A propósito de los toques de queda en Medellín para combatir el coronavirus y la protesta social, vale la pena recordar uno interminable, decretado de manera indefinida el 30 de agosto de 1989, por el alcalde Juan Gómez Martínez. La decisión la tomaría con el fin de contener la ola terrorista que padecía esa ciudad, en la que habían explotado 18 bombas en lo corrido de ese mes y se habían desactivado nueve, además, un día antes la policía había desarticulado un plan para destruir las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia y había incautado una camioneta Dodge cargada con 169 granadas e idéntica cantidad de cartuchos impulsadores.

La primera noche de ese toque de queda sería titulada por El Colombiano como “Noche de paz”, al no registrarse ningún homicidio entre las 10 p. m. y las 6 a. m. Lapso que sí dejaría 800 retenidos, quienes, como si le hubieran huido al fuego interno de la etimología del hogar, se habían negado a quedarse en sus casas. De esos 800, 100 tenían antecedentes penales y diez eran buscados por delitos mayores. Dos horas antes de iniciarse el toque de queda, seis granadas habían sido lanzadas desde un Mazda contra el Club Campestre, de las cuales cuatro estallaron sin afectar a nadie.

Al día siguiente, jueves 31 de agosto, continuaría la escalada terrorista, con la explosión de una bomba en la avenida San Diego con la calle 30, en las instalaciones de la fábrica de Pintuco, generando este titular cacofónico en la primera plana de El Tiempo: “9 heridos en nuevo ataque terrorista”. Ataque que se atribuirían Los Extraditables, en un comunicado remitido a los medios, incluyendo esta amenaza: “De ahora en adelante realizaremos los ataques durante el día”. La bomba, de 15 kilos de dinamita, había sido camuflada dentro de un carrito de helados. Simultáneamente, sería desactivada otra en el Banco Industrial Colombiano de la 64C con la 49B.

Un día después, el viernes 1 de septiembre, en una rueda de prensa calificada por los medios como explosiva, el alcalde de Medellín le volvería a pedir al gobierno nacional más ayuda militar y de policía para el control del orden público en la ciudad. Además, tras reiterar que no estaría de acuerdo con una amnistía para los narcotraficantes, se ofrecería para entablar personalmente un posible diálogo con ellos, añadiendo estas palabras: “El negocio del narcotráfico es de los países consumidores, muy pocos de esos dólares salen de los Estados Unidos y la mayoría se quedan en la banca norteamericana”.

Al día siguiente, sábado 2 de septiembre, mientras en Bogotá estallaba un carro bomba contra El Espectador, que destruiría parcialmente su sede y 20 locales comerciales, dejando un muerto y 60 heridos, en Medellín sería desactivado otro de igual poder destructivo, 50 kilos de dinamita, en el puente peatonal del Sena. Ese día, además, El Tiempo le dedicaría su editorial a la ciudad, bajo el título “Con Medellín”, apoyando el toque de queda: “A grandes males grandes remedios, se ha dicho, y para este flagelo de la violencia había que empezar aplicando medidas drásticas, la primera de ellas el toque de queda, por el tiempo que sea necesario”.

Un día después, el domingo 3 de septiembre, una bomba de alto poder explotaría en la aseguradora Suramericana de la calle 50 con la carrera 48, destruyéndola completamente y afectando a otros siete locales comerciales. Tres horas antes, a las 7 p. m., desde un Renault 4, había sido lanzado un petardo contra el Hotel Intercontinental. Ninguna explosión dejaría víctimas que lamentar.

Al día siguiente, lunes 4 de septiembre, un joven camuflado de militar ingresaría al aeropuerto de Rionegro disparando indiscriminadamente un fusil G3 recortado, calibre 7.62, asesinando a un administrador de empresas e hiriendo a 12 personas que esperaban el turno de la requisa, hecho que sería registrado por dos camarógrafos de la televisión puertorriqueña. El administrador de empresas sería identificado como Rafael Arango Cuartas, de 27 años, gerente de ventas de Pintuco, cuya fábrica, como se dijo anteriormente, había sufrido un ataque con bomba cuatro días atrás. El joven, que “disparaba como loco”, sería dado de baja in situ por dos agentes secretos del DAS. Mientras ocurría ese “Ataque suicida en el aeropuerto”, titulado así por El Colombiano, en Medellín explotarían otras cuatro bombas, dos de ellas contra las sucursales de la Caja Agraria de Manrique y Aranjuez. El atentado de Manrique cobraría una vida, la de un habitante de calle no identificado que dormía en la calzada.

Un día después, el martes 5 de septiembre, estallarían tres bombas más, contra las sedes de Coopdesarrollo y la Caja Social de Ahorros de Castilla, y contra el restaurante La Bella Época, dejando diez heridos, entre ellos a Bernardette Pardo Phillips, periodista de Univisión. Ese mismo día, bajo el título “Disminuyó violencia durante toque de queda”, El Colombiano publicaría un balance de los primeros cinco días de esa medida desesperada: reducción del 40 % en homicidios y del 65 % en lesiones personales, 14 bombas desactivadas y 4550 personas retenidas: 200 con antecedentes penales y 40 con orden de captura. Cifras promisorias que harían que se tomaran nuevas determinaciones con respecto al toque de queda: se disminuiría dos horas, quedando de 11 p. m. a 5 a. m., y para el resto del día se prohibiría a los venteros ambulantes ubicarse en zonas bancarias y se obligaría a todos los vehículos a llevar encendidas las luces interiores.

