La maquinaria burocrática que gobierna a Medellín

La maquinaria burocrática que gobierna a Medellín 

Una repartija de puestos en las entidades públicas de la ciudad alcanza para sectores políticos diversos y antagónicos. En el centro de ese esquema clientelista figura Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete, y muy cercano al alcalde Daniel Quintero.

Por De la Urbe y La Liga Contra el Silencio

“Ese cargo lo necesitamos, porque ya lo comprometimos”, le dijo Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete de Medellín, a Camilo Quintero Giraldo, entonces subsecretario de Recursos Renovables. Era junio de 2020 y habían pasado solo tres semanas desde la aprobación en el Concejo del Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Daniel Quintero.  

“Me dijo: ‘Estamos contentos con tu trabajo, pero son movimientos que hacemos después del Plan de Desarrollo’”, cuenta Quintero Giraldo, abogado ambientalista y exdirector de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. El secretario de Gobierno le ofreció ubicarlo en otro cargo, pero Quintero Giraldo no aceptó. Ahora trabaja en el equipo del concejal Daniel Carvalho, quien integró la coalición oficialista durante 2020, hasta que en febrero pasado se retiró, según dijo en una carta al alcalde, “decepcionado por el estilo polarizador y adánico que trajo a nuestra ciudad”. 

La historia de Camilo Quintero, uno de los pocos exfuncionarios que se ha atrevido a hablar con nombre propio sobre los manejos burocráticos de la Alcaldía de Medellín, ejemplifica el poder que concentra el secretario Restrepo y cómo la administración de Daniel Quintero ha tejido alrededor suyo toda una red de clientelismo y repartición estratégica de puestos en todos los niveles del gobierno municipal.  

“Gestión del Gabinete” 

Esteban Restrepo tiene 28 años y ha construido su trayectoria profesional a la sombra del alcalde Quintero. En 2016 se graduó en Negocios Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó. Según su propio perfil en la página de la Alcaldía de Medellín, es especialista en Gerencia del Ceipa Business School, una institución universitaria enfocada en finanzas y administración. Su perfil decía también que es magíster en Dirección de Empresas de la universidad española Alcalá Global School, aunque en realidad se trata de un certificado incluido en su especialización. La información estuvo disponible hasta el pasado 7 de abril, pero luego fue modificada y desapareció la referencia al supuesto título de magíster (ver primer perfil publicado y perfil modificado). 

Entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, Restrepo fue asistente del entonces concejal Miguel Quintero, hermano del alcalde. En 2016 fue asesor de Innpulsa Colombia, donde Daniel Quintero era gerente. Y en agosto de ese año estuvo como contratista del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), unas semanas después de que el hoy alcalde fue nombrado viceministro de Economía Digital.  

En 2019, Restrepo trabajó en Intrasoft, la empresa de software que el alcalde fundó en 2005; el ahora secretario también trabajó para esa empresa durante la campaña a la Alcaldía. En su perfil se identificaba como gerente de esa candidatura, pero el dato también fue modificado recientemente.

Pero Restrepo sí fue importante en el equipo de Daniel Quintero. Lo acompañó en debates y actos públicos, y su nombre figura en los registros oficiales de contabilidad con donaciones en especie a la campaña que suman más de 20 millones de pesos. Al mismo tiempo recibió honorarios por 30 millones como “estratega político”, según datos de Cuentas Claras.

Antes de asumir como secretario, Restrepo fue director del empalme con la administración del exalcalde Federico Gutiérrez. Allí comenzó a estructurar la planta de contratistas y funcionarios directivos cuyos nombramientos pasan por su aval casi sin excepción. 

Además de su cercanía con el alcalde, un antecedente explica por qué un secretario de despacho concentra tanta influencia. En la administración anterior, el Concejo aprobó el acuerdo 01 del 25 de febrero de 2016, que convirtió la Secretaría de Gobierno en una poderosa dependencia a la que se agregó el nombre de Gestión del Gabinete, con funciones de “coordinación y articulación”. Desde entonces la oficina se transformó en un despacho de relaciones políticas.

La gestión de Gutiérrez también legó una estructura clientelar que Quintero conservó. Esa red de prebendas burocráticas está ahora en manos de Esteban Restrepo.


El poder detrás del trono”

“La máscara que tiene puesta es de soberbia, y se la puso para sobrevivir”, dice sobre Restrepo una persona de la administración que prefirió no publicar su nombre. “Todo lo hace a la fuerza. Dice que los cargos de la Alcaldía los maneja él”, agrega. La repartición burocrática va desde pequeños contratos de prestación de servicios hasta nombramientos directivos del Conglomerado Público de Medellín, una figura creada en 2015 para la administración de un conjunto de entidades que son propiedad o tienen participación de la Alcaldía. En 2019 los activos sumaban 82 billones en 36 entidades que generaban más de 70 mil empleos. Es el segundo holding público más grande de Colombia, después de Ecopetrol. 

Tres fuentes que aún trabajan con Quintero recuerdan que durante los primeros meses de 2020 las instrucciones de contratación estuvieron consignadas en un documento con datos personales, cargo y relación política de cientos de personas en puestos de la Alcaldía o en sus entes descentralizados. En el inventario de burocracia cohabitan sectores políticos diversos y antagónicos, con puestos para concejales y líderes políticos del Centro Democrático, la Alianza Verde, el Partido Liberal y Colombia Humana. Ese archivo era administrado por el despacho de Restrepo.

Hay ejemplos. Como director del Museo Casa de la Memoria fue nombrado en julio de 2020 Jairo Herrán Vargas, excandidato de Colombia Humana en las elecciones de 2019. Mientras que Albert Corredor, concejal del Centro Democrático y viejo amigo de Quintero (foto), tiene a cinco personas que trabajaron para su familia dentro de la administración municipal.

Versiones del archivo con el registro de las cuotas políticas eran enviadas por correo a los secretarios o a personas delegadas por ellos para que atendieran los requerimientos de la Secretaría de Gobierno. Una fuente que mencionó ese documento cuenta que el mecanismo fue modificado por orden de Restrepo. “Ahora pasan todo por USB. Son archivos particulares para cada secretaría”, dice.

En ese proceso de autorizaciones soterradas, un funcionario cercano a la contratación en la Alcaldía de Medellín explica que cada dependencia pide un certificado de inexistencia de personal solicitado: así se garantiza que una función es pertinente y no está cubierta por otro cargo. Es necesario diligenciar un formato que se envía por correo a la Secretaría de Gobierno con el objeto del contrato, el perfil profesional, la experiencia requerida, el valor del contrato y la duración.

“Mandamos el cuadro y nos indican a quién le emitimos el certificado”, cuenta el funcionario. Según él, está prohibido mencionar que los contratos ya están aprobados por Esteban Restrepo. Solo cuando se expiden estas certificaciones, las dependencias pueden avanzar con la contratación. En algunas ocasiones se han frenado procesos que ya habían pasado por esta etapa.  

A principios de 2020, el personal que trabajaba en la Subsecretaría Técnica de Movilidad esperaba noticias sobre la renovación de sus contratos de prestación de servicios. Sus jefes les explicaron que la contratación podía tardar, pues ya no sería directamente con la Alcaldía sino mediante un convenio interadministrativo con la Institución Universitaria Pascual Bravo, una de las tres de educación superior municipal. Como otros entes descentralizados, actúa como operadora de convenios que tercerizan la contratación. 

El 16 de abril recibieron un correo de esa institución en que les solicitaron los documentos para la renovación, pero dos horas después llegó otro mensaje: “El correo enviado el día de hoy con esta solicitud fue un error. Hacer caso omiso del mismo”, decía.

El proceso de contratación se frenó, y el subsecretario Técnico de Movilidad, Diego Zapata, explicó las razones en un mensaje de WhatsApp, que De la Urbe conoció y corroboró. El mensaje fue enviado en ese momento a los jefes de las personas que habían recibido la información contradictoria. “A pesar de que yo, en todo momento, defendí férreamente los perfiles que me recomendaron, después de un larguísimo tire y afloje, muchas de las personas que venían trabajando con nosotros no van a continuar por decisión de S.Gob., quienes fueron los tomadores de decisiones en última instancia”, escribió el funcionario.

