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Cúcuta es un territorio de tránsito. Lo sé. Buena parte de los venezolanos que huyen de su país ingresan a Colombia por Cúcuta, se quedan un par de días en la ciudad, hacen algo de dinero y luego siguen a otras ciudades o países. Por eso, un tanto cínica y para evadir la historia que me está contando —no soporto la crueldad del relato— pregunto a Carlos hasta cuándo se va a quedar. Ha buscado el rastro de su hermano desde que desapareció en una trocha. Sabe que lo retuvieron los paramilitares. Sabe cuál es la trocha en la que lo vieron por última vez. Y sabe que no está vivo: un testigo le contó que tiraron a su hermano y a un amigo de su hermano contra el suelo, que los sujetaron entre varios y que le cortaron una oreja al primero y le cercenaron un brazo al segundo a punta de machetazos, “y cuando empiezan a picar la gente así, uno ya sabe que la van a matar”, le dijo. Sabe también que no lo va a encontrar, la última vez que se acercó a las trochas a preguntar por él le advirtieron bajo pena de muerte que no buscara más.

—¿Y tu mamá, Carlos? Ella también cruzó con ustedes a Colombia, cruzaron los tres, ¿no? ¿Cómo está ella?

—No, mi hermano se vino a Colombia primero, luego vinimos mi mamá y yo.

—¿Y cómo está ella?

—No aguantó más. Se estaba volviendo loca y se tuvo que ir. Se fue pa Cali.

—¿Y qué te dice?

—Que me vaya pa allá, pa donde ella.

—¿Está asustada?

—Claro, doña, si no quiere que me hagan lo mismo, dice que si sigo buscando me van a picar a mí también.

—¿Y a vos no te asusta?

—Pues sí, pero no soy capaz de dejarlo solo.

—Carlos, pero vos mismo decís que no lo vas a encontrar, ¿por qué no te vas para Ca…?

—Yo sé que mi hermano está muerto. Pero si está vivo, que aparezca, y si está muerto, necesito que aparezca también. Yo tengo que encontrarlo.

—¿Hasta cuándo te vas a quedar en Cúcuta?

—No sé. Yo necesito enterrarlo.

—¿Entonces sí creés que va a aparecer?

—Completo no. Pero yo tengo que encontrar la forma de que mi mamá vuelva a ser la misma, está como ida. Yo tengo que encontrar de él aunque sea un brazo.

Carlos suelta esa última frase y una descarga eléctrica se me desliza por la médula. No alcanzo a disimular el sacudón involuntario que me provoca. Sigue hablando y yo ya no escucho. Imagino los restos de un brazo extraviado, los restos del desaparecido, de pronto anclados en alguna zanja o dentro de una fosa tan común por esas trochas. Y todavía mirando a Carlos a los ojos, recuerdo la idea que enunció el poeta Paul Valéry: “Lo más profundo es la piel”. ¿Pero qué es la piel cuando se corta de un tajo? Cuando se rompe, se mutila. Cuando no es metáfora sino lo que mantiene el todo unido.

Los agentes de Migración en Colombia se llevaron a su hermano y a tres compañeros más el 18 de agosto de 2018, cuando trabajaban limpiando vidrios de carros en una esquina cucuteña. Les hicieron redada, los montaron en un camión, los llevaron a la frontera, los deportaron. Y para volver al territorio colombiano, los jóvenes no tuvieron otra alternativa que regresar por una trocha. En la mitad del camino los retuvieron, los extorsionaron, los golpearon, los torturaron y de los cuatro, solo dos salieron vivos, fueron estos quienes dieron testimonio a Carlos de lo que ocurrió con su hermano. Antes de desaparecer, Andrés hizo una última llamada.

—Llamó a la noviecita, le dijo que esas personas estaban pidiendo ochocientos mil pesos para liberarlo.

—¿Esas personas?

—Sí, los de las trochas. No pudimos reunir todo eso pero sí reunimos quinientos mil.

—¿Y qué pasó? ¿Los llevaron?

—Sí. Yo me fui con la novia de mi hermano para la trocha a llevar la plata, pero cuando llegamos nos la quitaron y luego nos dijeron que él no estaba allá, que nos fuéramos.

