Esa fachada pintada de verde

Santiago Jaramillo también resalta que en la reducción del presupuesto de Medio Ambiente se ha visto más afectado el rubro de inversión que el de funcionamiento. Según su análisis sobre el presupuesto de 2021, “prácticamente todos los programas sufren recortes”, lo que hace “poco viable que la Secretaría alcance las metas que tiene trazadas en diversos temas, como gestión integral de residuos, mantenimiento de corredores verdes, protección de ecosistemas estratégicos, cultura ambiental, huertas urbanas, incentivar la producción y consumo sostenible en empresas y hogares, la protección animal, etc.”. Le preocupa particularmente el bajo presupuesto para pedagogía ambiental (500 millones de pesos, aproximadamente) y dice que solamente se mantiene en presupuesto el programa de protección de quebradas.

La historia detrás de la reducción presupuestal la cuenta el ex subsecretario Camilo Quintero. Dice que soñaba con que Medio Ambiente tuviera el presupuesto más alto en su historia. En conversaciones con la entonces secretaria, Diana Montoya, acordaron pedir un billón de pesos. “Si queremos transformar la ciudad en una ecociudad eso implica voluntad, es importante, pero también implica presupuesto”, dice. Se sentaron a justificar ese presupuesto a través de programas concretos y así lo presentaron al alcalde.

En la negociación que implica dividir la torta presupuestal no les aceptaron el billón de pesos, pero sí comenzaron a hablar de 600 mil millones aprobados por Quintero en una reunión, un triunfo bajo la lógica de que se pide más para negociar sobre lo justo. Ese valor habría significado el máximo presupuesto histórico de la Secretaría. “Los funcionarios estaban felices, decían que por primera vez se les escuchaba en un escenario participativo”, cuenta Camilo. Pero la tranquilidad duró hasta que el Plan de Desarrollo se quedó en metas e indicadores que no aterrizaron en proyectos específicos: “Eso es un indicador tramposo, porque si no me estás midiendo por nada, pues yo no hago nada y aun así cumplo”.

Camilo no sabe en qué parte del proceso ocurrió la reducción, pero se enteraron del presupuesto que real por la Secretaría de Hacienda. “Peor de lo que estábamos”, fue la conclusión a la que llegaron. Por eso, a diez meses de su renuncia y ahora como asesor del concejal Daniel Carvalho, Camilo Quintero dice que “no se siente esa voluntad de cambiar realmente” el manejo de lo ambiental.

Pese a la carga simbólica de la Secretaría de Medio Ambiente para hablar de ecociudad, esta línea estratégica del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 reparte responsabilidades a varias dependencias que estén un escalón arriba en presupuesto e influencia. Por ejemplo, las obras públicas son de la Secretaría de Infraestructura Física. Esta tiene un gran presupuesto, que se explica por obras como el metro ligero de la avenida 80, que Santiago Jaramillo reconoce como coherente con la apuesta de ecociudad y que ha sido adelantado por la actual administración pese a que todavía hay discusiones ambientales pendientes, como la compensación por los árboles que se perderán en la obra o la decisión de mantener carriles para vehículos particulares en torno a un proyecto que podría desincentivar ese uso.

Asimismo, lo atinente a movilidad sostenible corresponde, en su diseño, a la Secretaría de Movilidad, responsable de metas sensibles como la de reducción de emisiones de material particulado. Dice Santiago que esta era “la que más estaba metiéndole ganas desde lo discursivo, lo comunicativo y lo técnico a la presupuesta a la línea de ecociudad”. Sin embargo, cuestiona que se pretenda invertir más de ocho mil millones de pesos para los estudios de un metro subterráneo que está en las promesas de campaña de Quintero, pero no en el plan de largo aliento del sistema metro. También cuestionan si los seis mil millones para el plan de movilidad caminable y pedaleable son suficientes.

Para los activistas, la Secretaría de Movilidad con Carlos Cadena a la cabeza era de las pocas caras creíbles de la ecociudad —hay quienes incluso lo consideran el responsable de desarrollar el concepto de la administración—, pero ese reducto de confianza se agotó cuando Cadena renunció a su cargo a finales de marzo de 2021. En su reemplazo quedó Carlos Mario Mejía Múnera, quien era el gerente de Terminales, no tiene un perfil técnico respecto a movilidad y es visto como una cuota política del liberalismo. La renuncia de Cadena coincidió con el paso de la secretaria de Medio Ambiente, Diana Montoya, a la subdirección ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, otra entidad fuertemente cuestionada por el pobre perfil de su director, Juan David Palacio. La nueva secretaria de Medio Ambiente, Juliana Coronado, tiene un perfil menos técnico que Montoya.

¡Emergencia climática!

La noche del 5 de abril de 2021, una fuerte tormenta ocasionó la inundación del río que cruza a Medellín. Amenazaba con desbordarse en varios puntos del Centro y, de hecho, se salió de su cauce cerca del soterrado de Parques del Río y a la altura del barrio El Sinaí, en el norte de la ciudad. Además de dejar como constancia los videos que se hicieron virales, la inundación desnudó la vulnerabilidad de Medellín y su valle ante el cambio climático.

Consultado para este texto, Juan Fernando Salazar, profesor de la Facultad de Ingeniería de la U. de A. y doctor en recursos hidráulicos de la Nacional, lo resumió claramente: “La idea con la que hemos diseñado la ciudad es que cuando llueva, el agua llegue al río lo más rápido que pueda, entonces la ciudad se vuelve un acelerador del agua”, explica. Esto tiene que ver con el principio de “canalizar para industrializar” ejecutado en el siglo XX, que llevó incluso a cubrir quebradas como la Santa Elena, a su paso por La Playa. Esa velocidad se disminuiría si las superficies fueran más permeables, pues las zonas verdes absorben y reducen la cantidad de agua que se escurre hacia los afluentes de todo el valle, lo que no hacen el concreto ni el asfalto predominantes en las canalizaciones.