Pero en febrero pasado la salida del exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, reveló que la maquinaria burocrática de la administración de Quintero alcanza el más alto nivel. Además demostró las implicaciones nocivas que eso tiene para la independencia en la toma de decisiones; especialmente en esa empresa, que parecía estar blindada por un acuerdo de gobierno corporativo que pretende evitar la influencia excesiva del alcalde como presidente de su junta directiva.

Rendón, amigo de Quintero, asumió la Gerencia en enero de 2020 con el encargo de liderar la demanda de esa empresa contra los contratistas del proyecto Hidroituango. Los movimientos tuvieron consecuencias: la renuncia masiva de la junta, cuestionamientos por una supuesta “toma” de EPM en manos de la empresa privada, y una narrativa del alcalde donde prometió que “recuperaría” esa compañía para la ciudad. 

Sin embargo, a principios de este año Quintero declaró insubsistente al gerente y lo acusó de malos manejos. Rendón señaló a Quintero de ejercer presiones burocráticas y con ello surgió el nombre de una funcionaria que hasta ese momento había tenido un bajo perfil: María Camila Villamizar Assaf, secretaria privada de la Alcaldía de Medellín. 

En varias entrevistas Rendón dijo que Quintero trató de hacer una “toma hostil” de EPM; que impuso a por lo menos dos vicepresidentes y que Villamizar, su delegada, daba órdenes por encima de la Gerencia. Varias fuentes en EPM aseguran que hasta el momento de romper relaciones, Rendón y el alcalde manipulaban las posiciones directivas y pasaban por alto los procesos de selección que utilizaba la empresa. En una de esas acusaciones mutuas figuró la secretaria Villamizar, y luego varios concejales promovieron una fallida moción de censura en su contra. 

Uno de esos concejales, que no apoyó la moción, admite que tiene a por lo menos seis personas cercanas en cargos medios de varias entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín. Esto, según dice, lo consiguió gracias a un contacto que ha establecido con el secretario Restrepo. El concejal dice que no ha recibido ninguna solicitud a cambio de esas contrataciones.

Luz María Múnera, exconcejal de Medellín por el Polo Democrático y presidenta de ese partido en Antioquia, no logró reelegirse en las elecciones de 2019. En enero de 2020, Diana Osorio, gestora social y esposa del alcalde, le ofreció crear y asumir una gerencia de paz que nunca nació; al menos no con ese nombre. 

“Yo presenté una gerencia muy barata, austera”, cuenta Múnera, y dice que le bastaban 12 personas. Para la Alcaldía esa nueva entidad debía tener 35. La explicación que recibió sobre la necesidad de sumar cargos es que Esteban Restrepo los requería para aumentar su margen de negociación con el Concejo.

En el equipo que formulaba el proyecto estaba Múnera, otra persona que ella propuso para acompañarla y varios funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía. “Pasaron algunos días y los contratos nunca llegaron. Siempre hablaban de Esteban; que él definía eso, que había que hablar con él”, cuenta Múnera.

En ese proceso, el 20 de febrero de 2020 el alcalde Quintero ordenó el ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia para contener una protesta estudiantil. La decisión fue criticada en diferentes sectores, incluida Múnera. Allí murió la gerencia de paz. Múnera cuenta que Osorio la llamó. “Dijo: ‘Luzma, me da mucha pena, pero no te puedo mantener la promesa de la gerencia. Cuando uno va a trabajar con una Alcaldía tiene que comprometerse y apoyarla, así haya decisiones que uno no entienda”’, recuerda.

Pero el fracaso de la iniciativa, según Múnera, pasó más bien por la figura de Esteban Restrepo y por las imposiciones burocráticas que, según dice, intentó el secretario. “Me dijeron que nada que tuviera que ver con puestos o contratos se podía mover si no se hablaba con Esteban. Lo que vi con Federico (Gutiérrez), y veo ahora con Daniel (Quintero), es que los secretarios de Gobierno son los encargados del trabajo sucio”, dice Múnera. La gerencia de paz se transformó en una Secretaría de la No-Violencia, creada en septiembre de 2020, a cargo de Juan Carlos Upegui, otra persona de confianza del alcalde Quintero. 

“Se fue alejando un poco, eso se corrige”

El 12 de agosto de 2020 el alcalde confirmó en una entrevista su decisión de remover al director del centro de innovación y negocios Ruta N, una entidad con capital 100% público. Según dijo, con el nuevo director lograría “más cercanía con la Alcaldía”. Juan Andrés Vásquez, el director saliente nombrado por el propio Quintero, “se fue alejando un poco, pero eso se corrige”, dijo el alcalde. 

Las declaraciones tuvieron efectos. Unas horas después, siete de los nueve miembros de la junta renunciaron con una carta pública donde aseguraron que el alcalde desconocía la institucionalidad de Ruta N, pues los estatutos de esa corporación establecen que solo la junta directiva en pleno —la preside el alcalde puede nombrar o remover a la persona que dirige la entidad.

La confirmación de la salida de Vásquez, el anuncio de su reemplazo y la carta de la junta directiva ocurrieron un día después de la renuncia de la junta de EPM. Esto reveló el divorcio entre el alcalde de Medellín y un amplio sector del empresariado que Quintero y su gabinete empaquetaron en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un conglomerado económico que reúne tres de las compañías más grandes de Colombia: Sura (a su vez propietaria de Bancolombia), Nutresa y Argos.

Quintero y sus allegados hablan desde entonces de una supuesta captura histórica de las instituciones públicas de la ciudad por parte del GEA. Pero algo no cuadra: el mismo alcalde, cuando ganó la elección, designó en sus comisiones de empalme a varias de las personas que ahora acusa de usar el patrimonio público con intereses corporativos.  

En el caso de Ruta N apareció otra razón burocrática para explicar la salida de Juan Andrés Vásquez, su director. Y de nuevo, en el centro, figuró el secretario Restrepo. “El secretario de Gobierno le pidió explícitamente que nombrara a una persona en ese cargo. Era alguien con experiencia y con un muy buen perfil. Se incluyó la hoja de vida en el proceso. Esa persona llegó hasta el último filtro, pero no fue seleccionada”, dice una fuente que trabajó en la entidad. 

Se trata de Johana Jaramillo Palacios, comunicadora con 20 años de experiencia, tres maestrías y un doctorado. En los últimos tres años fue gerente de Comunicaciones de la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez y asesora de la Rectoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Estuvo casada con Gabriel Jaime Rico, empresario y político, exconcejal, tres veces candidato a la Alcaldía de Medellín y miembro del comité de empalme de Daniel Quintero.   

El cargo al que Jaramillo se postuló se denomina “Gestor de Portafolio Persuadir”; en la práctica es una dirección de comunicaciones. Tres fuentes que conocieron ese proceso aseguran que, pese a las presiones del secretario Restrepo, se siguió el “Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal”, que incluía 16 pasos y se aplicó en los procesos de escogencia hasta el 20 de octubre de 2020, cuando Javier Darío Fernández, quien relevó en la dirección a Juan Andrés Vásquez, lo derogó para nombrar empleados sin ese corset. 

“Yo pasé de trabajar 15 horas al día para sacar adelante Inspiramed (respiradores artificiales de bajo costo), a pensar en cómo meter a un amigo del alcalde o de su gente”, dice una exempleada de esa entidad. Muy pronto, el 27 agosto de 2020, apenas dos semanas después del revolcón en Ruta N, Johana Jaramillo fue nombrada subsecretaria de Comunicación Estratégica de la Alcaldía de Medellín. 

A finales de abril fue designada por el alcalde como gerente de Telemedellín. Reemplazó a Mabel López, cercana al exgobernador Luis Pérez, quien asumió como vicepresidenta de Comunicaciones de EPM. Ese movimiento y la llegada de María Cristina Toro a la Secretaría General de esa empresa motivó un comunicado de Sinpro (sindicato de profesionales de la entidad). “La politiquería sigue entrando a EPM con permiso de su junta directiva”, decía. El sindicato acusó al alcalde y al gerente general de darle cuotas a los políticos que los apoyan.