Pero sí estaba, o eso asegura Carlos, porque reconoció la gorra y el reloj que ostentaba el trochero que les quitó el dinero: eran de su hermano. Intentó reclamar hasta que unos hombres armados asomaron entre los matorrales. Su cuñada, que estaba embarazada, sintió terror y le clavó las uñas en el antebrazo, él enmudeció. A la ansiedad y al dolor les ganó el susto, entonces se marcharon.

Tiempo después recibí los videos de dos crímenes que también ocurrieron en esas trochas. En uno se ve a un tipo con un fusil M16 parado y apuntando hacia la cabeza de un joven que está en cuclillas mientras ruega —llora— que no lo maten. Ni un metro de distancia separa al verdugo de la víctima. Y mientras apunta al muchacho, pronuncia una frase imprimiéndole musicalidad: “Por esta… Por esta… ¿Por qué? Por estafador”. El que graba tararea algún ritmo tras el celular, el que acaba de volarle la cabeza a otro en pedazos se devuelve cantando una canción que desconozco.

En el segundo video se ve un grupo de personas que, machete en mano, descuartizan a cuatro muchachos con el sonido de unos vallenatos de fondo. No se logra ver a los agresores porque todo el tiempo enfocan a las víctimas. Y mientras la cámara hace un paneo sobre el escenario, alguien, intentando imitar el ritmo vallenato, canta: “Estos son cuaaaatro mueeeertos”. Quien graba hace un plano detalle sobre tres cabezas que están apiladas en el suelo y luego pasa a otro cuerpo que está decapitado, entonces se detiene. Otra voz dice: “Ah, esta gonorrea todavía está completo”. Al fondo suena lo que parece ser una motosierra, alguien sube el volumen a la música vallenata. Los sonidos de las bestias.

Carlos no se llama así pero no voy a exponer su identidad. ¿Quiénes son sus verdugos? ¿Quiénes son todos estos verdugos? No lo sé. Hay tantos grupos armados en la frontera —desde Tibú hasta Cúcuta— que pocas veces se sabe con certeza quiénes son los autores de un crimen y cuando se sabe es porque los criminales quieren que se sepa. En un audio que recibo después y que alguien de las trochas le hizo llegar a una de mis fuentes, se oye a una persona decir que a los hombres de los videos los mataron porque “parece que estaban pasando gente por las trochas” durante la pandemia y que “Bernal” ya había ordenado que nadie más pasaba. ¿Pero y quién carajos era Bernal?

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Es imposible entender la violencia en la frontera viéndola como algo que no sea un conjunto: si se desconoce qué pasa en Tibú, no se entiende Cúcuta. Si no se está al tanto de los movimientos de orden público que ocurren en el corregimiento Banco de Arena, no es posible entender Tibú. Si se ignora la dinámica violenta de Cúcuta, Banco de Arena es incomprensible.

Y no hay posibilidad de entender cualquiera de las anteriores si se descartan del escenario a las fuerzas de seguridad venezolanas que obedecen a Freddy Bernal, el “protector del Táchira” —cargo que le dio a dedo Nicolás Maduro a esta joyita—, un expolicía que comandó el temido Ceta, grupo de operaciones especiales de la policía cuestionado por el terror de sus operativos. Hombre al que, además, acusan de estar vinculado con la creación de los Colectivos Bolivarianos y que en 2011 fue incluido en la Lista Clinton o Kingpin por haber “facilitado la venta de armas entre el gobierno venezolano y las Farc”, y por presuntas conexiones con el narcotráfico junto a esta guerrilla. Algo así como nuestro general colombiano Mauricio Santoyo, pero libre, con poder, haciendo campaña y recién electo como gobernador de Táchira.

La línea imaginaria que separa a Colombia de Venezuela, y que soporta la mayor carga de violencia en esta frontera, la delimitan el Zulia y Táchira por el lado venezolano y los municipios de Tibú, Cúcuta y Puerto Santander, por el lado colombiano. La vereda Totumito-Carbonera de Tibú limita al sur con la vereda Vigilancia del corregimiento Banco de Arena, zona rural de Puerto Santander. Y desde Puerto Santander —municipio del área metropolitana de Cúcuta— se llega al casco urbano de la ciudad en hora y media en carro. Estos tres municipios concentran la mayor “calentura” en cuanto a orden público y los kilómetros que los unen siempre están en disputa por los grupos armados.

