Por Ariel Ávila

La situación de seguridad en el país no ha hecho más que deteriorarse en los últimos dos años. Cerca de ochenta masacres en lo que va del 2020, una cifra que es comparable con la época de la expansión paramilitar, aunque el número de víctimas es mucho menor al de aquella época. Además, el desplazamiento forzado se ha incrementado, así como otros indicadores de seguridad. Pero, tal vez, las cifras más dramáticas se viven en dos indicadores.

Por un lado, en la victimización a líderes y lideresas sociales. Para el primer semestre de 2020, según la Defensoría del Pueblo, el número de asesinatos estuvo cercano a los cien y, es posible que, para finales de año la cifra se sitúe por encima de 150, un número bastante alto al ser comparado con los datos de los últimos años. A continuación, las cifras de asesinatos de líderes y lideresas de 2017 a 2020.

Fuente: Datos Defensoría del Pueblo.

Todo esto ha ocurrido en medio de la pandemia, cuando la mayoría de los funcionarios públicos estaban encerrados en sus casas y no había nadie que fuera a las regiones más apartadas del país. A las comunidades se les dejó solas durante meses. Se podría decir que durante este abandono se cocinó en Colombia una nueva ola de violencia.

El segundo indicador que preocupa en todo el país es la presencia municipal de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Todos estos grupos han crecido, hay guerra entre ellos y la fuerza pública colombiana parece paralizada. Tres ejemplos son ilustrativos de esta situación.

El primer ejemplo: el ELN, el grupo que tal vez más ha crecido en los últimos dos años. Para 2018, esta estructura hacía presencia en 99 municipios del país, actualmente, a finales de 2020, están en 167 municipios. A continuación, el mapa que ilustra la presencia del ELN en el territorio nacional.

La expansión del ELN no solo se ha dado en zonas que eran de las Farc, su cobertura también se ha extendido a territorios en disputa con grupos ligados a la desmovilización paramilitar. Como se ve en el mapa, el Pacífico colombiano y la frontera con Venezuela son sus zonas de mayor dominio. Y también ha presentado un importante crecimiento en algunos municipios del departamento de Antioquia.

El segundo ejemplo de esta expansión se ve en las denominadas disidencias de las Farc o grupos pos-Farc. Para finales de 2018, su presencia se reducía a 56 municipios y no se debe olvidar que para los meses anteriores a la dejación de armas de las Farc, dicha guerrilla estaba en poco más de 240 municipios. Pero en 2020 las disidencias ya están en 113, es decir, en dos años doblaron su presencia. A continuación, el mapa con la distribución de las disidencias en el país.

Las disidencias no son grupos homogéneos, en total se cuentan 28 de estos grupos organizados en tres líneas. Las disidencias de Gentil Duarte, que agrupa dieciséis de estas estructuras; la de Iván Márquez, que se denominan La Segunda Marquetalia, y agrupa cinco estructuras; y, por último, los grupos dispersos, que son aquellos que trabajan de forma independiente y en asociación con estructuras del narcotráfico.

Y el tercer ejemplo, vale la pena mencionarlo, es la expansión del Clan del Golfo. Es notoria la presencia de este grupo neoparamilitar en la zona del Pacífico colombiano, principalmente al noroccidente, y en la costa Caribe. Hoy hace presencia en cerca de doscientos municipios del país. A continuación, el mapa que muestra la presencia de esta organización en el territorio nacional.

Este deterioro de la seguridad se ha dado en el gobierno de Iván Duque, un gobierno que prometía mano dura y una estrategia de seguridad clara. En sus tiempos, Álvaro Uribe ofrecía seguridad y no paz, Juan Manuel Santos ofrecía paz y no seguridad. Pero Duque no consiguió ni lo uno y, al final, solo logró un fracaso en materia de seguridad, casi increíble.