“Lo tengo anotado en la lista de temas”

El 10 de diciembre de 2020, Esteban Restrepo fue anunciado por Quintero como gerente del proceso de vacunación. Esa decisión le dio al secretario una visibilidad mediática que no había tenido, incluso por encima de la secretaria de Salud, Andree Uribe, la única persona, además del alcalde, con vocería sobre el manejo de la pandemia en Medellín. 

La secretaria Uribe es enfermera profesional, especialista en Gerencia de Servicios de Salud y magíster en Salud Pública. Según varias fuentes de la administración, Uribe sorprendió al gabinete municipal por la precisión de sus proyecciones sobre los efectos de la pandemia, incluso antes del primer aislamiento obligatorio. “Ella ha evitado que el manejo de todo esto sea peor, pero la opaca el alcalde; y ahora Esteban con la vacunación”, dice una fuente. La secretaria también trabajó en Mintic cuando Quintero fue viceministro. Además fue pareja de Restrepo, como consta en la declaración de conflicto de intereses que presentó ese funcionario al asumir el cargo. 

La Liga buscó una entrevista con el secretario. Su equipo de comunicaciones respondió que llevaría la petición a su comité de agenda y que estaba en “la lista de temas a tratar”. Pero el espacio nunca se produjo. 

Con la vacunación, Restrepo tiene ahora una de las labores más visibles y con mayores réditos políticos en plena pandemia. Una fuente de la administración dice que él y su compañero de Gabinete, Juan Pablo Ramírez, —quien recientemente dejó de ser secretario de Participación Ciudadana y pasó a la Secretaría de Inclusión Social— se impulsan con ambición electoral.

La misma fuente menciona que la Secretaría de Gobierno adelanta programas como los Consejos Territoriales de Gobierno, a través de los cuales Restrepo busca construir su base política. Sin embargo, el paro nacional lo ha hecho menos visible. Si bien acompaña el Puesto de Mando Unificado, donde la Alcaldía y otras instituciones definen sus actuaciones ante las protestas, sus declaraciones públicas se concentran en la vacunación. 


Pero las movidas burocráticas no se han detenido. A finales de abril la Alcaldía anunció la salida de la secretaria de Inclusión Social, Mónica Alejandra Gómez, quien había sido recomendada por el concejal Luis Bernardo Vélez, aliado del alcalde en la campaña y cabeza de lista al Concejo por Independientes, su movimiento político. En realidad presentó su renuncia por petición de Quintero, luego de que Vélez votó negativo a un
proyecto de acuerdo que cambiaba el objeto social del aeropuerto Olaya Herrera para convertirlo en un gran parque. 

Otro concejal asegura que Restrepo “no hizo bien la tarea” de conseguir los votos para ese proyecto, y que ese episodio pone en duda su capacidad para lograr mayorías. “Con Mónica ya se sentían incómodos porque no les dejó meter gente a la Secretaría. Pero que se les haya caído ese proyecto fue el florero de Llorente para sacarla y cobrarle a Luis Bernardo”, dice. 

En febrero, en medio del escándalo por la salida del gerente de EPM y sus acusaciones mutuas con el alcalde, Restrepo publicó un trino que resume bien la paradoja y la promesa incumplida: “La ciudadanía votó por el alcalde de Medellín @QuinteroCalle para que destapara las ollas podridas que el establecimiento de Medellín históricamente ha tapado”.

El edificio Vásquez: un edificio digno con un pasado indigno

Hace veinte años, cuando el Municipio de Medellín, después de décadas de no hacer nada o de intentos fallidos por intervenir el entorno ruinoso de la incendiada y desaparecida plaza de mercado cubierta de Guayaquil, financiaba los estudios para restaurar los edificios Vásquez y Carré, una dama bienpensante demandó ante las instancias judiciales una posible restauración de aquellos vetustos, abandonados y tapiados edificios. 

Entre los argumentos esgrimidos decía que no se podían invertir recursos públicos en recuperar algo que no tenía mayor valor histórico y que, por el contrario, la restauración contribuía a exaltar un pasado sórdido y hacer homenaje a un antro de vicio, que solo remitía a inquilinatos, drogas, prostitución y muerte. 

Hace treinta años, en julio de 1991, el cronista Carlos Sánchez retrató con crudeza lo que se vivía al interior del edificio Vásquez en uno de los años más violentos de la ciudad de finales del siglo XX. “El hospedaje La Esperanza, que comparte con el hotel Santana la misma dirección, Carabobo, al número 44-17, edificio Vásquez, es el hotel de los desechables, el único de Medellín. El único donde se puede dormir por cien pesos en 1991”, escribió Sánchez en su libro El contrasueño. Historias de la vida desechable.

Aquella demanda de la dama indignada no prosperó y los edificios al fin fueron restaurados. Las obras en el edificio Vásquez se adelantaron entre 2002 y 2006, a cargo de la oficina del arquitecto Laureano Forero. Cuando se puso al servicio el 1 de febrero de 2006, como una unidad de servicios de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, a la que se le entregó en comodato por veinte años, curiosamente los restauradores señalaron en sus memorias que le habían devuelto “la dignidad al edificio”. 

Al parecer, la intervención del edificio le dio lustre y lavó ese pasado ignominioso que tanto molestaba a la dama demandante. Mirado bajo la transparente cubierta, soportada en una bella estructura de madera, que le da luz al patio interior, nada recuerda lo vivido por décadas allí en sus espacios interiores. “Con toda razón los desechables nunca llaman a este lugar hotel, que es de cierta manera una palabra fina, elegante. Ellos dicen colectivo que se refiere no a una forma de la solidaridad, sino de la incomodidad. Quiere decir que a lo largo de los corredores en los destartalados catres y en el piso dormirán gamines, ladrones, prostitutas, mendigos, locos, vagabundos, maniacos. (…) Eran tan viejo y su interior había sido refaccionado tantas veces, que desde adentro era imposible considerar su aspecto original”, escribió Sánchez.

Por fuera, el cuadrado volumen dejó de ser el patito feo de antaño para convertirse en el cisne de la arquitectura; el que sale en las páginas y las rutas turísticas y es fotografiado en bellos atardeceres, reflejados en sus rojizos ladrillos, que resaltan detalles arquitectónicos antes no vistos, en jambas, dinteles, antepechos o cornisas. 

La dignidad del edificio había sido salvada y reactualizada. De eso no cabe duda, pues era un buen ejemplo de la arquitectura de final del siglo XIX, cuando el ladrillo se impuso en el paisaje urbano para reemplazar las casonas de tapia y bahareque, y se levantaron edificios comerciales de más altura, de más calidad constructiva y arquitectónica, con los aportes del diseñador y arquitecto francés Charles Carré. 


Un edificio sin grandes alardes estéticos, pero bello y funcional, que resistió el uso, el abuso y los incendios, uno de ellos en 1922, que lo distanciaron formalmente de su edificio gemelo, el Carré, pues al incendiarse el techo cambió de tener la cubierta con los aleros tradicionales, para tener a cambio un remate con cornisa y ático, muy en el estilo historicista de entonces, que hoy lo distingue y diferencia. También, es un edificio que se adaptó a todas las épocas y actividades, como lo demuestra hoy mismo, ya convertido en referente histórico y patrimonial.

Solo se recuerda a su promotor, el empresario Eduardo Vásquez Jaramillo, en homenaje al cual lleva el nombre el edificio desde 1916, pero ¿qué pasó con la historia de la gente que lo habitó? Era gente sin dignidad y, por tanto, sin historia. Sin el debido interés como para ser narrada y, mucho menos, recordada, pese que desde que se inauguró la plaza de mercado cubierta de Guayaquil en 1894, ella misma y su entorno se llenó precisamente de “esa gente”; pero no la que se pensaba cuando la calle La Alhambra era habitada por familias notables, y tampoco cuando los edificios Vásquez y Carré fueron construidos pensando en los locales comerciales del primer piso y en las buenas familias que habitarían los apartamentos en los pisos superiores.  