Voy a intentar explicar. Luego de la desmovilización del Frente Fronteras y el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2005 y 2006, la zona metropolitana de Cúcuta se la disputaron dos grupos: Rastrojos y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El enfrentamiento más violento se dio de 2015 a 2017 y, con aparente ayuda de autoridades venezolanas y acuerdos clandestinos sobre el narcotráfico, Los Rastrojos salieron victoriosos y dominaron las zonas fronterizas aledañas a los tres puentes internacionales: Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, y entre este último municipio y Boca de Grita, poblado venezolano colindante, instalaron su base de operaciones.

Los Rastrojos no se metieron a Tibú por el desgaste y porque allá había dos poderes a enfrentar: la guerrilla del ELN y el reducto del EPL al que la gente empezó a llamar Los Pelusos. Se quedaron en esos tres territorios y para garantizar su dominio elevaron el nivel de violencia a lado y lado de la frontera.

Pero el reinado criminal no les duró. Luego de la salida de las Farc del escenario bélico, en 2017, comenzó a gestarse una nueva guerra, una tripartita: por un lado estaba el ELN, que —fortalecido— anunció una disputa por el área metropolitana de Cúcuta dominada por Los Rastrojos, y casi al mismo tiempo inició enfrentamientos con el EPL pero por el dominio territorial del Catatumbo. Luego estaba el EPL, que —viendo que perdía la guerra contra el ELN— tuvo una división interna y parte de sus integrantes se fueron a buscar apoyo de Los Rastrojos. Y al final estaban Los Rastrojos, que no vieron venir una suerte de traición en sus acuerdos con la guardia venezolana la cual había trabado una nueva alianza con el ELN para perseguirlos.

En 2018 la disputa por estas zonas estaba en un plano de todos contra todos, así que la cosa se iba a calentar. La Defensoría del Pueblo alertó de la violencia que se aproximaba y, por si esto fuera poco, antes de terminar el año, otra voz cantó en Tibú: una disidencia del Frente 33 de las Farc anunció que se rearmaba por los incumplimientos del Estado frente al acuerdo de paz.

Para 2019, la frontera colombo-venezolana de Norte de Santander ya estaba en candela. El ELN reclamó al EPL por la alianza con Los Rastrojos e iniciaron un combate brutal que confinó, desplazó y sometió a paros armados a buena parte de la población del Catatumbo. Y mientras sostenían esta guerra, los elenos seguían avanzando hacia el área metropolitana de Cúcuta (principalmente Villa del Rosario y Puerto Santander) en alianza con autoridades venezolanas para acabar con Los Rastrojos: las fuerzas de seguridad de Venezuela los capturaba desde la legalidad y desde la ilegalidad el ELN los combatía entre trochas y veredas. El EPL también casó otra disputa: la jefatura de su Frente Libardo Mora Toro no estaba de acuerdo con el sector díscolo que se fue a trabar alianza con los paramilitares y entonces los llamó al orden. Pero desobedecieron e inició la purga: muerte a todo el que ignorara directrices e insistiera en seguir aliado con Los Rastrojos. Se diezmaron a sí mismos y entre los muertos quedó hasta el comandante “peluso” que lideró la división interna, Jesús Serrano Clavijo, alias Grillo.

Esta triple guerra (ELN vs. EPL, Rastrojos vs. Fuerzas de seguridad venezolanas y ELN, EPL vs. EPL) se extendió hasta 2020 y la padeció en su mayoría el campesinado inerme de Banco de Arena, Tibú y otros municipios de la región Catatumbo como Teorama. La población civil quedó en la mitad y ha sido víctima de persecución, asesinato selectivo, desaparición forzada, descuartizamiento, masacres, desplazamiento forzado y, sobre todo, falsos señalamientos como el de ser informante o colaborador de un bando o de la fuerza pública, drama que especialmente padecen los migrantes, quienes se volvieron blanco de asesinatos mayoritariamente en Cúcuta y Tibú.

Todos estos enfrentamientos ocurrían con el conocimiento de las autoridades y nadie parecía presto a resolver la situación. El conflicto solo empeoró. Y mientras esos actores combatían, la disidencia del Frente 33 creció a paso firme sobre todo en Tibú. Pero a finales de 2019, un nuevo actor apareció para subirle grados a esta calentura: el Comando Danilo García de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las Farc.