Al día siguiente, miércoles 6 de septiembre, se anunciaría que Medellín era una ciudad en alerta roja, según el Comité Operativo Metropolitano de Emergencias, al tener apenas 20 ambulancias y un déficit de sangre diario del 15 %. Ese mismo día sería extraditado Eduardo Martínez Romero, acusado por la justicia estadounidense de ser el jefe de finanzas del Cartel de Medellín.

Un día después, el jueves 7 de septiembre, El Tiempo publicaría una encuesta sobre narcotráfico, en la que Medellín era la ciudad del país que menos apoyaba estos cuatro asuntos: la extradición, con un 55 %, la cárcel para el enriquecimiento injustificado, con un 75.4 %, la confiscación de bienes, con un 59 %, y la de cuentas bancarias, con un 62 %.

Al día siguiente, viernes 8 de septiembre, estallarían otras diez bombas en Medellín, nueve de ellas incendiarias, contra carros de empresas oficiales: seis de EPM, y los restantes de la Contraloría Municipal, el Departamento de Planeación Metropolitana y la Secretaría de Tránsito. La décima, un carro bomba, destruiría una central telefónica de EPM ubicada en la Avenida Nutibara entre las carreras 76 y 77. Esa misma fecha se anunciaría que la Policía había desactivado 16 petardos en los últimos 17 días, cargados con 168 kilos de dinamita.

Un día después, el sábado 9 de septiembre, explotarían siete bombas más, seis de ellas incendiarias, nuevamente contra carros oficiales: cuatro recolectores de basura de Empresas Varias, una volqueta del Departamento y un camión del Municipio de Medellín. La séptima bomba semidestruiría varias bodegas ubicadas en la calle 51 con carrera 41, hiriendo a tres personas que pasaban por el lugar. Ese mismo día El Tiempo, en una noticia titulada “Medellín: entre las bombas y el miedo”, registraría este letrero que había aparecido a principios de semana en un muro de Envigado: “Colombia llorará a Medellín”.

Al día siguiente, domingo 10 de septiembre, otros tres carros recolectores de basura serían reducidos a cenizas con bombas incendiarias, y un estanquillo ubicado en la Avenida Juan del Corral con calle 61 sería destruido por la explosión de un petardo compuesto por 10 kilos de dinamita. Ese día 540 personas serían retenidas por infringir el toque de queda, entre ellas dos sicarios requeridos por las autoridades jurisdiccionales.

Un día después, el lunes 11 de septiembre, de cuatro disparos a quemarropa, sería asesinado Pablo Peláez González, exalcalde de Medellín, a las 9 de la mañana, en El Poblado, fatalidad que sería titulada así por El Colombiano: “Murió un idealista de la paz”. Tenía 45 años. Ese mismo día serían incendiadas las fincas de Andrés Restrepo Londoño, presidente de Ecopetrol, y la de Luis Alfredo Ramos, a la sazón representante a la Cámara, ambas en predios de Rionegro.

Al día siguiente, 12 de septiembre, nuevamente El Tiempo le dedicaría su editorial a la ciudad, titulado “Cuánto odian a Medellín”: “Los colombianos tienen a Antioquia, y en especial a Medellín, clavadas en lo más profundo de su alma… Con Antioquia debe estar el Gobierno para buscar rápidamente soluciones a su viacrucis… Estamos con Antioquia. Allí no se puede perder la batalla, por dura que sea. Los narcotraficantes se han centrado en la tarea de acabar con el Departamento, para extender su ofensiva una vez logren imponer el terror… Hoy más que nunca recordamos la frase del antioqueño general José María Córdova en la batalla de Ayacucho, grabada en la historia épica de la gesta libertadora. Parodiándola decimos al Departamento: Armas a discreción, paso de vencedores”.

Finalmente, un día después de ese editorial, tras catorce noches consecutivas, sería levantado el toque de queda, siendo reemplazado por el decreto 604 del 11 de septiembre de 1989, que prohibía la circulación de motocicletas entre las 6:30 p. m. y las 5 a.m., las ventas callejeras en las zonas bancarias y obligaba a los conductores a llevar encendidas las luces interiores de sus vehículos en las horas de la noche. En Itagüí, sin embargo, el toque de queda seguiría de manera indefinida entre las 12 p.m. y las 5 a. m.

Posdata 1: En medio del toque de queda, el coronel Antonio Sánchez Vargas, comandante saliente de la Policía Metropolitana, le declararía a El Colombiano que Medellín necesitaba doblar su pie de fuerza, o sea pasar de 4 mil a 8 mil uniformados, para mantener la reducción de la violencia registrada durante el toque de queda. Situación ideal que, por supuesto, no sería implementada.

Posdata 2: En 1989, Medellín registraría 4069 homicidios, entre ellos el de Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, el de Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de ese departamento, y el del árbitro Álvaro Ortega, que ocasionaría la suspensión del fútbol profesional colombiano por cuatro meses. Además, a lo largo de ese año, explotarían 75 bombas en esa ciudad, la última, como si fuera una pieza surrealista, la más gratuita, el 9 de diciembre en el Museo de Arte Moderno.

Posdata 3: Según la revista Time, en un artículo titulado “Lights! Camera! Murder!”, publicado en mayo de 1990, en el que denominan a Medellín “la capital mundial del asesinato”, el 70 % de las personas asesinadas en esa ciudad durante 1989 estaba entre los 14 y 19 años de edad. Y el 95 % de sus victimarios, por su parte, no superaba los 21.