Desde el inicio la situación en el nuevo barrio de Guayaquil inquietó e incomodó a la clase dirigente y a la sociedad del momento, que esperaba un sitio aséptico, normatizado, regido por los principios morales y estéticos que ellos seguían e imponían desde su nueva concepción urbana; pero no, este entorno se llenó de cantinas y de cacos, como se llamaba a los ladrones de entonces, como Quico, el alias de un tal Francisco Roso, capturado en 1899 por la sospecha de haberle robado cuarenta pesos a un confundido señor de Urrao. 

Las buenas familias salieron huyendo, dejaron abandonada la calle de La Alhambra en busca de mejores casas y un sitio más tranquilo al oriente de la Catedral Metropolitana, por los lados del circo de toros, y les dejaron sus casonas, por ejemplo, a los talleres de los imageneros, ya fueran los Carvajal o los Osorio, venidos de Envigado en busca de clientela, o al fotógrafo Benjamín de la Calle, que hizo de aquella calle y del barrio el entorno para mimetizarse y fotografiar a hombres vestidos de mujer, a mujeres vestidos de hombre, a buhoneros, arrieros o campesinos, a mestizos, mulatos o esa gente del común; en fin, un mundo variopinto aun desde antes de la década de 1910, cuando comenzaron a descender de los trenes que llegaban a las estaciones Amagá y Medellín los hombres y mujeres llegados de pueblos y regiones cada más lejanas, con sus otras hablas, sus otras músicas, sus otras maneras de ser, para multiplicar la complejidad y diversidad de este microcosmos.


No sirvió ni siquiera el llamado del propio monseñor Cayzedo, máxima autoridad moral y religiosa de entonces, para embellecer y moralizar el barrio, cuando bendijo la primera piedra de la iglesia del Sagrado Corazón en mayo de 1924 (hoy en Barrio Triste), diseñada por el arquitecto belga Agustín Goovaerts, otro diseñador europeo, como Carré, el de la plaza de mercado y de los edificios Vásquez y el Carré. Las autoridades eclesiásticas pensaban que los fieles quedaban muy lejos de los otros templos y era necesario llevarles hasta allí el pasto espiritual del que estaban ausentes. 

Sí, la iglesia se edificó como parte de un barrio que no se construyó del todo o que se hizo a medias, Los Libertadores, que tuvo su propia escuela modelo a finales de los años veinte del siglo pasado, pero sus proyectadas casas no fueron finalmente tales, sino talleres, almacenes, molinos, pequeñas y medianas fábricas, con sus trabajadores, obreros y desocupados. Y ahí quedó la iglesia de ladrillo con sus formas neogóticas como testimonio de una parroquia a la que le quedaron faltando fieles.

Guayaquil no solo fue cantinas, prostitutas y ladrones. Fue eso y mucho más. Fue trabajo y fiesta. Vida diurna y nocturna por igual. Virtud y pecado. Y ese entorno fue demasiado como para mantenerse en los márgenes y no ser sometido al orden urbanístico que se quiso imponer. Por eso entró en barrena desde la década de 1960 cuando comenzó a sufrir incendios, el último de ellos en 1968, considerado desde entonces por lo menos sospechoso. 

El diseño y construcción del nuevo centro administrativo municipal ya estaba decidido en sus proximidades, al otro lado de la calle San Juan, en los terrenos de La Alpujarra, que comenzaron a ser desalojados de los tugurios, cuyos habitantes fueron a parar en el nuevo barrio Popular en las laderas nororientales de la ciudad. Mientras que en las calles de los alrededores de la incendiada plaza se plantaron los tenderetes de los vendedores desalojados. Ese mundo de horror y de antisociales tenía que desaparecer.

Mientras se discutía cuál era el proyecto adecuado para el nuevo centro administrativo La Alpujarra desde los años sesenta, y se construía e inauguraba en la década de 1980, se desmantelaba y dispersaba el mundo de la plaza de mercado y sus alrededores, que fueron a parar a la plaza mayorista al sur del valle de Aburrá; a las plazas de mercado satélites en los barrios, ya fuera en La América, Castilla, La Paz, entre otros; ya en la plaza minorista José María Villa; o desperdigados por todo el Centro de la ciudad cuando este se “guayaquilizó”.

Y el edificio Vásquez, con su gemelo el Carré, también pasaron del auge a la decadencia y la lumpenización. No digamos que vivieron una época de esplendor, pero sí de intenso uso con los locales del primer piso siempre ocupados con tiendas de víveres, almacenes, cantinas, prenderías, boticas y sus cuatro apartamentos por piso, que se anunciaban en la prensa, los que luego pasaron a ser, en uno de sus pisos, el Club Demócrata, de don Luis Tirado, o el eufemístico Club de Juegos Permitidos. Luego, con los años, se establecieron los hoteles Sevilla, de Julio Arboleda M.; Jericó, de Leticia Rodríguez; o el Caribe, de Román Blanco. 


Y así pasaron los años, entre las quejas de los inquilinos por los apartamentos sin excusados ni baños, con permanentes visitas de inspectores de sanidad y policía por los tubos rotos o la falta de cañerías, por los olores fétidos al interior, por la carencia de higiene, por la ausencia de pañetes y pinturas en las paredes, por la subdivisión de los apartamentos y el número creciente de habitantes en los espacios cada vez más reducidos, sin cocinas, pero con fogones que iniciaban los incendios. Y luego de cada arreglo, en vez de lustre, cada vez más el edificio pasaba a ser habitado por seres desesperados y fantasmales. Como dice Carlos Sánchez: “La Esperanza es un hotel de desechables, pero también llegan por aquí uno que otro ladrón de oficio. No tienen equipaje y siempre están limpios. Tampoco las prostitutas que llegan a veces llevan equipaje o en cualquier caso éste siempre constituye una carga menos dramática, menos visibles que la de los desechables”. 

Los locales del primer piso fueron cerrados y sus puertas tapiadas; solo se mantuvo hasta el último momento el bar Ortiz, antes de ser desalojado por orden judicial en 2001, como lo fue el último inquilinato, el Hospedaje Santa Ana, en el segundo piso, al costado sur, con sus ventanas hacia la calle San Juan. 

Quedaron unos espacios interiores a los que se subían por unas escaleras de madera, endebles y traqueteantes, sobre entrepisos de encanados deslustrados, divididos por paredes endebles de madera y bahareque, una penumbra que apenas iluminaba los corredores interiores, un techo con goteras, cuyos pañetes de boñiga se caían a pedazos, dejando ver sus cañabravas, y un olor penetrante a moho, humedad, bazuco y años de abandono; a ese edificio le dieron lustre y le devolvieron la “dignidad” sus restauradores. Un edificio al que le vaciaron de contenido por su pasado indigno, ahora luce esplendoroso para las fotos sin memoria, convertido en campo de disputa del poder. Pero de todo esto está hecha nuestra historia.

*Profesor asociado de la Escuela del Hábitat, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

Cuba contada desde España, en pocas palabras

Cuba se encuentra ahora mismo en crisis. En una crisis dentro de las múltiples crisis que ya se venían viviendo desde que colapsó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a inicios de los noventa. Hay crisis en los sistemas de educación y salud, crisis poblacional por la baja natalidad y el envejecimiento, crisis migratoria, crisis institucional, crisis en la producción de alimentos, crisis en el fondo habitacional, crisis en la política. La mayoría de la gente no vive sino que sobrevive. Sin embargo, en el último año, con la llegada de la pandemia del coronavirus, la gran crisis nacional se ha agudizado.  

El discurso oficial responsabiliza a las sanciones del embargo que el gobierno estadounidense impone a Cuba. Desde su óptica, eso es, en esencia, lo que justifica que las familias deban hacer varios días de cola para comprar alimentos y se violen constantemente los derechos humanos. Los opositores no son considerados ciudadanos con derechos civiles y políticos sino amenazas a la seguridad nacional. Actualmente hay más de 145 prisioneros de conciencia en el país, más de 200 personas con prohibiciones para viajar al exterior, una lista indeterminada de desterrados a quienes se les niega la entrada al país en que nacieron, y decenas de artistas, periodistas y activistas bajo acoso constante de la Seguridad del Estado. Y el gobierno sostiene que toda esa represión es para defenderse.

