Por Catalina Oquendo

Ojalá que llueva glifosato en el campo. Esa premisa, una deformación de Ojalá que llueva café, la hermosa canción de Juan Luis Guerra, es el canto de batalla del gobierno de Iván Duque, esforzado por dejar un legado de herbicida, un aguacero tóxico sobre miles de campesinos. Ya sabemos que las aspersiones son poco efectivas y costosas, que desde principios de los noventa cuando se instauraron en Colombia no han logrado frenar el fenómeno y tampoco atacan realmente el negocio del narcotráfico.

Pero conversemos de otra cosita que tal vez hayan querido olvidar los funcionarios del gobierno y sus áulicos. Se llaman a sí mismos provida, los verdaderos preocupados por “nuestros niños”, como les gusta decir; afirman y defienden que la vida ocurre desde la gestación aunque el debate sobre el aborto es otro, el de la salud pública y el derecho que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos. Y entonces, ¿cómo es que apoyan una medida que, según se ha estudiado, puede causar abortos involuntarios, nacimientos prematuros y discapacidades en bebés que ustedes tanto defienden?

Ah, claro. Anticipo la respuesta: esas mujeres, las campesinas no les importan; esos niños, los hijos del campo, menos. Esos sí pueden morir bajo la lluvia de tóxicos, ¿para qué se pusieron a tener más hijos?; ¿por qué estaban en un cultivo de coca?; seguro andaban mal parqueadas, porque como asegura el ministro de Defensa, es “aspersión con precisión”, lejos de los cuerpos de agua.

Permítanme aguar la fiesta y recordar una historia, o mejor dos: la de Yaneth Valderrama, una campesina que soñaba con su hijo, una maternidad deseada como debe ser. Y a quien la “precisión” la alcanzó mientras lavaba ropa en un río a doscientos metros de su casa. El herbicida mató a su bebé y meses después a ella por una falla orgánica multisistémica. O la de Doris Alape, una mujer de Chaparral (Tolima), víctima de una fumigación masiva que contaminó los cultivos y la fuente del acueducto del pueblo y enfermó a 26 personas. Doris dio a luz con solo 28 semanas de gestación y su hijo murió el primero de junio de 1999. Ella quedó con dificultades para volver a trabajar.

Ambos casos se investigan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se documentan en el Centro de Derechos Reproductivos y el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad del Valle (Gesp) y les deberían recordar a los funcionarios de gobierno que el glifosato que tanto sueñan con que llueva en el campo condena principalmente a las mujeres. A las que quieren gestar y también a las que no pero que al estar expuestas al herbicida ven afectada su salud reproductiva. Una vez más decidiendo por decreto sobre los cuerpos de las mujeres y dejándoles un legado de muerte.