Número 145 Agosto de 2025
Las bandas presidenciales
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EDITORIAL
En América Latina el solio presidencial y el banquillo del acusado suelen confundirse, son casi sinónimos; la fabulosa metamorfosis del honor del trono a la antesala de la pena es cuestión de tiempo. No importan las ideologías ni las latitudes, en todas partes el poder cuece juicios a fuego lento. ¿Será eso una virtud democrática o una perversión? ¿Las condenas repetidas muestran una justicia sin pudores ante el poder? ¿Estamos llenos de venganzas penales? ¿Convertimos, tarde o temprano, los desacuerdos políticos en revanchas judiciales?
¿El abuso del cargo y la corrupción hacen indefectible la prisión? Es imposible una respuesta contundente a esas preguntas, pasa de todo un poco, con grados menores o mayores según países, momentos y presidentes.
Perú es un caso excepcional. La posesión del presidente es la primera diligencia del juicio. No es fácil contar los presidentes condenados o procesados en las últimas décadas. Tal vez se nos escapen algunos. Alan García, referente de una izquierda moderna en los ochenta, orador consagrado, presidente en dos ocasiones, se suicidó en abril de 2019 cuando la policía llegó a su casa para detenerlo por un caso de corrupción relacionado con la empresa Odebrecht y la construcción del metro de Lima. García dijo que iba llamar a su abogado, se encerró en su habitación y se disparó en la cabeza. Habían pasado trece años desde la firma del contrato cuestionado. Alberto Fujimori, quien sucedió a García luego de su primer mandato, terminó exilado, extraditado y condenado a más de veinticinco años de prisión por la ejecución de veinticinco personas en dos masacres cometidas a comienzos de los noventa. Luego de su condena, en 2009, el 59 por ciento de los peruanos pedían su indulto según las encuestas. Dos referentes de la izquierda y la derecha que hoy están muertos con sus cargos a cuestas. Toledo, que pidió la extradición de Fujimori desde Chile, fue extraditado desde los Estados Unidos en 2023 y condenado a veinte años de cárcel por recibir un soborno de veinte millones de dólares por parte de Odebrecht. Son monotemáticos los peruanos. Y si quieren hablamos de Ollanta Humala condenado a quince años por recibir sobornos de Odebrecht y una plata del gobierno de Hugo Chávez para sus campañas. Al menos diversificó. Pedro Castillo, no militar como Ollanta sino profesor de primaria, está en pleno juicio acusado de rebelión, abuso de autoridad y tráfico de influencias. La fiscalía pide 34 años de prisión. Castillo se vio amenazado con la destitución y decidió blindarse con un autogolpe que lo tiene encerrado. Ha tenido veintiocho abogados y no encuentra la salida. Perú es un país extraño, ha conseguido la estabilidad sin necesidad de presidentes.
Brasil tiene una bonita historia. Luis Inacio Lula da Silva, el hombre más importante de la izquierda latinoamericana hoy en día, pasó 580 días en la cárcel luego de su primera presidencia y ahora disfruta de su segunda oportunidad sobre el Palacio do Planalto en Brasilia. De nuevo Odebrecht fue señalada de beneficiar al presidente con obras millonarias en sus propiedades. Los procesos contra Lula fueron declarados nulos luego de las condenas y se comprobó que el juez Sergio Moro, quien lo condenó, actuó de manera parcializada y no tenía competencia para juzgarlo. Moro fue ministro de Justicia de Jair Bolsonaro luego de mandar a Lula a la cárcel. Ahora Bolsonaro enfrenta un juicio por su intento de golpe de Estado contra Lula en su segundo mandato. La Sala Primera de la Corte Suprema es su juez natural y podría recibir una condena de entre doce y cuarenta años. La opinión pública se divide en partes iguales en elecciones y vítores o rechiflas en los juicios.
La mitad de la opinión argentina aclama a Cristina Kirchner que acaba de ser condenada a seis años por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo dice que entregó obras millonarias a un socio y testaferro. A sus 72 años está en prisión domiciliaria y el 45 por ciento de los argentinos condenan la condena. Ha dicho que estar presa significa dignidad y que todo se trata de un golpe blando. Carlos Menem, presidente de 1989 a 1999, murió sin condenas en firme luego de cuatro procesos por sobresueldos a funcionarios, venta de armas a Ecuador y Croacia sin autorizaciones, encubrimiento del atentado terrorista en la sede de AMIA (la Asociación Mutual Israelita Argentina) que dejó 82 muertos y peculado. En todos fue condenado en primera instancia pero solo pagó cinco meses de prisión domiciliaria en la finca de un amigo íntimo. La Corte Suprema quedó pendiente de la última instancia de dos de esas condenas. Alberto Fernández, quien le entregó el poder a Javier Milei, enfrenta hoy un juicio por violencia de género contra su exesposa y podría pagar hasta dieciocho años de cárcel si es condenado. Las barras agitan los juicios porque no solo de fútbol vive el pueblo.
En Ecuador las cosas han sido folclóricas en el caso de Abdalá Bucaram. Gobernó seis meses en un sainete que terminó con destitución por incapacidad mental. También el hígado estaba afectado. Fue acusado de porte ilegal de armas, pasó veinte años entre idas y regresos según el estado de los procesos y ahora enfrenta un juicio por un homicidio y la venta ilegal de pruebas para detectar el covid-19. Su hijo lo acompaña en el cargo de organización criminal.
Rafael Correa, uno de los íconos de la izquierda latinoamericana de este siglo, fue condenado a ocho años en 2020 por recibir coimas de Odebrecht y de algunas empresas ecuatorianas. Su vicepresidente Jorge Glas corrió la misma suerte en cuanto a años de condena, pero no vive en Europa sino en una cárcel de máxima seguridad. Correa, por su parte, vive asilado en Bélgica desde donde mueve la política de su país y asegura que volverá con la ayuda del tiempo y del pueblo.Se nos acaba el espacio y no hemos hablado de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, presidente en dos ocasiones, condenado a dos años por entregar la plata del Ministerio de Relaciones Exteriores para apoyar la candidatura de Violeta Chamorro en Nicaragua y enjuiciado por otro cargo de corrupción mientras se encontraba de vacaciones en República Dominicana desde donde no volvió. En Panamá está Ricardo Martinelli condenado a diez años en 2024 y ahora asilado en Colombia y de fiesta en Cartagena. Y en El Salvador se exhibe la condena a diez años de Mauricio Funes, hombre fuerte del FMLN, grupo guerrillero que ganó el poder luego de la desmovilización, quien gobernó entre 2009 y 2014. Hoy vive exilado al lado de la joya de Daniel Ortega en Nicaragua. Su sucesor, Salvador Sánchez Cerén, está siendo juzgado y también vive en Nicaragua con la nacionalidad que le otorgó Ortega.
Colombia acaba de perder su invicto de condena presidencial. No podría este país fanático de los juicios desmerecer en la historia del continente. El reality jurídico tenía que entregar un final cerrado después de tantas temporadas. Entre nosotros todo empezó y terminó en la cárcel. Somos ejemplo para los guionistas de estos teatros entre las columnas de los palacios y las barandas de los juzgados.