El mes de abril que recién terminó fue uno de los más tensos del año en curso. Justo el día 30 ocurrió una protesta pacífica en Obispo, una de las calles más concurridas de La Habana, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba en huelga de hambre y sed, y trece personas resultaron detenidas. Todavía el 6 de mayo, siete se encuentran privadas de su libertad, aunque todas están siendo procesadas por los presuntos delitos de “desorden público” y resistencia al arresto.

Luis Manuel, líder del Movimiento San Isidro, quien ha sufrido decenas de detenciones, encarcelamientos y vejámenes por parte de la Seguridad del Estado en los últimos años, había empezado su huelga el 25 de abril, porque días atrás las autoridades cubanas, en contubernio con grupos vestidos de civil, habían allanado su vivienda mientras él realizaba un performance y se lo habían llevado detenido, junto con otra artista. Pero el allanamiento no se quedó en la detención. Quienes irrumpieron a la fuerza en la vivienda también se llevaron las obras que él tenía colgadas en ese momento y estropearon algunas. Un vecino pudo filmarlo todo y el video pronto se volvió viral en las redes.

Y una vez que estuvo en libertad, si es que sus circunstancias se pueden considerar así, porque justo frente a la puerta de su casa hay una cámara instalada y la policía lo encarcela cada vez que estima conveniente, Luis Manuel comenzó a exigir en sus redes que le devolvieran las obras, que se le indemnizara por los daños ocasionados a sus obras, que el presidente Miguel Díaz-Canel le pidiera disculpas públicamente, que cesara la represión policial y que respetaran el derecho de los artistas a crear libremente. Pero cada vez que intentaba salir de su casa, lo detenían por varias horas. Declararse en huelga de hambre y sed fue la única salida que encontró para defender sus derechos. Su segunda huelga de hambre y sed en menos de seis meses. La anterior había sido en noviembre, también en reacción a la violencia política, aunque no la había hecho solo.

A los dos días de la protesta en Obispo, una vez más la policía allanó la vivienda del artista, que entraba en el octavo día de huelga, y se lo llevó a un hospital, donde aún ahora, en el momento en que escribo este texto, se encuentra ingresado. Solo familiares cercanos han tenido acceso a él y los alrededores del hospital se encuentran militarizados. Según los medios oficialistas, controlados por el Partido Comunista de Cuba, la huelga fue falsa. El mismo día en que lo ingresaron, el perfil en Facebook de una supuesta enfermera del hospital publicó un video de Luis Manuel en el que se ve el momento en que se baja de la ambulancia y entra al centro de salud mientras un médico lo aguanta por el brazo. Sin embargo, dos días después, también en Facebook, un médico publicó otro video en el que sale con el artista y sostiene que le estaban ayudando a recuperarse.

No se sabe mucho más sobre su situación. Hasta ahora nadie ha reportado haber entrado en comunicación con Luis Manuel, ni él ha publicado nada directamente desde sus redes, por lo que se asume que se encuentra aislado y sin acceso a tecnologías para conectarse. Mientras, las redes sociales se han convertido en el mayor espacio de debate y manifestación, pues los artistas, activistas y periodistas independientes más visibles se encuentran en arresto domiciliario, y muchos con los servicios de telefonía e Internet interrumpidos. Y no se avizora una luz al final del túnel.

La posición del gobierno parece ser inflexible en el tema de los derechos humanos. Sus agentes no matan de manera indiscriminada cuando se logra una protesta en un espacio público, como la del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, por ejemplo, pero criminaliza y acosa impecablemente a todas las personas que participan o que expresan un discurso crítico. Controla la policía, los tribunales, la salud, la educación, la mayor parte de la prensa… Absolutamente todo. Y en la imaginación nacional, solo hay una manera de resolver todas las crisis existentes: emigrando. Cuba se ha convertido en un sálvese quien pueda. También yo, hace cuatro meses, elegí salvarme. Cuando escribo este resumen de lo que ha pasado en el último mes en Cuba, como si lo hubiera vivido todo, termino otra jornada de trabajo en Madrid, y no sé si un día volveré a la Isla o si me dejarán volver. 

El toque de queda

El toque de queda

A propósito de los toques de queda en Medellín para combatir el coronavirus y la protesta social, vale la pena recordar uno interminable, decretado de manera indefinida el 30 de agosto de 1989, por el alcalde Juan Gómez Martínez. La decisión la tomaría con el fin de contener la ola terrorista que padecía esa ciudad, en la que habían explotado 18 bombas en lo corrido de ese mes y se habían desactivado nueve, además, un día antes la policía había desarticulado un plan para destruir las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia y había incautado una camioneta Dodge cargada con 169 granadas e idéntica cantidad de cartuchos impulsadores.

La primera noche de ese toque de queda sería titulada por El Colombiano como “Noche de paz”, al no registrarse ningún homicidio entre las 10 p. m. y las 6 a. m. Lapso que sí dejaría 800 retenidos, quienes, como si le hubieran huido al fuego interno de la etimología del hogar, se habían negado a quedarse en sus casas. De esos 800, 100 tenían antecedentes penales y diez eran buscados por delitos mayores. Dos horas antes de iniciarse el toque de queda, seis granadas habían sido lanzadas desde un Mazda contra el Club Campestre, de las cuales cuatro estallaron sin afectar a nadie.

Al día siguiente, jueves 31 de agosto, continuaría la escalada terrorista, con la explosión de una bomba en la avenida San Diego con la calle 30, en las instalaciones de la fábrica de Pintuco, generando este titular cacofónico en la primera plana de El Tiempo: “9 heridos en nuevo ataque terrorista”. Ataque que se atribuirían Los Extraditables, en un comunicado remitido a los medios, incluyendo esta amenaza: “De ahora en adelante realizaremos los ataques durante el día”. La bomba, de 15 kilos de dinamita, había sido camuflada dentro de un carrito de helados. Simultáneamente, sería desactivada otra en el Banco Industrial Colombiano de la 64C con la 49B.

Un día después, el viernes 1 de septiembre, en una rueda de prensa calificada por los medios como explosiva, el alcalde de Medellín le volvería a pedir al gobierno nacional más ayuda militar y de policía para el control del orden público en la ciudad. Además, tras reiterar que no estaría de acuerdo con una amnistía para los narcotraficantes, se ofrecería para entablar personalmente un posible diálogo con ellos, añadiendo estas palabras: “El negocio del narcotráfico es de los países consumidores, muy pocos de esos dólares salen de los Estados Unidos y la mayoría se quedan en la banca norteamericana”.

Al día siguiente, sábado 2 de septiembre, mientras en Bogotá estallaba un carro bomba contra El Espectador, que destruiría parcialmente su sede y 20 locales comerciales, dejando un muerto y 60 heridos, en Medellín sería desactivado otro de igual poder destructivo, 50 kilos de dinamita, en el puente peatonal del Sena. Ese día, además, El Tiempo le dedicaría su editorial a la ciudad, bajo el título “Con Medellín”, apoyando el toque de queda: “A grandes males grandes remedios, se ha dicho, y para este flagelo de la violencia había que empezar aplicando medidas drásticas, la primera de ellas el toque de queda, por el tiempo que sea necesario”.

Un día después, el domingo 3 de septiembre, una bomba de alto poder explotaría en la aseguradora Suramericana de la calle 50 con la carrera 48, destruyéndola completamente y afectando a otros siete locales comerciales. Tres horas antes, a las 7 p. m., desde un Renault 4, había sido lanzado un petardo contra el Hotel Intercontinental. Ninguna explosión dejaría víctimas que lamentar.