La Defensoría del Pueblo lanzó las alertas, avisos que el gobierno poco escucha, y en la número 050 del 26 de noviembre de 2020 previó la tensión que se puede dar entre las disidencias del Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Comando Danilo García de la Segunda Marquetalia. Pero también advirtió de un posible enfrentamiento entre el Frente 33 y el ELN. ¿Motivo? Control territorial, ambición por ser el macho dominante de este conflicto en la frontera.

Ante este enfrentamiento que anticipó la Defensoría, en diciembre de 2020 se podría haber dicho que era tan grande la expansión del ELN en la frontera —el cual no solo estaba en territorio colombiano— que era poco previsible su derrota. Pero en enero de 2021 se confirmó un rumor que ya venían oyendo los campesinos: “Las AGC volvieron al territorio”. Cuando se vieron menguados, Los Rastrojos buscaron respaldo en este grupo paramilitar, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tiene clara una máxima: donde hay negocios, no hay enemigos. Aunque en el pasado fueron derrotados, ahora acudían a auxiliar al viejo contrincante. Y el 29 de enero se anunciaron repitiendo una masacre. Otra vez en Totumito-Carbonera, la vereda de Tibú que colinda con Vigilancia, un grupo de hombres armados que se identificó como AGC disparó a matar contra los trabajadores de una finca, tres de ellos murieron y al menos seis se salvaron porque alcanzaron a correr y esconderse entre las montañas. El ataque fue indiscriminado y una vez más generó terror en los habitantes. La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de estos campesinos y denunció que esta masacre generó el desplazamiento forzado de cuatrocientas personas de ochenta familias.

Y aunque en todo este recuento solo se mencionan grupos ilegales, no se puede descartar a la fuerza pública colombiana. Dos años atrás de esta nueva masacre en Totumito, y antes de que empezara la guerra frontal entre el ELN y el EPL, una reunión se llevó a cabo el 26 de enero de 2019 en la sede de la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta. Y a ella asistieron quienes entonces eran los comandantes de la Segunda División, la Brigada 30, la Fuerza de Tarea Vulcano y más de una decena de oficiales. La información la reveló la revista Semana en agosto de ese año y también denunció que en ese encuentro “supuestamente hablaron de alianzas del Ejército y grupos criminales para combatir al ELN”. Ahí fue donde el brigadier general Diego Villegas, comandante en ese momento de la Fuerza de Tarea Vulcano, investigado por ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2008 en Antioquia cuando fue comandante del batallón Pedro Nel Ospina, y sometido a la JEP desde 2018, presuntamente pronunció: “De los protocolos, de los derechos humanos, se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”.

En esta parte de la frontera la guerrilla del ELN consolidó su expansión con el apoyo de integrantes y hombres de alto mando de la Fuerza Pública venezolana. Y los grupos criminales vinculados al paramilitarismo siempre han contado con la connivencia de integrantes y oficiales de alto rango de la Fuerza Pública colombiana. El nuevo actor que estaría en connivencia con autoridades colombianas, denuncian los campesinos, son las AGC. Ahora estamos ante una nueva guerra que duró todo 2021 y se desencadenó entre las AGC y el ELN, y uno de sus principales epicentros es el corregimiento Banco de Arena. Los paramilitares están incursionando en el área metropolitana de Cúcuta y los elenos dominan buena parte del municipio de Tibú, pero en el corregimiento colindan estos dos territorios; a modo de metáfora, Banco de Arena es la puerta de entrada a Tibú y si la guerrilla lo pierde, el paramilitarismo se mete al Catatumbo, la región que concentra 40 116 hectáreas de cultivo de coca de las 143 000 que, según el monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU, hay sembradas en el país.

El 14 de diciembre del año pasado estallaron un par de explosivos en zona aledaña al aeropuerto de Cúcuta. Al día siguiente, la periodista Darcy Quinn escribió en Twitter: “Atención: fuentes de inteligencia militar confirman que Iván Márquez no está en Cuba, está en Venezuela y dio la orden del atentado ayer en Cúcuta”. Pero la Fuerza Pública adjudicó el atentado al Frente 33, el cual tiene vínculos con las disidencias de Gentil Duarte que están en abierta disputa armada contra Iván Márquez, quien comanda a las disidencias de la Segunda Marquetalia. Así que acá nada se puede dar por sentado. Otros atentados han ocurrido en instalaciones militares y la información que circula es igual de mañosa. Esta es la forma como se presenta a la ciudadanía la verdad sobre lo que ocurre en la frontera, manipulándola.

