En su última transmisión en vivo, el 27 de septiembre, se veía molesto y arremetió contra Duque, Soto y Miguel Rivera, un funcionario de la Alcaldía de Puerto Libertador, a quien acusó de difamarlo y de estigmatizarlo junto a su colega Organis Cuadrado. “Rafael Moreno no amenaza con paracos como está acostumbrado a hacerlo su jefe. Rafael Moreno no cita a nadie con paracos, ni arregla problemas con paracos ni con grupos al margen de la ley”, dijo.
Córdoba es considerada la cuna de un proyecto paramilitar con tentáculos en el ámbito político, económico y militar. Tras la desmovilización en los años 2000 surgieron grupos más pequeños, nutridos por quienes no se unieron al proceso o reincidieron. Por años se disputaron el control de esta región estratégica que se une al Bajo Cauca Antioqueño por el Nudo del Paramillo. Hoy la organización hegemónica en el sur de Córdoba son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo. “Lo que vemos son las continuidades del fenómeno paramilitar, lo que continúa ocurriendo es que las AGC mantienen relacionamiento permanente con actores económicos, políticos, de la fuerza pública, del estamento legal”, explica Diego Balvino Chávez, investigador de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas.
Las disputas en esta región han sido y siguen siendo principalmente por la propiedad de la tierra y la explotación legal e ilegal de recursos naturales. Aquí están importantes reservas de ferroníquel y minas de cobre y oro, y generan enormes recursos por regalías. Sin embargo, al recorrer la región es evidente el mal estado de las vías y no se nota la inversión pública.
“Lo que hemos encontrado, que las organizaciones han denunciado, es que lo que ocurre allá es que nada funciona […] porque buena parte del Estado está capturado” por esos grupos ilegales, dice el experto. “En Córdoba los límites entre la legalidad y la ilegalidad no son claros, son muy difusos”, añade Chávez.
Moreno y sus colegas denunciaron asuntos relacionados con Puerto Libertador y San José de Uré. Por ejemplo, contratos millonarios para el transporte escolar por un servicio con sobrecostos y en malas condiciones, y canteras ilegales de donde sacan materiales para obras públicas en Uré. Pero no solo señalaba a políticos. “La lista de contratistas estrellas es larga, pero las voy a investigar y a exponer a todos”, dijo en el 19 de agosto, y adelantó que estaba recabando pruebas sobre obras viales.
Muchos, incluidos compañeros periodistas, “no gustaban de él por la forma de ser y por la forma en la cual él denunciaba a la corrupción en todo el departamento de Córdoba”, dice su amigo Cuadrado. Una funcionaria del sur de Córdoba cree que las agresiones a periodistas no se dan solo por lo que publican, sino también porque en pueblos tan pequeños muchos viven de las lealtades a ciertos grupos políticos. “Aquí todo se politiza tan de extremo, que tienes fans super afiebrados con una ideología política que no les importa herir ni atacar, así sea mentira”, dice.
Más allá del periodismo
El caso de Rafael Moreno ha sido quizá el de mayor repercusión a nivel nacional este año, pero la violencia en Córdoba siempre ha sido alarmante. Primero fue el paro armado decretado en mayo por el Clan del Golfo, que mostró su poder y control social: nadie podía salir a las calles y quien lo hacía se arriesgaba. De los 27 asesinatos registrados en nueve departamentos, el mayor número (8) ocurrió en Córdoba, según el balance que hizo la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Tras el asesinato de Moreno, el Clan del Golfo negó la autoría del hecho, pero muchos dicen que la versión no concuerda con la realidad porque ahí nada se mueve sin su permiso.
Córdoba es el departamento del Caribe colombiano con más casos de homicidios de líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y exmiembros de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz, denuncia la organización Cordobexia, que lleva un registro de los casos. Actualmente, 150 personas de estos grupos se encuentran en situación de riesgo. La ONG también detalla que de los aproximadamente 234 líderes y defensores de DD.HH. que están bajo amenaza o han sido agredidos, el 35 % cuenta con medidas de protección de la UNP o la Policía. La zona más afectada es el sur de Córdoba.
El mismo presidente Gustavo Petro se ha mostrado preocupado. A finales de octubre viajó a Córdoba para entregar a un grupo de campesinos la hacienda Támesis, emblemática propiedad de paramilitares que pasó luego a manos del Estado. “Es una burla a la paz el que la tasa de homicidios del departamento de Córdoba se haya duplicado en un año. Están volviendo a Córdoba otra vez una carnicería”, dijo en un discurso. “Si vamos a hablar de paz hay que dejar de matar”, advirtió.
La sensación de impunidad, además, impera. Eneida, madre de Rafael Moreno, dice que aunque quisiera que la justicia actúe en el caso de su hijo no se hace ilusiones: “Le soy sincera: no creo en las leyes. Por lo que he pasado… es que coge tú y coge tú y coge tú, y todo se lo reparten y todo se va. Qué pena decirlo, pero así es. Estamos viviendo en un país donde se maneja el poder y la plata”.
Mauricio Castilla, director de El Pulso del Tiempo e hijo del reconocido periodista Clodomiro Castilla, asesinado a tiros en 2010 en la entrada de su casa en Montería, cree que en Córdoba a los periodistas nadie los protege y que la historia se repite. “Lo que hubo con mi papá eso fue show. Lo que está pasando con Rafael es show. Venir, tomarse la foto. ‘Estamos en las regiones’ Y después, ¿qué? No va a pasar nada, porque eso es lo que pasa en este país: vienen, se muestran, hacen su parafernalia, su boroló y listo, chao, y el problema sigue aquí”.
Para Daniel Chaparro de la FLIP el llamado es a que el Estado actúe. El caso de Rafael Moreno o de Marcos Montalvo, el año pasado en Tuluá, “nos recuerdan que el asesinato de periodistas no se ha ido, sigue latente y aparece cada tanto”. Por eso urge la protección estatal.