Al día siguiente, lunes 4 de septiembre, un joven camuflado de militar ingresaría al aeropuerto de Rionegro disparando indiscriminadamente un fusil G3 recortado, calibre 7.62, asesinando a un administrador de empresas e hiriendo a 12 personas que esperaban el turno de la requisa, hecho que sería registrado por dos camarógrafos de la televisión puertorriqueña. El administrador de empresas sería identificado como Rafael Arango Cuartas, de 27 años, gerente de ventas de Pintuco, cuya fábrica, como se dijo anteriormente, había sufrido un ataque con bomba cuatro días atrás. El joven, que “disparaba como loco”, sería dado de baja in situ por dos agentes secretos del DAS. Mientras ocurría ese “Ataque suicida en el aeropuerto”, titulado así por El Colombiano, en Medellín explotarían otras cuatro bombas, dos de ellas contra las sucursales de la Caja Agraria de Manrique y Aranjuez. El atentado de Manrique cobraría una vida, la de un habitante de calle no identificado que dormía en la calzada.

Un día después, el martes 5 de septiembre, estallarían tres bombas más, contra las sedes de Coopdesarrollo y la Caja Social de Ahorros de Castilla, y contra el restaurante La Bella Época, dejando diez heridos, entre ellos a Bernardette Pardo Phillips, periodista de Univisión. Ese mismo día, bajo el título “Disminuyó violencia durante toque de queda”, El Colombiano publicaría un balance de los primeros cinco días de esa medida desesperada: reducción del 40 % en homicidios y del 65 % en lesiones personales, 14 bombas desactivadas y 4550 personas retenidas: 200 con antecedentes penales y 40 con orden de captura. Cifras promisorias que harían que se tomaran nuevas determinaciones con respecto al toque de queda: se disminuiría dos horas, quedando de 11 p. m. a 5 a. m., y para el resto del día se prohibiría a los venteros ambulantes ubicarse en zonas bancarias y se obligaría a todos los vehículos a llevar encendidas las luces interiores.

Al día siguiente, miércoles 6 de septiembre, se anunciaría que Medellín era una ciudad en alerta roja, según el Comité Operativo Metropolitano de Emergencias, al tener apenas 20 ambulancias y un déficit de sangre diario del 15 %. Ese mismo día sería extraditado Eduardo Martínez Romero, acusado por la justicia estadounidense de ser el jefe de finanzas del Cartel de Medellín.

Un día después, el jueves 7 de septiembre, El Tiempo publicaría una encuesta sobre narcotráfico, en la que Medellín era la ciudad del país que menos apoyaba estos cuatro asuntos: la extradición, con un 55 %, la cárcel para el enriquecimiento injustificado, con un 75.4 %, la confiscación de bienes, con un 59 %, y la de cuentas bancarias, con un 62 %.

Al día siguiente, viernes 8 de septiembre, estallarían otras diez bombas en Medellín, nueve de ellas incendiarias, contra carros de empresas oficiales: seis de EPM, y los restantes de la Contraloría Municipal, el Departamento de Planeación Metropolitana y la Secretaría de Tránsito. La décima, un carro bomba, destruiría una central telefónica de EPM ubicada en la Avenida Nutibara entre las carreras 76 y 77. Esa misma fecha se anunciaría que la Policía había desactivado 16 petardos en los últimos 17 días, cargados con 168 kilos de dinamita.

Un día después, el sábado 9 de septiembre, explotarían siete bombas más, seis de ellas incendiarias, nuevamente contra carros oficiales: cuatro recolectores de basura de Empresas Varias, una volqueta del Departamento y un camión del Municipio de Medellín. La séptima bomba semidestruiría varias bodegas ubicadas en la calle 51 con carrera 41, hiriendo a tres personas que pasaban por el lugar. Ese mismo día El Tiempo, en una noticia titulada “Medellín: entre las bombas y el miedo”, registraría este letrero que había aparecido a principios de semana en un muro de Envigado: “Colombia llorará a Medellín”.

Al día siguiente, domingo 10 de septiembre, otros tres carros recolectores de basura serían reducidos a cenizas con bombas incendiarias, y un estanquillo ubicado en la Avenida Juan del Corral con calle 61 sería destruido por la explosión de un petardo compuesto por 10 kilos de dinamita. Ese día 540 personas serían retenidas por infringir el toque de queda, entre ellas dos sicarios requeridos por las autoridades jurisdiccionales.

Un día después, el lunes 11 de septiembre, de cuatro disparos a quemarropa, sería asesinado Pablo Peláez González, exalcalde de Medellín, a las 9 de la mañana, en El Poblado, fatalidad que sería titulada así por El Colombiano: “Murió un idealista de la paz”. Tenía 45 años. Ese mismo día serían incendiadas las fincas de Andrés Restrepo Londoño, presidente de Ecopetrol, y la de Luis Alfredo Ramos, a la sazón representante a la Cámara, ambas en predios de Rionegro.

Al día siguiente, 12 de septiembre, nuevamente El Tiempo le dedicaría su editorial a la ciudad, titulado “Cuánto odian a Medellín”: “Los colombianos tienen a Antioquia, y en especial a Medellín, clavadas en lo más profundo de su alma… Con Antioquia debe estar el Gobierno para buscar rápidamente soluciones a su viacrucis… Estamos con Antioquia. Allí no se puede perder la batalla, por dura que sea. Los narcotraficantes se han centrado en la tarea de acabar con el Departamento, para extender su ofensiva una vez logren imponer el terror… Hoy más que nunca recordamos la frase del antioqueño general José María Córdova en la batalla de Ayacucho, grabada en la historia épica de la gesta libertadora. Parodiándola decimos al Departamento: Armas a discreción, paso de vencedores”.

Finalmente, un día después de ese editorial, tras catorce noches consecutivas, sería levantado el toque de queda, siendo reemplazado por el decreto 604 del 11 de septiembre de 1989, que prohibía la circulación de motocicletas entre las 6:30 p. m. y las 5 a.m., las ventas callejeras en las zonas bancarias y obligaba a los conductores a llevar encendidas las luces interiores de sus vehículos en las horas de la noche. En Itagüí, sin embargo, el toque de queda seguiría de manera indefinida entre las 12 p.m. y las 5 a. m.

Posdata 1: En medio del toque de queda, el coronel Antonio Sánchez Vargas, comandante saliente de la Policía Metropolitana, le declararía a El Colombiano que Medellín necesitaba doblar su pie de fuerza, o sea pasar de 4 mil a 8 mil uniformados, para mantener la reducción de la violencia registrada durante el toque de queda. Situación ideal que, por supuesto, no sería implementada.

Posdata 2: En 1989, Medellín registraría 4069 homicidios, entre ellos el de Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, el de Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de ese departamento, y el del árbitro Álvaro Ortega, que ocasionaría la suspensión del fútbol profesional colombiano por cuatro meses. Además, a lo largo de ese año, explotarían 75 bombas en esa ciudad, la última, como si fuera una pieza surrealista, la más gratuita, el 9 de diciembre en el Museo de Arte Moderno.

Posdata 3: Según la revista Time, en un artículo titulado “Lights! Camera! Murder!”, publicado en mayo de 1990, en el que denominan a Medellín “la capital mundial del asesinato”, el 70 % de las personas asesinadas en esa ciudad durante 1989 estaba entre los 14 y 19 años de edad. Y el 95 % de sus victimarios, por su parte, no superaba los 21.

Culpables de ser mujeres

Culpables de ser mujeres

“Mira, esa mujer sí sabe ocupar su lugar”, le oí decir a una chica en un velorio en el que estuve hace poco en la Costa. Yo estaba un poco ida, apartada de la conversación. De repente reaccioné: “¿Qué significa ocupar su lugar?”. Ella me explicó que era ser una mujer “bien puesta”, que no intentaba sobresalir más que el hombre, que era callada, que hacía caso al marido; que al llegar a un lugar no se hacía notar, que en las redes sociales no mostraba “más de lo necesario”; que si él decía algo, ella no lo contradecía. Me pregunté —y me pregunto— cómo aún se puede creer que eso signifique ser una buena esposa. ¿Cómo no se cuestiona ese patrón patriarcal que busca anular a la mujer en todo el sentido? Pareciera que el respeto estuviera dado cuanto menos nos hacemos notar.

La descripción de “una buena esposa” la hizo una joven. Una joven que ha ido a la universidad, que ha visto cómo las mujeres han logrado espacios en el mundo, pero que piensa como hombre del siglo pasado. Pienso en cómo ellas, de alguna manera, han perpetuado el machismo —quizá— como una forma de sobrevivencia en ciertas culturas en las que la mujer debe ser la sombra del hombre, pero —eso sí— la sombra útil. 

