describen los expedientes acusatorios, algunas autoridades gubernamentales colombianas y los funcionarios de la compañía petrolera de Estados Unidos. (1)