Poco a poco vamos borrando las fronteras y acortando las distancias que como sociedad hemos impuesto, con una mezcla de arrogancia e ignorancia, respecto a las personas con discapacidad. Sorprende que hasta hace apenas un par de años regía en Colombia un sistema normativo según el cual la persona con discapacidad no era sujeto de derechos, es decir, se asumía que al encontrarse en alguna condición de discapacidad era incapaz de realizar actos legales y jurídicos. Por fortuna, la lucha por la inclusión y la equidad viene haciendo lo suyo y está obligando a cambiar. Con la Ley 1996 de 2019 se desmontó el mecanismo anterior, el de la interdicción, y se dio paso a un nuevo régimen que establece para todos los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos civiles.
“Las personas con discapacidad no tenían capacidad legal, entonces se les nombraba un representante y se les llamaba incapaces”, explica Maria Fernanda Bernal Mora, abogada y vocera de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. “Con la nueva norma, que viene a ponernos al día a nivel internacional en materia de reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad, cualquier persona mayor de edad tiene capacidad jurídica o legal, así tenga una discapacidad”.
Así, ahora es posible que a partir de los dieciocho años de edad una persona con discapacidad, sea cognitiva, auditiva, visual, física, sensorial, cualquiera de ellas, acuda a un centro de conciliación para que le brinden ayuda para realizar actos jurídicos como la compra o venta de una propiedad, la firma de documentos, la creación de una empresa, la negociación de una deuda, un matrimonio o un divorcio, hacer una solicitud ante un banco, por ejemplo.
“Hoy se presume que todas las personas son capaces y si carece de alguna capacidad puede acudir a esta nueva normativa para tramitar un apoyo o una directiva anticipada”, afirma Alejandra Betancur Sierra, jefe de la unidad de conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la entidad que, para dar cumplimiento a la ley, acaba de poner en marcha dos servicios: uno para la celebración de acuerdos de apoyo y otro para la celebración de directivas anticipadas.
Un apoyo permite que la persona con discapacidad elija a otra persona o personas, incluso, a una institución, para que la asista y la acompañe en la realización de uno o varios actos jurídicos. Para ello el centro de conciliación de la Cámara dispone de un conciliador que estudia el caso, valora el apoyo elegido por la persona con discapacidad y ayuda a establecer un acuerdo sobre las condiciones y el alcance de ese apoyo. También, de ser necesario, el centro de conciliación puede ayudar a definir cuál es el apoyo que la persona necesita.
Se trata de una invitación a trabajar en equipo. La persona que actúa como apoyo debe ayudar a garantizar una buena comunicación entre la persona con discapacidad y las personas con las que se realizará el trámite o negociación, facilitar la comprensión del acto jurídico, representar a la persona en algunos momentos, apoyar la expresión de la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad y hacer que se cumplan. Un compromiso que generalmente el solicitante confiará a alguien cercano como un pariente o amigo.
Para Paula Andrea Hoyos Úsuga, usuaria del servicio en las pruebas preliminares, es “muy importante que se haya reconocido que las personas con discapacidad somos autónomas, que podemos tener un nivel de libertad en el sentido de decidir y que con el apoyo de alguna persona cercana a nosotros nuestras decisiones sean más escuchadas”.
Por otro lado, el servicio de directivas anticipadas está dirigido a la población en general, a usted, a su vecino, a todos aquellos que vislumbren alguna enfermedad degenerativa, discapacidad o accidente que pueda afectar la posibilidad de expresar su voluntad en el futuro. En este caso, el interesado puede elegir una persona para que sea la encargada de hacer que se respeten sus decisiones con respecto a temas financieros, personales o de salud.
Para disponer de estos servicios con las herramientas necesarias, plataformas sencillas y personal capacitado, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se ha preparado durante meses. En ese camino ha contado con el acompañamiento de las empresas de la mesa de Vida Independiente del Clúster Medellín Health City: Acalis Superior, el Comité de Rehabilitación de Antioquia, Sumel, la Universidad CES, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y Whee.
“La idea es eliminar barreras. A los dos servicios se puede acceder a través de la página web de la Cámara, se llena el formulario con la solicitud o se puede mandar la información por correo, también hay la posibilidad de hacerlo mediante audio y video”, explica la abogada Maria Fernanda Bernal. En ese proceso participó Whee, una empresa social dedicada a la educación para la inclusión. Sara Múnera es su fundadora y directora. “Apoyamos en publicidad, comunicaciones y diseño”, afirma. De ahí que piezas como folletos y videos explicativos fueran revisados por personas con discapacidad quienes aportaron sus observaciones e hicieron recomendaciones al sitio web de la Cámara, una entidad interesada en asegurar la accesibilidad a sus servicios.
Las puertas, sin duda, se abren. Sin embargo, la deuda que tenemos con las personas con discapacidad es grande. Se estima que el quince por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad y que en Medellín hay más de 78 000 personas con discapacidad. Por todas ellas, y por nosotros que nos perdemos de su compañía y conocimiento, es vital persistir en estrategias para la inclusión y la participación. Los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas hacen parte de esa apuesta.