Aunque el machismo es marcado en todo el país, en el Caribe lo es más. Allí, disentir está mal visto. Es como si la mujer naciera para evitarles cualquier molestia a los hombres, como si tuviera la obligación de ser su madre protectora. Si bien rechazan el maltrato, muchas no se dan cuenta de que celebrar la sumisión de una mujer es permitir comportamientos machistas, como el de que nuestro lugar es estar ocultas. 

Le pregunté a María del Mar Ramón, escritora feminista, por qué todavía hay mujeres que consideran que deben ser calladas y sumisas. “Para ellas es más cómodo seguir ese orden y no creo que eso deba juzgarse moralmente”, me respondió. Además, me dio otra razón interesante: “La palabra pública tiene un costo alto para las mujeres que decidimos tomarla, y ese castigo es visible: las burlas, las ofensas, las difamaciones; lo difícil e incesantemente duro que es ser una mujer con una voz pública funciona de manera aleccionadora para todas las demás”. Callarse, cuestionar, es menos agotador.

“La rabia es particularmente indeseable en una mujer —dice la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie en su libro Todos deberíamos ser feministas—. Si eres mujer, no tienes que expresar rabia, porque resulta amenazador”.

De adolescente, recuerdo la insistencia de mi madre en que me sentara “bien”. Para ella, significaba sentarme con las piernas cerradas, sin mostrar mi ropa interior. Tampoco debía vestir blusas en las que se transparentaran mis pezones. “Ojo con provocar”, me decía tácitamente. Siempre que me ponía licras y blusas cortas, un tío me llamaba la atención con su mirada reprobatoria. Ellos buscaban protegerme, pero el foco no debía estar sobre mí. Nunca le oí decir una cantinela similar a mis primos hombres, ni siquiera un “Ojo con andar de morboso por ahí”. No. A ellos les era permitido hacerlo. 

Cuando estaba en el colegio, una niña de mi salón quedó embarazada. La rectora, evangélica obstinada, puso el grito en el cielo y la expulsó. El novio era compañero de clases, pero no recibió expulsión ni reparo alguno —no digo con esto que debió recibirlo—. “Les hacemos sentir que, por el hecho de nacer mujeres, ya son culpables de algo”, dice Chimamanda.

Aún sigo desoyendo —cuando menos cuestionando— esos pesos impuestos en el régimen machista de la Costa. Aún hay que hablar de estas cosas: explicar que las mujeres solteras o divorciadas no han “fracasado”, que las mujeres también reclamamos, que el respeto se gana independientemente de cómo estemos vestidas, que una mujer “no se realiza” cuando es mamá, que no hay que estar calladas para complacer a un hombre. Es absurdo que aún haya que explicar por qué queremos ser libres, sin imposiciones sociales. 

#1M y su marcha con toque en Medellín

#1M y su marcha con toque en Medellín

A pesar del decreto que sacó la Gobernación de Antioquia de debajo de la manga en horas de la mañana, la marcha del 1 de mayo recorrió las calles del centro de Medellín. El decreto mañanero prohibía la circulación a partir de las 12 del mediodía, pero la marcha siguió en línea recta. Los fallos y los decretos fueron combustible para la protesta. Publíquese y archívese.

La manifestación que avanzaba por las calles del barrio Boston, sumó mucha más gente mientras se dirigía hacia Manrique. Pasó por la iglesia sin bendición. Todo en tranquilidad y acompañada con cacerolas, gritos y aplausos desde los balcones.

Bajando Manrique seguían las consignas abolladas que duran más que los peroles. Rimas desde el principio de los tiempos. Media hora después del toque de queda decretado no pasaba nada que alterara el orden público. La marcha continuaba y ahora tomaba rumbo en dirección a Prado Centro. No había desmanes, la policía tranquila. Mucha gente y cada vez se sumaban más manifestantes.

La protesta no sale a recreo un Primero de mayo. La marcha adoctrinaba a su paso a niños del Hogar Infantil San José. En las calles y detrás de los muros con altas ventanas la consigna era la misma: “El-pueblo-unido-jamás-será-vencido, el-pueblo-unido-jamás-será-vencido…”. Marcha y recocha.

En las paredes empezaban a aparecer los mensajes con aerosol: “No + Duque”. Claro y sencillo, los marchantes pedían también el cierre del magazine televisivo “Prevención y Acción”.

Tres o cuatro horas de tranquilidad. Cuando la multitudinaria movilización estaba cercana al Parque de las Luces y a La Alpujarra empezó la coreografía con el Esmad. Que corren, que vengan, que vienen, que van… Arengas, aturdidoras, gases y algo más empezaron a aparecer con el peligro de generar un dolor de cabeza en caso de que los gases llegaran hasta el Puesto de Mando Unificado, donde las autoridades de la ciudad seguían en pantalla gigante los pormenores del clamor popular.

Con rumores de encierro en el Parque de las Luces, la gente seguía resistiendo y recibía ríos de indignados que continuaban llegando desde la Oriental, Bomboná y San Antonio. El covid parecía cosa de otros tiempos. Mientras seguían sonando aturdidoras y se armaba el despelote, a una muchacha le cayó algo, resultó herida y empezó a buscar a los paramédicos. La gente seguía animada esperando qué hacer.

Mientras en Las Luces había tropel, un poco más alejados, bajando por San Juan, a la altura de la Oriental, todo era fiesta. Bon Ice pa’ la garganta y Guanabanol pa’ lo que vendría porque las gargantas y los ojos se empezaban a resentir con los lacrimógenos. Los ánimos empezaron a subir y pa’ salir del Centro fue candela. Policía por todo lado y sin medir fuerza. Muy fuerte todo, muy fuerte la ciudad. Tensión y miedo todo el tiempo en el ambiente. Muchos militares, mucha policía y Esmad. Se disolvió mucho la marcha y estaban cogiendo a todo mundo.

La marcha del 28 de abril

La marcha del 28 de abril

Texto y fotografías por Santiago Rodas
La guardia indígena encabezó la marcha con sus bastones de mando. Seguido de sindicato del CTI que gritó consignas en contra de la reforma, de Duque y de Uribe. Después un Batman de Medellín, después un hombre barbado con un megáfono que decía: “no a la reforma de ratasquilla”, después un colectivo feminista, después un grupo de percusión, un taxi con un ataúd en el capacete decorado con pancartas sobre la reforma tributaría, después una bandera manchada de pintura roja, después mucha gente con banderas de Colombia, Los Comunes, un grupo de motociclistas, estudiantes, trabajadores de la salud, obreros, alguien con una máscara de cerdo hecha con la piel del animal, después más y más gente hasta completar varios kilómetros de personas que caminaban, como si fueran un río caudaloso, a un lado de la universidad de Antioquia, por el puente del Punto Cero, por la autopista hacia el sur, para luego subir por San Juan y encontrarse con las otras marchas en el Parque de las Luces. El recorrido se mantuvo con calma, tambores, música, consignas, rap, pintadas en las paredes, carteles pegados con engrudo.

En la concentración, a un lado de la Alpujarra, sonó la primera bomba aturdidora, con intervalos de segundos, de minutos, se escuchó el estruendo de otra, después otra y así durante un rato. El ambiente se empezó a tensar, se caldearon los ánimos de quienes marchaban, algunas personas corrían, otras los tranquilizaban. Se escuchó “sin violencia, sin violencia”, se escuchó “los van a encerrar, nos van a hacer un candado”, se escucho “no corran, no corran”, se escuchó “tranquilos, si estamos juntos no nos pasa nada”, se escucharon los cantos de las marchas, las consignas en contra de la reforma, y después una seguidilla de varias bombas arrojadas por el ESMAD. Los manifestantes tumbaron una cámara de fotomultas, arrancaron los cables de los semáforos, rompieron los vidrios de la estación del Ferrocarril. El ESMAD detonó más bombas, empezó con los lacrimógenos y el grupo reunido en el parque de las luces se dispersó. Empezaron los enfrentamientos.

