Placa y plomo

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por TEMBLORES ONG
Fotografía de Juan Fernando Ospina

Desde hace un buen tiempo, el mundo entero ha venido conociendo, una tras otra, las imágenes de la violencia policial en decenas de países. Cada vez es más evidente que la violencia de uniforme no obedece a los malos comportamientos de unos cuantos oficiales, sino a un problema que tiene sus raíces, fundamentalmente, en el poder que le hemos otorgado al Estado para que detente el uso de la fuerza sobre nuestros cuerpos, a través de policías y militares. El problema es en verdad de concepción del orden y de las obligaciones ciudadanas, de nociones de policía y soberanía, de seguridad y Estado. Así los gobiernos insistan en promover el discurso de las manzanas podridas, cada vez que se documenta y denuncia un caso de violencia policial, por ejemplo, incremento en la letalidad de sus prácticas o dominio de la fuerza oficial sobre el espacio público, vemos que es un problema estructural que se convierte en la norma y no en la excepción.

El año pasado se conocieron las denuncias de las prácticas policiales de disparar a los manifestantes en los ojos durante el estallido social en Chile, o de utilizar armamentos y municiones no convencionales como los bean bags, que acabaron con la vida de Dylan Cruz, en Colombia. Sin ir más lejos en el tiempo, este año hemos conocido las terribles imágenes de agentes policiales que, incluso, con la fuerza de su cuerpo han asesinado a ciudadanos como George Floyd y Javier Ordóñez. Adicionalmente, las protestas originadas contra estos homicidios han desencadenado una reiteración de las prácticas de violencia policial homicida en contra de la ciudadanía.

Protesta social y violencia policial son dos asuntos que en nuestras narrativas socioculturales siempre han estado de la mano: la protesta social en el mundo ha sido sistemáticamente reprimida por medio del uso de la fuerza. Pero, hoy por hoy, cada vez es más común que la protesta se organice en contra de los abusos y de las violencias cometidas por los Estados a través de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas. Nos han reprimido en las protestas sociales y las protestas se han convertido en el único vehículo que tenemos para luchar en contra de un Estado policial violento, patriarcal y violador de los derechos humanos. Un círculo vicioso que solo gasta munición y desgasta derechos, incluido el de la vida.

Pero la protesta social es tan solo una de las aristas que conforman este complejo escenario de represión. Día a día, las personas que usan drogas, los que hacen de la calle su lugar de trabajo o vivienda, las personas LGBTI, los negros, los indígenas, los jóvenes, las mujeres viven en sus cuerpos los efectos de un Estado racista, homofóbico, aporofóbico y machista que de manera selectiva, y cuidadosamente, perfila y define quién es prescindible y, por tanto, matable.

La impunidad reina cuando se trata de clamar justicia por las víctimas del abuso de fuerza de los agentes. Denunciar, muchas veces, puede significar más violencias. Y probar las violencias policiales comúnmente se convierte en la palabra de la ciudadanía en contra de la del Estado. La ausencia de registros estatales que den cuenta sobre la problemática, por su parte, nos ha mostrado la necesidad de crear plataformas ciudadanas que lleven la cuenta de los atroces crímenes de la policía y que sepan analizar los datos desde enfoques diferenciales. El alto grado de subregistro de las violencias policiales ha sido uno de los principales incubadores de esta pandemia global que es la impunidad amparada por el propio Estado.

Es por eso que desde Temblores ONG hemos insistido en crear herramientas rigurosas que permitan realizar un adecuado registro de los casos y una permanente documentación de los contextos, las prácticas y las características de las dinámicas en las que ocurren los hechos de violencia policial. Así, a través de nuestra plataforma GRITA (Grabar, Registrar, Investigar, Triangular y Asesorar casos de violencia policial), hemos preparado el informe de derechos humanos Bolillo, Dios y Patria: reporte sombra sobre las violencias policiales en Colombia que no solo demuestra que la violencia policial es estructural y que se sostiene en un aparato legal que legitima prácticas de arbitrariedad y violación de derechos fundamentales, sino que, además, afecta de manera desproporcionada a sujetos de especial protección constitucional.

Entre los años 2017 y 2019, Medicina Legal registró que 639 personas perdieron la vida a manos de agentes de la fuerza pública en Colombia. Según estas cifras oficiales, 328 casos fueron presuntamente cometidos por las fuerzas militares, 289 por la policía y 22 por servicios de inteligencia. Mientras que las Fuerzas militares fueron responsables del 51.3 % de los casos, a la policía se atribuyen el 45.2 % y a los servicios de inteligencia 3 % (tabla 1).

En ese mismo período se registraron 40 489 hechos de violencia física. Según la información suministrada por Medicina Legal, la policía fue la institución con el mayor número de agresiones a la población civil, con 39 613 casos, seguida por el ejército con 809 y los servicios de inteligencia con 55. Es decir que, a diferencia de la violencia homicida, en la que los casos se distribuyen de manera similar entre el ejército y la policía, en la violencia física, el 97 % de los casos fueron cometidos por miembros de la policía (tabla 2).

En cuanto a la violencia sexual, en este mismo período, hubo 241 casos cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública. Según los datos recopilados, 139 casos corresponden a las fuerzas militares mientras que 102 son adjudicados a la policía. A diferencia de la violencia física y homicida, en la que el mayor número de víctimas son hombres, en la violencia sexual, el 74 % de los casos corresponden a mujeres (tabla 3).

La ausencia de diagnósticos acertados sobre la violencia policial en Colombia ha dificultado la posibilidad de proponer estrategias para la erradicación de la violencia policial: reforma sobre el uso de la fuerza, los tipos de armamentos, los procedimientos policiales, los códigos que regulan la actividad policial y los sistemas de administración de la justicia.

Las alarmantes cifras de violencia homicida, física y sexual que hacen parte de Bolillo, Dios y Patria, que serán presentadas en noviembre, pretenden construir un primer diagnóstico que permita evaluar la situación actual de violencia por parte de la fuerza pública en el marco de las conversaciones sobre una reforma policial que resulta inaplazable.