Líderes de grupos ilegales conocidos como “torres”, muchos de los cuales han sido recientemente dejados en libertad o son buscados por las autoridades, se dirigen a ubicaciones más remotas fuera de las capitales estatales y de los centros urbanos para evitar la detección policial.
“Cuando llegan, ellos establecen una relación con el narcotráfico porque necesitan mantenerse económicamente”, dice.
Couto explica que el CV en Barcarena seguramente buscará expandir su influencia en la región portuaria, tal como lo hizo el PCC hace años, en el puerto Santos de São Paulo, donde ahora ejerce una influencia significativa.
Explica que el CV se extendió rápidamente en Pará, reclutando miembros dentro del brutal sistema penitenciario del estado, después de que los presos de Pará, fueran encarcelados con miembros del CV en prisiones federales, en otras partes de Brasil.
Los miembros del CV de Pará también se han incrementado cada vez más en Río de Janeiro. Leonardo Costa Araújo, líder de un grupo ilegal conocido como ‘Leo 41’, fue asesinado en marzo en una operación policial que dejó 13 muertos, en el Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Región Metropolitana de Río.
El PCC, el principal rival nacional del CV, también opera en Pará, principalmente en la logística del narcotráfico en el sur del estado. Recientemente, las autoridades allanaron propiedades relacionadas con presuntos abogados del grupo en las ciudades de Marabá y Castanhal. Agrupaciones más pequeñas, así como varios grupos de milicias que involucran a oficiales de policía corruptos, también operan en el estado.
Además del aumento de la delincuencia, varios desastres industriales de importancia han ocurrido desde 2010 y han destruido gravemente los hábitats locales, de los cuales dependían las comunidades tradicionales.
En 2015, un buque de carga libanés, que se dirigía a Venezuela con 5.000 vacas y 700 toneladas de petróleo, se hundió en el puerto de Vila do Conde, lo que provocó la muerte de la mayoría del ganado y el derrame de parte del petróleo en el río. Los estudios encontraron que el accidente mermó gravemente las poblaciones de peces, perjudicando los medios de subsistencia de los habitantes.
Tres años después, los pobladores se quejaron ante las autoridades de la sospecha de fugas tóxicas en la fundición de aluminio más grande del mundo, propiedad de la empresa financiada por la Noruega Norsk Hydro, la cual había envenenado aún más los ríos locales, queja que luego fue confirmada por estudios. Poco después, el líder quilombo Paulo Nascimento fue asesinado. Abogados y activistas vincularon su asesinato con sus reclamos, pero la empresa negó su participación.
“Lo que vemos es la creciente asfixia de las comunidades tradicionales de Barcarena, tanto por el crimen como por la industria pesada, la cual destruye sus formas de vida tradicionales”, dice Cícero Pedrosa, periodista y antropólogo que ha estudiado la vida de los quilombos en Barcarena. “¿Cómo pueden estas familias tener una vida saludable allí?”.
LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE DELITOS AMBIENTALES
Si bien Barcarena se ha convertido en un centro clave de tráfico de drogas, en los últimos años el CV se ha expandido aún más en el inmenso interior de Pará, donde la violencia se ha disparado. Actualmente, este estado tiene siete de los 30 municipios más violentos de Brasil.
Jacareacanga, un centro de actividad minera ilegal y donde se encuentra el Territorio Indígena Munduruku, registró la asombrosa cifra de 199 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, la segunda tasa más alta del país y nueve veces el promedio nacional de 22 por cada 100.000.
Otros municipios que están en el top 30, incluidos Floresta do Araguaia, Cumaru do Norte, Anapu, Senador José Porfírio, Novo Progresso y Bannach, también sufren altas tasas de delitos ambientales y conflictos territoriales.
Hoy en día, los narcotraficantes en Pará y en toda la Amazonía buscan cada vez más reinvertir o lavar ganancias ilícitas a través de delitos ambientales, como la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, la pesca ilegal y la caza furtiva, lo que generalmente conlleva a penas menores, a las establecidas para los delitos relacionados con drogas.
Una operación policial en 2021, llamada “Narcos Gold”, confirmó que los criminales usaban minas de oro en Pará como pistas de aterrizaje para aviones que transportaban drogas y como fachadas para el lavado de dinero.
El objetivo principal de la operación era Heverton ‘Grota’ Soares, quien tenía 18 permisos de prospección para minería en Pará, que utilizaba como fachada del tráfico de drogas. Es investigado por narcotráfico, organización criminal, lavado de dinero y homicidio, además tiene vínculos con el PCC, según informes locales.
ENVÍO POR RÍO, TIERRA Y AIRE
Pará no produce cocaína, ni limita con naciones productoras. Según el Secretario de Seguridad Pública del estado, Ualame Machado, la mayoría de la cocaína y otras drogas que ingresan a Pará, especialmente envíos con destino al puerto de Barcarena, provienen de la triple frontera con Perú y Colombia, en el vecino estado de Amazonas y llegan por vía fluvial.
La marihuana skunk es un tipo de hierba con alta potencia psicoactiva producida en Colombia, que se vende en Brasil por cinco veces el precio de las importaciones de la marihuana tradicional de menor calidad traída de Paraguay. Esto permite a los grupos criminales, que ya utilizan la ruta del río Amazonas, aumentar sus ganancias, dice Machado.