Con los ojos rojos caminé por Carabobo buscando de nuevo la marcha. Alguien dijo, “prenda un bareto y se echa el humo en los ojos”. Otro dijo, “si tiran una piedra por acá se les va hondo”. Otro: “seguro se infiltraron para dañar las cosas”. Varios de los manifestantes llegamos hasta Museo de Antioquia que estaba cerrado. Hubo enfrentamientos en el parque de las Luces, debajo del parque de San Antonio, en la avenida Oriental, entonces fue imposible reunirme con la marcha que se dirigía hacia el sur. El centro estaba paralizado.  

Hice una parada técnica y me tomé una cerveza para bajarme el sabor del gas de la garganta. La atmósfera se sentía nerviosa, chispeante, los locales a media reja, los comentarios de las personas, en su mayoría, trabajadores del centro, eran sobre los disturbios. Busqué una ruta alternativa para regresar a la marcha. Un policía me dijo que todo estaba bloqueado, que mejor esperara. Bajé solo al parque de San Antonio y encontré otro bonche, se tiraban piedras entre manifestantes y la policía, todas las rejas estaban abajo. Otra vez el gas lacrimógeno. Se veían los escombros regados por el piso, maderas calcinadas de lo que fue una barrera en contra de los gases. Caminé por los locales cerrados y logré llegar a la Alpujarra, tanto el parque como las calles estaban desoladas, vi algunas pocas personas que no tenían que ver con la marcha, buscaban salir de allí. Seguí con mi camino y me acomodé la escarapela de reportero de Universo Centro por si algo pasaba.

La estación del Metro Exposiciones estaba cerrada, la gente hacía filas largas en las escaleras. Se veía mucho más movimiento en el tráfico de los carros y los buses.

Al lado de San Diego otro bonche: la misma coreografía, piedras, palos de lado y lado, la policía respondía con las mismas herramientas que les lanzaban. En el puente cerca de Premium Plaza encontré un tapón verde fluorescente: unos cuarenta policías en sus motos cerraron la vía. Tres kamikazes entre los manifestantes aprovecharon un descuido y le lanzaron patadas voladoras a uno de los policías. Cinco motos los empezaron a perseguir en contravía pero no pudieron agarrarlos.

Empezó a llover. Por la avenida de El Poblado me encontré de nuevo con la marcha, mucho más flaca, pero pese a la lluvia seguía su camino. Vi los destrozos en algunos vidrios, en bancos, concesionarios y algunas pintadas alusivas al paro.

El parque de El Poblado estaba lleno. Cantaban, se escucharon las cacerolas y las consignas, las calles bloqueadas por los manifestantes. El Covid 19 parecía cosa de otro mundo, uno lejano. 

La lluvia cayó de manera intermitente, se volvía aguacero, después se volvía brisa, pero la gente seguía en las calles. Sonaron, otra vez, las bombas aturdidoras y, otra vez, el grupo se dispersó.

Logré entrar en uno de los bares, sonaros varias explosiones en medio de la lluvia. Se escucharon las piedras y los pisotones en los charcos de la gente que huía. Los lacrimógenos otra vez. Algunos gritos, algunos “sin violencia, sin violencia”.

La lluvia se intensificó y las cosas se calmaron. Se hizo de noche.

Vi unos veinte minutos del partido del Nacional que quedó empatado.

Antes de las ocho, asomado por el balcón del bar, escuché un golpe mojado sobre las baldosas. Alguien huía de los policías. Lo agarraron entre cinco, llegó otro desde atrás y le mandó una patada que el tipo recibió en la frente y empezó a sangrar, las gotas rojas quedaron sobre las baldosas. Una mujer a mi lado les gritó a los policías que los estaba grabando. Al parecer se sintieron observados y no golpearon más al tipo, lo esposaron y se lo llevaron de ahí.

Esperé hasta las nueve y media de la noche, agarré un taxi cerca de la iglesia. Una fila unos quince policías me pasó al lado antes de subirme al carro, pero no dijeron nada. El taxista me explicó que le había ido muy bien porque cerraron el Metro. Las cosas están duras, pero la marcha me ayudó mucho, “hoy me metí un almuerzo de veinte lucas, ahí las recuperé”.  

Meditación: del ataque de risa a 247 mindful minutes

Meditación: del ataque de risa a 247 mindful minutes

Por: Mónica Baró Sánchez

Por primera vez en mi vida, estoy meditando. No hay que cantar victoria aún, porque todavía no cumplo el mes, me faltan unos días, pero para mí está siendo un logro gigantesco. Yo era ese tipo de persona que se veía en la urgencia de salir de sesiones grupales de meditación por un ataque de risa. Tan pronto empezaba a escuchar una grabación con el sonido de las olas, acompañada por una voz dramática que te pedía que cerraras los ojos y pusieras la mente en blanco, empezaba a reírme como una verdadera idiota.

Quienes me hablaban sobre mindfulness para mí no eran muy distintos de los Testigos de Jehová que, antes de la pandemia, tocaban a mi puerta los fines de semana sobre las ocho de la madrugada para venderme su salvación. A pesar de ser una persona espiritual, practicar meditación me parecía simplemente patético. Sin embargo, aquí estoy ahora, con 32 años, a punto de cumplir los 33, meditando casi todas las mañanas, de lunes a domingo, entre quince y treinta minutos. Es lo primero que hago en el día, antes de levantarme de mi cama, frente a una amplia ventana de cristales que no tiene una vista de millones de dólares, apenas se ve un edificio de ladrillos naranjas al otro lado de la calle, pero me contento con las nubes y las luces del paisaje. Además, muchas de las sesiones son con los ojos cerrados.

Es raro el día en que me salto una meditación. En el último mes he dejado de meditar si acaso tres o cuatro veces, no más, y esos días no han sido nunca tan productivos y armónicos como los días que comienzan con un ejercicio de meditación. Los minutos que me tomo para meditar los siento como una revisión de todo el sistema de mi mente, que sirve de preparación para echarla a trabajar. Me ayudan no solo en el tiempo que dura cada práctica, sino especialmente durante el resto del día. Y la mejor parte de todo es que no supone un esfuerzo, menos un sacrificio, sino un placer. Realmente estoy disfrutando meditar.

Quizás se deba a la aplicación que estoy usando. Esto no es un anuncio patrocinado, pero de veras la recomiendo. Se llama Waking Up y está basada en el best-seller Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion (2014), un libro del neurocientífico y filósofo americano Sam Harris. Incluye un curso introductorio de 28 días, lecciones teóricas, distintos tipos de meditación y conversaciones con importantes autores que profundizan en el funcionamiento de la mente. Los únicos inconvenientes son que se encuentra en inglés y debes pagar por usarla. No obstante, hay una buena noticia: quienes no dispongan de los medios económicos para costearla pueden enviar un correo al equipo de soporte con un asunto que diga “Free Subscription Grant” y empezar a acceder a la aplicación de manera gratuita.

Por supuesto, en este terreno soy todavía una simple aficionada. Hay gente con años de experiencia en meditación, y según mi app, yo solo he realizado 32 sesiones, para un total de 247 mindful minutes. Sin embargo, en esa trayectoria tan breve, ya he empezado a desarrollar habilidades y experimentar cambios en mis rutinas.

Mi memoria ha mejorado mucho, incluso a cada rato me vienen a la mente recuerdos que me sorprenden. Mi ansiedad —que está asociada a un trastorno depresivo con rasgos obsesivos— también ha disminuido de manera considerable y, por tanto, mi capacidad de concentración ha aumentado. He aprendido a prestar atención a lo que hago o vivo en el presente, he aprendido a estar presente. Mentiría si dijera que no hay momentos o días en que mi mundo se pone patas arriba, pero estoy logrando enfrentar mejor esos momentos o días desde que empecé a meditar.

Si en un año cambio de opinión, prometo escribir otro texto abjurando de la meditación. Incluso, consideraré ir a tocar puertas de desconocidos los fines de semana a las ocho de la madrugada para hacer campaña en contra. Pero ahora pretendo seguir explorando y conociendo mi mente, está siendo uno de los viajes más reveladores que he hecho, y cuando llegue a los mil minutos sí voy a cantar victoria.