El docente utiliza esta metáfora de los climatólogos para llamar la atención sobre el momento en el que estamos: “El cambio climático es como caminar hacia un precipicio con los ojos vendados: sabemos que está el precipicio, pero no qué tan lejos estamos. En ese caso, lo más sensato es detenerse”. Esa sensatez se debe traducir en decisiones, como revisar urgentemente la relación de la ciudad con su ambiente.

La administración parecía entender esa urgencia. El 9 de marzo de 2020, el alcalde declaró a Medellín en “emergencia climática” y anunció diez acciones de choque para enfrentar la contingencia ambiental que se repite cada año. Los activistas de la ciudad indagaron por los documentos de esta declaratoria, pero no encontraron respuesta más allá de las palabras de Quintero de ese día. La historia tras esa declaratoria muestra, por lo menos, la premura con la que se tomó la decisión.

“Eso fue una idea mía que le pasé a la secretaria”, cuenta Camilo Quintero Giraldo. Esta necesidad fue discutida por la sociedad civil en la conversación nacional con la presidencia tras el paro nacional de 2019. Allí, pidieron al gobierno de Iván Duque la ratificación del Acuerdo de Escazú y la declaración de una emergencia climática nacional, en un proceso que se frenó por razones como la salida del ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, según cuenta Camilo.

Mientras que en Bogotá se declaró la misma figura en noviembre de 2020 a través del Concejo y tras el debate correspondiente, en Medellín fue distinto. Camilo le hizo la propuesta a la secretaria Diana Montoya, con su visto bueno formuló un piloto para presentarlo a la mesa técnica ambiental y abrir la discusión. Al mismo tiempo, le presentó la propuesta al alcalde Quintero, a quien le sonó tanto que decidió, por su cuenta y sin formulación previa, hacer la declaratoria en una salida a medios.

“Mi propuesta era para empezar, no quería que fuera un anuncio, sino que tuviera cimientos académicos y técnicos, que fuera de la mano del plan de cambio climático de la alcaldía, concertado con otros actores, pero el alcalde muy disparado salió a anunciarlo a los días”, dice Camilo. Incluso, en la Secretaría no sabían de dónde salieron las diez medidas anunciadas. Por eso, concluye que fue un “globo” lanzado por el alcalde, pero que tal declaratoria de emergencia no existe ni la alcaldía ha avanzado al respecto.

En el Plan de Desarrollo, la emergencia climática aparece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas relacionados con la línea estratégica de ecociudad, pero no en el desarrollo de sus programas. Así lo señala también la activista Kelly: aunque la declaratoria tuvo un fuerte valor simbólico, “ninguna de esas acciones quedó en el Plan de Desarrollo”. Meses después la sorprendió el anuncio de que Medellín tenía listo su Plan de Acción Climática (PAC). La sorpresa se debía a dos razones: que para ella es falso que la ciudad sea la primera en Colombia en tenerlo, pues incluso municipios como Pitalito tienen planes similares desde 2015; segundo, porque la mesa técnica ambiental conoció de la formulación del PAC en octubre —estaba pendiente desde la administración de Federico Gutiérrez—, pero no participó de ella. Según Quintero, el PAC fue aprobado por el C40, un grupo de ciudades creado en 2005 para hacer un frente conjunto de adaptación al cambio climático.

“El Plan de Acción Climática no tuvo en cuenta a la gente”, se suma la politóloga Catherine Vieira. Para ella, ni siquiera se trataba de discutirlo con la mesa técnica, sino de hablarlo con la ciudadanía, pues considera que las discusiones sobre el presente y el futuro ambiental no pueden quedarse en los círculos de lo técnico. Además, apunta que una ecociudad solo podría construirse con sus habitantes y reconociendo las brechas sociales y ambientales entre ellos. 

Aun así, en lo técnico también hay críticas frente al resultado del PAC, como las que sistematizó la organización no gubernamental Low Carbon City: “El Plan tiene tres grandes fallas. No fue construido y concertado con los diferentes actores de la región, estableciendo mecanismos de gobernanza y apropiación claros, tiene vacíos técnicos en la definición de metas e indicadores y no tiene mecanismos de monitoreo y seguimiento”. 

El mismo documento señala que el PAC “no está articulado” con las acciones que Quintero anunció al declarar la emergencia climática, ni está alineado con esta declaratoria y cuestiona que, pese a su importancia internacional, sea el C40 la instancia que valide el documento “porque no es la entidad que conoce el contexto local, el funcionamiento y la gobernanza climática de la ciudad”. Por razones como estas es que el abogado ambientalista Lucas Quintero dice que el PAC fue una imposición más que una construcción social: “Lo único que le importó a la alcaldía fue que la vieran con buenos ojos a nivel internacional, sin importar si el plan quedaba bien o no”.

La voz del alcalde

El pasado 24 de abril, Daniel Quintero publicó en Twitter su intervención en el Foro Mundial de Jóvenes y Alcaldes de C40. Dijo que en Medellín se sabe que es “ahora o nunca”, que es la “oportunidad de llevar a cabo los grandes cambios que necesitamos”. Según el alcalde, “para crear los cambios disruptivos que necesitamos, para luchar contra el cambio climático, necesitamos llevar el gobierno de nuevo a las personas y especialmente a la juventud”. Y, ¿para qué? Se preguntaba Quintero retóricamente: “Para invertir en educación, para firmar los planes de acción climática que firmamos en medio de la pandemia, para crear planes de desarrollo para hacer nuestras ciudades ecociudades y para cambiar la educación”.