Finalizada la radiografía, resumo para mayor claridad: ¿cómo es la frontera en Norte de Santander? Pues un mierdero.

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Le acabo de preguntar si no tiene miedo. Sé que la pregunta es tonta pero no puedo evitarla. Las AGC lo amenazaron en abril de 2016 y dos años después, en abril de 2018, intentaron matarlo. Llegaron y dispararon contra su casa que queda en Hacarí, otro municipio del Catatumbo, pero él escuchó los balazos, salió por la parte trasera de la vivienda y corrió hacia una montaña en donde se escondió. Le pregunto si no tiene miedo porque me acaba de decir que hay rumores de que “los paramilitares, las AGC, se quieren meter otra vez al Catatumbo”. Es diciembre de 2020 y estamos en Filo Gringo, corregimiento del municipio El Tarra. Vinimos a una reunión de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), organización de la que es líder, en la que discuten los problemas de la región, especialmente los de orden público, principalmente las amenazas.

—De verdad, ¿no te da miedo, Orangel? —insisto.

—Claro, todos los seres humanos sentimos miedo.

—Pero… ¿Y por qué sigues?

Orangel ignora mi última pregunta. Está parado frente a mí pero no me mira, estoy sentada sobre las raíces de un árbol que hace parte de la selva que flanquea al río Catatumbo, él mira hacia las aguas. Segundos después, cuando pienso que dejó de prestarme atención, responde.

—Claro que me da miedo… A quién no le da miedo imaginar que un día ya no va a volver a ver a su familia.

La frase la suelta con la voz quebrada y la mirada al suelo. No me ignoraba, estaba intentando no llorar, estaba pensando en todo lo que puede perder. Y como quiere evitar el llanto, se sienta a mi lado y aprieta sus ojos con los dedos. Nos quedamos un par de minutos en silencio. De repente, me pide que mire al frente, que “mire de verdad”. Lo hago, aprecio en detalle el río y la selva que llegan más lejos de lo que la vista me alcanza. “Ahora cierre los ojos”, dice, “cierre los ojos e imagínese que todo eso ya no está, que lo arrasaron. ¿Vale la pena luchar por esto? Vuelva y mire y responda usted si vale la pena. Por eso es que sigo, aunque viva con miedo”.

Orangel me recuerda a Leidy, la lideresa de Ascamcat en Vigilancia. En los ojos de ambos se percibe desesperanza y ambos saben que están a merced de los grupos armados. El Tarra colinda con Tibú y su corregimiento Filo Gringo cuenta con 3549 hectáreas de coca sembrada, 2.5 por ciento del total de los cultivos en Colombia. Mientras sea ilícito el uso de este cultivo, nunca va a desaparecer la guerra de estos territorios. Y aunque lo legalizaran, también hay minería ilegal y un problema enorme con la gasolina.

El cierre de la frontera en 2015 disminuyó el contrabando del combustible de Venezuela a Colombia y esto agudizó el fenómeno de los pategrilleros, que es como llaman a las personas que perforan el oleoducto Caño Limón Coveñas y le instalan válvulas ilegales para extraer el crudo que luego refinan artesanalmente para producir gasolina casera, que venden de contrabando y también es utilizada para el procesamiento de la pasta base de coca. Pero los malos procedimientos ocasionan derrames de petróleo que llevan a la continua contaminación de ríos y quebradas y esto ha generado tensión en la comunidad, aunque son pocas las personas que les reclaman a los pategrilleros porque estos cuentan con apoyo de los grupos armados; otro fenómeno violento que va en aumento en la región.

Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta llevan décadas padeciendo las peores violencias, la paramilitar, la guerrillera, la estatal. Es tierra fértil para la coca y las masacres. Criarse acá, como lo hice yo, querer esta tierra, como lo hace Orangel, es como llevar una herida abierta. Una permanente. Y ahora, la sal en la herida es el maltrato que sufren los migrantes.